Salvador Heredia Villanueva

Expediente 756/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
756/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Salvador Heredia Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo presentada por -, quien se ostenta apoderada jurídica de -, en el juicio laboral de donde deriva el acto reclamado, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-756/2020-2. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. 2 El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "4.- ACTO RECLAMADO. Se reclama de la responsable, el acuerdo dictado dentro de la Resolución Interlocutoria de fecha - que ordena la continuación del juicio, en su etapa legal correspondiente, en la cual señala que dicha etapa corresponde a la audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución, cuando dicha etapa ya fue desahogada en todos y cada uno de los juicios acumulados en las cuales se ofrecieron y ordenaron el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora, haciendo efectivo el apercibimiento a la demandada de tener por perdido su derecho a ofrecer pruebas y formular Alegatos en razón de su inasistencia a dicha audiencia, no obstante de que fue legalmente notificada tal y como consta dentro de los autos de todos y cada uno de los expedientes acumulados." Respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por otra parte, el artículo 107 fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos 4 intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, ésto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de julio de dos mil veinte, donde se ordenó la continuación del juicio, señalando que dicha etapa corresponde a la audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución, misma que según refiere la impetrante ya fue desahogada en todos y cada uno de los juicios acumulados, en los cuales se ofreció y ordenó el verificativo de las probanzas ofertadas por la parte actora, haciendo efectivo el apercibimiento a la demandada de tener por perdido su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, en razón de su inasistencia a dicha audiencia, argumentando además la quejosa que la demandada fue legalmente notificada de ello, lo cual según indica, consta dentro de los autos de todos y cada uno de los expedientes acumulados; actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y no se advierte que sea definitivo para los efectos del amparo indirecto, en virtud de que, sería hasta que se dictara la sentencia respectiva en el juicio laboral de origen, cuando podría darse el perjuicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en la página 538, del Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio biinstancial". De lo expuesto se obtiene que en el particular, el proveído que señaló por segunda ocasión como etapa legal en el juicio laboral - del índice de la autoridad precisada como responsable, la de pruebas, alegatos y resolución, no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, sino que afecta derechos procesales y los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrán desaparecer si el afectado obtiene una sentencia favorable en la resolución que se dicte en el juicio de origen. De ahí el hecho de que la autoridad responsable, haya determinado como etapa legal del expediente de origen la diversa de pruebas, alegatos y resolución, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso; empero, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la 6 sentencia definitiva, si es que se emite favorablemente a los intereses del ahora quejoso, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la sentencia definitiva, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que en el particular el acuerdo dictado el nueve de julio del presente año por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales por las razones apuntadas. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; por lo que, una vez que cause estado la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De igual forma, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y como autorizado para tal efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado -, virtud a que se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva ante los Juzgados Federales, no así-, así como -, por ubicarse en el supuesto contrario; asimismo, se tienen por proporcionados medios electrónicos de contacto.

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