Salvador Hazzani Bahena Hernandez

Expediente 857/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
857/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Salvador Hazzani Bahena Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual transcribe el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, mismo que se registró bajo el número 399/2023, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada en autos, y exhibe la copia solicitada del recurso de revisión interpuesto en este asunto, por tanto, se provee como sigue. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del dicho medio de impugnación. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, por cuanto a que designa usuario para consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. ...Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresa los agravios respectivos. En atención a su contenido, debido a que el recurrente solamente exhibe dos copias de su escrito de agravios y son necesarias tres, una para la autoridad responsable, una para la Agente del Ministerio público adscrita a este juzgado, una para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado que corresponda conocer, con fundamento en el artículo 88, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días exhiba una copia más de su escrito de agravios a fin de correr traslado a las partes de este asunto. Lo anterior, apercibido que de no hacerlo en el término indicado se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión de mérito. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Audiencia constitucional****************************************Con fundamento en el artículo 2******************** del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica.****************************************En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo 857/2023, promovido por ********************, sin asistencia de las partes.****************************************Luego, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, admisión de la misma, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable.****************************************Asimismo, el secretario da cuenta con el estado de autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, este juzgado se reservó proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, marcadas del número siete al trece.****************************************Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Por otro lado, visto el estado de autos en razón de que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, este juzgado se reservó proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, marcadas del número siete al trece, hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables, lo que en la especie ya aconteció, por tanto, se levanta dicha reserva, y en consecuencia, se ordena proveer sobre las mismas en la etapa probatoria.****************************************Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales exhibidas por las partes que así lo efectuaron.****************************************Por otro lado, respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, marcadas del número siete al trece, con fundamento en el referido artículo 119, en su hermenéutica en sentido contrario, interpretado sistemáticamente, con los ordinales 57 y 79 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la precitada legislación que rige en la materia, de conformidad con el numeral 2º de ésta última se desechan, al advertirse que no cumplen con los requisitos necesarios para su admisión.****************************************Tratándose de los informes de autoridad ofrecidos marcados con los números del nueve al trece, no ha lugar a admitirlas, toda vez que los mismos en realidad se tratan de pruebas documentales, ya que el quejoso solicita que en dichos informes se requieran documentos que obran en poder de dichas autoridades, por lo que para su admisión operan las reglas que señala el artículo 121 de la Ley de Amparo, el cual establece que para su ofrecimiento, primero debe demostrar el quejoso que solicitó dichas constancias ante las personas morales oficiales respectivas y que las mismas no le fueron otorgadas, lo que en la especie no acontece, de allí que se desechan dichas probanzas, resultando aplicable por ello la tesis III.2o.P.274 P (9a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con registro 160843, de rubro "INFORME DE AUTORIDAD. CONSTITUYE PRUEBA DOCUMENTAL, POR LO QUE DEBE SOLICITARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. "****************************************Por otra parte, tratándose de los informes de autoridad marcados con los números siete y ocho, en los que el quejoso solicita se requiera al Instituto Nacional del Suelo Sustentable y al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para que informen si el fraccionamiento Fraccionamiento Country o Residencial ********************se encuentra afectado por una expropiación y por qué no se han cancelado los registros de diversas compraventas por créditos hipotecarios de las casas de dicho fraccionamiento, si se encuentran afectadas por una expropiación, se desechan al carecer de idoneidad, por no guardar relación con la litis del presente asunto.****************************************Precisamente, en el presente asunto el quejoso acude ostentándose como tercero extraño auténtico al juicio de origen, y reclama la desposesión del inmueble sobre el que aduce contar con derechos reales a su favor, por lo que la litis del presente asunto, consiste en determinar si el quejoso cuenta con algún derecho sobre dicho bien inmueble que pueda oponer, y si el mismo fue afectado dentro del juicio de origen.****************************************No obstante, los informes de autoridad que ofrece el quejoso tienen como objeto cuestionar la propiedad o posesión que tienen las partes en el juicio especial hipotecario de origen -del que se ostenta como tercero extraño auténtico-, sobre el bien inmueble que es materia del mismo, y por ello sobre cuestiones de fondo de dicho controvertido.****************************************Luego, es que la propiedad o posesión que ostentan las partes sobre el bien inmueble materia del juicio de origen, y el fondo de dicho controvertido, constituyen temas que resultan ajenos a la materia de reclamo en este juicio de amparo, ya que en el presente asunto lo que debe resolverse es si con motivo del juicio de origen se le causó alguna afectación a un bien inmueble sobre el cual el quejoso cuente con un derecho que defender.****************************************Luego es que tales informes de autoridad carecen de idoneidad al no estar dirigidos a demostrar que la autoridad responsable ha afectado el derecho de propiedad o posesión que aduce contar el quejoso sobre el bien inmueble que pretende defender, o bien a acreditar que el amparista cuenta con algún derecho sobre dicho inmueble -lo que constituye la materia del presente juicio-, sino a intentar demostrar una cuestión que resulta ajena a dicha litis, y que por tanto, resulta innecesaria e ineficaz, por lo que de nada serviría el desahogo de dichos medios de convicción, si no va a probar ninguno de los puntos que están en discusión en el presente juicio de amparo, resultando aplicable por ello, la jurisprudencia P./J. 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 189894, de rubro "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", y en lo particular, la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 2022752, del contenido siguiente:****************************************"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI LAS OFRECIDAS POR EL TERCERO EXTRAÑO A LA CONTROVERSIA DE ORIGEN, NO SON IDÓNEAS NI CONDUCENTES A LA MATERIA DE ÉSTE, DEBEN RECHAZARSE, AL NO GUARDAR RELACIÓN CON LA LITIS. Si bien el artículo 119, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, lo cierto es que ello no significa que las partes en el juicio de amparo estén en aptitud de ofrecer cualquier prueba sin limitación alguna. Efectivamente, en los procedimientos jurisdiccionales rigen diversos principios generales que no pueden ser desconocidos por el juzgador, pues éstos brindan certeza a las partes y permiten una adecuada marcha del asunto hasta su conclusión. De esa forma, en materia probatoria rige el principio de idoneidad de la prueba, conforme al cual no basta que el oferente cumpla con los requisitos legales para su ofrecimiento sino que, además, la prueba ofrecida debe ser congruente con la materia del debate e idónea para los fines pretendidos. En ese contexto, cuando la acción constitucional la promueve una persona extraña al juicio de origen y aduce tener derechos de propiedad sobre el bien materia de esa controversia, la materia de examen en ese juicio de amparo consistirá en determinar: I. Si asiste o no al quejoso interés jurídico respecto del inmueble controvertido; II. De no acreditar el quejoso el interés jurídico que dice tener respecto del bien materia de la controversia de origen, la acción constitucional será improcedente conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; y, III. De acreditar el quejoso que sí tiene interés jurídico respecto del bien materia de la controversia de origen, el Juez federal deberá resolver: a) Si los actos reclamados violan o no el derecho de audiencia del quejoso; y, b) De actualizarse esa violación, se deberá establecer la forma en que el derecho del quejoso deberá ser restituido, esto es, si se le concede el amparo para el efecto de que: i. Se deje insubsistente la sentencia que, en su caso, se hubiere dictado en el juicio de origen y se llame al quejoso a fin de que se encuentre en aptitud de deducir sus derechos; ii. Si el llamado al juicio de origen sólo debe ser a partir de un momento procesal determinado, como puede ser la fase de ejecución de sentencia o en el procedimiento de remate; y, iii. Si todo lo actuado en el juicio de origen queda subsistente y sólo no pueda llevarse a cabo la ejecución de la sentencia en tanto subsista a la vida jurídica el título en el que sustente su interés jurídico el quejoso. Ahora bien, tratándose del juicio de amparo promovido por un tercero extraño a la controversia de origen, cuando aduce violación a un presunto derecho de propiedad respecto del bien litigioso, basta que acredite el interés jurídico que dice tener con un título o figura jurídica de los previstos en alguna norma general, y que éste sea oponible a las partes en el juicio, para que proceda la protección constitucional en cualquiera de las formas indicadas; pero de ninguna forma el juzgador de amparo podrá examinar la validez intrínseca del título del quejoso, pues ello sólo podrá ser materia de examen en el juicio de origen o en uno diverso, según sea la hipótesis concreta que se presente. Por tanto, si las pruebas que ofrece el tercero interesado están encaminadas al fondo del asunto en el juicio de origen como desvirtuar la celebración o eficacia de la compraventa en que sustenta su derecho el quejoso, es evidente que no puede ser materia de examen en el juicio de amparo, pues las pruebas deberán ser además de idóneas, conducentes a la materia del juicio ya que, de lo contrario, deben rechazarse al no guardar relación con la litis."****************************************En esos términos, al no haber diversa prueba sobre la que proveer, se cierra el periodo probatorio.****************************************Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló.****************************************En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede a dictar la resolución correspondiente.****************************************S E N T E N C I A****************************************Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 857/2023, y****************************************R E S U L T A N D O****************************************1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el catorce de junio de dos mil veintitrés en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el día siguiente por razón de turno, al Juzgado Segundo de Distrito en la citada jurisdicción, se tiene que ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Jueza Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por el siguiente acto reclamado:****************************************"IV.- ACTO RECLAMADO:****************************************"a) EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO DE PROCEDENCIA FRAUDULENTA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE ********************-1, POR EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DOLORES URANIO********************, CUYA POSESIÓN OSTENTO DE FORMA PÚBLICA, PACÍFICA, CONTINUA Y DE BUENA FE, DESDE HACE MÁS DE UN AÑO Y MEDIO."****************************************2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.****************************************3. Incompetencia, admisión y trámite del juicio. En auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, el cual conoció inicialmente del asunto, se declaró legalmente incompetente por razón de turno [antecedente relacionado] para conocer y resolver la referida demanda, al estimar que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, era competente para ello, por lo que ordenó enviar el expediente a este órgano jurisdiccional.****************************************Luego, el veinte de junio de dos mil veintitrés este órgano constitucional recibió el oficio ********************, mediante el cual se remitió la demanda en cita, así como sus anexos.****************************************Después, por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente juicio, admitió la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, reservó proveer lo conducente respecto de la parte tercera interesada, hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable, hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -sin que las mismas hicieran manifestación al respecto-, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Finalmente, seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional el presente día diez de agosto de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; así, procede el dictado de la resolución correspondiente.****************************************C O N S I D E R A N D O****************************************I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra un acto atribuido a una autoridad local, con ejecución en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado.****************************************II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio, consisten en los que se ilustran en el siguiente cuadro:****************************************Autoridad responsable ordenadora****************************************[1] Jueza Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos.****************************************Acto reclamado****************************************La falta de llamamiento al juicio especial hipotecario ********************, promovido por ********************por conducto de su apoderado, en contra de ********************en el que se encuentra en litigio el inmueble ubicado en calle ********************, del cual se ostenta poseedor el aquí quejoso.************************************************************III. Existencia del acto reclamado. El cierto el acto reclamado a la [1] Jueza Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ya que al rendir su informe justificado, aceptó su existencia.****************************************Además, tales aseveraciones se encuentran corroboradas con las copias certificadas de las constancias que remitió la Jueza responsable, relativas al juicio especial hipotecario ********************, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de las cuales se advierte la existencia del litigio antes mencionado sobre el vencimiento anticipado del plazo del contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria, el cual se constituyó sobre el inmueble en cuestión -del que se ostenta como titular el quejoso-, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia.****************************************IV. Antecedentes del acto reclamado. A efecto de contextualizar el presente asunto, se narran los antecedentes jurídicamente relevantes, acorde a lo siguiente:****************************************1. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciocho, ********************, en su carácter de apoderado de ********************en la vía especial hipotecaria, demandó diversas prestaciones a ********************, entre las que destaca el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, el cual se constituyó sobre el inmueble identificado como "********************, identificado como fracción ********************resultante de la división del predio urbano denominado ********************, en términos del municipio de ********************, con una superficie construida de ********************, desplantada sobre ********************, superficie privativa de terreno de ********************, correspondiéndole un indiviso del área común de ********************(********************), y las siguientes medidas y colindancias:****************************************Al Norte, en ocho metros, con calle ********************.********************Al Sur, en ocho metros con lote número ********************.********************Al este, en dieciocho metros con lote ********************.********************Al oeste, en dieciocho metros con lote ********************.****************************************2. Demanda de la cual tocó conocer al entonces Juzgado Décimo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, quien previa prevención respecto del escrito de demanda, por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho ordenó registrarla bajo el número de expediente ********************; así como dar trámite a la misma y emplazar a la parte demandada.****************************************3. Una vez seguido el juicio en todas sus etapas procesales, el diez de marzo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente en la que se resolvió procedente la acción que ejercitó la parte actora, declarando el vencimiento anticipado del plazo del contrato de otorgamiento de crédito con constitución de garantía hipotecaria concedido a la demandada y, con base en ello se le condenó al pago de diversas cantidades por concepto de suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, comisiones, seguros, así como gastos y costas, además, se le concedió un plazo de cinco días para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva, y en caso de no hacerlo así, se procedería en ejecución forzosa al remate del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria.****************************************4. Después, dicha sentencia causó ejecutoria mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, por lo que se ordenó a la parte demandada diera cumplimiento al punto resolutivo cuarto de la sentencia antes indicada.****************************************5. Luego, por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dado que la parte demandada en el juicio de origen no dio cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva dictada, se procedió conforme a las reglas de la ejecución forzosa, etapa que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, aún se encontraba en trámite.****************************************Así, como se precisó, la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.****************************************V. Improcedencia del juicio de amparo. Este juzgado advierte de oficio que, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable [1] Jueza Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, en atención a que la parte quejosa no acredita tener interés jurídico.****************************************En primer lugar debe tenerse presente, ante todo, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses de la persona peticionaria del amparo, según se desprende del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente:****************************************"ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."****************************************Ahora bien, los citados artículos 61, fracción XII, 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, disponen:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.) ********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley.********************(.)"****************************************"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ********************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. ********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ********************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley."****************************************"Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ********************Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita."****************************************De los preceptos transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo la parte peticionaria del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectada de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************En el caso, tratándose de actos que provienen de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido.****************************************Es aplicable al caso, la tesis II.2o.C.92 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con número de registro 181719, que dice:****************************************"INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía."****************************************Precisado lo anterior, en primer término es necesario determinar la calidad con la cual acude a solicitar el amparo el peticionario ********************, pues en su demanda manifiesta que no es parte en el juicio del que emanan los actos reclamados, al no haber sido llamado al juicio, no obstante que dice ser poseedor del inmueble materia de la litis en el juicio especial hipotecario ********************, radicado en el Juzgado Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, es decir, se ostenta como persona extraña al juicio del que emanan los actos reclamados.****************************************En efecto, de las copias certificadas deducidas del juicio especial hipotecario ********************, promovido por ********************por conducto de su apoderado, en contra de ********************se desprende que el aquí quejoso no es parte del juicio de origen.****************************************Por tanto, el ahora quejoso es persona extraña en estricto sentido al juicio generador de los actos reclamados, derivados del expediente ********************, relativo al juicio especial hipotecario radicado en el Juzgado Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues es ajeno a la relación procesal establecida en la misma, porque no fue señalado como demandado.****************************************Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro 177771, del rubro y contenido:****************************************"TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación."****************************************Atento a lo anterior, la parte peticionaria del amparo a fin de acreditar su interés jurídico aportó como medios de convicción las siguientes documentales privadas:****************************************1.- Original de contrato de cesión de derechos de uno de enero de dos mil veintidós, celebrado entre ********************, en su carácter de cedente y, por otro lado, ********************, respecto del inmueble identificado como ********************, con una superficie total de ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:****************************************Al Norte, con ocho metros, con ********************.********************Al Sur, con ocho metros con ********************.********************Al este, en dieciocho metros con casa número ********************.********************Al oeste, en dieciocho metros con casa número ********************.****************************************2.- Decreto publicado el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de ********************hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos de la comunidad ****************************************.****************************************3.- Copia simple del oficio ********************, de veinte de abril de dos mil diez, signado por ********************, Delegado Federal, dirigido al presidente municipal de ********************, en el que remitió la petición de los colonos de los predios números ********************, ubicados en el ******************** del ********************, para ser atendidos.****************************************4.- Copia simple del oficio ********************de veintiuno de marzo de dos mil doce, signado por la Encargada de los Asuntos de la Delegación, Secretaria de Desarrollo Social, dirigido al Director del entonces Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, en el que le solicitó cancelara cada uno de los registros a favor de ********************", y todo tipo de gravamen, hipoteca o procedimiento alguno de ejecución.****************************************5.- Copia simple de la sentencia emitida en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.****************************************Tales medios de prueba, aun valorados de conformidad con los artículos 133, 197, 202 y 203, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son insuficientes para acreditar la afectación al interés jurídico del quejoso.****************************************Lo anterior es así, en primer lugar, porque si bien exhibe un contrato privado de cesión de derechos celebrado entre ********************, en su carácter de cedente y el aquí quejoso ********************, en su carácter de cesionario, respecto del bien inmueble identificado como ********************, tal documental no resulta apta para acreditar los extremos pretendidos por la parte solicitante del amparo, dado que dicha documental es de fecha incierta, por lo que únicamente crea efectos jurídicos entre las partes signantes de dichos documentos y no frente a terceros, entonces no resulta idóneo para acreditar su interés jurídico respecto del inmueble del que se ostenta como titular.****************************************En efecto, es requisito necesario para que la parte promovente del amparo se ostente como tercero extraño a juicio y reclame la falta de llamamiento a un juicio en el que se encuentra involucrado el inmueble del que aduce ser titular, esto es, que acredite su interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, quedando constreñido a exhibir el contrato de fecha cierta en que sustente la posesión que detenta o, en su caso acreditarlo con otras probanzas.****************************************Lo anterior se estima de esa manera, tomando en consideración que por lo que hace al tópico de la "fecha cierta" de un documento, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio siguiente:****************************************"DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." (Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página 63).****************************************Asimismo, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1787 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXIX, de Abril de 2009, del tenor:****************************************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos."****************************************Conforme a lo anterior, se estima que el contrato privado de cesión de derechos ofrecido por el quejoso para acreditar su interés jurídico no es de fecha cierta, pues en su contenido no consta certificación alguna que permita advertir que se presentó ante algún fedatario público; no obra constancia que demuestre se inscribió ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, ni tampoco se acreditó que alguno de los contratantes falleciera, por tanto, si el documento no tiene alguna de las características referidas es evidente que no es de fecha cierta, y el derecho de posesión que el quejoso estima afectado no es susceptible de protegerse a través del juicio de amparo indirecto.****************************************Asimismo, lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 46/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", con registro 192662.****************************************Por otra parte, tampoco resulta apto para acreditar el interés jurídico del promovente, el decreto publicado el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ya que de éste solo se advierte que ********************hectáreas de terrenos de la comunidad ****************************************, fueron expropiados.****************************************De igual manera resulta insuficiente para demostrar su interés la copia simple del oficio ********************, de veinte de abril de dos mil diez, signado por ********************, Delegado Federal, dirigido al presidente municipal de ********************, en el que remitió la petición de los colonos de los predios números ********************, ubicados en el ******************** del ********************, para ser atendidos, peticiones que no obran agregadas al oficio que exhibió el quejoso, por lo que no se observa qué solicitudes realizaron los colonos, aunado a que de los predios que realizaron las supuestas peticiones no se advierte el número ********************, del cual se ostenta como titular el aquí impetrante de amparo.****************************************Además, tampoco sustenta el interés jurídico del aquí peticionario de amparo, el diverso oficio ********************de veintiuno de marzo de dos mil doce, signado por la Encargada de los Asuntos de la Delegación, Secretaria de Desarrollo Social, pues en todo caso, demuestra que se giró oficio al Director del entonces Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que cancelara todo tipo de gravamen, hipoteca o en su caso procedimiento alguno de ejecución, registrados a favor de ********************, en cumplimiento a la ejecución del decreto expropiatorio de veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro, sin que dicho documento conste la transmisión de un derecho de propiedad o poseedor en favor del aquí quejoso, respecto del bien inmueble del cual se ostenta como poseedor.****************************************Y, finalmente la copia simple de la sentencia emitida en el juicio de amparo ********************-IX, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, no es apta para acreditar jurídico del aquí quejoso, pues en la misma no se reconocieron derechos de propiedad o posesión en favor del impetrante de amparo respecto del bien inmueble en cuestión, además de que el aquí quejoso no fue parte en dicho juicio constitucional.****************************************En ese tenor, al no haber exhibido el quejoso prueba idónea para acreditar la posesión que aduce tener, a fin de que le genere interés jurídico en el presente asunto, pues debió acreditar la existencia del derecho que como poseedor alega detentar sobre el bien inmueble materia del juicio de origen, sustentado en una figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas que evidenciara ese derecho, lo que en el caso no hizo, al no aportar material convictivo eficaz de su parte con el que acreditara el derecho que, dice, le asiste sobre el bien controvertido, ello trae como consecuencia que la parte impetrante del amparo no haya demostrado la posesión que, como propietario, dice tener sobre el inmueble materia de litigio en el juicio especial hipotecario de origen.****************************************Aunado a lo anterior, no se inadvierte que la parte quejosa al narrar sus hechos señaló que la titularidad de todos los predios componentes del fraccionamientos Country o ********************ubicado en calle Dolores sin número, colonia Lázaro Cárdenas, municipio de ********************, la tiene la Comisión para la Regularización de las Tenencia de la Tierra, hoy, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, razón por la cual no se cuenta con escritura pública y, que esta debe ser expedida por dicha dependencia, situación que corrobora la ausencia de interés jurídico por parte del quejoso, pues, en todo caso, reconoce que la titularidad del inmueble del que se ostenta como poseedor, es diverso Instituto en virtud de que no ha sido regularizado.****************************************No obstante, tampoco se advierte que se haya demostrado la identidad del bien inmueble reclamado en el juicio de amparo con el que es materia del juicio de origen, toda vez que el quejoso refiere tener en posesión el bien identificado como ********************, y el bien inmueble reclamado en el juicio de origen corresponde al identificado como vivienda ********************, del Condominio Horizontal denominado "Residencial Tejalpa" ubicado en calle Dolores Uranio, sin número, colonia Lázaro Cárdenas, identificado como Fracción ********************resultante de la división del predio urbano denominado ********************, en términos del municipio de ********************, sin que se ofreciera diversa prueba a efecto de constatar que efectivamente se trata del mismo bien inmueble y que existe identidad entre éstos.****************************************Además, las medidas, colindancias y superficies de ambos, son discrepantes, tal como se observa en el siguiente cuadro:****************************************INMUEBLE RECLAMADO POR EL QUEJOSO.********************INMUEBLE MOTIVO DEL JUICIO DE ORIGEN.****************************************Identificado como: ****************************************Identificado como: vivienda ********************, del Condominio Horizontal denominado "Residencial Tejalpa" ubicado en calle Dolores Uranio, sin número, colonia Lázaro Cárdenas, identificado como Fracción ********************resultante de la división del predio urbano denominado ********************, en términos del municipio de ************************************************************Medidas y Colindancias:********************Al Norte, con ocho metros, con ********************.********************Al Sur, con ocho metros con ********************.********************Al este, en dieciocho metros con casa número ********************.********************Al oeste, en dieciocho metros con casa número ********************.********************Medidas y Colindancias:********************Al Norte, en ocho metros, con calle ********************.********************Al Sur, en ocho metros con lote número ********************.********************Al este, en dieciocho metros con lote ********************.********************Al oeste, en dieciocho metros con lote ********************."****************************************Superficie total de ******************** m2 (ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados)********************Superficie construida: ****************************************.********************Superficie privativa de terreno: ****************************************.************************************************************Del cuadro que precede, se puede advertir que no existe identidad por cuanto al nombre de la calle, fraccionamiento, asimismo con relación a las medidas y colindancias del norte, sur y oeste, aunado a que tampoco coinciden las superficies del inmueble del que se ostenta como titular el aquí quejoso con el diverso que es objeto del juicio especial hipotecario de origen, sin que se ofreciera diversa prueba a efecto de constatar que efectivamente se trata del mismo bien inmueble y que existe identidad entre éstos.****************************************Lo anterior, porque tratándose de inmuebles, resulta necesario que se demuestre en forma indubitable la identidad del que ampara el documento generador de la acción de amparo, con el que es objeto de afectación en el procedimiento natural, ya que de lo contrario, cuando el descrito en el contrato privado de cesión de derechos, en el que se funda el juicio de derechos fundamentales, no es coincidente en superficie, medidas y colindancias con aquél, no puede tener el alcance de evidenciar que está inmerso o incluido en el que es objeto de los actos de autoridad que se exige sean objeto de análisis constitucional.****************************************Sin que en este supuesto el quejoso hubiera ofrecido alguna prueba para acreditar que el inmueble del que aduce ser titular, guarda identidad con el diverso inmueble objeto del juicio especial hipotecario de origen, por lo que no es posible establecer que se tratan de los mismos predios.****************************************Además, en el caso, no se ofreció otra prueba que arroje datos concretos, preferentemente una de tipo técnico, como pudiera ser la prueba pericial, pues si bien es verdad que ésta no es la única prueba con la que se puede acreditar la identidad de un bien inmueble, es la idónea para tales efectos, como lo señala la jurisprudencia VI.1o.C. J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES".****************************************No obstante lo antes expuesto, lo relevante en este juicio es, como se dijo, que el quejoso no demostró que el documento con el cual se ostenta titular del bien inmueble, sea de fecha cierta, por tanto, no es apto ni suficiente, para efectos del presente juicio, para obtener la protección constitucional solicitada.****************************************Además, el solicitante del amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de posesión del bien inmueble controvertido en el juicio de origen, pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros, y en el caso es evidente que la parte peticionaria no acreditó su interés jurídico en el presente juicio de amparo, al haber exhibido un contrato privado de cesión de derechos que no es de fecha cierta.****************************************Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 187733, que establece:****************************************"POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común."****************************************Por lo expuesto, resulta innegable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y lo precedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados a la [1] Jueza Décima Familiar Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento.****************************************Por último, resta decir que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, no se le causa ninguna afectación con esta determinación a las partes diversas a la aquí parte quejosa, al resultar esta determinación favorable a sus intereses, tal como disponen las jurisprudencias con registros 181801 y 238863, de las Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "AMPARO CONTRA LEYES. AUN CUANDO EL HECHO DE NO LLAMAR A JUICIO A ALGUNA DE LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN PROCESAL, RESULTA INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI LO QUE PROCEDE ES NEGAR EL AMPARO O SOBRESEER EN EL JUICIO" y "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA", así como la diversa tesis P. V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196912, del contenido siguiente:****************************************"TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado."****************************************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se****************************************R E S U E L V E:****************************************Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto del acto y autoridad, precisados en el punto considerativo II, por las razones y fundamentos expuestos en el último punto considerativo, ambos de esta sentencia.****************************************Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano