Salvador Guillermo Ruiz Mercado

Expediente 1205/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 30 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1205/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Salvador Guillermo Ruiz Mercado
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    * TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual se ostenta conocedor de la determinación en la que se declaró cumplido el fallo protector, por desinterés de la parte quejosa para continuar con la ejecución de la sentencia; consecuentemente, agréguese a sus autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. **

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual expresa su conformidad con el acatamiento al fallo protector, que hicieron las autoridades responsables; ahora, por oficio y anexos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiséis de febrero de este año (fojas 124 a 152), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento. Así, de los anexos aludidos se aprecia que se efectuaron devoluciones al solicitante de amparo, por el importe de las deducciones que se le aplicaron en su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones). En ese tenor, este órgano jurisdiccional, de oficio, resuelve sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a fin de verificar si de acuerdo con las constancias de referencia, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Bajo ese contexto, por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 60), por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para efectos de que: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no deberán restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia número 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." 2. La autoridad responsable ejecutora realizará las gestiones necesarias y devolverá a ********************, debidamente actualizadas, las cantidades descontadas por el "concepto 53", con fundamento en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación, esto es, el quince de mayo de dos mil dieciocho.(.)" Resolución que causó ejecutoria por acuerdo de veintiséis de noviembre del año pasado (fojas 76 a 77). Así, de lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver al peticionario de amparo las cantidades que le fueron descontadas por el "concepto 53" (fondo de pensiones), en el recibo de nómina de quince de mayo de dos mil dieciocho, debidamente actualizadas. Ante ello, la responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado el once de diciembre de dos mil dieciocho y veintisiete de febrero de este año, exhibió el acuse de recibo del comunicado dirigido al aquí quejoso, en el cual se le hace saber que se ha desincorporado de su esfera jurídica los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 82 a 84 y 124 a 152), mismo que le fue notificado en su domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo que se había restituido al quejoso las cantidades generadas con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 94 a 95). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior es así, pues si bien por acuerdo de veinte de febrero de este año (fojas 116 a 117), se requirió al Director General del Fondo aludido, a fin de que devolviera al quejoso las actualizaciones relativas a los descuentos por concepto 53, el solicitante de amparo expresó su conformidad en los términos en que las responsables acataron el fallo. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 4a. X/91, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 32, Tomo VII, Abril de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: **Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió (fojas 8 a 12 y 23 a 27), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual expresa su conformidad con el acatamiento al fallo protector, que hicieron las autoridades responsables; ahora, por oficio y anexos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintiséis de febrero de este año (fojas 124 a 152), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento. Así, de los anexos aludidos se aprecia que se efectuaron devoluciones al solicitante de amparo, por el importe de las deducciones que se le aplicaron en su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones). En ese tenor, este órgano jurisdiccional, de oficio, resuelve sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a fin de verificar si de acuerdo con las constancias de referencia, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Bajo ese contexto, por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 60), por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para efectos de que: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no deberán restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia número 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." 2. La autoridad responsable ejecutora realizará las gestiones necesarias y devolverá a ********************, debidamente actualizadas, las cantidades descontadas por el "concepto 53", con fundamento en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha del primer acto de aplicación, esto es, el quince de mayo de dos mil dieciocho.(.)" Resolución que causó ejecutoria por acuerdo de veintiséis de noviembre del año pasado (fojas 76 a 77). Así, de lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver al peticionario de amparo las cantidades que le fueron descontadas por el "concepto 53" (fondo de pensiones), en el recibo de nómina de quince de mayo de dos mil dieciocho, debidamente actualizadas. Ante ello, la responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado el once de diciembre de dos mil dieciocho y veintisiete de febrero de este año, exhibió el acuse de recibo del comunicado dirigido al aquí quejoso, en el cual se le hace saber que se ha desincorporado de su esfera jurídica los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 82 a 84 y 124 a 152), mismo que le fue notificado en su domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo que se había restituido al quejoso las cantidades generadas con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 94 a 95). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Lo anterior es así, pues si bien por acuerdo de veinte de febrero de este año (fojas 116 a 117), se requirió al Director General del Fondo aludido, a fin de que devolviera al quejoso las actualizaciones relativas a los descuentos por concepto 53, el solicitante de amparo expresó su conformidad en los términos en que las responsables acataron el fallo. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 4a. X/91, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 32, Tomo VII, Abril de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: **Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió (fojas 8 a 12 y 23 a 27), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. **

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por ** en calidad de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, debe decirse que no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado, toda vez que carece de personalidad para promover en este sumario constitucional, ya que si bien en el escrito inicial de demanda se le designó como autorizada de la parte quejosa, lo cierto es que lo fue en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo (fojas 7 a 8); es decir, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y no en términos amplios, ello por así haberlo solicitado el promovente; de ahí que, no se encuentre facultada para promover a nombre del solicitante del amparo, de conformidad con lo que establece el primer párrafo del dispositivo de previa mención. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ***De otra parte, del estado de autos se aprecia que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, ha sido omiso en informar el acatamiento a la sentencia protectora, en particular, lo relacionado con la devolución de la actualización de las cantidades que restituyó a la parte quejosa, con motivo del descuento por concepto 53. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, dé cumplimiento al fallo protector concedido en los términos indicados en la sentencia de mérito. Apercibida que de no dar cumplimiento con causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercero transitorios del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo"). Además, se le hace del conocimiento al Director referido que de continuar demostrando una conducta renuente, este órgano jurisdiccional aplicará las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación de la inejecución de sentencia; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada. ** *

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