Salvador Guadalupe Romero Valenciano

Expediente 1150/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1150/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Salvador Guadalupe Romero Valenciano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada la sentencia dentro del plazo legal, como lo establecen los artículos 81, fracción I, inciso e, y 86, ambos de la Ley de Amparo2; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,3 dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito exhibe pedimento (ya se dictó sentencia). Agréguese el pedimento ministerial de cuenta sin que se emita mayor pronunciamiento al respecto, en atención a que el once de julio del año que transcurre, se dictó sentencia definitiva. Con apego a lo establecido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase copia certificada de dicha resolución. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1150/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el catorce siguiente a este Juzgado Decimoquinto, **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME REGISTRO 1 DÉCIMA SÉPTIMA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO. CIERTO 12634 2 ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DÉCIMA SÉPTIMA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO. OMISA ----- ACTOS RECLAMADOS: "LA FALTA DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO que debe recaer en el conflicto laboral registrado con el número ****, [ . ] La falta de notificación del laudo antes citado. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda bajo el número 1150/2022 y se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse omisiones carentes de ejecución atribuidas a autoridades distintas de la judicial y haber prevenido este Juzgado Federal en el conocimiento del presente asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que los actos reclamados consisten en: De la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de emitir el laudo dentro del expediente laboral ****. Del Actuario Notificador adscrito a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: La omisión de notificar el laudo referido . TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Acto inexistente. No es cierto el acto reclamado al Actuario Notificador adscrito a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, pues aun y cuando fue omiso en rendir su informe justificado, la presunción de certeza de dicho acto cede, puesto que debe tenerse presente que lo que se le reclama es la omisión de notificar a las partes el laudo; por lo tanto, si de las constancias remitidas por la junta responsable en su informe justificado, se desprende que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, aún no se emitía dicha resolución, lógicamente no existe obligación de notificarla. Es así, pues resulta indispensable que a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado tenga existencia jurídica; lo que no sucede en el caso, ya que lo relatado evidencia que en la data de presentación del reclamo constitucional, no existía la omisión atribuida al actuario notificador adscrito a la junta responsable, toda vez que no se había dictado el laudo en el juicio de origen. Es aplicable al caso la jurisprudencia del tenor: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En consecuencia, ante la inexistencia advertida, se sobresee en el juicio por lo que ve al acto y autoridad que nos ocupa, según lo impone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en todo juicio de amparo debe buscarse el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjera el acto violatorio de derechos o desequilibrio del sistema federal en detrimento del gobernado, si el acto autoritario es de carácter positivo; u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el precepto constitucional de que se trate, si el acto combatido es de carácter negativo. De ahí que si el acto reclamado no existe, no se ha producido, ni está realizándose en el momento en que se presenta la demanda relativa, o no es inminente, el juicio carece de objetivo y jurídicamente no tiene razón de ser, motivo por el que la consecuencia de su promoción recaiga en el sobreseimiento. CUARTO. Actos ciertos. La autoridad responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, lo aceptó; por ende, se tiene por demostrada su existencia. QUINTO. Causa de improcedencia advertida de oficio. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de tal acto reclamado. Lo anterior, dado que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, en relación con la en el artículo 61, fracción XXIII, a su vez, relacionado con los diversos numerales 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Los referidos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [ ... ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". De los preceptos legales destacados, se aprecia la intención legislativa de excluir, por regla general, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos procesales realizados dentro de juicio, con la salvedad de que dichos actos sean de imposible reparación. Dicha regla de procedencia refleja el principio de definitividad rector de este medio de defensa, en su vertiente horizontal, según el cual, el interesado debe esperar a que se dicte la última resolución en el juicio de que se trate, para combatir conjuntamente la totalidad de las violaciones que hubieren acontecido durante su tramitación, así como las que contenga la propia resolución definitiva. La excepción al principio de definitividad en su vertiente horizontal, según se adelantó, es que se trate de un acto acaecido dentro de juicio, de imposible reparación; considerándose por tales, aquellos que reúnan las siguientes condiciones normativas: a) Que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; b) Y que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al hilo de lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando la parte quejosa se duela exclusivamente de una abstención dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la omisión de dictar el laudo. Por tanto, por regla general, el juicio de amparo es improcedente para reclamar omisiones acaecidas en una contienda jurisdiccional, con la excepción de que esta constituya una abierta dilación del procedimiento o implique su paralización total. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente".6 Bajo esa línea, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que tratándose de dilaciones procesales acaecidas en juicios laborales, el amparo indirecto únicamente procede contra las presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, si transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Lo anterior -acotó la Corte-, porque el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados y, resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Bajo ese contexto normativo, cabe reiterar que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ****. En relación con tal acto, se toma nota de que la parte quejosa precisó en su demanda de amparo que por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió a las partes el término común de dos días para formular alegatos. En tales condiciones, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que la omisión reclamada no es susceptible de ser considerada como la paralización total del procedimiento, ni abierta dilación acaecida en el procedimiento natural, pues a fin de que ésta se configure, es necesario que el patente retardo imputado a la autoridad jurisdiccional responsable, exceda de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; lo que en el caso no acontece. Es así, porque de conformidad con los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, al declararse cerrada la instrucción en el juicio laboral, el auxiliar de la Junta debe formular por escrito el proyecto de laudo, dentro del plazo de diez días siguientes, debiéndose entregar copia a cada uno de los miembros de la Junta y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de la Junta podrán solicitar que se practique las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días; transcurrido el plazo concedido a los integrantes de la Junta o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes; finalmente, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo. En esa medida, si a partir del veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió a las partes el término común de dos días para formular alegatos, el cual transcurrió, en el mejor de los casos, al tres de mayo de dos mil veintidós, por lo que a partir del día siguiente la Junta responsable cuenta con el plazo de diez días para formular el proyecto de laudo, cinco para que los integrantes de la Junta soliciten pruebas para mejor proveer y diez días más para proceder a su discusión y votación; es decir, al ocho de junio de dos mil veintidós; por tanto, se arriba a la conclusión de que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el diez de junio de dos mil veintidós, si bien ya había transcurrido los veinticinco días hábiles con que contaba la junta responsable para emitir el laudo, lo cierto es que aún no fenecía el diverso plazo de cuarenta y cinco días necesario para considerar la omisión reclamada como abierta dilación el procedimiento natural, pues respecto del mismo solo habían transcurrido dos días. Por tanto, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, no había fenecido el plazo de cuarenta y cinco días necesario para considerar la omisión reclamada como abierta dilación. En razón de lo anterior, se revela de forma clara y manifiesta, que la omisión reclamada no entraña en sí misma, una violación al derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17 constitucional, al no constituir, de momento, una abstención que tenga por efecto retrasar abiertamente o paralizar la prosecución de la instancia natural; y por consiguiente, en el caso no se está ante la presencia de un acto que reúna los atributos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, a efecto de desahogar la vista respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronunciará respecto al cumplimiento aludido, con base en lo siguiente: En sentencia de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Especial y Actuario Notificador adscritos a la Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, realizaran lo siguiente: Se deje insubsistente el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en lo que respecta al señalamiento para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y señale una nueva fecha para la celebración de la misma, dentro de los autos del expediente , acorde al término previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; De no haberlo realizado, se emplace a la parte demandada al juicio de origen; o en su defecto, se acredite la causa legal que le impida hacerlo, pues solo así se le restituirá en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia. En auto de uno de marzo de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, del que se advierte que se dejó insubsistente la fecha señalada en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar fijó el siete de abril de dos mil veintidós, para su celebración. Asimismo, remitió copia certificada de los emplazamientos al juicio laboral realizados a las demandadas, ; fuente de trabajo ubicada en Con lo anterior se dio vista a las partes mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que se cumplieron los extremos señalados, ya que: Se fijó una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, acorde al término previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Y, se realizó el emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente a la parte quejosa.

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