Salvador González Vargas

Expediente 2382/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2382/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Salvador González Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso (fojas 63 a 64), se dio vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento de ejecutoria realizado por parte de la autoridad responsable; por tanto, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que, por sentencia dictada el veintitrés de enero del año que transcurre (fojas 41 a 48), se concedió el amparo, para el efecto de que: "En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para que las autoridades responsables: a) Realicen las gestiones necesarias a fin de que se notifique al quejoso la calificación registral generada con motivo de la solicitud 21180017485." Ahora, conforme a la ejecutoria en mención las autoridades responsables Delegada en Puebla del Registro Agrario Nacional y Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, estaba obligada a: Realizar las gestiones necesarias a fin de que se notificara al quejoso Salvador González Vargas, la calificación registral generada con motivo de la solicitud 21180017485. Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio, se desprende que: La Subdelegada Técnica del Registro Agrario Nacional, en ausencia del Delegado Estatal y Registradora Integral adscrita al Registro Agrario Nacional, ambas autoridades con residencia en la ciudad de Puebla, mediante oficios recibidos el veinte de febrero del presente año (fojas 59 a 60 y 61 a 62 respectivamente), hicieron del conocimiento lo siguiente: "Con fecha veintiuno de Enero del año en curso, le fue notificada a la C. Ruth Pérez Bifano, la calificación registral recaída a la solicitud de trámite número 21180017485, relativa a la inscripción del Acta de Asamblea de Reconocimiento de Avecindados, celebrada el 09 de Septiembre de 2018, en el Ejido de Santa CIara Ocoyucan, Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, misma que fue en sentido negativo, por lo que se denegó el servicio registral. Adjunto remito a Usted copia certificada de la constancia como soporte legal a este oficio." En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso (fojas 63 a 64), se dio vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento de ejecutoria realizado por parte de la autoridad responsable; por tanto, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que, por sentencia dictada el veintitrés de enero del año que transcurre (fojas 41 a 48), se concedió el amparo, para el efecto de que: "En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para que las autoridades responsables: a) Realicen las gestiones necesarias a fin de que se notifique al quejoso la calificación registral generada con motivo de la solicitud 21180017485." Ahora, conforme a la ejecutoria en mención las autoridades responsables Delegada en Puebla del Registro Agrario Nacional y Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, estaba obligada a: Realizar las gestiones necesarias a fin de que se notificara al quejoso Salvador González Vargas, la calificación registral generada con motivo de la solicitud 21180017485. Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio, se desprende que: La Subdelegada Técnica del Registro Agrario Nacional, en ausencia del Delegado Estatal y Registradora Integral adscrita al Registro Agrario Nacional, ambas autoridades con residencia en la ciudad de Puebla, mediante oficios recibidos el veinte de febrero del presente año (fojas 59 a 60 y 61 a 62 respectivamente), hicieron del conocimiento lo siguiente: "Con fecha veintiuno de Enero del año en curso, le fue notificada a la C. Ruth Pérez Bifano, la calificación registral recaída a la solicitud de trámite número 21180017485, relativa a la inscripción del Acta de Asamblea de Reconocimiento de Avecindados, celebrada el 09 de Septiembre de 2018, en el Ejido de Santa CIara Ocoyucan, Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, misma que fue en sentido negativo, por lo que se denegó el servicio registral. Adjunto remito a Usted copia certificada de la constancia como soporte legal a este oficio." En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de siete de febrero de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se concedió a la quejosa María Eugenia Sánchez Alarcón por propio derecho y en representación de la menor C.K.S., la protección constitucional solicitada, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, para el efecto de que realizara lo siguiente: ".para el efecto de que la Juez responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, y emita otro, en el que con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respeto de la solicitud de Víctor Kuda Bayata consistente en la custodia provisional de la menor C.K.S., y en caso que determine entrevistar a la citada menor, deberá fundar y motivar su decisión conforme a los lineamientos precisados en esta sentencia, tanto para decretarla como para su desahogo." En cumplimiento a lo anterior, la Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, mediante los oficios recibidos el trece de noviembre de dos mil dieciocho y seis de febrero de dos mil diecinueve, en el primero informó que dejó insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete y, en su lugar emitió otro en el que se pronunció respecto de la solicitud de Víctor Kuda Bayata, haciéndole saber que no había lugar a obsequiar su petición de decretar la guarda y custodia que solicitaba respecto de la menor C.K.S., toda vez que no se contaba con los elementos de prueba suficientes para determinar a quién le asistía mejor derecho para detentar la guarda y custodia de dicha menor; asimismo, determinó que fuera escuchada la opinión de la menor C.K.S., para lo cual giró oficio a la Directora del Servicio Médico Forense adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a fin de que designara a un perito en psicología y, en el segundo, manifestó entre otras cosas que señaló las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que la referida menor fuera escuchada por esa autoridad asociada de la perito en psicología Araceli Ameca Fernández nombrada por el Servicio Médico Legal y Forense del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en términos de la fracción III del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto de Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo.) Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Delegada en Puebla del Registro Agrario Nacional y Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, den cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final de la sentencia emitida el veintitrés de enero del año en curso, por este órgano jurisdiccional, misma que les fue notificada; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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