Salvador González Nuñez

Expediente 1155/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1155/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Salvador González Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 22929. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la magistrada presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al oficio por el que se le notificó el auto que declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, solicita le sean devueltas las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, devuélvase a la mencionada autoridad el toca A.P.D. 25/2018, cuadernillo de apelación, copias certificadas de la carpeta administrativa de la causa penal 18/2017, y dos discos en formato DVD; respecto a la copia certificada de la resolución de doce de enero del presente año, desglósese del presente asunto, previa copia certificada que en su lugar se deje. Asimismo, remítanse al juez de Control de Teúl de González Ortega, Zacatecas, las copias certificadas de la carpeta administrativa de la causa penal 18/2017 y copia certificada de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso de diez y doce de enero del año en curso (éstas en tres discos en formato DVD). Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    El quince de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 22802. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso; en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que refiere, sin que sea el caso de hacer pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que el doce de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  3. Principal

    El doce de noviembre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario de juzgado certifico: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa transcurrió del veintitrés de octubre al siete de noviembre del año en curso, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de octubre de dos mil dieciocho dentro del juicio de amparo 1155/2018. c) Que dentro de dicho juicio si se tramitó incidente de suspensión. d) Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa en el que se negó el amparo y protección del presente juicio; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración; en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el púnto vigésimo primero, fracción III, ultima parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que solo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos del punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, por lo que, una vez, transcurridos seis meses procédase a su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase el presente expediente previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial para los efectos legales correspondientes. Finalmente, hágase la devolución a las autoridades responsables Juez de Control de Teúl de González Ortega, Zacatecas y Primera Sala Penal del Tribunal de Justicia del estado, con sede en Zacatecas; a la primera de los mencionados, la documental consistente en copias certificadas de la carpeta administrativa de la causa penal 18/2017, copias certificadas de los registros de audio y video (3 CD´S) de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso de diez y doce de enero del año en curso y a la última, la documental consistente en el toca A.O.P. 25/2018, cuadernillo de apelación, copias certificadas de la carpeta administrativa de la causa penal 18/2017, copia certificada de la resolución de doce de enero del año en curso y dos discos en formato de DV´D. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. cindy*

  4. Principal

    El veintisiete de junio de dos mil dieciocho. El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que en el auto admisorio de dieciocho de mayo del año en curso, se reservó acordar respecto de la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso, hasta en tanto se llevara a cabo el emplazamiento del tercero interesado y las autoridades responsables rindieran su informe justificado; circunstancias que ya acontecieron en autos. Lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos se advierte que en el auto admisorio de dieciocho de mayo del año en curso (foja 50 a 53), se reservó acordar respecto de la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso, hasta en tanto se llevara a cabo el emplazamiento del tercero interesado y las autoridades responsables rindieran su informe justificado; circunstancias que ya acontecieron en autos; por lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se acuerda lo siguiente: El quejoso ofrece como prueba la Inspección Judicial a practicarse en la presa ubicada en el predio denominado Los González, en el Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas. A lo que este juzgado acuerda: Con la inspección de que se trata, el quejoso pretende demostrar si existe o no agua almacenada en dicha presa y si existen o no tubos conectados a la misma. Ahora bien, en el presente caso el quejoso señala como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso, dictado el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el toca penal 25/2018. Esto es, son actos derivados del proceso penal acusatorio, que se rige, entre otros, por los principios de contradicción e igualdad procesal, establecidos en el artículo 20 constitucional. Asimismo, el artículo 75 de la Ley de Amparo, regula el principio de limitación de prueba, conforme al cual, en el juicio de control constitucional el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se tomaran en consideración ni se admitirán medios de convicción que no se hayan rendido ante dicha autoridad para demostrar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. De tal suerte que, si uno de los actos reclamados por el quejoso es el auto de vinculación a proceso, se debe tomar en consideración que dicha determinación judicial se emite de conformidad con los principios del sistema de justicia penal acusatorio oral, en el que, se insiste, se encuentra el de contradicción, que garantiza la igualdad procesal de las partes, en la medida que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlos o rebatirlos y observar desde el principio, la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Publico como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin de convencerlo con su versión, lo cual se conoce como teoría del caso. Por tanto, resulta improcedente admitir la prueba de inspección antes precisada, pues de ser admitida se analizarían pruebas que no tuvo a la vista el juez natural, para valorar la constitucionalidad del acto reclamado y se transgredirían los principios de contradicción e igualdad procesal. Son aplicables a lo anterior las tesis del rubro y texto, siguientes: "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU JUSTIFICACIÓN. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece el principio de limitación de pruebas, al prever que en las sentencias dictadas en los juicios de la materia el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hayan rendido ante ella (salvo las excepciones previstas en la propia ley referidas a la vía indirecta o las establecidas jurisprudencialmente por los órganos del Poder Judicial de la Federación, relativas a cuestiones de procedencia del juicio constitucional). Ese impedimento técnico del impartidor de justicia encuentra su justificación racional y constitucional en la propia naturaleza del amparo, el cual no constituye una instancia más en el procedimiento de origen, sino un medio extraordinario de defensa que tiene por objeto ejercer un control constitucional sobre la resolución reclamada, a fin de determinar si viola o no derechos fundamentales y, por ende, no podría examinarse si la responsable, al emitir el fallo reclamado, transgredió éstos por el hecho de omitir el examen de pruebas y planteamientos que no fueron objeto de la controversia de origen. Además, el amparo no es equiparable a la acción procesal ordinaria en las materias civil, laboral, penal o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que se dirige a controlar el acto de autoridad para ajustarlo al orden establecido en la Ley Suprema, pero sin que los tribunales de amparo puedan sustituirse en el ejercicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades responsables, admitiendo pruebas o tomando en consideración elementos de convicción que no se rindieron ante ellas, dado que ello equivaldría a convertirles en una ulterior instancia revisora,". PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ES IMPROCEDENTE ADMITIR COMO DOCUMENTAL LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA QUE SE OBTUVIERON LOS DATOS PROBATORIOS PARA DICTARLO. El artículo 75 de la Ley de Amparo regula el denominado principio de limitación de prueba, conforme al cual, en los juicios de control constitucional el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración los medios de convicción que no se hayan rendido ante dicha autoridad para demostrar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; postulado que da lugar a una limitante con dos diversos efectos: 1) el relativo a que para juzgar el acto reclamado y su constitucionalidad, la autoridad de amparo no puede comprender, en materia de prueba, aspectos o cuestiones ajenos a los que la responsable estuvo en aptitud de considerar; y, 2) se produce una limitación, la cual consiste en evitar que el juzgador de amparo, al sustituirse en la competencia exclusiva de aquella autoridad, llegue al extremo opuesto de justificar o mejorar el contenido del acto reclamado. En ese sentido, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, debe tomarse en consideración que dicha determinación judicial se emite de conformidad con los principios del sistema de justicia penal acusatorio y oral, entre el que se encuentra el de contradicción, que garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio, la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de convencerlo de su versión, a lo cual se le conoce como "teoría del caso". De esa manera, en el auto de vinculación a proceso, el Juez de control, atento a los extremos que rigen al principio de contradicción, debe emitir su decisión únicamente con base en los antecedentes de investigación que le exponga el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, es decir, debe analizar y ponderar las cuestiones debatidas en la audiencia inicial o, en su caso, en la de vinculación a proceso, pues el sistema adversarial estatuye la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del proceso penal acusatorio, lo que significa que el Juez de control debe abstenerse, salvo excepciones, de revisar las actuaciones de la carpeta de investigación practicadas por el órgano técnico, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, dado el plano de igualdad entre los contendientes, debiendo valorar la racionabilidad de los argumentos expuestos por las partes. Máxime que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige como requisito para emitir el referido acto de molestia, que el juzgador de control tenga que verificar directamente en la carpeta de investigación la información que sea aportada durante el desarrollo de la audiencia inicial, sino que debe sujetarse a los antecedentes de la investigación que exponga la representación social, de los que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin soslayar que de conformidad con los artículos 113, fracción VIII, 117, fracción IV, 218, párrafos primero y tercero y 219, todos del código procesal citado, el imputado y su defensor tienen el derecho de acceder a los registros que obran en la carpeta de investigación, incluso, a obtener copia de ella con la oportunidad debida para preparar la defensa; más cuando el imputado es presentado ante el Juez de control en calidad de detenido, supuesto en el que de acuerdo con el artículo 308 del mismo código, el propio juzgador, previo a analizar y resolver sobre la legalidad de la detención, debe hacerle saber al imputado que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros respectivos. De lo que se colige que, a efecto de analizar la constitucionalidad del acto reclamado (auto de vinculación a proceso), el juzgador de amparo no puede sustituirse a la autoridad responsable y analizar la sentencia que corresponda, en probanzas que aquélla no tuvo en cuenta o en cuestiones que no fueron objeto del debate en la audiencia de vinculación a proceso y con base en las cuales emitió la resolución impugnada. Esto es así, porque de hacerlo contravendría el artículo 75, párrafo primero, invocado, y desvirtuaría el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio, siendo este postulado una exigencia ineludible vinculada con el derecho de defensa que establece dicho sistema; de ahí que para la sustanciación del juicio sea improcedente admitir como prueba documental, la carpeta de investigación de la que se obtuvieron los datos probatorios para dictar el auto de vinculación a proceso" . "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL AMPARO. IMPLICA QUE SI EL IMPUTADO O LA VÍCTIMA ACUDE COMO QUEJOSO AL JUICIO CONSTITUCIONAL Y LAS OFRECE PARA DEMOSTRAR LA ILEGALIDAD DEL ACTO RECLAMADO DERIVADO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, POR NO HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE HACERLO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONSTATAR QUE ESE OFRECIMIENTO NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A LA ORALIDAD O A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A DICHO SISTEMA.El principio de limitación de pruebas, previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, contiene la regla general de que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin admitirse ni tomarse en cuenta las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Además, establece una excepción en la vía indirecta que permite que el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, acota que, en materia penal, el Juez de Distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Por otra parte, el artículo 20, apartados B, fracción IV y C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, por virtud del principio de igualdad, entre otros derechos del imputado y la víctima, que se le reciban, al primero, los testigos y demás pruebas que ofrezca y, a la segunda, todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso. Por tanto, la interpretación armónica de esas disposiciones constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio -el cual reviste particularidades que lo distinguen del resto de los juicios previstos en el orden jurídico nacional- con el numeral 75 aludido, implica que cuando el imputado o la víctima acude como quejoso al juicio de amparo y oferte pruebas para demostrar la ilegalidad del acto reclamado, el Juez de Distrito debe constatar que su ofrecimiento justifica la excepción citada y no conlleva una violación a la oralidad o a los principios que rigen dicho proceso penal acusatorio. Así, tratándose de decisiones tomadas en audiencias preliminares por el Juez de control, el juzgador constitucional no debe soslayar que esos actos de autoridad derivan del debate e información que las partes proporcionan al Juez, sin que éste pueda revisar algún documento, aunque consten en la carpeta de investigación o en otra fuente, ya que sus decisiones se sustentan en datos de prueba -referencia a medios de prueba-, sobre los que las partes argumentan oralmente en su presencia, de modo razonable. Bajo estas premisas, si en un juicio de amparo indirecto la quejosa, víctima en el proceso de origen, reclama la resolución que declara sin materia la impugnación del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque su representante legal no acreditó en audiencia dicha personalidad ante el Juez de control, no puede admitirse como prueba en el amparo, la documental que acredite el carácter con el que el abogado se ostentó, previo a la audiencia, ante el área de gestión judicial -que auxilia al Juez de control con los trámites necesarios para el desarrollo de las audiencias-, no sólo porque esa situación fue materia del debate y de ello quedó constancia en el registro respectivo, sino porque en el trámite del amparo no se demostró que la quejosa careciera de la oportunidad de ofrecerla ante la responsable, es decir, que no pudo exhibir ese documento como dato de prueba en la audiencia, corriendo traslado a la contraparte e informando, cada parte, lo que estimara conducente al Juez responsable. De lo que se colige que, acorde con el principio aludido, el Juez de Distrito no puede admitir pruebas diversas a las que tuvo a la vista el Juez natural, para analizar la constitucionalidad del acto, porque ello transgrede los principios de contradicción e igualdad procesal, establecidos en el artículo 20 constitucional indicado, que buscan un pleno análisis judicial de la contienda, pues de facto, se excluiría a la contraparte de la posibilidad de contradecir el contenido de esas probanzas y se desconocerían la oralidad y los principios que rigen la justicia penal adversarial". Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

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