Salvador Gaviño Romero
Expediente 403/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Salvador Gaviño Romero
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE 17 DE MAYO DE 2016......(CIT)
- Principal
téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho y en representación de la menor ****, contra actos de la ***; misma que se determina improcedente. La suscrita ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá que conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso; asimismo, regístrese en el libro de gobierno, así como en el SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, bajo el número de expediente 403/2016-I. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese tenor, de la demanda que se estudia, se desprende que la promovente del amparo, señaló como acto reclamado, lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la H. ***, reclama, la sentencia de segunda instancia de fecha 07 de abril de 2016, ,misma que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 08 de febrero del 2016, dentro del toca de apelación número ***. Del H. ****, reclamo, el cumplimiento que sirva dar al auto de fecha 08 de febrero de 2016, dictado en los autos del Incidente de Cesación de Régimen de Visitas y Convivencias, relativo al juicio de Controversias del Orden Familiar, radicado bajo la resolución emitida por el Tribunal de Alzada. [.]" En la especie, se advierte que en el presente asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de los citados preceptos, se advierte que el juicio de amparo indirecto que se hace valer contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede únicamente cuando los efectos de tales actos sean de imposible reparación, es decir, cuando con su ejecución se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe hacer mención que al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, el TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Es decir, en la legislación actual, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Disposición con la que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; o sea, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se colige que la hipótesis normativa prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, sólo precisa la procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos de imposible reparación. Asimismo, permite establecer que el juicio de amparo indirecto que se pretende, resulta improcedente contra la resolución de siete de abril del dos mil dieciséis, dictada en el toca número *** del índice Ad quem y auto de ocho de febrero del presente año, del Incidente de Cesión de Régimen de Visitas y Convivencias, relativo al Juicio de Controversia del Orden Familiar, del expediente número *** del índice del ****, en las que medularmente, determinar inadmitir la prueba pericial en paidosiquiatría ofrecida por el quejoso dentro de la litis incidental planteada en el juicio de origen; lo anterior lo que implica, en todo caso, que no se procederá al desahogo de la misma, siendo hasta el dictado de la sentencia definitiva cuando se pueda conocer con certeza, la trascendencia que tuvo dicho auto en la esfera del solicitante del amparo. Por consiguiente, los actos reclamados, no son actos que afecten materialmente derechos sustantivos, en razón que los actos que se impugnan son de naturaleza intraprocesal y no violan derechos sustantivos del promovente del amparo contenidos en la constitución ni en tratados internacionales, debe de concluirse que no son de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no son de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Se tiene por señalado como domicilio por parte de del promovente de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere ello, en virtud de tener registradas su cédula profesional en el SISTEMA COMPUTARIZADO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, con excepción de LUCIA JUÁREZ MEJÍA, en razón que no se encuentra registrada su cedula profesional en el sistema aludido y autorizados a las demás personas únicamente para oír y recibir notificaciones.
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