Salvador García Morales
Expediente 1182/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Salvador García Morales
- Ariadna Aguilar Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la que este órgano de control constitucional determinó sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: ? Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 152 del acuerdo general citado. ? ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso b)3 del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años4 y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al 1 Que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. 3 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; 4 Computados a partir del siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ? Con relación al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c)5 del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años6 y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. ? Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a)7 del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIÓN EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad 5 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 6 Computados a partir del siguiente de aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído 7 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos:. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. con lo establecido en el artículo 358 , del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. DEVOLUCIÓN DE ANEXO Toda vez que en proveído de cuatro de noviembre de la presente anualidad la autoridad responsable ************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, remitió en apoyo a su informe justificado copias certificadas derivadas de la carpeta judicial administrativa 71/2022/SAN MARTÍN de su índice, de lo cual para su mejor manejo y estudio se formó por separado el anexo I; en tales condiciones, hágase su devolución correspondiente. Solicitándole en el término de tres días, constados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo correspondiente; apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el término fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al 8 Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado, con su contenido y anexo dese vista a las partes en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE FORMA ANEXO Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas por el juzgado de control responsable, consistentes en copias certificadas derivadas de la carpeta judicial administrativa 71/2022/SAN MARTÍN de su índice, para su mejor manejo y estudio, fórmese por separado el anexo I, derivado FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vistos los autos, se advierte que en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, ***********, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, rindió su informe justificado y remitió las constancias en apoyo al mismo, consistentes en copias certificadas derivadas de la carpeta judicial administrativa ************ de su índice, de lo cual para su mejor manejo y estudio, se formó por separado el anexo I. Ahora, tanto del informe justificado y constancias, se desprende la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Por tanto, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En ese sentido se advierte que el quejoso *************, reclama de ************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, la orden de aprehensión y comparecencia. Por su parte, el juez de control responsable al rendir su informe negó los actos reclamados citados; no obstante aceptó un acto de molestia dictado en contra del quejoso al reconocer la existencia de la carpeta judicial administrativa ***********, en la que, en lo que interesa, informa que el quince de octubre de dos mil veintidós, la fiscal proporcionó los actos de investigación, así como fotografías del domicilio del quejoso Salvador García Morales, por lo que el diecisiete siguiente fijó las diez horas con treinta minutos del tres de noviembre de la precitada anualidad, para el desarrollo de la audiencia inicial de formulación de imputación. Tal actuación de la autoridad responsable, esto es, el acuerdo de diecisiete del mes citado, es previa a la promoción de la demanda de amparo, pues ello ocurrió el veintiuno de octubre de este año. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas derivadas de la carpeta judicial administrativa **************; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. De tal manera, se tiene certeza que no existe alguno de los mandatos reclamados por el quejoso, sino solo una citación para formularle imputación. Ahora, con relación tal citación dentro de la carpeta judicial administrativa ************, atribuida a la autoridad responsable jurisdiccional, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que no afecta directamente su esfera jurídica, por lo cual se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, como el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional y atendiendo a la causa de pedir del impetrante resultaría ocioso analizar si demostró o no un interés legítimo, ya que al comparecer aduciendo ser titular de un derecho subjetivo que se afecta con el acto de autoridad, corresponde al quejoso acreditar la afectación directa al derecho cuya titularidad refiere. Del contenido del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados con antelación, se establece que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así mismo, debe entenderse por perjuicio, para efectos de juicio de amparo, la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico en el juicio de amparo surge cuando el acto reclamado causa un perjuicio personal y directo a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Entonces, para pedir amparo el peticionario debe demostrar, en primer lugar, ser titular del derecho que invoca y defiende en el juicio, lo cual debe acreditarse fehacientemente, con los elementos de prueba idóneos que permitan al juzgador tener certeza que el quejoso, al momento de la emisión del acto, gozaba del derecho o prerrogativa cuya afectación reclama en el juicio de amparo, en segundo lugar, la vulneración directa a los derechos con ese acto. En el caso, no se justifica el segundo requisito para la procedencia de la acción constitucional, pues si bien el acto reclamado se dirige al impetrante con la finalidad de que comparezca ante la autoridad judicial, es con el objeto de que el Ministerio Público formule imputación en su contra, por lo cual la citación a audiencia inicial, por sí sola no afecta de manera directa su esfera jurídica. Ello, porque la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De ahí que, contra la orden de citación a la audiencia inicial para formular imputación dentro de la carpeta judicial administrativa *************, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En tal sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/20187, en la que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación a la audiencia inicial de imputación, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. Máxime que de llegar a existir un acto distinto a éste, que afecte su libertad, podría controvertirlo a través del medio de defensa que estime procedente, pues resultaría ajeno al que motivó el juicio de amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, respecto de la citación a la audiencia inicial para formularle imputación al quejoso dentro de la carpeta judicial administrativa *************, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se sobreseer en el juicio de amparo. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia, dado lo acordado en el presente proveído, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con ocho minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese por lista al quejoso, por correo electrónico a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
***. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega a la parte quejosa ********************la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando único de esta resolución y por las razones expuestas en el mismo considerando. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los autos el oficio de cuenta de Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado, con su contenido y anexo dese vista a las partes en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE FORMA ANEXO Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas por el juzgado de control responsable, consistentes en copias certificadas derivadas de la carpeta judicial administrativa 71/2022/SAN MARTÍN de su índice, para su mejor manejo y estudio, fórmese por separado el anexo I, derivado de este expediente, respetando folio, sello y rúbrica de la citada autoridad. Notifíquese.
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