Salvador García Martínez
Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 01/08/2018
Partes del expediente
- Salvador García Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
VI) Toluca, Estado de México; primero de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Salvador García Martínez, a través del cual solicita la devolución de la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N), que refiere se fijó como garantía en el presente cuaderno incidental. Atento a lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en el incidente que se actúa no se fijó garantía alguna, para garantizar la medidas suspensionales concedidas. Notifíquese.
- Principal
VI El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencian que el quejoso y el tercero interesado no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de once de junio del presente año (fojas 79 y 80), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva (punto vigésimo, fracción III, párrafo segundo y tercero). 3. El cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; once de junio de dos mil dieciocho. El estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta evidencian que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintiocho de mayo del año en curso (foja 73), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Salvador García Martínez, contra: La resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la carpeta administrativa 1194/2017, donde se impuso al quejoso una medida cautelar de garantía económica de cuarenta mil pesos moneda nacional; y su ejecución. Ahora, mediante sentencia emitida el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 46 a 53), en lo relativo a los efectos del amparo se determinó lo siguiente: "(.) En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se concede la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta administrativa 1194/2017, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar impuesta al quejoso. b) Con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución, y si insiste en la imposición de la garantía económica, la analice en términos de los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta cada una de las fracciones de esas disposiciones; además, deberá expresar: 1) cuáles son las características del imputado, 2) cuál es capacidad su económica, y 3) cuál es la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. ." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la responsable Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dejara insubsistente la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta administrativa 1194/2017, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar impuesta al quejoso y emitiera una nueva resolución, en el entendido que si insistía en la imposición de la garantía económica, la analizara en términos de los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta cada una de las fracciones de esas disposiciones; además, debiendo expresar: 1) cuáles son las características del imputado, 2) cuál es capacidad su económica, y 3) cuál es la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintiocho de mayo de este año (foja 73), se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y remitió para tal efecto copias certificadas de la videograbación de la audiencia de veinticuatro de mayo de este año, en la que se advierte que dejó sin efectos la determinación de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta administrativa 1194/2017 (únicamente en la parte relativa a la medida cautelar impuesta al quejoso) y emitió una nueva, tomando en cuenta las consideraciones que se estipularon en la sentencia emitida en el presente juicio, asimismo impuso al hoy quejoso la medida cautelar de presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, los primeros cinco días de cada mes con una vigencia de todo el tiempo que dure el proceso. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
VI) (CITATORIO PARTE QUEJOSA). AUTO DE 11/06/2018. Toluca, Estado de México; once de junio de dos mil dieciocho. El estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta evidencian que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintiocho de mayo del año en curso (foja 73), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Salvador García Martínez, contra: La resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la carpeta administrativa 1194/2017, donde se impuso al quejoso una medida cautelar de garantía económica de cuarenta mil pesos moneda nacional; y su ejecución. Ahora, mediante sentencia emitida el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 46 a 53), en lo relativo a los efectos del amparo se determinó lo siguiente: "(.) En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se concede la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta administrativa 1194/2017, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar impuesta al quejoso. b) Con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución, y si insiste en la imposición de la garantía económica, la analice en términos de los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta cada una de las fracciones de esas disposiciones; además, deberá expresar: 1) cuáles son las características del imputado, 2) cuál es capacidad su económica, y 3) cuál es la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. ." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la responsable Juez de Control de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dejara insubsistente la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta administrativa 1194/2017, únicamente en la parte relativa a la medida cautelar impuesta al quejoso y emitiera una nueva resolución, en el entendido que si insistía en la imposición de la garantía económica, la analizara en términos de los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta cada una de las fracciones de esas disposiciones; además, debiendo expresar: 1) cuáles son las características del imputado, 2) cuál es capacidad su económica, y 3) cuál es la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintiocho de mayo de este año (foja 73), se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y remitió para tal efecto copias certificadas de la videograbación de la audiencia de veinticuatro de mayo de este año, en la que se advierte que dejó sin efectos la determinación de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta administrativa 1194/2017 (únicamente en la parte relativa a la medida cautelar impuesta al quejoso) y emitió una nueva, tomando en cuenta las consideraciones que se estipularon en la sentencia emitida en el presente juicio, asimismo impuso al hoy quejoso la medida cautelar de presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, los primeros cinco días de cada mes con una vigencia de todo el tiempo que dure el proceso. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a las partes.
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