Salvador Fonseca González

Expediente 424/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
424/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2017

Partes del expediente

  • Salvador Fonseca González
  • Salvador Fonseca González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución dictada en sesión de trece de julio de este año, por los Magistrados de su adscripción, en la queja penal Q.P. 86/2017 de su estadística, por lo que se le acusa de recibo. Dicho Tribunal resolvió el recurso de queja en los siguientes términos: ".UNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por SALVADOR FONSECA GONZÁLEZ, por conducto de su autorizado Miguel Ángel Meza Cervantes, en contra del auto de 22 veintidós de mayo de 2017 dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto 424/2017, del índice del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.". En ese tenor, dado que en esta fecha se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de dicho medio de impugnación, y atendiendo a que el auto, materia del recurso, fue por el que se desechó la demanda de amparo, se provee: En atención a lo dispuesto en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto que desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el aludido sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA III. Agréguense a los autos las promociones de cuenta recibidas vía electrónica, mediante las cuales Miguel Ángel Meza Cervantes, autorizado de la parte quejosa solicita la devolución del instrumento notarial que se anexó al escrito de demanda; en atención a su contenido, de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa el documento que solicita, previa copia simple que exhiba para que previo cotejo y certificación obre en su lugar, con la respectiva identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos.

  3. Principal

    MESA III. Vista la demanda de amparo presentada por Alfonso José Antonio Curiel Valtierra, en su carácter de apoderado legal de Salvador Fonseca González, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control de Trámite de la Unidad de Gestión Judicial Número 9 (Nueve) de la Ciudad de México y otra autoridad, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el numeral 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 424/2017-III-A. PERSONALIDAD En principio, se analizará la personalidad del promovente por ser un presupuesto procesal de análisis oficioso, y cuyo resultado el juez debe hacer constar si se encuentra plenamente satisfecho. Al efecto, se procede a analizar si el promovente cumple con los requisitos que para tales efectos establece la ley. El promovente Alfonso José Antonio Curiel Valtierra, exhibe testimonio del instrumento notarial número 79,781, de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Titular de la Notaría número Uno de esta Ciudad de México, Roberto Núñez y Bandera, del que se advierte que Salvador Fonseca González, otorgó poder general de pleitos y cobranzas a favor del aquí promovente, con la facultad, entre otras, de ".intentar y desistir de toda clase de juicios y procedimientos, incluso del amparo."; motivo por el cual se considera que cumple con los requisitos exigidos por la ley y se le reconoce la personalidad que ostenta (apoderado legal de Salvador Fonseca González), documental que alcanza pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de Amparo, al haber sido autorizada por funcionario dotado de fe pública; en consecuencia, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo se tiene a Alfonso José Antonio Curiel Valtierra, como apoderado legal de Salvador Fonseca González. Esto con base en la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Primera Parte, Tomo VI, 1917-1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de proveer lo pertinente respecto a la admisión del escrito de demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, en el escrito de demanda, la parte quejosa señala como actos reclamados: La indebida omisión del Ministerio Público de formular imputación SALVADOR FONSECA GONZÁLEZ, (sic) en la carpeta judicial número 009/0260/2017 el día 02 mayo del 2017. La Indebida solicitud de diferimiento de la audiencia de formulación de imputación en la carpeta judicial número. El indebido acuerdo de diferimiento de la audiencia de formulación de imputación en la carpeta judicial número. La indebida omisión del Juez de Control responsable de resolver sobre la situación jurídica de SALVADOR FONSECA GONZÁLEZ en el término constitucional del artículo 19. El indebido señalamiento de nueva fecha para celebrar la formulación de imputación en la carpeta judicial número para el día 12 de junio del 2017. En ese sentido, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la intelección de las disposiciones legales que preceden, la última interpretada contrario sensu, se conoce que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, tomando como base que éstos deben afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Históricamente, para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro Máximo Tribunal de Control Constitucional, había considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En segundo lugar, dicho Alto Tribunal había considerado complemento del anterior, en una amplia interpretación del artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados, verbigracia, la resolución que dirime la cuestión de personalidad, previamente al fondo de un juicio natural. Con base en este último supuesto, las violaciones procesales de grado predominante o superior dentro del juicio, se estimaban como afectaciones a las partes cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conllevaran la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Así, para determinar los supuestos referidos, se requería la satisfacción de los aludidos requisitos. Ante tales extremos, de no actualizarse alguna de las hipótesis antes contempladas, el juicio de amparo indirecto que se promoviera contra actos dentro del juicio, sería improcedente. Al respecto, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó dichos criterios en razón que en la Ley de Amparo abrogada el legislador secundario dio lugar a la interpretación del alcance de lo que debía entenderse por "imposible reparación". No obstante lo anterior, en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma total y actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, se estima que los actos que reclama la parte quejosa no le causan perjuicio irreparable, habida cuenta que éstos no tienen una ejecución de imposible reparación, sino se trata de posibles violaciones intraprocesales cometidas durante el procedimiento, que afectan sólo sus derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar, ya que ello dependerá del desarrollo del propio proceso, y si fuera el aso, del sentido favorable o desfavorable en que se emita. Efectivamente, la infracción intraprocesal de que se duele el impetrante de amparo no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando se diera el caso que la transgresión existiera, no se presentaría un menoscabo directo en los derechos sustantivos de la parte quejosa. De ahí que los actos reclamados no son impugnables a través del juicio biinstancial. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en los numerales 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de la Materia, se ordena que las notificaciones para la parte quejosa que sean de carácter personal se practiquen vía electrónica, por haberlo solicitado expresamente en el escrito de demanda. Ahora bien, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, del citado ordenamiento legal, a Miguel Ángel Meza Cervantes, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las demás personas señaladas por no contar con el registro de su cédula en el sistema antes indicado; así como, a las expresamente señaladas para tal efecto. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE POR EL SISTEMA ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a Miguel Ángel Meza Cervantes para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario "miguelamezac". CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE DISCO COMPACTO EXHIBIDO POR LA PARTE QUEJOSA Por lo que hace al disco compacto exhibido por la parte quejosa, hágase entrega a la Secretaria encargada del expediente para su resguardo y dado el sentido de la presente determinación, déjese a disposición de la parte quejosa, por lo que puede comparecer en horas y días hábiles, a solicitar su devolución, dejando en autos la razón e identificación respectiva para constancia de su entrega. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaría supervise que se incorporen al expediente electrónico, todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de dieciséis de mayo de dos mil uno, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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