Salvador Flores Vázquez

Expediente 401/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
401/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Salvador Flores Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dentro del plazo a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el citado auto, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 , se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, el anexo que remitió en el presente juicio; sin que sea necesario acusar el estilo de recibo respectivo, toda vez que la notificación de la presente determinación hace el acuse de la devolución del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que las autoridades responsables han rendido su correspondiente informe justificado y la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada del juicio contencioso administrativo ******************* de su índice, esta juzgadora considera procedente analizar la actualización de alguna causa de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de que las mismas deben ser examinadas de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: "62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sobre el particular, este Juzgado Federal de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de sustentar lo anterior, se tiene que ***************** pretende que a través del presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el siguiente acto:  El incumplimiento de la sentencia de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo ***************, del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, omisión que atribuye al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y al Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado, los cuales lo realizan bajo protesta de decir verdad: "(.) (.)" Asimismo, la parte quejosa en su capítulo de procedencia de la demanda de amparo promovida, se advierten las siguientes manifestaciones: "(.) (.)" Lo anterior, deja notar que no ha promovido el recurso ordinario que procede en contra del incumplimiento a la sentencia definitiva de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ******************* del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Anteriores manifestaciones que hacen prueba plena en su contra, pues se trata de confesiones expresas, de conformidad con los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los que se establece: "95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley. 96. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique. 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". Lo anterior, aunado a que de las copias certificadas de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo ******************, se advierte que efectivamente la parte quejosa no ha agotado el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de sentencia definitiva. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se prevé: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley". Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como se advierte de la segunda norma, el juicio de amparo indirecto procede, en materia administrativa, contra omisiones de autoridades distintas de los tribunales [autoridades administrativas formalmente] que causen un agravio no reparable a través de un medio ordinario defensa, es decir, si en ese medio se puede reparar la afectación alegada, entonces el juicio de amparo se torna improcedente porque previamente se deben agotar la vía ordinaria de defensa que pueda modificar el acto reclamado. Ahora bien, tratándose de las sentencias dictada por los tribunales contenciosos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es viable controvertir a través del juicio de amparo el incumplimiento por parte de las dependencias públicas que figuraron como demandadas; sin embargo, debe agotarse el procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio contencioso. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), que lleva por rubro: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD". En ese sentido, en contra el acto que reclama la quejosa, procede el recurso de queja por incumplimiento ante la misma Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que, en esencia, la promovente se duele del omisión en el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio ****************, siendo que no ha agotado dicha instancia. Como se advierte de lo anterior, si las autoridades demandadas quedaron conminadas a cumplir con la sentencia de nulidad, lo procedente es que se promoviera el recurso de queja por incumplimiento, pues a través de éste se puede lograr la reparación del agravio que aduce; máxime que el recurso de queja por incumplimiento se puede promover más de una vez. Así las cosas, es necesario mencionar que en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3 y último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se prevé: . La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia". En ese sentido, la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso de queja por incumplimiento antes de acudir al juicio de amparo a controvertir el incumplimiento de la sentencia de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso ****************** del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, si la quejosa no interpuso el recurso de queja por incumplimiento previamente a la promoción del juicio de amparo, es indudable que no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto que reclama, el cual puede modificarlo, lo que actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución. Lo anterior es así, pues si la ley de la materia prevé un procedimiento para lograr el cumplimiento de las sentencias dictadas por el tribunal contencioso federal, entonces la quejosa estaba obligada a agotarlo antes de acudir al juicio de amparo a controvertir el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, razón por la cual, es indudable que no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto que reclama, el cual puede modificarlo, lo que actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución. Máxime que el hecho de que la Sala de origen sea omisa en requerir el cumplimiento de la sentencia, de ninguna manera releva a la quejosa de la promoción de los recursos ordinarios que estén a su alcance para lograr dicho cumplimiento. Determinación anterior que se realiza sin que pasen inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en el sentido de que de conformidad con la jurisprudencia de rubro "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." , la interposición de recurso de queja es optativo para el gobernado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, pues dicho criterio formó parte de la Contradicción de tesis 306/2021, en la que por sesión de dos de marzo del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "SEXTO.- Decisión. En atención a las consideraciones que anteceden, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el siguiente: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA." Motivo por el cual, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA", es de observancia obligatoria para esta juzgadora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe sobreseerse el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las demás autoridades responsables. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Berenice Gricel Castañeda Hernández, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en materia Administrativa, en esta ciudad, por medio del cual remite la promoción que corresponde al presente juicio de amparo. Al respecto, del oficio remitido, agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por la autoridad que ahí se indica en representación del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual rinden sus informes justificados designan delegados, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, solicitan el uso de medios electrónicos, proporcionan correos electrónicos y ofrecen pruebas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, para que se impongan de sus contenidos y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Atento a lo anterior y tomando en consideración la certificación de cuenta, en la que se asienta que se encuentran señaladas diez horas con treinta minutos del diecinueve de abril del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; es menester diferir anticipadamente de oficio la audiencia citada, a efecto de que transcurra el plazo de ley, por lo que, se fijan las diez horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintidós para que tenga verificativo. A lo anterior resulta aplicable, por el criterio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J./54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas que mencionan, y por señalados como sus domicilios procesales el que indican, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando correspondan al de sus domicilios oficiales. Sin que haya lugar a dictar mayor proveído en relación con el uso de medios electrónicos que solicitan, toda vez que 2 con anterioridad se les autorizó a la totalidad de las partes el uso de los mismos. Además, con apoyo en lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas a favor de la responsable, las documentales que remite en su informe de cuenta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en el momento de celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, ténganse por señalados los correos electrónicos que indican, como formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual en desahogo al requerimiento formulado en auto de dieciséis de marzo del año en curso, remite el original del expediente de nulidad *****************, de su índice; al respecto, se tiene por desahogando el requerimiento de mérito. Tomando en consideración la voluminosidad del anexo que se acompañó al ocurso de cuenta, se ordena formar por separado un legajo de pruebas identificado como tomo I, en el entendido que las subsecuentes actuaciones, se llevarán a cabo en el presente cuaderno principal. En ese orden, hágase del conocimiento de las partes que dichas constancias se encuentran a su disposición para consultarse físicamente en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, con las reservas correspondientes cuando se trate de información confidencial. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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