Salvador Flores Peña

Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
706/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Salvador Flores Peña

Actuaciones

  1. Principal

    De igual manera, del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Magistrado Presidente, Magistrado representante del Estado y Magistrada representante de los Trabajadores, en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte la copia certificada del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral D-391/2018, que acompaña al informe justificado; misma que será relacionada al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dio impulso procesal respecto de la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvieron por admitidas las pruebas de la parte actora -aquí quejoso- y demandada, y se señaló día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral D-391/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje y Conciliación del Estado de Puebla. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Salvador Flores Peña, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de acordar la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la cual la parte actora -aquí quejoso- ratificó su escrito de demanda, así como las pruebas ofrecidas y la parte demandada ratificó su contestación y las pruebas ofrecidas, debiendo señalar día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas de las partes dentro del expediente D-391/2018, y la autoridad responsable en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dio el impulso procesal respecto de la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvieron por admitidas las pruebas de la parte actora -aquí quejoso- y demandada, y se señaló día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral D-391/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje y Conciliación del Estado de Puebla. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse emitido el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se dio impulso procesal respecto de la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por admitidas las pruebas de la parte actora -aquí quejoso- y demandada, y se señaló día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral D-391/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje y Conciliación del Estado de Puebla, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. ...En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. ......Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Finalmente, en atención a la reserva formulada en auto admisorio de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, no se emite mayor pronunciamiento en razón de lo acordado en el presente proveído. Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Magistrado Presidente, Magistrado representante del Estado y Magistrada representante de los Trabajadores, en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte la copia certificada del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral D-391/2018, que acompaña al informe justificado; misma que será relacionada al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dio impulso procesal respecto de la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvieron por admitidas las pruebas de la parte actora -aquí quejoso- y demandada, y se señaló día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral D-391/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje y Conciliación del Estado de Puebla. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Salvador Flores Peña, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de acordar la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la cual la parte actora -aquí quejoso- ratificó su escrito de demanda, así como las pruebas ofrecidas y la parte demandada ratificó su contestación y las pruebas ofrecidas, debiendo señalar día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas de las partes dentro del expediente D-391/2018, y la autoridad responsable en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dio el impulso procesal respecto de la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvieron por admitidas las pruebas de la parte actora -aquí quejoso- y demandada, y se señaló día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral D-391/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje y Conciliación del Estado de Puebla. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse emitido el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se dio impulso procesal respecto de la reserva de la audiencia de ley de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por admitidas las pruebas de la parte actora -aquí quejoso- y demandada, y se señaló día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral D-391/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje y Conciliación del Estado de Puebla, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. ...En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. ......Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Finalmente, en atención a la reserva formulada en auto admisorio de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, no se emite mayor pronunciamiento en razón de lo acordado en el presente proveído. Notifíquese personalmente. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. .... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. Finalmente, se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el día seis de mayo de dos mil veintiuno, constancias que se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado Federal el diez de mayo siguiente; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta del quejoso J***, a través del cual desahoga la vista concedida en auto de once de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, la parte quejosa manifiesta en su escrito de cuenta que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio porque en primer término, el auto de seis de mayo de la presente anualidad viola los derechos humanos del menor, en virtud de que no se colmaron los requisitos de la sentencia de amparo; en segundo, no se acató el fallo porque no se especificó ni describió cómo se velaría porque la entrevista no se llevara en un ambiente hostil y, en tercero, porque se indicó que la entrevista podría ser gravada o transcrita pero no se especificó si el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado contaba con los elementos necesarios para dar cumplimiento o en su defecto el amparista proporcionara los elementos respectivos; Por su parte, *** Asesora Jurídica Federal, designada como representante especial del menor D.O.G., en su ocurso recibido en este juzgado de Distrito vía electrónica el catorce de mayo de dos mil veintiuno, al desahogar la vista que se le otorgó con el cumplimiento dado por la responsable refirió, en esencia, que para tener por cumplida la sentencia pronunciada dentro del presente juicio es necesario esperar al desahogo de la diligencia en la que se realizará la entrevista del menor -señalada para el uno de julio de dos mil veintiuno-, a efecto de que la responsable remita las constancias respectivas. No obstante las manifestaciones señaladas en líneas que anteceden por la parte quejosa y la representante especial del menor D.O.G., dígaseles que deberán estarse a lo resuelto en el presente proveído. Ello, toda vez que los efectos de la concesión del amparo dentro del presente juicio de amparo se constriño a que la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dejara insubsistente el auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio y perdida de la patria potestad 1360/2010, de su índice, únicamente por lo que fue materia de estudio y, dictara un nuevo auto en el que purgara los vicios en lo que incurrió; esto es, determinara quién y cómo se prepararía al menor para la entrevista, el lugar exacto en que se desarrollara la diligencia y cómo se logrará que dicho lugar no representara un ambiente hostil para los intereses del menor; además de que debería -atendiendo al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes- motivar si era necesario o no el uso de medios tecnológicos -audio y/o video- para grabar tal entrevista. Circunstancias que ya acontecieron, dado que la juez responsable mediante acuerdo dictado el seis de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio de divorcio y pérdida de la patria potestad 1360/2010, de su índice, proveyó lo siguiente: Dejó insubsistente el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio en comento. En consecuencia, dictó uno nuevo en el que determinó la importancia del escuchar la opinión del menor; dio las pautas para preparar la diligencia respectiva, para lo cual, requirió al hoy quejoso a efecto de que proporcionara el nombre y domicilio de una persona de confianza, distinta al actor, que pudiera acompañar al adolescente a la entrevista judicial con el objeto de que la autoridad responsable estuviera en aptitud de designar a la persona de apoyo, quien además prestaría asistencia al adolescente a lo largo del proceso de la entrevista; de igual modo, señaló día y hora para la diligencia, que se desarrollaría en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, en la que previamente se auxiliará de una psicóloga para valorar si el menor se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para participar en la entrevista, informándole el motivo de la misma y, en su caso, si otorga su consentimiento para llevar a cabo la plática con la autoridad judicial. De igual forma, para el desahogo de la diligencia, indicó que una vez desahogada la plática previa informativa con el adolescente, la psicóloga haría del conocimiento del personal judicial la disposición o no del menor para realizar la entrevista; en cuyo caso de ser afirmativa la decisión de participar, procedería al desahogo de la misma, en la Sala adecuada para evitar la interacción del adolescente que pudieran inquietarlo, confundirlo, presionarlo o estresarlo, para lo cual se contará con el acompañamiento de una psicóloga designada y la Agente del Ministerio Público; razón por la que ordenó girar oficio a la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado a fin de que designara un especialista en psicología y facilitara las instalaciones a efecto de preparar y desahogar la diligencia, de modo que resultara más sencillo comprender y continuar la conversación. También se precisaron las pautas respecto de las cuales se debería ajustar la intervención del adolescente. Finalmente, determinó que en la diligencia se solicitaría al adolescente su consentimiento para que tal actuación pueda ser grabada y en caso de que sea afirmativo, se procedería a grabar la diligencia, pero de ser negativa la respuesta, se transcribiría la entrevista, precisando que las manifestaciones vertidas por el menor sería resguardada en el secreto del juzgado con la finalidad de proteger el derecho a la intimidad del adolescente y se resguardaría en total confidencialidad. Por lo que, contrario a lo que refirió la parte quejosa, la autoridad responsable sí cumplió con la ejecutoria de amparo en los términos indicados. Por su parte, respecto a las manifestaciones del representante especial del menor, debe destacarse que el desahogo de la entrevista del menor que se señaló para el uno de julio de dos mil veintiuno, no es materia del cumplimiento de la sentencia pronunciada dentro del presente juicio; por ende, no es factible pronunciarse sobre ese aspecto. ...

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