Salvador Ferreira Dimas
Expediente 254/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2017
Partes del expediente
- Salvador Ferreira Dimas
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....II
- Principal
Agréguese a los presentes, el escrito de cuenta signado por el quejoso Salvador *******, con su contenido y anexo, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado en autos, y al respecto se provee: DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Bajo ese contexto, tomando en consideración que la parte quejosa solamente reclama la orden de visita y verificación número SFPM/OVV/CE/030/2017, el acta circunstanciada de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, que recayó a la misma y la orden de clausura de su negociación mercantil y colocación de sellos impuestos, en contra de las autoridades administrativas del municipio de San Juan del Río, Querétaro, el que esto resuelve, estima que el presente juicio de amparo es improcedente toda vez que, previo al juicio de garantías, el quejoso debió interponer en contra de los actos combatidos en esta vía constitucional, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, por lo cual se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, al no haber observado la parte quejosa el principio de definitividad que anima este medio de control constitucional. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. A fin de entender el alcance del sentido de la presente determinación, resulta conveniente abordar el siguiente marco jurídico. Así, el artículo 72, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece: "El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales con los particulares. Tendrá la organización jurisdicción y competencia que le atribuye la ley que apruebe la Legislatura." Por su parte, los artículos 1, 3, 4 y 5 del título segundo, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo del Estado de Querétaro, establecen: "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto regular el proceso jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado." "ARTÍCULO 3.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, es un organismo autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa y ejercerá por si el presupuesto que le asigne la Legislatura, dotado de plena jurisdicción en todo el territorio estatal, con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones y con sede en la ciudad de Santiago de Querétaro." "ARTÍCULO 4.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se integra por los siguientes órganos: La Sala Unitaria; Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo; y Defensoría de Oficio." "ARTÍCULO 5.- El Tribunal tendrá la siguiente competencia: Ejercer su función jurisdiccional administrativa de manera pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita; Ajustar sus actos, procedimientos y resoluciones a las leyes, solicitando en su caso, el apoyo de las autoridades estatales municipales y federales. Diligenciar exhortos, requisitorias y despachos en materia contencioso-administrativa que les envíen los jueces de otras entidades federativas y de otras instancias jurisdiccionales, que se ajusten a la ley; Proporcionar a las autoridades competentes los datos e informes que soliciten de acuerdo a la ley; Auxiliar a las demás autoridades en los términos que determine la ley; y Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables." En tanto que, el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro, dice: "Serán partes en el juicio: (.) II.- El demandado, que podrá ser: a. La autoridad estatal, municipal, el organismo descentralizado o fideicomiso que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado o que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares ." De los numerales en comento, se advierte claramente que contra el acto que el quejoso reclama en su demanda, procede un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de garantías, es concluyente que el juicio de amparo es improcedente. En efecto, las autoridades responsables en este asunto, son de aquéllos a los que hace referencia el citado artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con el acto que aquí se combate, en razón de que se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad Municipal, en agravio de un particular (aquí quejoso). De esta suerte, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis que estatuye: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." (Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre, página 463.) Ahora bien, la fracción IV del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra acto u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar esos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.-." De lo anterior, se advierte que la intención del Constituyente no fue que respecto de toda controversia, sin excepción, en la que se alegara que una norma general, acto u omisión de una autoridad generara vulneración a derechos humanos, deba proceder el juicio de amparo, sino que además debe reunir los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 107 de la propia Constitución o en la ley reglamentaria, entre los cuales destaca, para el caso que nos ocupa, el conocido como "principio de definitividad", conforme al cual, previamente a promover el juicio de amparo, es necesario haber agotado los medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto u omisión reclamados prevea. En ese tenor, previo al desarrollo del estudio de la improcedencia citada, cabe destacar que el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, que se encuentra delimitada por una serie de excepciones extraídas de la ley y de su interpretación efectuada por el Supremo Tribunal Constitucional de nuestro país. Así entonces, de los preceptos citados en los párrafos precedentes, de desprenden diversas excepciones al principio citado atendiendo particularmente a la naturaleza del acto reclamado, destacando como tales: Que la ley que prevea el medio de defensa respectivo, no permita la suspensión de los efectos del acto; Que los alcances de la suspensión que establezca la ley aplicable al acto, no sean los mismos que la ley reglamentaria del juicio de amparo; Que la ley que prevea el recurso, exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, que aquellos requeridos por la Ley de Amparo; Que la ley ordinaria establezca un plazo mayor que el que señala la ley de la materia, para el otorgamiento de la suspensión provisional (independientemente que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido); Que el acto reclamado carezca de fundamentación; y, Que la parte quejosa sólo alegue violaciones directas a la Constitución. Así, analizando los supuestos previstos en los puntos 1 a 4 enunciados, se estima que con el medio ordinario de defensa de mérito el peticionario del amparo puede obtener la suspensión de los actos que le agravian mediante la satisfacción de los mismos requisitos que se exigen para el caso de la acción constitucional. Ello es así, dado que los numerales 44 a 49 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, disponen lo siguiente: "Artículo 44. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. --- Sólo procede la suspensión de oficio, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado y se trate de: --- I. Multa excesiva; --- II. Confiscación de bienes; --- III. Privación de libertad por autoridad administrativa; --- IV. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia; y --- V. Cuando el acto impugnado, de llegar a consumarse, hiciera materialmente imposible la restitución al actor en el pleno goce de sus derechos. --- En tanto no se pronuncie la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. --- La suspensión en estos casos se decretará de plano en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. --- En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo; ante el juzgador que conozca del asunto. --- Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento." "Artículo 45. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. --- La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo que antecede. --- La suspensión podrá ser revocada o modificada por el juzgador, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días si varían las condiciones por las cuales fue otorgada." "Artículo 46. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, mediante cualquiera de las formas siguientes: --- I. Depósito en efectivo; --- II. Prenda o hipoteca; --- III. Embargo de bienes; y --- IV. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite solvencia suficiente con bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Los fiadores deberán renunciar expresamente a los beneficios de orden y excusión y someterse, de igual manera, al procedimiento administrativo de ejecución a que hubiere lugar. --- Si la garantía se hubiese constituido previamente ante la autoridad demandada deberá acreditarlo el particular para los efectos legales del caso. Si la garantía no se otorga dentro de los ocho días siguientes al en que fuere notificado el acuerdo que la hubiera concedido dejará de surtir efectos." "Artículo 47. En los casos en que la suspensión sea procedente, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá sólo si el actor concede garantía bastante para reparar los posibles daños y perjuicios que con su concesión se causaran si no obtuviera sentencia favorable en el juicio. --- Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el juzgador fijará discrecionalmente el importe de dicha garantía. --- La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la violación, así como para garantizar el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la otorgada por el actor." "Artículo 48. La resolución que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos inmediatamente, aunque se interponga el recurso de revisión. --- El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión, pero si la Sala Unitaria revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata." "Artículo 49. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo, vía incidental, dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia." Numerales los reproducidos que, a juicio de quien esto resuelve ponen de manifiesto la posibilidad real y legal de que la parte quejosa pudiera obtener el beneficio de la suspensión de los actos reclamados bajo condiciones que no superan los requisitos que al respecto exige la Ley de Amparo, de ser el caso de que el juicio de amparo procediera; así, al no resultarle el carácter de tercero extraño, y al no haberse demostrado que la norma que regula el medio ordinario de defensa ya explicado exija mayores requisitos para obtener la suspensión del acto en relación de los que prevé la Ley de Amparo, se tiene que las cuatro posibles excepciones esenciales en torno al principio de definitividad no se surten. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción señalada en el número 5, esto es, que el acto reclamado carezca de fundamentación, dado que en la especie, no obstante que el quejoso en su demanda de amparo, manifiesta que el acto reclamado carece de motivación y fundamentación, del acto reclamado, se advierte que la autoridad responsable, fundó su determinación en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas normas jurídicas del Estado de Querétaro, por lo que, es claro que el solicitante del amparo puede impugnar su legalidad en sede común como lo pretende, pero no en esta instancia constitucional. Finalmente, no se está en presencia de la excepción que se indica como punto 6, porque, independientemente de que no se hacen valer únicamente violaciones directas a la Constitución, lo cierto es que, la orden de visita y verificación número SFPM/OVV/CE/030/2017, el acta circunstanciada de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, que recayó a la misma y la orden de clausura de su negociación mercantil y colocación de sellos impuestos, pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un juicio ordinario ante tribunales, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de tales actos que estima violatorios en su perjuicio de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, puede alegar los vicios de legalidad que ostentan el acta de visita, acta circunstanciada y orden de clausura, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver los actos ante él expuestos y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no analizara las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, los actos reclamados quedarán sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución, amén de que en virtud de la reforma constitucional, todas las autoridades jurisdiccionales tiene el deber de ejercer el control de constitucionalidad difuso. En estas condiciones, si las violaciones alegadas por el hoy quejoso, a pesar de lo expresado en su demanda de amparo, no son directas respecto de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y sí pueden ser impugnadas mediante el juicio contencioso administrativo, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad y, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia que aquí se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) Por lo que, cabe señalar que no se contravienen las garantías judiciales y de protección judicial que prevén los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, porque en el caso no se violan en perjuicio del quejoso sus derechos de defensa o audiencia, tampoco se le impide el acceso a la tutela judicial, aunado a lo anterior, en caso de que esté Juzgado admitiera una demanda improcedente, se causaría un mayor perjuicio al impetrante del amparo, porque le vedaría el derecho de combatir el acto reclamado a través del juicio de nulidad respectivo, de ahí la presente determinación. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído....II Notifíquese personalmente.
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REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Publicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 254/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Ahora bien, requiérase al promovente de mérito, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la legal notificación de éste auto, cumpla con los siguientes requisitos: 1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, en relación con el numeral 108 fracción IV de la Ley de Amparo, deberá exhibir la orden de visita y verificación número SFPM/OVVCE/030/2017, de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, así como el acta circunstanciada que recayó a la misma; lo anterior en virtud de que dichas actuaciones constituyen el acto que en el presente juicio de amparo se reclama y son necesarias a fin de abundar y allegar mayores datos en relación a los antecedentes del acto reclamado, acorde con la fracción V del invocado numeral 108 de la Ley de la materia. 2.- Finalmente, tendrá que exhibir copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, de conformidad con el artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizada de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de la materia a **** no obstante a las diversas personas que menciona, únicamente para oír y recibir, hasta en tanto acrediten ante juzgado ser licenciados en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal al promovente, con copia del presente proveído....II Notifíquese personalmente al quejoso. .
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 23/02/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO SALVADOR FERREIRA DÍMAS EL AUTO DE 22/02/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUTO DE 22/02/2017 REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Publicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 254/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Ahora bien, requiérase al promovente de mérito, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la legal notificación de éste auto, cumpla con los siguientes requisitos: 1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, en relación con el numeral 108 fracción IV de la Ley de Amparo, deberá exhibir la orden de visita y verificación número SFPM/OVVCE/030/2017, de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, así como el acta circunstanciada que recayó a la misma; lo anterior en virtud de que dichas actuaciones constituyen el acto que en el presente juicio de amparo se reclama y son necesarias a fin de abundar y allegar mayores datos en relación a los antecedentes del acto reclamado, acorde con la fracción V del invocado numeral 108 de la Ley de la materia. 2.- Finalmente, tendrá que exhibir copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, de conformidad con el artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizada de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de la materia a **** no obstante a las diversas personas que menciona, únicamente para oír y recibir, hasta en tanto acrediten ante juzgado ser licenciados en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal al promovente, con copia del presente proveído
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