Salvador Estefes Monter
Expediente 833/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Salvador Estefes Monter
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, siete de septiembre de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a *****************************, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se precisan: Actos reclamados El auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentado el dictamen en materia de caligrafía, documentoscopía y grafoscopía de la parte actora, aquí quejosa, en los autos del expediente 54/2020. La resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que confirma el auto de dos del mismo mes y año, por el que tiene por no presentado el dictamen rendido por el perito de la parte quejosa, en los autos del expediente 54/2020. Autoridad responsable Juez Primero Mercantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, en la especie el primer acto reclamado que se hizo consistir en: El auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentado el dictamen en materia de caligrafía, documentoscopía y grafoscopía de la parte actora, aquí quejosa, en los autos del expediente 54/2020. Empero, contra dicho acto el ahora quejoso en su escrito de demanda, señaló que interpuso recurso de revocación en el cual se dictó resolución el diecinueve de agosto de la presente anualidad, por lo que quedó substituido procesalmente, por tanto, el auto que por esta vía reclama el quejoso se dejó sin eficacia jurídica, al emitirse la resolución en el recurso de revocación. De ahí que la nueva resolución de diecinueve de los actuales, sustituyó procesalmente al proveído de dos del mismo mes y año, ya que dejó sin eficacia jurídica. Por tanto, es la última determinación la que irroga al peticionario de amparo el agravio personal y directo para los efectos del juicio de control constitucional, en relación al acto precisado. Por tal motivo, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, por identidad de razón y como orientación al caso en concreto, resulta aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL, SINO LA CONTEMPLADA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL CITADO PRECEPTO LEGAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 4o., DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE LO CONSTITUYE, ES EL AUTO QUE DECIDE EL RECURSO QUE DESECHA UNO DIVERSO. Conforme a lo preceptuado por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sólo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame de la autoridad, es quien se encuentra legitimada para promover el juicio de garantías; por ende, la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular es uno de los requisitos esenciales para efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin él, la acción de control constitucional es improcedente. Por tanto, cuando la afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de garantías es improcedente para combatir sus efectos, pues resultaría desacertado pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular. Ahora bien, si verbigracia, el acto reclamado en amparo se hace consistir en el proveído que revocó el cargo de abogado patrono, y contra esa determinación se interpuso recurso de revocación, que fue desechado; es claro que en tal supuesto, existe una resolución judicial posterior al proveído reclamado en amparo, pues al desecharse la revocación, quedó firme la determinación que mediante el medio de defensa aludido se pretendió combatir, en términos del artículo 428, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, pues dicho numeral establece que el fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme. De ahí que el proveído mediante el cual se resolvió la revocación, sustituyó procesalmente al reclamado en amparo, pues aquél dio firmeza a este último, y es el que irrogó al peticionario de garantías el agravio personal y directo para los efectos del juicio de control constitucional. Por tal motivo, no se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ya que para que se actualice, no basta que la autoridad responsable revoque el acto reclamado, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; lo cual no sucede en supuestos como el referido, por las razones apuntadas. En cuanto al segundo de los actos reclamados consistente en: La resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que confirma el auto de dos del mismo mes y año, por el que tiene por no presentado el dictamen rendido por el perito de la parte quejosa, en los autos del expediente 54/2020. En la especie, este juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracciones IV y V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En principio, debe establecerse que respecto a la procedencia de la resolución que por esta vía se combate, se aplica la regla relativa a los actos de imposible reparación, esto ya que, como se informó en la demanda, si bien existe sentencia, no se tiene noticia si esta ya quedó firme y es ejecutable. En ese sentido se precisa que si bien el juicio de amparo procede en contra de actos emitidos fuera o dentro de juicio, únicamente puede promoverse en contra de actos que tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose por éstos, según lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal, los que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Bajo esa explicación, se estima que el juicio de amparo en contra de la resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que confirma el auto de dos del mismo mes y año, por el que tiene por no presentado el dictamen rendido por el perito de la parte quejosa, en los autos del expediente 54/2020, emitido por el juez responsable, resulta improcedente en virtud de que no implica un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en tanto que se limita a declarar por no presentado el dictamen del perito de la parte quejosa, cuyo efecto implica que no se tome en consideración el mismo al momento de resolver ese asunto, lo que evidentemente no le genera de manera inmediata una afectación a alguno a sus derechos sustantivos, en los términos ya precisados. Dado que al momento de dictarse la resolución dentro de dicho asunto puede obtener sentencia favorable a sus intereses, lo cual sería hasta ese momento procesal que en dado caso, de que no sea a su favor la sentencia, se violarían derechos sustantivos a su esfera jurídica. En ese orden, como ya se precisó, el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, por lo que, no es impugnable en amparo indirecto, ya que, se insiste, la resolución reclamada, únicamente podría constituir una violación a derechos adjetivos con efectos meramente procesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación, lo que en el caso no acontece. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del solicitante de amparo. Lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracciones IV y V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional, toda vez que el promovente no señalan domicilio alguno para tal efecto; no obstante en su escrito de demanda señale como tal un correo electrónico, pues éste, solo se le tiene como como medio alternativo de contacto, en términos de los artículos 5, fracción I, y 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que refiere, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese por lista al quejoso.
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