Salvador Eduardo Ruiz Villegas

Expediente 28/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
28/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Salvador Eduardo Ruiz Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo 28/2023, del índice de este juzgado, mismo que quedó registrado ante ese órgano jurisdiccional con el número de amparo120/2023. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación delConsejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    "Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Demanda de amparo Vista la demanda de amparo promovida por Salvador Eduardo Ruíz Villegas, contra el acto que reclama del Magistrado de la Segunda Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. Registro de demanda Regístrese la demanda con el número 28/2023 que es el que consecutivamente le corresponde. Incompetencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." El numeral 37 de la ley de la materia, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los preceptos legales transcritos se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De conformidad con el artículo transcrito, en relación con su primer párrafo, para determinar la competencia de los jueces de Distrito debe tomarse en cuenta el lugar en donde se deba ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esa porción del artículo en estudio hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Ahora bien, para demostrar la actualización de ese supuesto en los actos reclamados y que esto dé pauta a la incompetencia, conviene tener presente que todo acto de autoridad respecto a la conducta desplegada por su emisor puede ser de dos tipos a saber: positivo y omisivo. En el caso de la primera, la conducta desplegada por la responsable puede originar actos de naturaleza declarativa, negativa o prohibitiva. En algunos casos, conlleva una ejecución material; mientras que la segunda conducta de la autoridad se traduce en no actuar respecto de una pretensión por parte del gobernado. Entonces, si el acto reclamado tiene una ejecución, para los efectos de la competencia, está comprendido en el primer supuesto del artículo 37 de la ley de la materia. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, la parte quejosa reclama lo siguiente: ? La omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución que corresponda dentro de los autos que integran el toca penal 130/2022. En ese sentido, se aprecia que el acto reclamado tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano federal y dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Ciudad Victoria, pues en esa jurisdicción se encuentra radicado el toca penal 130/2022, y tiene residencia la autoridad que ha incumplido con su obligación de dictar la resolución correspondiente en el referido asunto. Cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable, es una omisión con ejecución material, y por lo tanto, se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; de ahí que el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en en donde se ubique el juzgado que ha incumplido con dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Tiene aplicación al caso, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, visible a página mil doscientos noventa y nueve, Materia Administrativa, Común, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignarla competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la diversa 1a./J. 24/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, septiembre de 2021, tomo II, página 1873, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto fracción XXIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Tercero de Distrito, es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, remítase el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Ciudad Victoria, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos Juzgados, a fin de que determine lo conducente sobre la competencia planteada, solicitándole comedidamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo a este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Autorizados Téngase autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Miranda Niño y Manuel Cruz Maldonado, y en términos restringidos a Enrique Martínez Muñíz, en virtud de que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Autorización de acceso al expediente electrónico Como lo solicita la promovente, se autoriza el acceso al expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "jorgemiranda" para su consulta, presentación de promociones y notificaciones personales de acuerdos. Atento a lo anterior, el autorizado está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días, a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 de la referida legislación. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este juzgado, realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "jorgemiranda", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, no se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo que se recibe. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Cynthia González López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, encargada del despacho por vacaciones de la titular, por autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio CCJ/ST/156/2023, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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