Salvador Diaz Perez
Expediente 941/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Diaz Perez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Decimo primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo V-941/2018-1 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veintiocho de noviembre de la presente anualidad se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de seis de noviembre dos mil dieciocho, dictado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por -, por propio derecho, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra del auto de seis de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso de queja hecho valer, enviándose al efecto original y copia del escrito de cuenta e informe sobre la materia de queja. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número V-941/2018-2 y fórmese el cuaderno respectivo. 2. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS: EL AUTO DE FECHA 10 DIEZ DE OCTUBRE DEL 2018 DE DOS MIL DIECIOCHO, dictado DENTRO DEL INCIDENTE SOBRE EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, el cual es tramitado dentro del JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 656/2018, que versa sobre INEXISTENCIA DE TESTAMENTO Y OTRAS PRESTACIONES, promovido por - éste en su carácter de Albacea definitivo de la Sucesión testamentaria a bienes de -, en su carácter de Notario Público número 110 ciento diez en el Estado. Resolución judicial que se encuentra visible a foja 161 del juicio ordinario civil en comento" Ahora, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencia que procede desecharla, ello en razón de ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), y fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Para sustentar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de.b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que, quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia interlocutoria favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por el contrario, los de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que contienen la posibilidad de que puedan resolverse en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. En ese orden, el proceso cualquiera que sea su naturaleza, no es un fin, sino un medio para lograr el reconocimiento de ciertos derechos propuestos y las actuaciones relacionadas con el esclarecimiento de ellos, no tienen otro objeto que el propuesto; por tanto, mientras en la sentencia final no se desconozcan esos derechos, no es posible que exista un perjuicio irreparable; el cual sólo podrá actualizarse, si el fallo es desfavorable a los intereses de la parte quejosa. En ese contexto, como se dijo, en el caso se actualiza la aludida causa de improcedencia, en la medida que el impetrante de amparo señala como acto reclamado el auto de diez de octubre del año en curso, dictado dentro del incidente sobre excepción de cosa juzgada, el cual es tramitado dentro del juicio ordinario civil número V-656/2018, mediante el cual la autoridad responsable tuvo al Notario Público 110 por ofertando medios de convección dentro del incidente de excepción de cosa juzgada. Ahora bien, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Cobra aplicación a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". Corolario de lo anterior, como la Ley de Amparo vigente, para la procedencia del amparo indirecto, establece que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación, sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos; entonces, no queda comprendida en esa connotación el auto de diez de octubre del año en curso, dictado dentro del incidente sobre excepción de cosa juzgada, el cual es tramitado dentro del juicio ordinario civil número 656/2018, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, en el que determinó la admisión de pruebas dentro de dicho incidente, ya que a través de dicha excepción, sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable en el incidente sobre excepción de cosa juzgada en el que se emitió el acto reclamado. Por tanto, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta Sin que pase inadvertido que dichos criterios fueron emitidos realizando el análisis del artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, empero no se contraponen con la ley vigente. Por lo antes expuesto, se insiste, que el acto precisado sólo produce efectos de carácter intraprocesal, y por consiguiente no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación, ya que como se dijo el desechamiento de pruebas dentro de un incidente es susceptible de impugnarse en amparo indirecto únicamente la interlocutoria que en el mismo se llegue a pronunciar, como lo establece la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto; y siendo esto así, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), y fracción V aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. 4. AUTORIZACION DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número V-941/2018-2 y fórmese el cuaderno respectivo. 2. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS: EL AUTO DE FECHA 10 DIEZ DE OCTUBRE DEL 2018 DE DOS MIL DIECIOCHO, dictado DENTRO DEL INCIDENTE SOBRE EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, el cual es tramitado dentro del JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 656/2018, que versa sobre INEXISTENCIA DE TESTAMENTO Y OTRAS PRESTACIONES, promovido por - éste en su carácter de Albacea definitivo de la Sucesión testamentaria a bienes de -, en su carácter de Notario Público número 110 ciento diez en el Estado. Resolución judicial que se encuentra visible a foja 161 del juicio ordinario civil en comento" Ahora, haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencia que procede desecharla, ello en razón de ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), y fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Para sustentar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de.b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que, quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia interlocutoria favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por el contrario, los de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que contienen la posibilidad de que puedan resolverse en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. En ese orden, el proceso cualquiera que sea su naturaleza, no es un fin, sino un medio para lograr el reconocimiento de ciertos derechos propuestos y las actuaciones relacionadas con el esclarecimiento de ellos, no tienen otro objeto que el propuesto; por tanto, mientras en la sentencia final no se desconozcan esos derechos, no es posible que exista un perjuicio irreparable; el cual sólo podrá actualizarse, si el fallo es desfavorable a los intereses de la parte quejosa. En ese contexto, como se dijo, en el caso se actualiza la aludida causa de improcedencia, en la medida que el impetrante de amparo señala como acto reclamado el auto de diez de octubre del año en curso, dictado dentro del incidente sobre excepción de cosa juzgada, el cual es tramitado dentro del juicio ordinario civil número V-656/2018, mediante el cual la autoridad responsable tuvo al Notario Público 110 por ofertando medios de convección dentro del incidente de excepción de cosa juzgada. Ahora bien, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Cobra aplicación a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". Corolario de lo anterior, como la Ley de Amparo vigente, para la procedencia del amparo indirecto, establece que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación, sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos; entonces, no queda comprendida en esa connotación el auto de diez de octubre del año en curso, dictado dentro del incidente sobre excepción de cosa juzgada, el cual es tramitado dentro del juicio ordinario civil número 656/2018, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, en el que determinó la admisión de pruebas dentro de dicho incidente, ya que a través de dicha excepción, sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable en el incidente sobre excepción de cosa juzgada en el que se emitió el acto reclamado. Por tanto, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta Sin que pase inadvertido que dichos criterios fueron emitidos realizando el análisis del artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, empero no se contraponen con la ley vigente. Por lo antes expuesto, se insiste, que el acto precisado sólo produce efectos de carácter intraprocesal, y por consiguiente no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación, ya que como se dijo el desechamiento de pruebas dentro de un incidente es susceptible de impugnarse en amparo indirecto únicamente la interlocutoria que en el mismo se llegue a pronunciar, como lo establece la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto; y siendo esto así, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), y fracción V aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías. 3. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. 4. AUTORIZACION DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.
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