Salvador Delgadillo Ramos
Expediente 1614/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1614/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Salvador Delgadillo Ramos
- Salvador Delgadillo Ramos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. De los autos se advierte que se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio constitucional, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V B En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las once horas con cuarenta minutos del nueve de febrero de dos mil dieciséis, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio; el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, asistido de la Secretaria Lorena Carrera Martínez, con quien actúa y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de los autos. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que las partes no ofrecieron prueba alguna, por lo que se cierra el referido periodo. Abierta la etapa de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, con lo que se concluye esta etapa, y quedan los autos a la vista para la emisión de sentencia. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 1614/2015, y R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado, Salvador Delgadillo Ramos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades siguientes: ACTO RECLAMADO La negativa para seguirle dando clases de primaria por parte del área educativa, ya que ha presentado siete exámenes y le faltan cinco para acabar la primaria, y sin motivo alguno dejaron de darle dicha educación. NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", EN MIAHUATLÁN, OAXACA. NIEGA 21 y 22 2 CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", EN MIAHUATLÁN, OAXACA. NIEGA 26 3 ENCARGADA DEL ÁREA EDUCATIVA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 "CPS-OAXACA", EN MIAHUATLÁN, OAXACA. NIEGA 16 a 19 Segundo. Trámite del juicio. Admitida a trámite la demanda, se solicitó informes justificados, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se programó la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este juicio, tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa y la demanda de amparo fue presentada dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. Segundo. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ACTO RECLAMADO a) La omisión de seguirle dando clases de primaria por parte del área educativa, ya que sin motivo alguno dejaron de darle dicha educación. Cabe señalar que si bien el quejoso plantea su acto como negativa de la autoridad responsable de darle clases, lo cierto es que en realidad se duele de la omisión de dichas autoridades de impartirle las referidas clases, puesto que es claro en señalar que tales responsables dejaron de darle educación. Tercero. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. 3.1. Acto inexistente. En ese contexto, no es cierto el acto atribuido al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "Cps-Oaxaca", en Miahuatlán, Oaxaca, toda vez que al rendir su informe justificado negó su existencia, además, de constancias de autos se advierte que tal acto deriva de las diversas responsables. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado por parte de la referida autoridad responsable, en términos de lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto a tal autoridad y por el referido acto que se le atribuye. 3.2. Acto existente. Por otra parte, las restantes autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso pues al efecto manifestaron que son respetuosas de los derechos humanos fundamentales de la población interna, indicando que en esa unidad administrativa se prohíbe el uso de procedimientos que provoquen cualquier tipo de lesión o menoscabo de la dignidad de las personas, indicando que el aquí quejoso se encuentra incorporado en el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en el nivel intermedio primaria, a partir de enero de dos mil quince, y registró asesorías el veintiuno de enero, doce y diecinueve de febrero, cinco y trece de marzo y ocho de julio del mismo año; sin embargo, tal impetrante se encontraba inactivo ante dicho Instituto debido a la falta de calificación de exámenes expedidos por el mismo, pero a la fecha contaba con todas las calificaciones de los exámenes aplicados por el quejoso, por lo que se seguiría con la aplicación de los exámenes por el Instituto Estatal de Educación para Adultos. En tal virtud, la negativa de las responsables se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado, tomando en consideración que las propias autoridades reconocieron que el quejoso se encontraba inactivo ante el Instituto Estatal de Educación para Adultos, además, de las constancias que remitieron en apoyo a su informe, se advierte que la referida educación del quejoso quedó suspendida el ocho de julio de dos mil quince y hasta el diecinueve de noviembre de dos mil quince, se continuó con la misma (foja 43), esto es, con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (26 de octubre de 2015). Cuarto. Procedencia de la demanda. Previo el estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra los actos cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida por el suscrito juzgador, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido como, si el acto jamás hubiera nacido. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, del tomo nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, como se adelantó, el impetrante reclama de las autoridades responsables, la omisión de seguirle dando clases de primaria por parte del área educativa, ya que sin motivo alguno dejaron de darle dicha educación. De las constancias que remitieron las autoridades responsables, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se advierte que el diecinueve de noviembre de dos mil quince, se continuó con la educación formal del quejoso, pues en dicha fecha se efectuó una evaluación al peticionario del amparo y el veintiséis siguiente se le brindó asesoría. Lo expuesto permite establecer que el acto reclamado de que se trata, ha cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al proporcionarle al quejoso la continuación de su educación formal que se había paralizado desde el ocho de julio de dos mil quince, efectuando con posterioridad la evaluación correspondiente y la asesoría respectiva en cuanto a la educación formal que recibe, es evidente que se le restituyó en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En consecuencia, como el acto reclamado cesó en sus efectos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe. Con lo que se da por terminada esta audiencia. Se cierra el acta que se autoriza. Doy fe.
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de enero de dos mil dieciséis. Agréguense los oficios signados por el Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario, por sí y en ausencia de la Encargada del Despacho de la Dirección General, y Encargada del Departamento de Actividades Educativas, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS" Oaxaca, por los que, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince (foja 33), la segunda autoridad citada, remite copia certificada del documento que obra en el archivo del Área Técnica de dicho Centro Federal, relativa al interno Salvador Delgadillo Ramos; por tanto, dese vista con su llegada a las partes, para los efectos precisados en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y téngase a las restantes autoridades oficiantes, adhiriéndose a la misma. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza, la prueba documental referida; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Virginia Reyes Aguilar, que autoriza y da fe.
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