Salvador Damian Hernández
Expediente 369/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Damian Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
EJ. Uruapan, Michoacán, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. PIEZAS POSTALES DEVUELTAS. Vistas las piezas postales devueltas por la Administración Postal de esta ciudad, que contienen los oficios 12419, 12424 y 12425, dirigidos a las autoridades responsables "Jefe de Tenencia de la localidad de Pomocuarán, municipio de Paracho; Encargado o Responsable de la Policía Michoacán destacamento en la población de Pomocuarán, municipio de Paracho; Encargado y/o Responsable y/o Comandante de la Policía Comunitaria de la población de Pomocuarán.", de las que se advierte que no fue posible su entrega por los motivos plasmados en el reverso de dichas piezas: "Devuelta por Término de Ley". En tales condiciones, glósense únicamente las piezas postales como antecedente, toda vez que en proveído de treinta de agosto pasado, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ordenando el archivo del expediente como asunto concluido, circunstancia que se pretendía notificar a las citadas autoridades con dichos comunicados; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EJ. Uruapan, Michoacán, a once de septiembre de dos mil diecinueve. Vistas las piezas postales devueltas por la Administración Postal de esta ciudad, que contienen los oficios 10988, 10993 y 10994, dirigidos a las autoridades responsables "Jefe de Tenencia de la localidad de Pomocuarán, municipio de Paracho; Encargado o Responsable de la Policía Michoacán destacamento en la población de Pomocuarán, municipio de Paracho; Encargado y/o Responsable y/o Comandante de la Policía Comunitaria de la población de Pomocuarán.", de las que se advierte que no fue posible su entrega por los motivos plasmados en el reverso de dichas piezas: "Devuelta por Término de Ley". En tales condiciones, glósense únicamente las piezas postales como antecedente, toda vez que en proveído de treinta de agosto pasado, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ordenando el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE...
- Principal
ME. SE RECIBE INFORMACIÓN DE VISTA. Agréguese el oficio de cuenta, a través del cual la Agente del Ministerio Público de la Federación, encargada de la Agencia adscrita a este Juzgado, en atención a la vista otorgada mediante proveído de veintidós de julio pasado (foja 39), informa que remitió las constancias pertinentes relacionadas con el juicio de amparo en que se actúa, al Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a fin de que de acuerdo a sus atribuciones realice las gestiones necesarias, para que se inicie la investigación correspondiente, referente a los golpes sufridos durante la detención del aquí quejoso, por elementos de la Policía de la localidad de Pomacuarán, municipio de Paracho, Michoacán; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. CAUSA EJECUTORIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
III. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE OCHO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos y las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, es evidente que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Así, la causa de improcedencia en cuestión, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de garantías, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que en ella se exija. La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos, conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica tal improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En apoyo a tal razonamiento, se invoca las tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total o incondicional, de moto tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deja ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invocan las tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en la privación de la libertad del quejoso directo Salvador Damián Hernández y por ende su incomunicación. En efecto, de las constancias existentes en autos, específicamente del informe rendido por el Jefe de Tenencia de la Comunidad Indígena de Pomacuarán, Municipio de Paracho, Michoacán, (fojas 52 a 54), se obtiene que efectivamente el quejoso ingresó detenido a las instalaciones de la Policía Comunal de Pomacuarán, Municipio de Paracho, Michoacán, a las cinco horas del día veintiuno de julio de dos mil diecinueve, porque al parecer infringió una falta administrativa en la vía pública; sin embargo, a las doce horas del veintidós de julio de dos mil diecinueve, egresó de dichas instalaciones. Lo que se corrobora con la información de la Síndico Municipal de Paracho, Michoacán, informó que el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, ordenó mediante oficio 449/2019 a la médico Estefanía Margarita Estrada Olivos, Directora de Salud y Prevención de Adicciones del Municipio de Paracho, Michoacán, se constituyera en la Comunidad indígena de Pomacuarán, Municipio de Paracho, Michoacán, a efecto de que localizara el inmueble donde habita Salvador Damián Hernández y se le otorgara atención médica que requiriera, refiriendo que se le comunicó mediante oficio sin número firmado por la citada Directora, que no le fue posible localizar al señor Salvador Damián Hernández, por las razones ahí expuestas, por lo que se encontró impedida para prestar atención médica. (No se encontraba en su domicilio). Por tanto, como se adelantó, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues de la reseña de antecedentes que se ha hecho, se desprende que Manuela Margarita Hernández Sotelo, en favor de Salvador Damián Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Jefe de Tenencia de la localidad de Pomacuaran, Municipio de Paracho, Michoacán y otras autoridades, consistentes en la privación de la libertad del quejoso directo así como la ejecución de dicho acto y como consecuencia incomunicación. Sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el veintidós de julio de dos mil diecinueve, el quejoso directo Salvador Damián Hernández, egresó de las referidas instalaciones de la Policía Comunal de Pomacuarán, Municipio de Paracho, Michoacán, como lo expone la autoridad responsable Jefe de Tenencia de la Comunidad Indígena de Pomacuarán, Municipio de Paracho, Michoacán, (fojas 52 a 54), por tanto, resulta indudable que cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, ya que éstos dejaron de existir material y jurídicamente, de manera que han quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban hasta antes de las posibles violaciones originadas por dicho acto de molestia, en cuanto quedaron destruidos sus efectos en forma total e incondicional; actualizándose, en consecuencia, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que en la especie, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo hasta aquí considerado, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P.CL/97, de la literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este Tribunal en diversas Épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de Amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados, solo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Asimismo, sobre el particular, se invoca la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184572 18 de 27 Segunda Sala Tomo XVII, Marzo de 2003 Pag. 386 Jurisprudencia(Común) Tomo XVII, Marzo de 2003 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con veinte minutos del catorce de agosto del presente año. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Por otra parte, agréguese únicamente como antecedente el escrito de cuenta registrado con el consecutivo 11426, mediante el cual Ma. Emma Rosas Bartolo autorizada de la parte quejosa Salvador Damián Hernández, ofrece la prueba testimonial a cargo de dos testigos, y al efecto, anexa el cuestionario respectivo, lo anterior toda vez que, a nada fin práctico resultaría el desahogo de dicha testimonial, pues como se desprende de párrafos que anteceden se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.
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