Salvador Contreras Lopez

Expediente 1448/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1448/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Salvador Contreras Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Recurso de inconformidad De la consulta del expediente, particularmente de la certificación de cuenta, se advierte que ni la parte quejosa ni tercero interesada, interpusieron recurso de inconformidad contra el proveído de veintiocho de junio de la presente anualidad, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de que nos ocupa. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Acorde a lo establecido en el artículo 17 fracción III inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de conservación. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su conservación, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Acuse de recibo Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Consulta del expediente De la consulta del expediente, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento En la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Salvador Contreras López, contra el acto reclamado al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado consistente en el auto de vinculación a proceso de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para el efecto de que: ? el juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada y dicte otra, en la que, ? de manera fundada y motivada, valore correctamente la razonabilidad de los datos de prueba ofertados tanto de la fiscalía como de la defensa; hecho lo anterior, establezca cual es el hecho con características de delito que se acreditó; y en su caso, con las mismas exigencias determine si se comprobó la probable participación del imputado ahora quejoso en su comisión." Marco jurídico Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1 . También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2 . Acciones de cumplimiento Mediante oficio 3819/2023, recibido el nueve de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, informó que se dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso del dieciocho de octubre de dos mil veintidós y asimismo, remitió disco compacto de la audiencia celebrada en ocho de junio del año en curso. 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. En efecto, de la referida comunicación se advierte: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA "... ? el juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada y dicte otra en la que: ? de manera fundada y motivada, valore correctamente la razonabilidad de los datos de prueba ofertados tanto de la fiscalía como de la defensa; hecho lo anterior, establezca cuál es el hecho con características de delito que se acreditó; y en su caso, con las mismas exigencias determine si se comprobó la probable participación del imputado ahora quejoso a) Mediante oficio 3819/2023 informó que: ".se deja insubsistente auto de vinculación a proceso pronunciado el 18 de octubre de 2022 y que constituye el acto reclamado."; con lo que se corrobora que se deja insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en contra del quejoso. b) Una vez fijada fecha y hora para la continuación de la audiencia, según la reproducción del disco que la contiene, se desprende que al momento de resolver, el juez responsable señaló: ".para los efectos de la concesión del amparo, voy a resolver. En base a los siguientes aspectos, primero. El hecho por el que se solicita la vinculación a proceso y específicamente la clasificación jurídica, insisto, es el delito de homicidio calificado. Voy a analizar en primer término el tipo penal básico que es el delito de homicidio previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado. Este delito establece que lo comete quien priva de la vida a otra persona. Los aspectos o elementos que se desprenden de este tipo penal son la preexistencia de una vida humana y la supresión de esa vida. Bien en cuanto a la pre existencia, la fiscalía estableció la existencia de la entrevista de la señora Ma del Socorro Espinosa Contreras., que data del día 12/02/2018. Ella justifica su calidad de madre, en este caso de la víctima, de nombre Sergio Espinosa Contreras, en ese contexto, este aspecto respecto a la declaración que se encuentra plasmada en ese registro de investigación de manera objetiva, no fue materia de controversia. El análisis que hace este juzgador bajo las reglas de la lógica y este es el razonamiento para darle una eficacia demostrativa a este en su comisión". dato de prueba. Yo no advierto lo material imposible. Máxime que este dato de prueba se encuentra adminiculado a la propia acta de nacimiento, marcada con el número 244 del registro civil de la delegación de Bocas, de la que se desprende la certificación de ese hecho, es decir, el nacimiento de la víctima, que data del 28/04/2082, de 1982, perdón. Bien, entonces, por un lado, tenemos que quien señala sobre este aspecto de que el señor Sergio Espinosa Contreras, ¿fue viable, es decir, vivió? Pues lo hace precisamente quien fue su progenitora. Yo considero que eso hace suficientemente razonable la afirmación que se hace por ella y que de manera objetiva no ha sido controvertida y que en análisis de las reglas de la lógica no encuentra actualizado lo material imposible, menos si se toma en cuenta que lo que ella señaló fue materia de una certificación. Insisto en cuanto al nacimiento viable, en este caso de la víctima de nombre Sergio Espinosa Contreras, de lo que se destaca el señalamiento de la última data, en la que inclusive lo vio con vida. Yo considero que estos 2 datos de prueba son indicios razonables que permiten establecer en primer término este elemento o aspecto del tipo penal del artículo 126 del Código Penal. El siguiente aspecto, la supresión de la vida. La fiscalía estableció datos de prueba que no fueron tampoco materia de controversia. En ese contexto, la controversia, insisto como eje rector para que el juzgador pueda valorar esta información. Me genera primero certidumbre sobre la existencia de esta información que se desprende de estos registros de investigación. Además, debo precisar que en el particular estos datos de prueba se hacen consistir, primero hay un informe policial; del policía de nombre Osvaldo Carrizales Castro, el día 11/02/2018 a las 10:45 el recibe una llamada, de la policía municipal en la que se le señala que en la Comunidad del Cascarón, perteneciente a boca San Luis Potosí. una persona sin vida en un campo de fútbol. Él llegó a las 0:00 con 15 minutos y no me equivoco del día 12/02/2018, según se desprende de su informe policial, y efectivamente, pudo verificar la existencia en ese lugar del cuerpo de una persona sin vida, y a las 0:00 con 35 lleva a cabo su acto de levantamiento del cadáver y se identifica precisamente como Sergio Espinosa Contreras. Bien, en relación a este informe policial, además hay una necropsia. Este protocolo de Necropsia es emitido por el doctor Raúl Rangel flores, que da inicio a las 2:30 horas del día 12 de febrero, también del 2018. Este médico lleva a cabo la verificación de la integridad de este cadáver, que fue materia de su acto de investigación, pudo verificar la existencia de lesiones; en las que, en su opinión experta, son de las que tienen características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Señala la ubicación de estas en una en región occipital, orificio de entrada, otra de 1 cm en la región, a malar derecha con orificio de salida, 1/3 de bordes irregulares. Perdón irregular de Bordes Evertidos de 1 cm. Nazo señala, si no me equivoco, derecha, con orificio de salida, lo identifica el médico legista y habla de otra lesión de tipo circular de punto 5 cm de bordes regulares invertidos, cara anterior del cuello y lo identifica como orificio de entrada. Señala otra lesión de tipo circular, bordes regulares e invertidos. 5 cara anterior del cuello como orificio de entrada. En la cavidad craneana, una en una vez que proceda, la apertura encuentra la fractura con minuta de tabla interna, 3 de 3 por 3 cm, y con desgarro de Meninges con proyectil que se encuentra alojado en esta región. Bien el médico en base a este acto de investigación propia del cargo que él desempeña, llega a una conclusión bajo su metodología científica, consistente en que la causa de su muerte de la víctima lo fue un traumatismo craneoencefálico severo, producido por proyectil disparado por arma de fuego. Establece inclusive un Crono diagnóstico, que va entre 3:05 hasta la realización de la necropsia. Es decir, ubica que la pérdida de la vida de la víctima ocurrió aproximadamente entre las 9:30 y 11:30 de la noche del día 11/02/2018. Por otro lado, hay un acta de descripción y levantamiento de cadáver del policía Osvaldo Carrizales Castro el cadáver ubicado en posición Decúbito Ventral del que describe su media filiación y advierte la existencia a simple vista de lo que parecen 2 heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Se lleva a cabo una inspección, además 2 inspecciones por parte de los elementos de la policía, de métodos de investigación, el policía Osvaldo se constituye en el campo de fútbol, establece que al noreste existe una portería tubular al sureste aproximadamente a 30 m una iglesia. La siguiente inspección realizada por José Cervantes Menchaca, con intervención de la perito Ma. de Lourdes Tristán Cordero, pone de relieve la localización y entiendo la recopilación y embalaje de 5 indicios balísticos consistentes en cartuchos percutidos con la letra. Bien en el caso específico del siguiente elemento que lo es propiamente, la conducta es suprimir la vida de una persona. Yo considero que los datos de prueba, insisto, no controvertidos. Y que, en análisis de lo material imposible, no advierto yo que no puedan ser en el sentido en el que fueron expuestos por la fiscal, me refiero al informe policial del policía de nombre Osvaldo Carrizales Castro, en cuanto a haberse constituido en el lugar. Para verificar la existencia de ese cadáver en el campo de fútbol de la Comunidad ya mencionada, se trata de un acto que se lleva a cabo por un elemento policiaco. La policía de métodos de investigación tiene la obligación, en cumplimiento a la facultad que le concede este cargo y además, en cumplimiento al mandato del agente fiscal, quien se constituye como el director de la investigación. De llevar a cabo esta clase de actos de investigación. Un acto de investigación que en su contenido, ni formal ni materialmente fue materia de contradicción por parte del órgano defensivo de manera objetiva. No advierto, yo tampoco, ilicitud en cuanto a su elaboración por parte del elemento policiaco. Yo considero que este dato de prueba se encuentra adminiculado a la necropsia del médico Legista, el doctor Raúl Rangel Flores, en el caso de este dictamen. Se trata de uno realizado por un experto en la materia. Es un médico legista. Este aspecto tampoco ha sido materia de controversia durante el debate de esta audiencia. En este contexto, parte de la lógica que el doctor Raúl Rangel llevó a cabo este protocolo de necropsia, en cumplimiento a la metodología científica que su cargo y la ciencia que él desempeña le impone; lo que tampoco insisto ha sido materia de controversia a lo largo del debate generado con motivo de la solicitud de vinculación a proceso. En este contexto, yo estimo que entonces se trata de un dato de prueba que se encuentra apoyado en una metodología científica. Finalmente, la última intervención lo constituye el Acta de descripción y levantamiento de cadáver, también realizada por Osvaldo Carrizales Castro. Un acto de investigación que, en términos similares a lo que ya se ha señalado por este juzgador, se lleva a cabo por una persona que está ejerciendo el cumplimiento de una obligación. Él como policía tiene la obligación de acuerdo a la instrucción que le da la gente del ministerio público de llevar a cabo actos de investigación, claro, actos de investigación que sean lícitos en el caso específico, yo no advierto ni formal ni materialmente ninguna circunstancia por la que pudiera considerar que este último acto de investigación se hubiese obtenido con violación franca a derechos fundamentales, y que pudieran restarle validez a su contenido. Bien, entonces, bajo esta mecánica se establece que primero no han sido materia de controversia estos datos de prueba. Y que el análisis que se realiza por parte del juzgador de manera razonable es, según lo establece el artículo 261 del Código Nacional sobre la base de la idoneidad y pertinencia para estar en este caso, estableciendo de manera razonable la existencia de un hecho con apariencia delictiva. Yo considero que los datos de prueba que se desprenden de estos actos de investigación son idóneos y pertinentes para los efectos de establecer la supresión de la vida, es decir, la inspección del cadáver, la necropsia que se realiza de ese cadáver, el acta de levantamiento de cadáver son actos de investigación que son idóneos y pertinentes. Me parece que tienen toda la idoneidad y pertinencia para tal efecto. Entonces, bajo esta circunstancia, estima este juzgador, que, valorados de manera libre y lógica conforme lo establece el artículo 265 en relación al 261, dado que lo que se evalúa en este estadio procesal es la idoneidad y pertinencia de ellos, estima este juzgado, resultan ser suficientes indicios razonables para establecer el aspecto consistente a la supresión de la vida, constituyendo esto la conducta que se atribuye a una persona. Ahora bien, de este mismo certificado de Necropsia se pone de relieve que las lesiones ocasionadas son de las características de aquellas que se producen por proyectil disparado por arma de fuego, es relevante si se toma en consideración, los datos de prueba que se desprenden en específico. De las entrevistas que se llevaron a cabo con el señor Gerardo Zavala Cerda y J. Refugio Espinosa Rodríguez, quienes en términos similares y concordantes, establecieron que ellos acudieron ese día 11 de febrero, a este lugar de la Comunidad del Cascarón en donde se llevaría a cabo la celebración, hoy se sabe de una boda, en la que iba a tocar un grupo musical, el señor Gerardo Zavala habla de los contrabandistas, que por motivo de ello decidieron acudir el señor Gerardo Zavala en compañía de la propia víctima, es el lugar al que arribaron a las 22:40. Que ellos estaban cerca del tapanco donde estaba tocando el grupo musical, que, de manera repentina, primero llegó una persona de nombre José Inés Contreras, quien con una arma tipo escuadra dijo el señor Gerardo le disparó a Sergio Espinoza.; él apreció a través de sus sentidos, cuando esta persona cae, la víctima al piso boca arriba, y dice que es cuando llega el acusado, Salvador Contreras y con otra pistola abre fuego en contra de la víctima, que en ese momento toda la gente corrió. El señor J Refugio Espinosa Rodríguez, señala circunstancias relativamente similares en cuanto a esta a la realización de esta conducta. Bien. Yo considero que estos datos de prueba que se desprenden de estas entrevistas, aunados al dictamen de Necropsia, y la propia inspección y levantamiento de cadáver, que se hizo por parte de los elementos de métodos de investigación y que ya fue materia de valoración por parte de este juzgador, permiten establecer que la causa, específicamente de las lesiones ocasionadas a la víctima. ¿Se trata de una causa o un agente externo? Es decir, estas lesiones no fueron producidas por la propia víctima, sino que son atribuibles a una tercera persona. El certificado de Necropsia permite establecer de manera razonable, el nexo causal entre la conducta atribuida a una tercera persona y el resultado lesivo de esa, en la medida que se insiste, según este dictamen, también ya valorado por este juzgador, se pone de relieve que estas lesiones son de las características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Bien. El tema entonces es respecto a si en el particular, los datos que se desprenden de las entrevistas de Gerardo Zavala Santa y J Refugio Espinosa Rodríguez, resultan ser indicios razonables que permitan establecer la probable intervención atribuida al quejoso y aquí imputado, el señor Salvador Contreras López. Ello, bajo la circunstancia de que el órgano defensivo estableció la (ininteligible) y ofreció también 2 datos o 2 entrevistas, que fueron recabadas al señor José Luis Salas Villegas, Villela, perdón y además al señor de nombre José Antonio Duques Briones, ellos también, pero de forma distinta, señalan que fueron a ese lugar a donde tenía verificativo este evento, con motivo de la participación de un grupo musical. Sin embargo, ellos, de manera similar y concordante, establecen que estuvieron cerca del tapanco, donde se presentaba este grupo musical. Sin embargo, ellos señalan que de repente, se escucharon disparos de arma de fuego. Que ellos lo que buscaron fue tratar de protegerse en el vehículo de uno de ellos. Y específicamente el señor José Luis Salas Villela pudo advertir o pudo percibir que sintió que había sido lesionado. Derivado de ello, estos estas personas señalan que es en el momento en que lo suben a la camioneta de Salvador y que después se lo llevan al hospital central el señor José Luis establece que él pudo apreciar que el señor Salvador, no llevaba consigo ninguna arma de fuego. Por su parte, el señor José Antonio Duque estableció, aparte de estos aspectos, que él se pudo dar cuenta que Salvador Contreras no llevaba ninguna arma de fuego. Entonces, en este sentido, la defensa señala: bueno, en cuanto a las entrevistas de Gerardo Zavala Cerda y J. Refugio Espinoza, estas deben desestimarse primero porque en cuanto a la entrevista de J Refugio Espinoza, no, no está presente ninguna firma, señala el Defensor que pues la firma es la manifestación de voluntad de una persona respecto de un acto en particular. En este caso sería la entrevista. Sin embargo, en el controvertido, la gente fiscal puso de relieve que si se encontraba puesto el nombre del señor J Refugio Espinosa, es un hecho notorio y también es una circunstancia muy razonable; que muchas de las veces, sobre todo las personas, que son de un escaso nivel de instrucción, en ocasiones únicamente ponen su nombre, y en realidad, ese nombre tiene los efectos de una firma; porque la firma no tiene que llevar una metodología específica como pudiera ser un determinado sentido, un determinado rayado, una determinada serie de características. La firma es algo muy propio de una persona y una firma puede ser simple y sencillamente poner mi nombre. Otra forma de firmar puede ser simplemente poner una x. Bien, lo señalo esto porque, en opinión del Defensor, no hay firma. Sin embargo, no me parece que este nombre puede ser esa firma, por parte del señor J Refugio Espinosa no necesariamente tiene que ser un documento distinto; entonces yo considero que en el caso específico, este aspecto por sí mismo no impide valorar de manera positiva, el dato de prueba que se desprende de la entrevista del señor J Refugio Espinosa. En cuanto al señor Gerardo Zavala cerda, es claro que no hay copia del Instituto Nacional Electoral, eso así quedó establecido. Sin embargo, él también estableció en Gerardo Zavala hace, perdón en el nombre que se desprende de la INE de Gerardo Zavala Cerda, si no me equivoco. Sin embargo, al revés, él pone Gerardo Zavala Cerda en su acta de entrevista, pero en el INE solo está Gerardo Zavala C. O sea, la circunstancia de que en la entrevista pusiera el apellido Cerda me parece que tampoco es una circunstancia que pueda disminuir la calidad demostrativa de la información o el dato de prueba que se desprende de su entrevista, al menos no en este estadío procesal, porque tampoco no hay ningún medio o dato de prueba que ponga de relieve que ese documento sea falso o información que ponga de relieve que se trata de 2 personas distintas en este estadio procesal no hay información que permita arribar a esa conclusión. De manera razonable, entonces, bajo esta circunstancia, yo considero que en el caso que nos ocupan se dijo de J Refugio Espinosa Rodríguez que en el INE es donde estaba en forma completa, si no me equivoco establecido el nombre, es decir, J Refugio Espinoza en Rodríguez y en la entrevista como J Refugio Espinoza, RD. Si no me equivoco es correcto fiscal. En la entrevista está como J Refugio Espinosa Rodríguez y en el INE, como J Espinoza Rrd bien entonces ese era el tema de controversia por parte del órgano defensivo. Yo considero que estas circunstancias no son suficientes para desestimar, insisto, el valor que puedan tener como indicios, a nivel de indicios, los datos de prueba que se desprenden de estas entrevistas. Ahora, en el peor de los supuestos, concediendo sin conceder, considera este juzgador que estas son cuestiones que pueden ser materia de saneamiento. En ese sentido, yo no advierto que estas 2 circunstancias en el peor de los casos, puedan verse, constituir una violación en la obtención de estos datos de prueba y, por tanto, decretar su falta de valor o ineficacia jurídica para los efectos de la pretensión punitiva. Bien en ese contexto entonces y después que se ha abordado por parte de este juzgador las razones por las cuales estimo que no carecen de eficacia demostrativa, estos 2 medios de prueba, y hago su confrontación con los datos de prueba que se desprenden de las 2 entrevistas realizadas por parte del órgano defensivo, de ellas, yo considero que estas se pueden calificar como divisibles, y de las que únicamente se puede tomar en consideración la parte que le puede afectar, que lo es que ambos personas lo ubican en el lugar en donde tuvo verificativo al evento delictivo y también la hora en que esto aconteció. Es decir, es claro que el hoy imputado, el señor Salvador, sí estaba presente en ese momento y en ese lugar. Bien. ¿Esto resulta relevante, por qué? Porque bajo la lógica o el sentido común de las personas. El señalamiento que realiza a una persona en relación a que otra persona realizó tal o cual o determinada conducta. ¿No es de manera generalizada, una conducta que se realice por las personas? Insisto, bajo el sentido común, si no es porque realmente estas personas están señalando lo que pudieron percibir a través de sus sentidos. Sin embargo, pues es claro que en el caso que nos ocupa, en contra de estas afirmaciones se encuentran las que se realizan por parte de los testigos o las entrevistas recabadas por el órgano defensivo. ¿Entonces? Yo considero que los datos de prueba de la fiscalía en cuanto al establecimiento de la intervención que se le atribuye al señor Salvador, ¿Son indicios razonables? Y los datos que se desprenden de las entrevistas recabadas por el órgano defensivo también son indicios. Yo no advierto que exista en el caso que nos ocupa, una mayor preponderancia demostrativa, porque en ambos casos se trata de testigos que fueron presenciales del evento delictivo. Se trata de personas que apreciaron, a través de sus sentidos lo que te testificaron en el caso de los testigos de cargo ante el órgano de la fiscalía y los testigos de la defensa ante el propio órgano defensivo. No se advierte tampoco ninguna circunstancia por la que objetivamente el juzgador pudiera llevar a la conclusión de que alguno de los testigos, tanto de cargo como de descargo. ¿Objetivamente no pudiera apreciar lo que fue narrado por ellos por alguna circunstancia específica, como pudiera ser que alguno de estos testigos, careciera del sentido de la vista, careciera del sentido de el escuchar. No hay dato que ponga de relieve que algunos de estos testigos esté falto de alguna capacidad sensorial. Subjetivamente, tampoco se ha puesto de relieve la existencia de un interés secundario, una ganancia secundaria en específico con los testigos de la fiscalía que ponga de relieve. Que es ese el verdadero interés que tienen los testigos de cargo para hacer un señalamiento como el que han realizado dentro de la presente investigación, es decir, ni objetiva ni subjetivamente, encuentro yo circunstancias específicas que me pudieran llevar a concluir, que se trata de testimonios mezquinos de testimonios que tienen un interés o una ganancia secundaria. Y tampoco, insisto, encuentro de manera objetiva que existiera la imposibilidad física por su estado de salud, que les impidiera apreciar de manera natural. Lo que le pusieron ante el fiscal, máxime que su presencia en ese lugar tampoco ha sido materia de controversia en el debate entonces. El Código Nacional establece, quién lo que se requiere para vincular a proceso o emitir una resolución de vinculación a proceso son 2 cosas: el establecimiento de un hecho con apariencia delictiva, lo que ya fue materia de pronunciamiento por este juzgador, es decir, el delito previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado, que lo es el delito de homicidio, en tanto que se establecen los elementos que integran el tipo penal ya analizado por este juzgador, en cumplimiento a la ejecutoria, bajo los razonamientos y valoración libre y lógica a que se ha pegado a este órgano judicial. Ahora bien, en cuanto a la intervención, el código nacional establece que para una vinculación a proceso, el estándar que se requiere es simplemente el de probabilidad. Yo encuentro que aún bajo la confrontación de los datos de prueba de la fiscal y de los datos de prueba que se pusieron por parte del Defensor. ¿Y bajo la valoración que se ha llevado a cabo de ellos, es tan probable lo uno como probable, lo otro, es decir, o sea, en este estadio procesal, exigir que el juzgador necesariamente determine que en específico hay una verdad absoluta sobre las posturas asumidas, sería algo que va en contra de esta sistemática? En tanto que lo que se ha pretendido es que las cuestiones relevantes, como lo son la demostración en todo caso de una conducta típica, antijurídica y culpable, se deje para un estadio distinto como lo es la etapa de juicio oral, en la que también se deba determinar si se demuestra o no más allá de toda duda razonable, la intervención atribuida a una persona. En este contexto, yo considero que de estos datos de prueba, en particular los de la fiscalía, se hace probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador en la realización de esta conducta. Sí, bajo la circunstancia de que se trata de 2 indicios de manera específica. Los de la fiscalía, que además se encuentran adminiculados, insisto, estos calificados de divisibles únicamente en cuanto a que los testigos de la defensa también ubican al señor Salvador en el momento y lugar en que tuvo verificativo el evento delictivo, siendo esta la parte que este juzgador considera resulta en resulta en preponderante y que se encuentra adminiculada a estos 2 indicios de la fiscalía, consistente en los testimonios del señor Gerardo Zavala Cerda y del señor J. Refugio Espinosa Rodríguez y que permiten, de manera razonable bajo esta valoración, arribar a la conclusión de que es probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador Contreras López, en la comisión de esta conducta delictiva, bien en cuanto a la calificación calificativa de la ventaja, este juzgador considera que en este estadio procesal los datos de prueba que ya han sido materia de valoración, inclusive aquellos que tienen que ver con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no permiten dilucidar con toda precisión y claridad si en el particular se encuentra no actualizado de manera razonable esta extensión típica, consistente en la ventaja. En tanto que no, no puedo tener claridad sobre la existencia de los elementos objetivos y subjetivos de la misma, máxima, si se toma en cuenta que dentro de los datos de prueba que obran dentro de la propia carpeta de investigación, y que fue hecho valer por el abogado Defensor, se pone de relieve la realización de un dictamen en materia de reaccionado de sodio, que resultó positivo en cuanto a las muestras respecto de la víctima, de nombre Sergio Espinosa Contreras lo que si bien en este momento constituyen un indicio aislado en no deja de perderse de vista por parte de este juzgador. Bajo el contexto del hecho y que haga probable la posibilidad también de que la víctima, en todo caso al momento de la realización de esta conducta estuviese armado, y que, por tanto, estuviese en condiciones de defenderse o repeler en igualdad de condiciones, la agresión, de la cual fue objeto. Bajo este contexto, bueno, eso también, este dictamen hace probable que con motivo de la distancia en la que se llevaron a cabo los disparos realizados por parte del activo. Pues esas muestras, precisamente devengan de la realización de la conducta que se atribuye a lo imputado. Es decir, es tan probable una cosa como la otra entonces. Este aspecto me parece que es un tema que tiene necesariamente que ser material de investigación en una investigación complementaria, valga la redundancia. Para los efectos de determinar si en específico se encuentran o actualizado en todo caso. La existencia de esta extensión típica. Entonces, para efectos de la ejecutoria que nos ocupa, el juzgador determina de manera concluyente lo siguiente, primero por las razones contenidas en la parte considerativa de esta determinación constitucional, en particular con base en la valoración de los datos de prueba consistentes en los testimonios de Ma. del Socorro Espinosa, el acta de nacimiento, el informe policial de Osvaldo Carrizales Castro, la necropsia del médico Legista Raúl Rangel Flores y el Acta de descripción del levantamiento de cadáver resultaron indicios suficientes y razonables por la relación lógica y jurídica que existe entre ellos para poder determinar de manera razonable que se establece el hecho que la ley señala como el delito de homicidio previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado. Bien en segundo término, con base en la valoración que se realizó de manera individual y de manera conjunta de los datos de prueba que se desprenden de las entrevistas de los señores de nombre Gerardo Zavala Cerda y J Refugio Espinosa Rodríguez, en conjunción con la parte divisible de lo testificado por las entrevistas recabadas por el órgano defensivo, de las que únicamente se toma la parte que le perjudica, este juzgador considera que resulta en este estadío procesal probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador Contreras López en la comisión de la conducta delictiva que fue materia de imputación. Es decir, el que, bajo el contexto de circunstancias de tiempo, modo y lugar planteadas en la diputación, mediante la realización de una conducta consistente en disparar armas de fuego en conjunción con otra persona distinta, ocasionó lesiones en la integridad de la víctima que de manera posterior le ocasionaron su muerte. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Así, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable: 1. Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado; 2. Resolvió la situación jurídica de la parte quejosa conforme a los lineamientos establecidos dentro de la ejecutoria dictada en el presente asunto; toda vez que el juez responsable determinó de manera fundada y motivada lo relativo a la probabilidad de que el imputado cometió el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado. Se tiene por cumplida. Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir la nueva resolución, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo establecido en la sentencia de amparo. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Consulta del expediente De la consulta del expediente, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento En la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Salvador Contreras López, contra el acto reclamado al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado consistente en el auto de vinculación a proceso de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para el efecto de que: ? el juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada y dicte otra, en la que, ? de manera fundada y motivada, valore correctamente la razonabilidad de los datos de prueba ofertados tanto de la fiscalía como de la defensa; hecho lo anterior, establezca cual es el hecho con características de delito que se acreditó; y en su caso, con las mismas exigencias determine si se comprobó la probable participación del imputado ahora quejoso en su comisión." Marco jurídico Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1 . También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2 . Acciones de cumplimiento Mediante oficio 3819/2023, recibido el nueve de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, informó que se dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso del dieciocho de octubre de dos mil veintidós y asimismo, remitió disco compacto de la audiencia celebrada en ocho de junio del año en curso. 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. En efecto, de la referida comunicación se advierte: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA "... ? el juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada y dicte otra en la que: ? de manera fundada y motivada, valore correctamente la razonabilidad de los datos de prueba ofertados tanto de la fiscalía como de la defensa; hecho lo anterior, establezca cuál es el hecho con características de delito que se acreditó; y en su caso, con las mismas exigencias determine si se comprobó la probable participación del imputado ahora quejoso a) Mediante oficio 3819/2023 informó que: ".se deja insubsistente auto de vinculación a proceso pronunciado el 18 de octubre de 2022 y que constituye el acto reclamado."; con lo que se corrobora que se deja insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en contra del quejoso. b) Una vez fijada fecha y hora para la continuación de la audiencia, según la reproducción del disco que la contiene, se desprende que al momento de resolver, el juez responsable señaló: ".para los efectos de la concesión del amparo, voy a resolver. En base a los siguientes aspectos, primero. El hecho por el que se solicita la vinculación a proceso y específicamente la clasificación jurídica, insisto, es el delito de homicidio calificado. Voy a analizar en primer término el tipo penal básico que es el delito de homicidio previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado. Este delito establece que lo comete quien priva de la vida a otra persona. Los aspectos o elementos que se desprenden de este tipo penal son la preexistencia de una vida humana y la supresión de esa vida. Bien en cuanto a la pre existencia, la fiscalía estableció la existencia de la entrevista de la señora Ma del Socorro Espinosa Contreras., que data del día 12/02/2018. Ella justifica su calidad de madre, en este caso de la víctima, de nombre Sergio Espinosa Contreras, en ese contexto, este aspecto respecto a la declaración que se encuentra plasmada en ese registro de investigación de manera objetiva, no fue materia de controversia. El análisis que hace este juzgador bajo las reglas de la lógica y este es el razonamiento para darle una eficacia demostrativa a este en su comisión". dato de prueba. Yo no advierto lo material imposible. Máxime que este dato de prueba se encuentra adminiculado a la propia acta de nacimiento, marcada con el número 244 del registro civil de la delegación de Bocas, de la que se desprende la certificación de ese hecho, es decir, el nacimiento de la víctima, que data del 28/04/2082, de 1982, perdón. Bien, entonces, por un lado, tenemos que quien señala sobre este aspecto de que el señor Sergio Espinosa Contreras, ¿fue viable, es decir, vivió? Pues lo hace precisamente quien fue su progenitora. Yo considero que eso hace suficientemente razonable la afirmación que se hace por ella y que de manera objetiva no ha sido controvertida y que en análisis de las reglas de la lógica no encuentra actualizado lo material imposible, menos si se toma en cuenta que lo que ella señaló fue materia de una certificación. Insisto en cuanto al nacimiento viable, en este caso de la víctima de nombre Sergio Espinosa Contreras, de lo que se destaca el señalamiento de la última data, en la que inclusive lo vio con vida. Yo considero que estos 2 datos de prueba son indicios razonables que permiten establecer en primer término este elemento o aspecto del tipo penal del artículo 126 del Código Penal. El siguiente aspecto, la supresión de la vida. La fiscalía estableció datos de prueba que no fueron tampoco materia de controversia. En ese contexto, la controversia, insisto como eje rector para que el juzgador pueda valorar esta información. Me genera primero certidumbre sobre la existencia de esta información que se desprende de estos registros de investigación. Además, debo precisar que en el particular estos datos de prueba se hacen consistir, primero hay un informe policial; del policía de nombre Osvaldo Carrizales Castro, el día 11/02/2018 a las 10:45 el recibe una llamada, de la policía municipal en la que se le señala que en la Comunidad del Cascarón, perteneciente a boca San Luis Potosí. una persona sin vida en un campo de fútbol. Él llegó a las 0:00 con 15 minutos y no me equivoco del día 12/02/2018, según se desprende de su informe policial, y efectivamente, pudo verificar la existencia en ese lugar del cuerpo de una persona sin vida, y a las 0:00 con 35 lleva a cabo su acto de levantamiento del cadáver y se identifica precisamente como Sergio Espinosa Contreras. Bien, en relación a este informe policial, además hay una necropsia. Este protocolo de Necropsia es emitido por el doctor Raúl Rangel flores, que da inicio a las 2:30 horas del día 12 de febrero, también del 2018. Este médico lleva a cabo la verificación de la integridad de este cadáver, que fue materia de su acto de investigación, pudo verificar la existencia de lesiones; en las que, en su opinión experta, son de las que tienen características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Señala la ubicación de estas en una en región occipital, orificio de entrada, otra de 1 cm en la región, a malar derecha con orificio de salida, 1/3 de bordes irregulares. Perdón irregular de Bordes Evertidos de 1 cm. Nazo señala, si no me equivoco, derecha, con orificio de salida, lo identifica el médico legista y habla de otra lesión de tipo circular de punto 5 cm de bordes regulares invertidos, cara anterior del cuello y lo identifica como orificio de entrada. Señala otra lesión de tipo circular, bordes regulares e invertidos. 5 cara anterior del cuello como orificio de entrada. En la cavidad craneana, una en una vez que proceda, la apertura encuentra la fractura con minuta de tabla interna, 3 de 3 por 3 cm, y con desgarro de Meninges con proyectil que se encuentra alojado en esta región. Bien el médico en base a este acto de investigación propia del cargo que él desempeña, llega a una conclusión bajo su metodología científica, consistente en que la causa de su muerte de la víctima lo fue un traumatismo craneoencefálico severo, producido por proyectil disparado por arma de fuego. Establece inclusive un Crono diagnóstico, que va entre 3:05 hasta la realización de la necropsia. Es decir, ubica que la pérdida de la vida de la víctima ocurrió aproximadamente entre las 9:30 y 11:30 de la noche del día 11/02/2018. Por otro lado, hay un acta de descripción y levantamiento de cadáver del policía Osvaldo Carrizales Castro el cadáver ubicado en posición Decúbito Ventral del que describe su media filiación y advierte la existencia a simple vista de lo que parecen 2 heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Se lleva a cabo una inspección, además 2 inspecciones por parte de los elementos de la policía, de métodos de investigación, el policía Osvaldo se constituye en el campo de fútbol, establece que al noreste existe una portería tubular al sureste aproximadamente a 30 m una iglesia. La siguiente inspección realizada por José Cervantes Menchaca, con intervención de la perito Ma. de Lourdes Tristán Cordero, pone de relieve la localización y entiendo la recopilación y embalaje de 5 indicios balísticos consistentes en cartuchos percutidos con la letra. Bien en el caso específico del siguiente elemento que lo es propiamente, la conducta es suprimir la vida de una persona. Yo considero que los datos de prueba, insisto, no controvertidos. Y que, en análisis de lo material imposible, no advierto yo que no puedan ser en el sentido en el que fueron expuestos por la fiscal, me refiero al informe policial del policía de nombre Osvaldo Carrizales Castro, en cuanto a haberse constituido en el lugar. Para verificar la existencia de ese cadáver en el campo de fútbol de la Comunidad ya mencionada, se trata de un acto que se lleva a cabo por un elemento policiaco. La policía de métodos de investigación tiene la obligación, en cumplimiento a la facultad que le concede este cargo y además, en cumplimiento al mandato del agente fiscal, quien se constituye como el director de la investigación. De llevar a cabo esta clase de actos de investigación. Un acto de investigación que en su contenido, ni formal ni materialmente fue materia de contradicción por parte del órgano defensivo de manera objetiva. No advierto, yo tampoco, ilicitud en cuanto a su elaboración por parte del elemento policiaco. Yo considero que este dato de prueba se encuentra adminiculado a la necropsia del médico Legista, el doctor Raúl Rangel Flores, en el caso de este dictamen. Se trata de uno realizado por un experto en la materia. Es un médico legista. Este aspecto tampoco ha sido materia de controversia durante el debate de esta audiencia. En este contexto, parte de la lógica que el doctor Raúl Rangel llevó a cabo este protocolo de necropsia, en cumplimiento a la metodología científica que su cargo y la ciencia que él desempeña le impone; lo que tampoco insisto ha sido materia de controversia a lo largo del debate generado con motivo de la solicitud de vinculación a proceso. En este contexto, yo estimo que entonces se trata de un dato de prueba que se encuentra apoyado en una metodología científica. Finalmente, la última intervención lo constituye el Acta de descripción y levantamiento de cadáver, también realizada por Osvaldo Carrizales Castro. Un acto de investigación que, en términos similares a lo que ya se ha señalado por este juzgador, se lleva a cabo por una persona que está ejerciendo el cumplimiento de una obligación. Él como policía tiene la obligación de acuerdo a la instrucción que le da la gente del ministerio público de llevar a cabo actos de investigación, claro, actos de investigación que sean lícitos en el caso específico, yo no advierto ni formal ni materialmente ninguna circunstancia por la que pudiera considerar que este último acto de investigación se hubiese obtenido con violación franca a derechos fundamentales, y que pudieran restarle validez a su contenido. Bien, entonces, bajo esta mecánica se establece que primero no han sido materia de controversia estos datos de prueba. Y que el análisis que se realiza por parte del juzgador de manera razonable es, según lo establece el artículo 261 del Código Nacional sobre la base de la idoneidad y pertinencia para estar en este caso, estableciendo de manera razonable la existencia de un hecho con apariencia delictiva. Yo considero que los datos de prueba que se desprenden de estos actos de investigación son idóneos y pertinentes para los efectos de establecer la supresión de la vida, es decir, la inspección del cadáver, la necropsia que se realiza de ese cadáver, el acta de levantamiento de cadáver son actos de investigación que son idóneos y pertinentes. Me parece que tienen toda la idoneidad y pertinencia para tal efecto. Entonces, bajo esta circunstancia, estima este juzgador, que, valorados de manera libre y lógica conforme lo establece el artículo 265 en relación al 261, dado que lo que se evalúa en este estadio procesal es la idoneidad y pertinencia de ellos, estima este juzgado, resultan ser suficientes indicios razonables para establecer el aspecto consistente a la supresión de la vida, constituyendo esto la conducta que se atribuye a una persona. Ahora bien, de este mismo certificado de Necropsia se pone de relieve que las lesiones ocasionadas son de las características de aquellas que se producen por proyectil disparado por arma de fuego, es relevante si se toma en consideración, los datos de prueba que se desprenden en específico. De las entrevistas que se llevaron a cabo con el señor Gerardo Zavala Cerda y J. Refugio Espinosa Rodríguez, quienes en términos similares y concordantes, establecieron que ellos acudieron ese día 11 de febrero, a este lugar de la Comunidad del Cascarón en donde se llevaría a cabo la celebración, hoy se sabe de una boda, en la que iba a tocar un grupo musical, el señor Gerardo Zavala habla de los contrabandistas, que por motivo de ello decidieron acudir el señor Gerardo Zavala en compañía de la propia víctima, es el lugar al que arribaron a las 22:40. Que ellos estaban cerca del tapanco donde estaba tocando el grupo musical, que, de manera repentina, primero llegó una persona de nombre José Inés Contreras, quien con una arma tipo escuadra dijo el señor Gerardo le disparó a Sergio Espinoza.; él apreció a través de sus sentidos, cuando esta persona cae, la víctima al piso boca arriba, y dice que es cuando llega el acusado, Salvador Contreras y con otra pistola abre fuego en contra de la víctima, que en ese momento toda la gente corrió. El señor J Refugio Espinosa Rodríguez, señala circunstancias relativamente similares en cuanto a esta a la realización de esta conducta. Bien. Yo considero que estos datos de prueba que se desprenden de estas entrevistas, aunados al dictamen de Necropsia, y la propia inspección y levantamiento de cadáver, que se hizo por parte de los elementos de métodos de investigación y que ya fue materia de valoración por parte de este juzgador, permiten establecer que la causa, específicamente de las lesiones ocasionadas a la víctima. ¿Se trata de una causa o un agente externo? Es decir, estas lesiones no fueron producidas por la propia víctima, sino que son atribuibles a una tercera persona. El certificado de Necropsia permite establecer de manera razonable, el nexo causal entre la conducta atribuida a una tercera persona y el resultado lesivo de esa, en la medida que se insiste, según este dictamen, también ya valorado por este juzgador, se pone de relieve que estas lesiones son de las características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Bien. El tema entonces es respecto a si en el particular, los datos que se desprenden de las entrevistas de Gerardo Zavala Santa y J Refugio Espinosa Rodríguez, resultan ser indicios razonables que permitan establecer la probable intervención atribuida al quejoso y aquí imputado, el señor Salvador Contreras López. Ello, bajo la circunstancia de que el órgano defensivo estableció la (ininteligible) y ofreció también 2 datos o 2 entrevistas, que fueron recabadas al señor José Luis Salas Villegas, Villela, perdón y además al señor de nombre José Antonio Duques Briones, ellos también, pero de forma distinta, señalan que fueron a ese lugar a donde tenía verificativo este evento, con motivo de la participación de un grupo musical. Sin embargo, ellos, de manera similar y concordante, establecen que estuvieron cerca del tapanco, donde se presentaba este grupo musical. Sin embargo, ellos señalan que de repente, se escucharon disparos de arma de fuego. Que ellos lo que buscaron fue tratar de protegerse en el vehículo de uno de ellos. Y específicamente el señor José Luis Salas Villela pudo advertir o pudo percibir que sintió que había sido lesionado. Derivado de ello, estos estas personas señalan que es en el momento en que lo suben a la camioneta de Salvador y que después se lo llevan al hospital central el señor José Luis establece que él pudo apreciar que el señor Salvador, no llevaba consigo ninguna arma de fuego. Por su parte, el señor José Antonio Duque estableció, aparte de estos aspectos, que él se pudo dar cuenta que Salvador Contreras no llevaba ninguna arma de fuego. Entonces, en este sentido, la defensa señala: bueno, en cuanto a las entrevistas de Gerardo Zavala Cerda y J. Refugio Espinoza, estas deben desestimarse primero porque en cuanto a la entrevista de J Refugio Espinoza, no, no está presente ninguna firma, señala el Defensor que pues la firma es la manifestación de voluntad de una persona respecto de un acto en particular. En este caso sería la entrevista. Sin embargo, en el controvertido, la gente fiscal puso de relieve que si se encontraba puesto el nombre del señor J Refugio Espinosa, es un hecho notorio y también es una circunstancia muy razonable; que muchas de las veces, sobre todo las personas, que son de un escaso nivel de instrucción, en ocasiones únicamente ponen su nombre, y en realidad, ese nombre tiene los efectos de una firma; porque la firma no tiene que llevar una metodología específica como pudiera ser un determinado sentido, un determinado rayado, una determinada serie de características. La firma es algo muy propio de una persona y una firma puede ser simple y sencillamente poner mi nombre. Otra forma de firmar puede ser simplemente poner una x. Bien, lo señalo esto porque, en opinión del Defensor, no hay firma. Sin embargo, no me parece que este nombre puede ser esa firma, por parte del señor J Refugio Espinosa no necesariamente tiene que ser un documento distinto; entonces yo considero que en el caso específico, este aspecto por sí mismo no impide valorar de manera positiva, el dato de prueba que se desprende de la entrevista del señor J Refugio Espinosa. En cuanto al señor Gerardo Zavala cerda, es claro que no hay copia del Instituto Nacional Electoral, eso así quedó establecido. Sin embargo, él también estableció en Gerardo Zavala hace, perdón en el nombre que se desprende de la INE de Gerardo Zavala Cerda, si no me equivoco. Sin embargo, al revés, él pone Gerardo Zavala Cerda en su acta de entrevista, pero en el INE solo está Gerardo Zavala C. O sea, la circunstancia de que en la entrevista pusiera el apellido Cerda me parece que tampoco es una circunstancia que pueda disminuir la calidad demostrativa de la información o el dato de prueba que se desprende de su entrevista, al menos no en este estadío procesal, porque tampoco no hay ningún medio o dato de prueba que ponga de relieve que ese documento sea falso o información que ponga de relieve que se trata de 2 personas distintas en este estadio procesal no hay información que permita arribar a esa conclusión. De manera razonable, entonces, bajo esta circunstancia, yo considero que en el caso que nos ocupan se dijo de J Refugio Espinosa Rodríguez que en el INE es donde estaba en forma completa, si no me equivoco establecido el nombre, es decir, J Refugio Espinoza en Rodríguez y en la entrevista como J Refugio Espinoza, RD. Si no me equivoco es correcto fiscal. En la entrevista está como J Refugio Espinosa Rodríguez y en el INE, como J Espinoza Rrd bien entonces ese era el tema de controversia por parte del órgano defensivo. Yo considero que estas circunstancias no son suficientes para desestimar, insisto, el valor que puedan tener como indicios, a nivel de indicios, los datos de prueba que se desprenden de estas entrevistas. Ahora, en el peor de los supuestos, concediendo sin conceder, considera este juzgador que estas son cuestiones que pueden ser materia de saneamiento. En ese sentido, yo no advierto que estas 2 circunstancias en el peor de los casos, puedan verse, constituir una violación en la obtención de estos datos de prueba y, por tanto, decretar su falta de valor o ineficacia jurídica para los efectos de la pretensión punitiva. Bien en ese contexto entonces y después que se ha abordado por parte de este juzgador las razones por las cuales estimo que no carecen de eficacia demostrativa, estos 2 medios de prueba, y hago su confrontación con los datos de prueba que se desprenden de las 2 entrevistas realizadas por parte del órgano defensivo, de ellas, yo considero que estas se pueden calificar como divisibles, y de las que únicamente se puede tomar en consideración la parte que le puede afectar, que lo es que ambos personas lo ubican en el lugar en donde tuvo verificativo al evento delictivo y también la hora en que esto aconteció. Es decir, es claro que el hoy imputado, el señor Salvador, sí estaba presente en ese momento y en ese lugar. Bien. ¿Esto resulta relevante, por qué? Porque bajo la lógica o el sentido común de las personas. El señalamiento que realiza a una persona en relación a que otra persona realizó tal o cual o determinada conducta. ¿No es de manera generalizada, una conducta que se realice por las personas? Insisto, bajo el sentido común, si no es porque realmente estas personas están señalando lo que pudieron percibir a través de sus sentidos. Sin embargo, pues es claro que en el caso que nos ocupa, en contra de estas afirmaciones se encuentran las que se realizan por parte de los testigos o las entrevistas recabadas por el órgano defensivo. ¿Entonces? Yo considero que los datos de prueba de la fiscalía en cuanto al establecimiento de la intervención que se le atribuye al señor Salvador, ¿Son indicios razonables? Y los datos que se desprenden de las entrevistas recabadas por el órgano defensivo también son indicios. Yo no advierto que exista en el caso que nos ocupa, una mayor preponderancia demostrativa, porque en ambos casos se trata de testigos que fueron presenciales del evento delictivo. Se trata de personas que apreciaron, a través de sus sentidos lo que te testificaron en el caso de los testigos de cargo ante el órgano de la fiscalía y los testigos de la defensa ante el propio órgano defensivo. No se advierte tampoco ninguna circunstancia por la que objetivamente el juzgador pudiera llevar a la conclusión de que alguno de los testigos, tanto de cargo como de descargo. ¿Objetivamente no pudiera apreciar lo que fue narrado por ellos por alguna circunstancia específica, como pudiera ser que alguno de estos testigos, careciera del sentido de la vista, careciera del sentido de el escuchar. No hay dato que ponga de relieve que algunos de estos testigos esté falto de alguna capacidad sensorial. Subjetivamente, tampoco se ha puesto de relieve la existencia de un interés secundario, una ganancia secundaria en específico con los testigos de la fiscalía que ponga de relieve. Que es ese el verdadero interés que tienen los testigos de cargo para hacer un señalamiento como el que han realizado dentro de la presente investigación, es decir, ni objetiva ni subjetivamente, encuentro yo circunstancias específicas que me pudieran llevar a concluir, que se trata de testimonios mezquinos de testimonios que tienen un interés o una ganancia secundaria. Y tampoco, insisto, encuentro de manera objetiva que existiera la imposibilidad física por su estado de salud, que les impidiera apreciar de manera natural. Lo que le pusieron ante el fiscal, máxime que su presencia en ese lugar tampoco ha sido materia de controversia en el debate entonces. El Código Nacional establece, quién lo que se requiere para vincular a proceso o emitir una resolución de vinculación a proceso son 2 cosas: el establecimiento de un hecho con apariencia delictiva, lo que ya fue materia de pronunciamiento por este juzgador, es decir, el delito previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado, que lo es el delito de homicidio, en tanto que se establecen los elementos que integran el tipo penal ya analizado por este juzgador, en cumplimiento a la ejecutoria, bajo los razonamientos y valoración libre y lógica a que se ha pegado a este órgano judicial. Ahora bien, en cuanto a la intervención, el código nacional establece que para una vinculación a proceso, el estándar que se requiere es simplemente el de probabilidad. Yo encuentro que aún bajo la confrontación de los datos de prueba de la fiscal y de los datos de prueba que se pusieron por parte del Defensor. ¿Y bajo la valoración que se ha llevado a cabo de ellos, es tan probable lo uno como probable, lo otro, es decir, o sea, en este estadio procesal, exigir que el juzgador necesariamente determine que en específico hay una verdad absoluta sobre las posturas asumidas, sería algo que va en contra de esta sistemática? En tanto que lo que se ha pretendido es que las cuestiones relevantes, como lo son la demostración en todo caso de una conducta típica, antijurídica y culpable, se deje para un estadio distinto como lo es la etapa de juicio oral, en la que también se deba determinar si se demuestra o no más allá de toda duda razonable, la intervención atribuida a una persona. En este contexto, yo considero que de estos datos de prueba, en particular los de la fiscalía, se hace probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador en la realización de esta conducta. Sí, bajo la circunstancia de que se trata de 2 indicios de manera específica. Los de la fiscalía, que además se encuentran adminiculados, insisto, estos calificados de divisibles únicamente en cuanto a que los testigos de la defensa también ubican al señor Salvador en el momento y lugar en que tuvo verificativo el evento delictivo, siendo esta la parte que este juzgador considera resulta en resulta en preponderante y que se encuentra adminiculada a estos 2 indicios de la fiscalía, consistente en los testimonios del señor Gerardo Zavala Cerda y del señor J. Refugio Espinosa Rodríguez y que permiten, de manera razonable bajo esta valoración, arribar a la conclusión de que es probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador Contreras López, en la comisión de esta conducta delictiva, bien en cuanto a la calificación calificativa de la ventaja, este juzgador considera que en este estadio procesal los datos de prueba que ya han sido materia de valoración, inclusive aquellos que tienen que ver con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no permiten dilucidar con toda precisión y claridad si en el particular se encuentra no actualizado de manera razonable esta extensión típica, consistente en la ventaja. En tanto que no, no puedo tener claridad sobre la existencia de los elementos objetivos y subjetivos de la misma, máxima, si se toma en cuenta que dentro de los datos de prueba que obran dentro de la propia carpeta de investigación, y que fue hecho valer por el abogado Defensor, se pone de relieve la realización de un dictamen en materia de reaccionado de sodio, que resultó positivo en cuanto a las muestras respecto de la víctima, de nombre Sergio Espinosa Contreras lo que si bien en este momento constituyen un indicio aislado en no deja de perderse de vista por parte de este juzgador. Bajo el contexto del hecho y que haga probable la posibilidad también de que la víctima, en todo caso al momento de la realización de esta conducta estuviese armado, y que, por tanto, estuviese en condiciones de defenderse o repeler en igualdad de condiciones, la agresión, de la cual fue objeto. Bajo este contexto, bueno, eso también, este dictamen hace probable que con motivo de la distancia en la que se llevaron a cabo los disparos realizados por parte del activo. Pues esas muestras, precisamente devengan de la realización de la conducta que se atribuye a lo imputado. Es decir, es tan probable una cosa como la otra entonces. Este aspecto me parece que es un tema que tiene necesariamente que ser material de investigación en una investigación complementaria, valga la redundancia. Para los efectos de determinar si en específico se encuentran o actualizado en todo caso. La existencia de esta extensión típica. Entonces, para efectos de la ejecutoria que nos ocupa, el juzgador determina de manera concluyente lo siguiente, primero por las razones contenidas en la parte considerativa de esta determinación constitucional, en particular con base en la valoración de los datos de prueba consistentes en los testimonios de Ma. del Socorro Espinosa, el acta de nacimiento, el informe policial de Osvaldo Carrizales Castro, la necropsia del médico Legista Raúl Rangel Flores y el Acta de descripción del levantamiento de cadáver resultaron indicios suficientes y razonables por la relación lógica y jurídica que existe entre ellos para poder determinar de manera razonable que se establece el hecho que la ley señala como el delito de homicidio previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado. Bien en segundo término, con base en la valoración que se realizó de manera individual y de manera conjunta de los datos de prueba que se desprenden de las entrevistas de los señores de nombre Gerardo Zavala Cerda y J Refugio Espinosa Rodríguez, en conjunción con la parte divisible de lo testificado por las entrevistas recabadas por el órgano defensivo, de las que únicamente se toma la parte que le perjudica, este juzgador considera que resulta en este estadío procesal probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador Contreras López en la comisión de la conducta delictiva que fue materia de imputación. Es decir, el que, bajo el contexto de circunstancias de tiempo, modo y lugar planteadas en la diputación, mediante la realización de una conducta consistente en disparar armas de fuego en conjunción con otra persona distinta, ocasionó lesiones en la integridad de la víctima que de manera posterior le ocasionaron su muerte. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Así, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable: 1. Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado; 2. Resolvió la situación jurídica de la parte quejosa conforme a los lineamientos establecidos dentro de la ejecutoria dictada en el presente asunto; toda vez que el juez responsable determinó de manera fundada y motivada lo relativo a la probabilidad de que el imputado cometió el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado. Se tiene por cumplida. Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir la nueva resolución, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo establecido en la sentencia de amparo. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Consulta del expediente De la consulta del expediente, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento En la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Salvador Contreras López, contra el acto reclamado al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado consistente en el auto de vinculación a proceso de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para el efecto de que: ? el juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada y dicte otra, en la que, ? de manera fundada y motivada, valore correctamente la razonabilidad de los datos de prueba ofertados tanto de la fiscalía como de la defensa; hecho lo anterior, establezca cual es el hecho con características de delito que se acreditó; y en su caso, con las mismas exigencias determine si se comprobó la probable participación del imputado ahora quejoso en su comisión." Marco jurídico Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1 . También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2 . Acciones de cumplimiento Mediante oficio 3819/2023, recibido el nueve de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, informó que se dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso del dieciocho de octubre de dos mil veintidós y asimismo, remitió disco compacto de la audiencia celebrada en ocho de junio del año en curso. 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. En efecto, de la referida comunicación se advierte: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA "... ? el juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada y dicte otra en la que: ? de manera fundada y motivada, valore correctamente la razonabilidad de los datos de prueba ofertados tanto de la fiscalía como de la defensa; hecho lo anterior, establezca cuál es el hecho con características de delito que se acreditó; y en su caso, con las mismas exigencias determine si se comprobó la probable participación del imputado ahora quejoso a) Mediante oficio 3819/2023 informó que: ".se deja insubsistente auto de vinculación a proceso pronunciado el 18 de octubre de 2022 y que constituye el acto reclamado."; con lo que se corrobora que se deja insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en contra del quejoso. b) Una vez fijada fecha y hora para la continuación de la audiencia, según la reproducción del disco que la contiene, se desprende que al momento de resolver, el juez responsable señaló: ".para los efectos de la concesión del amparo, voy a resolver. En base a los siguientes aspectos, primero. El hecho por el que se solicita la vinculación a proceso y específicamente la clasificación jurídica, insisto, es el delito de homicidio calificado. Voy a analizar en primer término el tipo penal básico que es el delito de homicidio previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado. Este delito establece que lo comete quien priva de la vida a otra persona. Los aspectos o elementos que se desprenden de este tipo penal son la preexistencia de una vida humana y la supresión de esa vida. Bien en cuanto a la pre existencia, la fiscalía estableció la existencia de la entrevista de la señora Ma del Socorro Espinosa Contreras., que data del día 12/02/2018. Ella justifica su calidad de madre, en este caso de la víctima, de nombre Sergio Espinosa Contreras, en ese contexto, este aspecto respecto a la declaración que se encuentra plasmada en ese registro de investigación de manera objetiva, no fue materia de controversia. El análisis que hace este juzgador bajo las reglas de la lógica y este es el razonamiento para darle una eficacia demostrativa a este en su comisión". dato de prueba. Yo no advierto lo material imposible. Máxime que este dato de prueba se encuentra adminiculado a la propia acta de nacimiento, marcada con el número 244 del registro civil de la delegación de Bocas, de la que se desprende la certificación de ese hecho, es decir, el nacimiento de la víctima, que data del 28/04/2082, de 1982, perdón. Bien, entonces, por un lado, tenemos que quien señala sobre este aspecto de que el señor Sergio Espinosa Contreras, ¿fue viable, es decir, vivió? Pues lo hace precisamente quien fue su progenitora. Yo considero que eso hace suficientemente razonable la afirmación que se hace por ella y que de manera objetiva no ha sido controvertida y que en análisis de las reglas de la lógica no encuentra actualizado lo material imposible, menos si se toma en cuenta que lo que ella señaló fue materia de una certificación. Insisto en cuanto al nacimiento viable, en este caso de la víctima de nombre Sergio Espinosa Contreras, de lo que se destaca el señalamiento de la última data, en la que inclusive lo vio con vida. Yo considero que estos 2 datos de prueba son indicios razonables que permiten establecer en primer término este elemento o aspecto del tipo penal del artículo 126 del Código Penal. El siguiente aspecto, la supresión de la vida. La fiscalía estableció datos de prueba que no fueron tampoco materia de controversia. En ese contexto, la controversia, insisto como eje rector para que el juzgador pueda valorar esta información. Me genera primero certidumbre sobre la existencia de esta información que se desprende de estos registros de investigación. Además, debo precisar que en el particular estos datos de prueba se hacen consistir, primero hay un informe policial; del policía de nombre Osvaldo Carrizales Castro, el día 11/02/2018 a las 10:45 el recibe una llamada, de la policía municipal en la que se le señala que en la Comunidad del Cascarón, perteneciente a boca San Luis Potosí. una persona sin vida en un campo de fútbol. Él llegó a las 0:00 con 15 minutos y no me equivoco del día 12/02/2018, según se desprende de su informe policial, y efectivamente, pudo verificar la existencia en ese lugar del cuerpo de una persona sin vida, y a las 0:00 con 35 lleva a cabo su acto de levantamiento del cadáver y se identifica precisamente como Sergio Espinosa Contreras. Bien, en relación a este informe policial, además hay una necropsia. Este protocolo de Necropsia es emitido por el doctor Raúl Rangel flores, que da inicio a las 2:30 horas del día 12 de febrero, también del 2018. Este médico lleva a cabo la verificación de la integridad de este cadáver, que fue materia de su acto de investigación, pudo verificar la existencia de lesiones; en las que, en su opinión experta, son de las que tienen características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Señala la ubicación de estas en una en región occipital, orificio de entrada, otra de 1 cm en la región, a malar derecha con orificio de salida, 1/3 de bordes irregulares. Perdón irregular de Bordes Evertidos de 1 cm. Nazo señala, si no me equivoco, derecha, con orificio de salida, lo identifica el médico legista y habla de otra lesión de tipo circular de punto 5 cm de bordes regulares invertidos, cara anterior del cuello y lo identifica como orificio de entrada. Señala otra lesión de tipo circular, bordes regulares e invertidos. 5 cara anterior del cuello como orificio de entrada. En la cavidad craneana, una en una vez que proceda, la apertura encuentra la fractura con minuta de tabla interna, 3 de 3 por 3 cm, y con desgarro de Meninges con proyectil que se encuentra alojado en esta región. Bien el médico en base a este acto de investigación propia del cargo que él desempeña, llega a una conclusión bajo su metodología científica, consistente en que la causa de su muerte de la víctima lo fue un traumatismo craneoencefálico severo, producido por proyectil disparado por arma de fuego. Establece inclusive un Crono diagnóstico, que va entre 3:05 hasta la realización de la necropsia. Es decir, ubica que la pérdida de la vida de la víctima ocurrió aproximadamente entre las 9:30 y 11:30 de la noche del día 11/02/2018. Por otro lado, hay un acta de descripción y levantamiento de cadáver del policía Osvaldo Carrizales Castro el cadáver ubicado en posición Decúbito Ventral del que describe su media filiación y advierte la existencia a simple vista de lo que parecen 2 heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Se lleva a cabo una inspección, además 2 inspecciones por parte de los elementos de la policía, de métodos de investigación, el policía Osvaldo se constituye en el campo de fútbol, establece que al noreste existe una portería tubular al sureste aproximadamente a 30 m una iglesia. La siguiente inspección realizada por José Cervantes Menchaca, con intervención de la perito Ma. de Lourdes Tristán Cordero, pone de relieve la localización y entiendo la recopilación y embalaje de 5 indicios balísticos consistentes en cartuchos percutidos con la letra. Bien en el caso específico del siguiente elemento que lo es propiamente, la conducta es suprimir la vida de una persona. Yo considero que los datos de prueba, insisto, no controvertidos. Y que, en análisis de lo material imposible, no advierto yo que no puedan ser en el sentido en el que fueron expuestos por la fiscal, me refiero al informe policial del policía de nombre Osvaldo Carrizales Castro, en cuanto a haberse constituido en el lugar. Para verificar la existencia de ese cadáver en el campo de fútbol de la Comunidad ya mencionada, se trata de un acto que se lleva a cabo por un elemento policiaco. La policía de métodos de investigación tiene la obligación, en cumplimiento a la facultad que le concede este cargo y además, en cumplimiento al mandato del agente fiscal, quien se constituye como el director de la investigación. De llevar a cabo esta clase de actos de investigación. Un acto de investigación que en su contenido, ni formal ni materialmente fue materia de contradicción por parte del órgano defensivo de manera objetiva. No advierto, yo tampoco, ilicitud en cuanto a su elaboración por parte del elemento policiaco. Yo considero que este dato de prueba se encuentra adminiculado a la necropsia del médico Legista, el doctor Raúl Rangel Flores, en el caso de este dictamen. Se trata de uno realizado por un experto en la materia. Es un médico legista. Este aspecto tampoco ha sido materia de controversia durante el debate de esta audiencia. En este contexto, parte de la lógica que el doctor Raúl Rangel llevó a cabo este protocolo de necropsia, en cumplimiento a la metodología científica que su cargo y la ciencia que él desempeña le impone; lo que tampoco insisto ha sido materia de controversia a lo largo del debate generado con motivo de la solicitud de vinculación a proceso. En este contexto, yo estimo que entonces se trata de un dato de prueba que se encuentra apoyado en una metodología científica. Finalmente, la última intervención lo constituye el Acta de descripción y levantamiento de cadáver, también realizada por Osvaldo Carrizales Castro. Un acto de investigación que, en términos similares a lo que ya se ha señalado por este juzgador, se lleva a cabo por una persona que está ejerciendo el cumplimiento de una obligación. Él como policía tiene la obligación de acuerdo a la instrucción que le da la gente del ministerio público de llevar a cabo actos de investigación, claro, actos de investigación que sean lícitos en el caso específico, yo no advierto ni formal ni materialmente ninguna circunstancia por la que pudiera considerar que este último acto de investigación se hubiese obtenido con violación franca a derechos fundamentales, y que pudieran restarle validez a su contenido. Bien, entonces, bajo esta mecánica se establece que primero no han sido materia de controversia estos datos de prueba. Y que el análisis que se realiza por parte del juzgador de manera razonable es, según lo establece el artículo 261 del Código Nacional sobre la base de la idoneidad y pertinencia para estar en este caso, estableciendo de manera razonable la existencia de un hecho con apariencia delictiva. Yo considero que los datos de prueba que se desprenden de estos actos de investigación son idóneos y pertinentes para los efectos de establecer la supresión de la vida, es decir, la inspección del cadáver, la necropsia que se realiza de ese cadáver, el acta de levantamiento de cadáver son actos de investigación que son idóneos y pertinentes. Me parece que tienen toda la idoneidad y pertinencia para tal efecto. Entonces, bajo esta circunstancia, estima este juzgador, que, valorados de manera libre y lógica conforme lo establece el artículo 265 en relación al 261, dado que lo que se evalúa en este estadio procesal es la idoneidad y pertinencia de ellos, estima este juzgado, resultan ser suficientes indicios razonables para establecer el aspecto consistente a la supresión de la vida, constituyendo esto la conducta que se atribuye a una persona. Ahora bien, de este mismo certificado de Necropsia se pone de relieve que las lesiones ocasionadas son de las características de aquellas que se producen por proyectil disparado por arma de fuego, es relevante si se toma en consideración, los datos de prueba que se desprenden en específico. De las entrevistas que se llevaron a cabo con el señor Gerardo Zavala Cerda y J. Refugio Espinosa Rodríguez, quienes en términos similares y concordantes, establecieron que ellos acudieron ese día 11 de febrero, a este lugar de la Comunidad del Cascarón en donde se llevaría a cabo la celebración, hoy se sabe de una boda, en la que iba a tocar un grupo musical, el señor Gerardo Zavala habla de los contrabandistas, que por motivo de ello decidieron acudir el señor Gerardo Zavala en compañía de la propia víctima, es el lugar al que arribaron a las 22:40. Que ellos estaban cerca del tapanco donde estaba tocando el grupo musical, que, de manera repentina, primero llegó una persona de nombre José Inés Contreras, quien con una arma tipo escuadra dijo el señor Gerardo le disparó a Sergio Espinoza.; él apreció a través de sus sentidos, cuando esta persona cae, la víctima al piso boca arriba, y dice que es cuando llega el acusado, Salvador Contreras y con otra pistola abre fuego en contra de la víctima, que en ese momento toda la gente corrió. El señor J Refugio Espinosa Rodríguez, señala circunstancias relativamente similares en cuanto a esta a la realización de esta conducta. Bien. Yo considero que estos datos de prueba que se desprenden de estas entrevistas, aunados al dictamen de Necropsia, y la propia inspección y levantamiento de cadáver, que se hizo por parte de los elementos de métodos de investigación y que ya fue materia de valoración por parte de este juzgador, permiten establecer que la causa, específicamente de las lesiones ocasionadas a la víctima. ¿Se trata de una causa o un agente externo? Es decir, estas lesiones no fueron producidas por la propia víctima, sino que son atribuibles a una tercera persona. El certificado de Necropsia permite establecer de manera razonable, el nexo causal entre la conducta atribuida a una tercera persona y el resultado lesivo de esa, en la medida que se insiste, según este dictamen, también ya valorado por este juzgador, se pone de relieve que estas lesiones son de las características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Bien. El tema entonces es respecto a si en el particular, los datos que se desprenden de las entrevistas de Gerardo Zavala Santa y J Refugio Espinosa Rodríguez, resultan ser indicios razonables que permitan establecer la probable intervención atribuida al quejoso y aquí imputado, el señor Salvador Contreras López. Ello, bajo la circunstancia de que el órgano defensivo estableció la (ininteligible) y ofreció también 2 datos o 2 entrevistas, que fueron recabadas al señor José Luis Salas Villegas, Villela, perdón y además al señor de nombre José Antonio Duques Briones, ellos también, pero de forma distinta, señalan que fueron a ese lugar a donde tenía verificativo este evento, con motivo de la participación de un grupo musical. Sin embargo, ellos, de manera similar y concordante, establecen que estuvieron cerca del tapanco, donde se presentaba este grupo musical. Sin embargo, ellos señalan que de repente, se escucharon disparos de arma de fuego. Que ellos lo que buscaron fue tratar de protegerse en el vehículo de uno de ellos. Y específicamente el señor José Luis Salas Villela pudo advertir o pudo percibir que sintió que había sido lesionado. Derivado de ello, estos estas personas señalan que es en el momento en que lo suben a la camioneta de Salvador y que después se lo llevan al hospital central el señor José Luis establece que él pudo apreciar que el señor Salvador, no llevaba consigo ninguna arma de fuego. Por su parte, el señor José Antonio Duque estableció, aparte de estos aspectos, que él se pudo dar cuenta que Salvador Contreras no llevaba ninguna arma de fuego. Entonces, en este sentido, la defensa señala: bueno, en cuanto a las entrevistas de Gerardo Zavala Cerda y J. Refugio Espinoza, estas deben desestimarse primero porque en cuanto a la entrevista de J Refugio Espinoza, no, no está presente ninguna firma, señala el Defensor que pues la firma es la manifestación de voluntad de una persona respecto de un acto en particular. En este caso sería la entrevista. Sin embargo, en el controvertido, la gente fiscal puso de relieve que si se encontraba puesto el nombre del señor J Refugio Espinosa, es un hecho notorio y también es una circunstancia muy razonable; que muchas de las veces, sobre todo las personas, que son de un escaso nivel de instrucción, en ocasiones únicamente ponen su nombre, y en realidad, ese nombre tiene los efectos de una firma; porque la firma no tiene que llevar una metodología específica como pudiera ser un determinado sentido, un determinado rayado, una determinada serie de características. La firma es algo muy propio de una persona y una firma puede ser simple y sencillamente poner mi nombre. Otra forma de firmar puede ser simplemente poner una x. Bien, lo señalo esto porque, en opinión del Defensor, no hay firma. Sin embargo, no me parece que este nombre puede ser esa firma, por parte del señor J Refugio Espinosa no necesariamente tiene que ser un documento distinto; entonces yo considero que en el caso específico, este aspecto por sí mismo no impide valorar de manera positiva, el dato de prueba que se desprende de la entrevista del señor J Refugio Espinosa. En cuanto al señor Gerardo Zavala cerda, es claro que no hay copia del Instituto Nacional Electoral, eso así quedó establecido. Sin embargo, él también estableció en Gerardo Zavala hace, perdón en el nombre que se desprende de la INE de Gerardo Zavala Cerda, si no me equivoco. Sin embargo, al revés, él pone Gerardo Zavala Cerda en su acta de entrevista, pero en el INE solo está Gerardo Zavala C. O sea, la circunstancia de que en la entrevista pusiera el apellido Cerda me parece que tampoco es una circunstancia que pueda disminuir la calidad demostrativa de la información o el dato de prueba que se desprende de su entrevista, al menos no en este estadío procesal, porque tampoco no hay ningún medio o dato de prueba que ponga de relieve que ese documento sea falso o información que ponga de relieve que se trata de 2 personas distintas en este estadio procesal no hay información que permita arribar a esa conclusión. De manera razonable, entonces, bajo esta circunstancia, yo considero que en el caso que nos ocupan se dijo de J Refugio Espinosa Rodríguez que en el INE es donde estaba en forma completa, si no me equivoco establecido el nombre, es decir, J Refugio Espinoza en Rodríguez y en la entrevista como J Refugio Espinoza, RD. Si no me equivoco es correcto fiscal. En la entrevista está como J Refugio Espinosa Rodríguez y en el INE, como J Espinoza Rrd bien entonces ese era el tema de controversia por parte del órgano defensivo. Yo considero que estas circunstancias no son suficientes para desestimar, insisto, el valor que puedan tener como indicios, a nivel de indicios, los datos de prueba que se desprenden de estas entrevistas. Ahora, en el peor de los supuestos, concediendo sin conceder, considera este juzgador que estas son cuestiones que pueden ser materia de saneamiento. En ese sentido, yo no advierto que estas 2 circunstancias en el peor de los casos, puedan verse, constituir una violación en la obtención de estos datos de prueba y, por tanto, decretar su falta de valor o ineficacia jurídica para los efectos de la pretensión punitiva. Bien en ese contexto entonces y después que se ha abordado por parte de este juzgador las razones por las cuales estimo que no carecen de eficacia demostrativa, estos 2 medios de prueba, y hago su confrontación con los datos de prueba que se desprenden de las 2 entrevistas realizadas por parte del órgano defensivo, de ellas, yo considero que estas se pueden calificar como divisibles, y de las que únicamente se puede tomar en consideración la parte que le puede afectar, que lo es que ambos personas lo ubican en el lugar en donde tuvo verificativo al evento delictivo y también la hora en que esto aconteció. Es decir, es claro que el hoy imputado, el señor Salvador, sí estaba presente en ese momento y en ese lugar. Bien. ¿Esto resulta relevante, por qué? Porque bajo la lógica o el sentido común de las personas. El señalamiento que realiza a una persona en relación a que otra persona realizó tal o cual o determinada conducta. ¿No es de manera generalizada, una conducta que se realice por las personas? Insisto, bajo el sentido común, si no es porque realmente estas personas están señalando lo que pudieron percibir a través de sus sentidos. Sin embargo, pues es claro que en el caso que nos ocupa, en contra de estas afirmaciones se encuentran las que se realizan por parte de los testigos o las entrevistas recabadas por el órgano defensivo. ¿Entonces? Yo considero que los datos de prueba de la fiscalía en cuanto al establecimiento de la intervención que se le atribuye al señor Salvador, ¿Son indicios razonables? Y los datos que se desprenden de las entrevistas recabadas por el órgano defensivo también son indicios. Yo no advierto que exista en el caso que nos ocupa, una mayor preponderancia demostrativa, porque en ambos casos se trata de testigos que fueron presenciales del evento delictivo. Se trata de personas que apreciaron, a través de sus sentidos lo que te testificaron en el caso de los testigos de cargo ante el órgano de la fiscalía y los testigos de la defensa ante el propio órgano defensivo. No se advierte tampoco ninguna circunstancia por la que objetivamente el juzgador pudiera llevar a la conclusión de que alguno de los testigos, tanto de cargo como de descargo. ¿Objetivamente no pudiera apreciar lo que fue narrado por ellos por alguna circunstancia específica, como pudiera ser que alguno de estos testigos, careciera del sentido de la vista, careciera del sentido de el escuchar. No hay dato que ponga de relieve que algunos de estos testigos esté falto de alguna capacidad sensorial. Subjetivamente, tampoco se ha puesto de relieve la existencia de un interés secundario, una ganancia secundaria en específico con los testigos de la fiscalía que ponga de relieve. Que es ese el verdadero interés que tienen los testigos de cargo para hacer un señalamiento como el que han realizado dentro de la presente investigación, es decir, ni objetiva ni subjetivamente, encuentro yo circunstancias específicas que me pudieran llevar a concluir, que se trata de testimonios mezquinos de testimonios que tienen un interés o una ganancia secundaria. Y tampoco, insisto, encuentro de manera objetiva que existiera la imposibilidad física por su estado de salud, que les impidiera apreciar de manera natural. Lo que le pusieron ante el fiscal, máxime que su presencia en ese lugar tampoco ha sido materia de controversia en el debate entonces. El Código Nacional establece, quién lo que se requiere para vincular a proceso o emitir una resolución de vinculación a proceso son 2 cosas: el establecimiento de un hecho con apariencia delictiva, lo que ya fue materia de pronunciamiento por este juzgador, es decir, el delito previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado, que lo es el delito de homicidio, en tanto que se establecen los elementos que integran el tipo penal ya analizado por este juzgador, en cumplimiento a la ejecutoria, bajo los razonamientos y valoración libre y lógica a que se ha pegado a este órgano judicial. Ahora bien, en cuanto a la intervención, el código nacional establece que para una vinculación a proceso, el estándar que se requiere es simplemente el de probabilidad. Yo encuentro que aún bajo la confrontación de los datos de prueba de la fiscal y de los datos de prueba que se pusieron por parte del Defensor. ¿Y bajo la valoración que se ha llevado a cabo de ellos, es tan probable lo uno como probable, lo otro, es decir, o sea, en este estadio procesal, exigir que el juzgador necesariamente determine que en específico hay una verdad absoluta sobre las posturas asumidas, sería algo que va en contra de esta sistemática? En tanto que lo que se ha pretendido es que las cuestiones relevantes, como lo son la demostración en todo caso de una conducta típica, antijurídica y culpable, se deje para un estadio distinto como lo es la etapa de juicio oral, en la que también se deba determinar si se demuestra o no más allá de toda duda razonable, la intervención atribuida a una persona. En este contexto, yo considero que de estos datos de prueba, en particular los de la fiscalía, se hace probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador en la realización de esta conducta. Sí, bajo la circunstancia de que se trata de 2 indicios de manera específica. Los de la fiscalía, que además se encuentran adminiculados, insisto, estos calificados de divisibles únicamente en cuanto a que los testigos de la defensa también ubican al señor Salvador en el momento y lugar en que tuvo verificativo el evento delictivo, siendo esta la parte que este juzgador considera resulta en resulta en preponderante y que se encuentra adminiculada a estos 2 indicios de la fiscalía, consistente en los testimonios del señor Gerardo Zavala Cerda y del señor J. Refugio Espinosa Rodríguez y que permiten, de manera razonable bajo esta valoración, arribar a la conclusión de que es probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador Contreras López, en la comisión de esta conducta delictiva, bien en cuanto a la calificación calificativa de la ventaja, este juzgador considera que en este estadio procesal los datos de prueba que ya han sido materia de valoración, inclusive aquellos que tienen que ver con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no permiten dilucidar con toda precisión y claridad si en el particular se encuentra no actualizado de manera razonable esta extensión típica, consistente en la ventaja. En tanto que no, no puedo tener claridad sobre la existencia de los elementos objetivos y subjetivos de la misma, máxima, si se toma en cuenta que dentro de los datos de prueba que obran dentro de la propia carpeta de investigación, y que fue hecho valer por el abogado Defensor, se pone de relieve la realización de un dictamen en materia de reaccionado de sodio, que resultó positivo en cuanto a las muestras respecto de la víctima, de nombre Sergio Espinosa Contreras lo que si bien en este momento constituyen un indicio aislado en no deja de perderse de vista por parte de este juzgador. Bajo el contexto del hecho y que haga probable la posibilidad también de que la víctima, en todo caso al momento de la realización de esta conducta estuviese armado, y que, por tanto, estuviese en condiciones de defenderse o repeler en igualdad de condiciones, la agresión, de la cual fue objeto. Bajo este contexto, bueno, eso también, este dictamen hace probable que con motivo de la distancia en la que se llevaron a cabo los disparos realizados por parte del activo. Pues esas muestras, precisamente devengan de la realización de la conducta que se atribuye a lo imputado. Es decir, es tan probable una cosa como la otra entonces. Este aspecto me parece que es un tema que tiene necesariamente que ser material de investigación en una investigación complementaria, valga la redundancia. Para los efectos de determinar si en específico se encuentran o actualizado en todo caso. La existencia de esta extensión típica. Entonces, para efectos de la ejecutoria que nos ocupa, el juzgador determina de manera concluyente lo siguiente, primero por las razones contenidas en la parte considerativa de esta determinación constitucional, en particular con base en la valoración de los datos de prueba consistentes en los testimonios de Ma. del Socorro Espinosa, el acta de nacimiento, el informe policial de Osvaldo Carrizales Castro, la necropsia del médico Legista Raúl Rangel Flores y el Acta de descripción del levantamiento de cadáver resultaron indicios suficientes y razonables por la relación lógica y jurídica que existe entre ellos para poder determinar de manera razonable que se establece el hecho que la ley señala como el delito de homicidio previsto por el artículo 126 del Código Penal vigente en el Estado. Bien en segundo término, con base en la valoración que se realizó de manera individual y de manera conjunta de los datos de prueba que se desprenden de las entrevistas de los señores de nombre Gerardo Zavala Cerda y J Refugio Espinosa Rodríguez, en conjunción con la parte divisible de lo testificado por las entrevistas recabadas por el órgano defensivo, de las que únicamente se toma la parte que le perjudica, este juzgador considera que resulta en este estadío procesal probable la intervención que se le atribuye al señor Salvador Contreras López en la comisión de la conducta delictiva que fue materia de imputación. Es decir, el que, bajo el contexto de circunstancias de tiempo, modo y lugar planteadas en la diputación, mediante la realización de una conducta consistente en disparar armas de fuego en conjunción con otra persona distinta, ocasionó lesiones en la integridad de la víctima que de manera posterior le ocasionaron su muerte. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Así, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable: 1. Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado; 2. Resolvió la situación jurídica de la parte quejosa conforme a los lineamientos establecidos dentro de la ejecutoria dictada en el presente asunto; toda vez que el juez responsable determinó de manera fundada y motivada lo relativo a la probabilidad de que el imputado cometió el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado. Se tiene por cumplida. Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir la nueva resolución, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo establecido en la sentencia de amparo. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada

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