Salvador Contreras Cervera

Expediente 491/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Salvador Contreras Cervera
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 26 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar el presente expediente y destruir el original y duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que: Por un lado se negó el amparo, y por el otro se concedió la protección de la Justicia Federal. Se negó la suspensión definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Se requiere a las partes. Para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezcan ante este juzgado Federal a recoger los documentos que anexaron al presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíqueseles que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Devolución de constancias. Finalmente, toda vez que es innecesario permanecer con los dos tomos de pruebas que remitió la juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar."

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA PARTE TERCERA INTERESADA MARICRUZ RODRÍGUEZ ARANJO, POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD CUYOS NOMBRES LLEVAN POR INICIALES J.S.C.R., M.A.C.R. Y A.N.C.R, EL AUTO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. V I S T O el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable, juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1) Dejar insubsistente la decisión relacionada con la medida provisional de alimentos, adoptada en la audiencia preliminar de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio familiar F-1650/2020. 2) Emitir una nueva determinación en la que, de manera, suficientemente fundada y motivada, resuelva con plenitud de jurisdicción sobre la medida provisional de alimentos decretada de oficio, atendiendo a las consideraciones que quedaron expuestas en la presente sentencia de amparo." Posteriormente, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Luego, mediante oficio 14341/2021, signado por la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado Federal el veintisiete de agosto pasado, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual acompañó la constancia respectiva, de lo cual se ordenó dar vista a las partes en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; tal acuerdo fue notificado al quejoso, parte tercera interesada, representante especial de los terceros interesados menores de edad y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, el seis, uno y ocho de septiembre, todos de la presente anualidad, según se desprende de las notificaciones que obran en autos. Las partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la decisión adoptada en la audiencia preliminar de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio familiar F-1650/2020, únicamente respecto a la medida de alimentos provisionales que se decretó oficiosamente, dejando intocado el resto de las decisiones asumidas en dicha audiencia y procedió a emitir una nueva resolución en la que subsanó las deficiencias formales de fundamentación y motivación referidas en la sentencia concesoria y atendiendo a las consideraciones expuestas en la misma, acotó que de acuerdo a los artículos 814 y 848 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, al principio de interés superior de la infancia, previsto en los numerales 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como al principio de perspectiva de género, debido al estado de vulnerabilidad de la parte demandada, se encontraba facultada para decretar, de oficio, la medida de alimentos provisionales, procediendo a justificar el derecho y el estado de necesidad que tenían para recibirlos tanto la demandada Maricruz Rodríguez Aranjo, como sus hijos menores de edad de iniciales J.S.C.R., M.A.C.R. y A.N.C.R., de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 357, 356 y 365-A, todos del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como atendiendo a las diversas documentales que obran en autos, relativas a la condición de salud de Maricruz Rodríguez Aranjo; asimismo, a efecto de determinar el monto de las necesidades alimentarias tanto de los menores de edad de iniciales J.S.C.R., M.A.C.R. y A.N.C.R., como de la demandada Maricruz Rodríguez Aranjo, observó la información obtenida por la canasta alimentaria y no alimentara urbana del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que calcula de manera mensual las necesidades de una persona, de acuerdo con el artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles local, así como la línea de bienestar mínimo que se desprende de la información contenida en la página web del referido Consejo Nacional de Evaluación, y la capacidad del obligado alimentista, aquí quejoso, Salvador Contreras Cervera, para establecer como pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad de iniciales J.S.C.R., M.A.C.R. y A.N.C.R., y de la demandada Maricruz Rodríguez Aranjo, el equivalente a un salario mínimo a favor de todos los acreedores alimentarios. Después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a la autoridad responsable y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. V I S T O el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se negó, y por la otra se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable, juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1) Dejar insubsistente la decisión relacionada con la medida provisional de alimentos, adoptada en la audiencia preliminar de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio familiar F-1650/2020. 2) Emitir una nueva determinación en la que, de manera, suficientemente fundada y motivada, resuelva con plenitud de jurisdicción sobre la medida provisional de alimentos decretada de oficio, atendiendo a las consideraciones que quedaron expuestas en la presente sentencia de amparo." Posteriormente, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Luego, mediante oficio 14341/2021, signado por la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado Federal el veintisiete de agosto pasado, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual acompañó la constancia respectiva, de lo cual se ordenó dar vista a las partes en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; tal acuerdo fue notificado al quejoso, parte tercera interesada, representante especial de los terceros interesados menores de edad y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, el seis, uno y ocho de septiembre, todos de la presente anualidad, según se desprende de las notificaciones que obran en autos. Las partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la decisión adoptada en la audiencia preliminar de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio familiar F-1650/2020, únicamente respecto a la medida de alimentos provisionales que se decretó oficiosamente, dejando intocado el resto de las decisiones asumidas en dicha audiencia y procedió a emitir una nueva resolución en la que subsanó las deficiencias formales de fundamentación y motivación referidas en la sentencia concesoria y atendiendo a las consideraciones expuestas en la misma, acotó que de acuerdo a los artículos 814 y 848 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, al principio de interés superior de la infancia, previsto en los numerales 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como al principio de perspectiva de género, debido al estado de vulnerabilidad de la parte demandada, se encontraba facultada para decretar, de oficio, la medida de alimentos provisionales, procediendo a justificar el derecho y el estado de necesidad que tenían para recibirlos tanto la demandada Maricruz Rodríguez Aranjo, como sus hijos menores de edad de iniciales J.S.C.R., M.A.C.R. y A.N.C.R., de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 357, 356 y 365-A, todos del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como atendiendo a las diversas documentales que obran en autos, relativas a la condición de salud de Maricruz Rodríguez Aranjo; asimismo, a efecto de determinar el monto de las necesidades alimentarias tanto de los menores de edad de iniciales J.S.C.R., M.A.C.R. y A.N.C.R., como de la demandada Maricruz Rodríguez Aranjo, observó la información obtenida por la canasta alimentaria y no alimentara urbana del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que calcula de manera mensual las necesidades de una persona, de acuerdo con el artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles local, así como la línea de bienestar mínimo que se desprende de la información contenida en la página web del referido Consejo Nacional de Evaluación, y la capacidad del obligado alimentista, aquí quejoso, Salvador Contreras Cervera, para establecer como pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad de iniciales J.S.C.R., M.A.C.R. y A.N.C.R., y de la demandada Maricruz Rodríguez Aranjo, el equivalente a un salario mínimo a favor de todos los acreedores alimentarios. Después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a la autoridad responsable y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA PARTE TERCERA INTERESADA MARICRUZ RODRÍGUEZ ARANJO, POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD CUYOS NOMBRES LLEVAN POR INICIALES J.S.C.R., M.A.C.R. Y A.N.C.R, EL AUTO DE 31 DE AGOSTO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. I. Se recibe informe de cumplimiento de sentencia. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, de esta ciudad, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente y remite las constancias respectivas. II. Vista a la partes. Con lo anterior, dese vista a las partes, por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer uso de ese derecho, en su oportunidad este juzgado acordará lo que en derecho proceda. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

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