Salvador Chavez Niño
Expediente 894/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Salvador Chavez Niño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el escrito signado por el autorizado del quejoso ****, en atención a su petición, con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídansele a su costa, copias de las constancias que refiere en su ocurso, y por autorizados para recibirlas a la personas que refiere en su ocurso. Se hace de su conocimiento, que la persona que comparezca para dicho efecto, una vez que lo haga, deberá identificarse con credencial oficial vigente con fotografía, y una vez hecho lo anterior, se asentará la razón de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por el Juez Menor Mixto, con residencia en Yuriria, Guanajuato, lo cual hizo mediante escrito registrado bajo el número 10826, el cual será examinado en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En esas condiciones, se tiene que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridad precisados en los considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos ahí descritos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos atribuidos al juez único menor mixto de Yuriria, Guanajuato, y actuario adscrito a dicho órgano, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia (foja 123 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SÉPTIMO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Al resultar fundado el concepto de violación examinado en el considerando anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez único menor mixto en Yuriria, Guanajuato: Deje insubsistente el embargo materializado en el domicilio ubicado en el número 43, de la colonia La Joya, de Yuriria, Guanajuato; así como demás consecuencias que de tal mandato deriven, incluida la adjudicación y escrituración del señalado bien inmueble a la parte actora del juicio de donde derivan los actos reclamados. (foja 123 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que fuera necesario requerir a la autoridad responsable Juez Menor Mixto, con residencia en Yuriria, Guanajuato, para diera cumplimiento a la sentencia ejecutoria, en virtud a lo manifestado en el oficio registrado bajo el número 10541 (f. 131), enviado por la citada autoridad, por el que remitió copia certificada de la boleta de resolución de veintidós de noviembre del presente año, emitida por la encargada del Registro Público de la Propiedad de esa ciudad, en la que realizó la cancelación del registro de gravamen del bien inmueble descrito en autos; y, proveído de veintiuno del mismo mes y año, emitido por la citada autoridad responsable. Proveído el anterior, donde entre otras cosas, se dejó establecido que quedaban sin efectos el embargo de que se habla, y demás consecuencia que del mismo derivaron tales como depositaria, anuncio en venta judicial, remate en segunda almoneda, adjudicación y requerimiento de escrituración al deudor. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa, quien mediante escrito registrado con el número 10826 (f. 145), manifestó su conformidad con el cumplimiento dado por el Juez Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato. Ahora bien, analizadas las constancias de autos este tribunal federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Toda vez que como se ordenó en la sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el juez responsable decretó la cancelación del embargo inscrito sobre el bien inmueble propiedad del aquí quejoso, así, como demás consecuencia que de dicho acto derivaran en el juicio M26/2018 del índice del juzgado responsable, que fueron los efectos de la concesión de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 196 , de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce tambiénla obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Por lo anterior, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento en relación a las manifestaciones que vertió el quejoso respecto del cumplimiento de sentencia de que se habla, pues por las razones anotadas previamente, han quedado tácitamente contestadas. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Dado que la parte quejosa adjunto documental en original y copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acudan ante este órgano jurisdiccional a que le sea devuelto el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser depurado. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Menor Mixto, residente en Yuriria, Guanajuato, consistentes en copias certificadas del expediente juicio ejecutivo mercantil M0026/2018 en dos tomos de pruebas, se ordena devolverlas a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por el Juez Menor Mixto, con residencia en Yuriria, Guanajuato, lo cual hizo mediante escrito registrado bajo el número 10826, el cual será examinado en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En esas condiciones, se tiene que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridad precisados en los considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos ahí descritos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos atribuidos al juez único menor mixto de Yuriria, Guanajuato, y actuario adscrito a dicho órgano, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia (foja 123 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SÉPTIMO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Al resultar fundado el concepto de violación examinado en el considerando anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez único menor mixto en Yuriria, Guanajuato: Deje insubsistente el embargo materializado en el domicilio ubicado en el número 43, de la colonia La Joya, de Yuriria, Guanajuato; así como demás consecuencias que de tal mandato deriven, incluida la adjudicación y escrituración del señalado bien inmueble a la parte actora del juicio de donde derivan los actos reclamados. (foja 123 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que fuera necesario requerir a la autoridad responsable Juez Menor Mixto, con residencia en Yuriria, Guanajuato, para diera cumplimiento a la sentencia ejecutoria, en virtud a lo manifestado en el oficio registrado bajo el número 10541 (f. 131), enviado por la citada autoridad, por el que remitió copia certificada de la boleta de resolución de veintidós de noviembre del presente año, emitida por la encargada del Registro Público de la Propiedad de esa ciudad, en la que realizó la cancelación del registro de gravamen del bien inmueble descrito en autos; y, proveído de veintiuno del mismo mes y año, emitido por la citada autoridad responsable. Proveído el anterior, donde entre otras cosas, se dejó establecido que quedaban sin efectos el embargo de que se habla, y demás consecuencia que del mismo derivaron tales como depositaria, anuncio en venta judicial, remate en segunda almoneda, adjudicación y requerimiento de escrituración al deudor. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa, quien mediante escrito registrado con el número 10826 (f. 145), manifestó su conformidad con el cumplimiento dado por el Juez Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato. Ahora bien, analizadas las constancias de autos este tribunal federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Toda vez que como se ordenó en la sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el juez responsable decretó la cancelación del embargo inscrito sobre el bien inmueble propiedad del aquí quejoso, así, como demás consecuencia que de dicho acto derivaran en el juicio M26/2018 del índice del juzgado responsable, que fueron los efectos de la concesión de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 196 , de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce tambiénla obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Por lo anterior, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento en relación a las manifestaciones que vertió el quejoso respecto del cumplimiento de sentencia de que se habla, pues por las razones anotadas previamente, han quedado tácitamente contestadas. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Dado que la parte quejosa adjunto documental en original y copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acudan ante este órgano jurisdiccional a que le sea devuelto el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser depurado. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Menor Mixto, residente en Yuriria, Guanajuato, consistentes en copias certificadas del expediente juicio ejecutivo mercantil M0026/2018 en dos tomos de pruebas, se ordena devolverlas a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Por recibido el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el cual se reserva acordar su contenido, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de tres días que se le concedió en el mencionado auto, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Por otra parte, en cuanto a la segunda de sus solicitudes de que una vez que se emita el acuerdo de cumplimiento se le expidan copias certificadas de todo lo actuado, indíquese al promovente que dicha solicitud deberá formularla una vez que en el caso, este tribunal emita la resolución que en derecho corresponda con relación al cumplimiento de la ejecutoria en autos.
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