Salvador Cano Fuentes

Expediente 1034/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1034/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Salvador Cano Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, con el que devuelve diligenciada la comunicación oficial 427/2023, del índice de este órgano federal, librada a efecto de notificar al quejoso Salvador Cano Fuentes, el auto de diecisiete de agosto del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo, de lo que se toma conocimiento. Por lo anterior, se reserva acordar lo conducente una vez que fenezca el término que tiene dicha parte para recurrir la determinación en comento. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional, dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE), al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Salvador Cano Fuentes, por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 1034/2023-VI, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: -La orden de traslado a diverso centro penitenciario. DESECHAMIENTO Ahora, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/611 , por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Así, es importante destacar que de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, por el quejoso, se desprende que se encuentra recluido con motivo de la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa 226/2022. Hecha tal precisión, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX2 , de la Ley de Amparo. El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que además en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos, mediante la interposición del recurso o medio de defensa, pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Dicha disposición establece el principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis número I.8o.C.15 K, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA.". En efecto, por lo que hace al acto reclamado -orden de traslado-, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé dos supuestos para la realización de un traslado involuntario, uno con previa intervención del Juez de Control o de Ejecución, en audiencia pública (artículo 51); y otro, en el que, ante la necesidad de realizarlo la autoridad administrativa, con la resolución de legalidad de dichos órganos jurisdiccionales (numeral 52 de esa legislación); pero en ambos supuestos, tal determinación es susceptible de ser impugnada a través de los medios ordinarios. En la especie, se destaca que tratándose de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir al juicio de amparo, toda vez que el dispositivo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada, que tiene como efecto confirmar, modificar o revocar la posible orden de traslado impugnada en esta vía. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que señala: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento.". Así como por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), con registro digital 2023736, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, Undécima Época, Materias Penal y Común, que establece: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; así como las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO No obstante lo anterior, ya que el quejoso se encuentra recluido fuera de la jurisdicción de este órgano y dada la trascendencia de la presente determinación, con fundamento en el artículo 27, fracción II y III, de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase atenta comunicación oficial, vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, instruya al actuario de su adscripción, a efecto de que se constituya en el Centro Penitenciario y de Readaptación Social, ubicado en Carretera San Miguel Tlaixpan kilómetro 4.5, San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de México, Código Postal 56247, y notifique de manera personal a la parte quejosa, corriéndole traslado con copia de la presente determinación. En la inteligencia que de conformidad con el precepto 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita al Juzgado exhortado que la remisión de las constancias de notificación se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el cual se remite el exhorto de mérito. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez exhortado para que habilite los días y horas inhábiles, para llevar a cabo la diligencia solicitada y para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias, a fin de llevar a cabo la misma. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el ordinal 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los numerales 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por lo tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, por exhorto a la parte quejosa.

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