Salvador Bustillos Tovar
Expediente 684/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Salvador Bustillos Tovar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se recurrió la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Salvador ***, por propio derecho, en su calidad de miembro del colectivo Frente Nacional (FRENA), contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio número 2017/2022 signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acompaña copia certificada de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 8/2022, interpuesto por ***, apoderado legal de los quejosos ****, contra el pronunciamiento realizado el siete de diciembre de dos mil veintiuno. Hágase saber a las partes que la superioridad resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad" En consecuencia, súmense a los autos el testimonio de referencia, acúsese el recibo correspondiente, anótese la llegada de los autos en el libro de gobierno correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto, a partir de su actuación relativa al envío respectivo, y en cuanto a las copias restantes, se ordena su destrucción. Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento respecto al archivo del presente asunto, toda vez que en acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se acordó lo relativo. Finalmente, con fundamento en los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, y los puntos 4.2 y 4.3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado de Distrito a recoger el documento original que exhibió en la tramitación del presente juicio. Se le apercibe que de hacerlo en el lapso indicado, se remitirá al archivo junto con el expediente para que siga su suerte, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, será destruido. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, en su calidad de miembro del colectivo Frente Nacional (FRENA), contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 684/2022. Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" En esa tesitura, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." La citada fracción dispone que el juicio de amparo es inviable contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso, en los términos del numeral 5, fracción I, de la invocada ley. El interés legítimo, se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. ***." Por su parte, el interés simple, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia 51/2019 (10a.), y la tesis XVIII/2013 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ***." "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. ***." Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia del interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior se sigue que para considerar que el demandante del amparo cuenta con interés legítimo, debe demostrarse que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. En el caso, señaló la parte quejosa como acto destacado atribuido a las autoridades administrativas señaladas como responsables, lo siguiente: Actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México en perjuicio directo de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermaras(os), y del todo personal médicos. Las normas y actos que redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los contratos o convenios celebrados por el Presidente de la República, para realizar donaciones del pueblo de México a gobiernos extranjeros y así como con el gobierno de Cuba, para contratar profesionistas de esa nacionalidad, en calidad de médicos, así como enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera (cubanos), para que trabajen en toda la república mexicana. La asignación de partidas presupuestales para pagar a los profesionistas extranjeros que se contraten para trabajar en nuestro país. La autorización migratoria para médicos cubanos extranjeros y demás personal médico para permitirles ingresar al país, por cualquier vía, aérea, terrestre, marítima, y permitirles realizar trabajos. La autorización para que los médicos cubanos extranjeros suministren medicamentos sin patente. De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa aduce tener interés legítimo para promover este juicio de amparo, en contra de actos ejecutados en contra de la sociedad en general, y en especial del sector salud de todo México; en perjuicio directo de todos los médicos en general y de cualquier tipo de especialidades, enfermeras(os), y de todo personal médico, a quienes refriere se les dejó en estado de indefensión; así como a nombre de todos los mexicanos, en especial, de los niños, por el peligro de ser atendidos por médicos no calificados o ser vacunados con vacunas no reconocidas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, toda vez que es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, pues no se ostenta con alguna profesión relacionada con la salud o que preste sus servicios en el sector público, de manera que los actos que se reclaman (la contratación de médicos extranjeros y sus consecuencias) no incidirían en su esfera jurídica, pues de ninguna forma podrían crear, modificar o extinguir los derechos de la parte que aquí se dice agraviada, en la medida en que la contratación de que se trata no limitaría sus derechos fundamentales. En otras palabras, lo que se pretende evidenciar, es que la contratación de médicos cubanos no coarta ni coartará el derecho de los profesionistas de la salud, a ejercer su profesión, ya sea de manera particular o como miembro del sistema público; además, la eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados, no producirían ningún beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, el quejoso acude a la vía de amparo, a defender el interés que tienen como parte de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano con el país de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que los haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces un interés simple. De manera que, de las propias manifestaciones de los promoventes de amparo, revelan que su interés es simple, pues no precisa cuál es el interés diferenciado con el que cuentan para acudir al amparo, y que los distinga del interés que pudiera tener cualquier ciudadano, ni se advierte tampoco la traducción del beneficio personal para la parte interesada, sino que solo se logra advertir un interés simple con respecto de las posibles consecuencias que genera el citado convenio a la sociedad en relación con la prestación del servicio de salud a la población en general incluida los niños, dado que sólo se logra advertir que promueven en su calidad de habitantes del Estado mexicano como parte de su sociedad, pero sin destacar un agravio diferenciado de los demás. Además, una eventual concesión del amparo y la consecuente anulación de los actos de autoridad reclamados no produciría ningún beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no se advierte una situación particular que genere ese agravio diferenciado. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ***" Por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia; ello, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. Téngase como domicilio ***. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente.
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