Salvador Barbosa Ballesteros

Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
89/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Salvador Barbosa Ballesteros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    De la tabla precedente se obtiene, que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado, tanto la suspensión provisional como la definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.3. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el Secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses, a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la Jueza de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y, en su caso, al tercero interesado con el documento de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, corriéndoles al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibidas que de no desahogar la vista que se les da dentro del término que se les concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra de la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 12011/2022 y 12012/2022, con los que les fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio a las autoridades responsables foráneas denominadas Jueza de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado con sede en Manzanillo y Secretario Actuario adscrito a la Oficina de Servicios Comunes de Manzanillo, Colima, pues las autoridades jurisdiccionales no tienen legitimación para promover recurso de revisión en contra de la sentencia, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Página: 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, toda vez que resultan innecesarios los tomos de pruebas formados con motivo de las constancias que acompañó la autoridad responsable denominada Jueza de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado con sede en Manzanillo, Colima al rendir su informe justificado, devuélvanse las mismas para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables denominadas Jueza de lo Mercantil del Tercer Partido Judicial del Estado con sede en Manzanillo y Secretario Actuario adscrito a la Oficina de Servicios Comunes de Manzanillo, Colima, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibidos que de no hacerlo, se le aplicará a cada autoridad una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), cantidad que se obtiene de multiplicar noventa y seis pesos con veintidós centavos (equivale a una Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 19, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 58/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 11, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Además la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, página 1378, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual ****, solicita la devolución de la copia certificada del testimonio de la escritura pública número ***, protocolizada el nueve de enero de dos mil quince, ante el Notario Público número 1 de Tecomán, Colima. En este sentido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele el documento que solicita y obra agregado en el expediente, previa razón de recibo que otorgue al momento de su entrega y en su lugar se ordena agregar copias certificadas de dicho documento al presente expediente. Asimismo, dígase al promovente que se autoriza la devolución del documento referido, por conducto de ****, previa identificación y razón que por su recibo obre en autos para debida constancia, en la inteligencia de que dicha persona se deberá identificar con documento oficial vigente, debiendo exhibir copia simple del mismo, a satisfacción de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger dicho documento, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Notifíquese por lista.

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