Salvador Baranda Tirado
Expediente 361/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Salvador Baranda Tirado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Primera Sala Especializa en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México; en atención a lo solicitado, remítansele los autos originales de la causa Penal 215/2019 del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto Penal en esta ciudad. Ahora, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en el presente juicio fue recibida la copia certificada del Toca Penal 13/2021, mismas que fueron agregadas al presente asunto, sin que haya lugar a devolverlas al tratarse de copias certificadas que forman parte ya del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, se hace la observación que el cuaderno principal es depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Y ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva, únicamente el original del incidente es susceptible de depuración, por lo cual se conservarán en este caso, todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, por lo que su duplicado es susceptible de destrucción. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso, por el que se dictó sentencia en el presente juicio, asimismo indica que una vez que la sentencia quede firme se le haga de su conocimiento; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 361/2021; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Antecedentes. El veinte de mayo de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo presentada oportunamente por .; tramitado el juicio, el quince de julio siguiente se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. Del análisis integral a los autos, se obtiene que la parte promovente reclama de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: ? La resolución de veintiuno1 de abril de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 13/2021, que confirma la determinación de dos de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 215/2019 del Juzgado Sexagésimo Cuarto Penal 1 El quejoso señaló que la resolución es de veintitrés de abril de esta anualidad, pero se advierte que constituye una imprecisión, que no afecta la fijación correcta de la materia de reclamo. de la Ciudad de México, que no le concede la suspensión condicional de la pena. TERCERO. CUARTO. Certeza del acto. La autoridad judicial responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la emisión de la resolución reclamada y remitió diversas documentales [entre ellas, de esa determinación] relacionadas con el toca penal 13/2021 de su índice y con la causa penal 215/2019 del Juzgado Sexagésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. CUARTO. Causas de improcedencia. No se advierte la actualización de alguna, por no operar en el caso motivo de improcedencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. A efecto de contextualizarlo, debe decirse que, de las constancias de autos, se obtiene -en lo que trasciende- lo siguiente: I. El veintisiete de abril de dos mil siete, el entonces Juez Sexagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, en la causa 60/2007 de su índice, dictó sentencia condenatoria a . por la comisión del delito de robo agravado, imponiéndole la pena de un año, diez meses y veintidós días de prisión y multa de $2,174.51 (dos mil ciento setenta y cuatro pesos con cincuenta y un centavos). Empero, se le concedió el sustitutivo de la pena de prisión por seiscientas cuarenta y ocho jornadas de trabajo, no remuneradas a favor de la comunidad, que equivalen dice a la pena de prisión impuesta; sin que resultara procedente concederle el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, básicamente por no reunir los requisitos previstos en las fracciones II y III del artículo 89 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que no refleja antecedentes penales positivos, aunado a que se consideró necesario sustituir la pena de prisión -en los términos ya señalados- para lograr su readaptación social. II. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil siete, la sentencia causó ejecutoria [no se interpuso el recurso de apelación en su contra], quedando enterado el sentenciado del beneficio concedido; quien mediante comparecencia de esa misma fecha, manifestó le tuviera acogiéndose al sustitutivo de jornadas de trabajo a favor de la comunidad, concedido en lugar de la pena de prisión que le fuera impuesta, Lo que por auto de esa misma fecha, el juez de la causa acordó de conformidad y lo puso al sentenciado a disposición de la autoridad ejecutora, para que bajo su cuidado y vigilancia cumpliera con el sustitutivo; y, para tal efecto, giró el oficio al entonces Director de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal. Posteriormente, mediante proveído de dieciséis de mayo del mismo año, se tuvo al sentenciado exhibiendo el comprobante de pago a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, por la suma de la multa impuesta, con el cual dio cumplimiento a ese extremo de la resolución. III. El quince de junio de dos mil siete, la autoridad ejecutora informó al juez de la causa que el nueve de mayo de ese año, el sentenciado se presentó a realizar su trámite de alta para dar debido cumplimiento respecto al sustitutivo penal; y, posteriormente, previo requerimiento, por oficio trece de mayo de dos mil ocho, le hizo del conocimiento que solo se había presentado en esa fecha. IV. En vista de lo anterior, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de ese mismo año, el juez de la causa ordenó la reaprehensión del sentenciado y ejecutada se le internara en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, a su inmediata disposición; mientras tanto, suspendió la ejecución de la sentencia. V. El nueve de junio de dos mil ocho, el juez de la causa tomó conocimiento de que el sentenciado se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; y, el doce siguiente se le presentó tras rejilla de prácticas, por lo cual giró oficio a la entonces Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, comunicándole que con esa fecha quedaba a su disposición en el interior de ese Reclusorio a efecto de que cumplimentara la pena de prisión que le fue impuesta, así como al Director de esa institución carcelaria para su conocimiento. VI. Mediante oficio número RPVN/SJ/8668/2016, el Subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte informó al juez de la causa que . ingresó a ese centro el once de abril de dos mil ocho, a disposición del Juzgado Cuadragésimo Primero Penal de la Ciudad de México, en relación con la causa penal 97/2008, en la cual se le impuso la pena de doce años y seis meses de prisión, a computarse a partir de esa fecha y hasta el once de octubre de dos mil veinte; y, que a partir del doce de octubre siguiente, quedaría a su disposición para cumplir con la pena de un año, diez meses y veintidós días de prisión impuesta en la causa penal 69/2007 [esta información se obtiene de la relatoría de antecedentes en el acto reclamado]. VII. El seis octubre de dos mil dieciséis, el sentenciado promovió incidente no especificado solicitando "la sustitución de pena considerada de acuerdo al artículo 84 fracción I del Código Penal del Distrito Federal, a efecto de sustituir la pena que me falta por compurgar por una sanción de multa"; en su atención, por resolución de cuatro de noviembre siguiente, el juez resolvió que no es procedente la sustitución de la pena de prisión al no reunir los extremos exigidos por el artículo 86 del Código Penal para el Distrito Federal. Determinación que, mediante resolución de trece de enero de dos mil diecisiete, confirmó la Tercera Sala Penal del entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisando que es improcedente la petición del sentenciado porque lo relativo al delito, la responsabilidad penal que le resultó y la individualización de la pena, en el caso constituye cosa juzgada. VIII. El diecisiete de agosto de dos mil veinte, el sentenciado solicitó al Juez Sexagésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, que conoce de la causa penal 215/2019 [formada con los registros de la 60/2007 del entonces Juzgado Sexagésimo Sexto Penal del Distrito Federal], que se le concediera la suspensión condicional de la ejecución de la pena [aun cuando lo señala genéricamente como suspensión de la pena, su petición la funda en el artículo 89 del Código Penal para el Distrito Federal], al considerar que la que le fue impuesta se adecua a lo dispuesto para su procedencia. IX. El dos de septiembre de dos mil veinte, el Juez Sexagésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, resolvió que no es procedente acordar de conformidad la solicitud de ., consistente en concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Lo anterior, en esencia, ya que en la sentencia que lo condenó, no le fue concedido el beneficio de la suspensión condicional, por lo que al haber causado ejecutoria por no haber sido impugnada, todos y cada uno de los aspectos ahí resueltos no pueden ser reconsiderados, ya que todo lo relativo a la responsabilidad penal que le resultó y la individualización de la pena, constituye cosa juzgada, cuyo efecto procesal es la prohibición de entrar a resolver sobre el fondo de pretensiones que han sido materia de la sentencia, como lo es en el presente caso la sustitución de la pena. Por ende, dice, es inatendible su petición, al ser improcedente una revisión de la individualización de la pena. X. El sentenciado interpuso el recurso de apelación 13/2021 del índice de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que de manera unitaria se resolvió confirmar la resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, que determina no conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena a ., básicamente por las mismas razones vertidas por el juez de la causa. *Hasta aquí los antecedentes que trascienden. En su contra, la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable no funda ni motiva la negativa de otorgarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando que cumple los presupuestos procesales para su procedencia, citando en apoyo a su planteamiento la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis I.2o.P.61 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubros respectivos "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)." y "SUPREMACÍA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO." Tal concepto de violación, incluso suplido en sus deficiencias, resulta por infundado por una parte e ineficaz por otra. Por principio, conviene aclarar que, en el caso concreto, no será necesario acudir al principio pro persona para resolver el presente juicio, pues no se advierte ex officio la necesidad de acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva de diversos ordenamientos legales, ni interpretar el derecho interno conforme a los tratados internacionales o a su jurisprudencia, ya que los preceptos constitucionales cuya aplicación se encuentra inmersa en la materia de la resolución reclamada -cosa juzgada-, así como los preceptos aplicados relativos a legislación de la materia, no encuentran frente a sí una diversa norma que plantee la posibilidad de elegir entre la aplicación de dos igualmente aplicables, pero con distinto alcance [una más favorable a las pretensiones del gobernado que la otra]. Y precisado lo anterior, dado que conforme con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, por mandato expreso de lo previsto en el diverso 1º de esa misma Carta Magna, este juzgador abordará los temas sometidos a esta litis en relación con el fondo de la materia cuestionada, privilegiando su estudio respecto de aspectos de mera formalidad, dado que de esa forma se garantiza un real y efectivo acceso a la justicia, con independencia del sentido que rija la resolución. Veamos. En la construcción de su argumento, el quejoso plantea dos extremos: el primero, relativo a que la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada; y, el segunda, que cumple los presupuestos procesales para la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena que le fue impuesta por el entonces Juez Sexagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, en la causa 60/2007 de su índice. En cuanto al primero, contrario a lo que pretende establecer el quejoso, la resolución de negar acordar de conformidad su solicitud de concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se encuentra debidamente fundada y motivada, puesto que la autoridad judicial revisora, conviniendo con las razones expuestas por la autoridad rectora del proceso, expuso de manera concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de ahí que el planteamiento formulado al respecto por el impetrante es infundado. Lo anterior es así, en virtud de que en la sentencia de veintisiete de abril de dos mil siete, dictada por el entonces Juez Sexagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, en la causa 60/2007 de su índice, en la que se le condenó a pena de prisión de un año, diez meses y veintidós días de prisión, dicho resolutor fue textual en que no resultaba procedente concederle el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, básicamente por no reunir los requisitos previstos en las fracciones II y III del artículo 89 del código penal para el distrito federal, ya que no refleja antecedentes penales positivos, aunado a que se consideró necesario sustituir la pena de prisión -por jornadas de trabajo, no remuneradas a favor de la comunidad- para lograr su readaptación social. Esto es, en dicha sentencia se resolvió sobre la acreditación del delito, la plena responsabilidad penal del sentenciado y sobre la individualización de la pena, resolviéndose sobre la improcedencia del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a partir de la consideración de que no se satisfacían los requisitos señalados para el efecto y porque para alcanzar su reinserción social resultaba más benéfico, útil e idóneo otro diverso -dicho de otra forma, resultó improcedente por una consideración de fondo, que a criterio del suscrito hace inejercitable una posterior acción que busque su revaloración en la misma instancia-. Resolución que causó ejecutoria por auto de ocho de mayo de dos mil siete, tan es así que el justiciado se acogió al sustitutivo de la pena de prisión por jornadas de trabajo en favor de la comunidad e inclusive se presentó se dio de alta ante la autoridad ejecutoria -con independencia de que posteriormente le fuera revocado-. De ahí que, se conviene con la Sala responsable en cuanto la imposibilidad existente para entrar nuevamente al estudio del beneficio solicitado por el justiciado, pues ello equivaldría a volver a analizar una cuestión que ya quedó firme, inobservando el principio de cosa juzgada, que tiene como base la impugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, cuya firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente sobre lo ya resuelto. Ello es así, pues la rigidez o inmutabilidad de la sentencia definitiva descansa en los principios de seguridad y certeza jurídicas, los cuales, por ser absolutos y tener rango constitucional, no deben ceder frente a, incluso, cualquier axioma de interpretación más favorable a la persona, virtud a que esto no implica que los órganos jurisdiccionales, al ejercer su función, dejen de observar los diversos principios y restricciones que prevé la norma fundamental. En consecuencia, si el sentenciado pretende se reconsidere un beneficio que incide y/o trasciende sobre la individualización de la pena, respecto del cual existe una determinación firme que previamente lo declaró improcedente -ésta es lo que para el caso que nos ocupa constituye cosa juzgada-, tal como se resuelve en el acto reclamado, no puede atenderse favorablemente esa petición, ya que extremos de la sentencia que quedaron firmes, no pueden discutirse nuevamente, al ya tener fuerza vinculatoria para cualquier autoridad, de estimar lo contrario se transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general. Apoya lo anterior, por similitud de razón y en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.P. J/25 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, página 1631, de rubro y texto siguiente: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA. Cuando el quejoso pretende la reindividualización de las sanciones que le fueron impuestas en una sentencia ejecutoria, con sustento en que se deje de considerar el dictamen pericial para conocer su personalidad, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].", el juzgador no puede atender la petición relativa, ya que transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes -para los sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como para todas las autoridades-, los cuales no pueden ser superados o inobservados por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona." Circunstancia que no resulta violatoria del artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues si bien obliga a la interpretación más favorable a la persona -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en sus destinatarios. Tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En este contexto, por las razones expuestas en párrafos que anteceden, contrario a las afirmaciones de la parte promovente de amparo, no existe violación a derechos fundamentales en la determinación que resuelve como improcedente atender su petición del aludido beneficio. Y en ese orden, resulta ineficaz el segundo extremo de su reclamo, relativo a que cumple los presupuestos procesales para la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena que le fue impuesta por el entonces Juez Sexagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, en la causa 60/2007 de su índice; lo anterior, pues al existir una prohibición para entrar al fondo de la pretensión planteada, por resultar improcedente la acción intentada, es intrascendente si se actualizan o no aquéllos, pues en nada cambiaría la determinación reclamada. Así que, en razón de lo expuesto, y al no advertirse alguna otra deficiencia que suplir en sus conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto de la resolución que confirma la determinación de dos de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 215/2019 del Juzgado Sexagésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, que no le concede la suspensión condicional de la pena. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a . respecto del acto reclamado y por las razones y en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LAS PARTES.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,802 expedientes
- Salvador Abascal Álvarez1015/2017
- Salvador Abascal Álvarez718/2016
- Salvador Abascal Álvarez667/2016
- Salvador Abascal Álvarez y Otros.1118/2016
- Salvador Aduen Dager Huerta583/2017
- Salvador Bagatella Bermúdez1036/2022
- Salvador Camacho Aguirre431/2023
- Salvador Díaz de León Anaya327/2016
- Salvador Domínguez Landa978/2018
- Salvador Ernesto Alduncin Monroy523/2015
- Salvador Falcón Solís1158/2014
- Salvador González Ortuño1091/2022