Salvador Aviña Soto
Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2022
Partes del expediente
- Salvador Aviña Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual se remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral de origen; atento a ello, agréguense a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del referido acuerdo general, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del siete de junio de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 921/2022... Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76 a 79, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *, contra el acto que reclamó de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el oficio signado por el Director de Juicios Laborales de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en representación de su Titular, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, e informa que dio contestación a los oficios 22003877 y 22003878, que envió el Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, remitiendo constancia respectiva; al respecto, se le tiene informando lo conducente y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. II. Requiérase. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Director General Administrativo de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, para que en el plazo de cinco días siguientes a que sean notificadas de este proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en específico: Ya que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, hizo del conocimiento que se encuentra imposibilitada para otorgar presupuesto extra para cubrir esta sentencia de amparo, por las razones que expone, es por lo que la Secretaría de Transporte, por conducto de la autoridad aquí requerida Director General Administrativo de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, deberá acreditar de manera fehaciente que se están realizando las gestiones pertinentes para modificar el presupuesto otorgado por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de dos mil veintidós, entre las partidas correspondientes, con el fin poder cubrir con la presente ejecutoria de amparo. Caso contrario, y de reiterar la ampliación presupuestal a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, deberá cumplir con los requisitos al pie de la letra como lo marca en sus oficios de contestación SHP/DGPPEDP/PRES/1285/2022 y SHP/DGPPEDP/PRES/1286/2022. En el entendido de que, de continuar retrasando el cumplimiento al fallo protector por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte, se impondrá la multa correspondiente, aun cuando manifieste estar en vías de cumplimiento. Sustentan lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo - pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso.". III. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá al titular de dicha dependencia una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. IV. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad encargada del cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.
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