Salvador Augusto Hernández Sánchez

Expediente 1341/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1341/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Salvador Augusto Hernández Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y archívese el presente asunto como concluido. Valoración del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de agosto de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón de nueve del mes y año en curso en la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal asentó la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa ***, el proveído de ocho del mes y año en curso, en virtud de que el domicilio proporcionado como número ***, en esta ciudad, es insuficiente toda vez que carece de calle para ser ubicado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al justiciable dicho proveído, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado federal.M-6 Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve **** por propio derecho, contra actos de la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1341/2023-6-A. Análisis del escrito inicial de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis correspondiente. Al respecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el 1juzgador, al analizar la demanda de amparo, deberá interpretar el escrito en su integridad en un sentido amplio y no restringido, para determinar con exactitud la intención del promovente y los actos reclamados por éste, se advierte que la parte quejosa comparece a instar el presente juicio de amparo señalando como acto reclamado el siguiente: El auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 264/2023, dictado en el juicio escrito familiar de reducción de pensión alimenticia, que admite como prueba de la demandada, la denominada "declaración de parte" a cargo del quejoso. Precisado lo anterior, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; cuyos preceptos disponen: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que, tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues en estos últimos la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones, en lo conducente, están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, una vez examinado el escrito inicial de demanda, se advierte que Salvador Augusto Hernández Sánchez por propio derecho, promueve la presente instancia para someter a escrutinio constitucional un acto de la Jueza Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, consistente en: El auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 264/2023, dictado en el juicio escrito familiar de reducción de pensión alimenticia, que admite como prueba de la demandada, la denominada "declaración de parte" a cargo del quejoso. Como se adelantó, a juicio de quien esto resuelve, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refieren a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. A fin de evidenciar lo anterior es necesario precisar que, de acuerdo a lo que narró bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, el auto reclamado versa sobre el desahogo de la declaración de parte a cargo del quejoso Salvador Augusto Hernández Sánchez, dentro del expediente 264/2023, del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. Lo antes narrado permite afirmar que la violaciones que con el acto reclamado pudieran llegar a actualizarse solo son de carácter procesal, pues versan sobre la admisión de un medio de prueba que, el quejoso estima resulta contrario a las normas procesales. Sin embargo, la resolución impugnada no puede ser considerado como un acto que tenga efectos de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental, sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Efectivamente, tal determinación, de ningún modo, le impide el ejercicio de un derecho sustantivo, como lo es la vida o la libertad, sino que, los perjuicios que pudiere originar son de naturaleza procesal, al estar relacionados con aspectos relativos al conocimiento y resolución del juicio génesis. En otras palabras, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo del amparista, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Además, no afecta de manera inmediata al promovente dado que sus efectos se verán reflejados en el actuar del juzgador durante el procedimiento y resolución del juicio de origen, y la afectación que, en su caso, le provocara, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De esta forma, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla el numeral ya citado (107, fracción V, de la Ley de Amparo), en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejoso obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estimara inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. Así, la resolución reclamada sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo contra la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para la parte quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción X, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio. Toda vez que el domicilio que señaló la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado ****, téngase como tal el que indica en su escrito de cuenta con fundamento en el numeral 26, fracción I, de la Ley de la Materia. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la ley de amparo se tienen por autorizados en términos amplios a ***, toda vez que se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, de las personas restantes, por no estar registradas las cédulas profesionales en el referido sistema, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, así como para que se imponga de los autos, lo anterior, hasta en tanto acrediten ese registro. Expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Finalmente, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número de teléfono. Por otra parte, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a las partes, para el efecto de que proporcionen un número de teléfono y una cuenta de correo, toda vez que dichos medios alternos de comunicación únicamente se utilizarán para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en los casos en que se considere necesario. M-6

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de agosto de dos mil veintitrés. Se envía recurso de inconformidad. Visto el estado procesal de actuaciones se advierte que se encuentran notificadas las partes del proveído de veintiséis de julio del año en curso, por medio del cual se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de inconformidad; en consecuencia, como esta ordenado, remítase el escrito original de expresión de agravios, copia del mismo y copia certificada del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, para la substanciación del recurso interpuesto.M-I

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