Salvador Arturo Ramírez Rojas y Otros.
Expediente 134/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Salvador Arturo Ramírez Rojas y Otros.
- Salvador Arturo Ramírez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ********************, en representación de su menor hijo de iniciales ******************** se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Dese vista a la parte quejosa para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a recoger las documentales que aportó el juicio en que se actúa, apercibida que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. En la inteligencia que, deberá generar el código QR correspondiente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de comparecer a recoger dicha documental.-
- Principal
agréguese para que obre como corresponda el oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el menor quejoso de iniciales G.S.R.P., completó el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, y para acreditarlo aporta el comprobante de vacunación correspondiente. Ahora, con base en la manifestación vertida por la autoridad responsable y la documental anexa al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el menor de iniciales G.S.R.P., ya le fue suministrada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar al menor de iniciales G.S.R.P., contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en los comprobantes de vacunación exhibidos por la responsable, se aprecia que el treinta de junio y diecinueve de agosto del año en curso, el menor de iniciales G.S.R.P. fue inoculado con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas del dos de septiembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
intégrese al sumario el oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual señala las ocho horas del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, ubicado en Vialidad Interior, Malvas 367, colonia Revolución, de esta ciudad. Por otro lado, requiérase al Director General del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, para que de ser expedido el certificado correspondiente y aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech a la menor quejosa, lo informe de inmediato a este órgano jurisdiccional. Lo anterior no se opone a la circunstancia de que en el presente asunto se haya negado la suspensión de plano al menor de edad quejoso, en virtud de que en la fecha en que se presentó la demanda sólo contaban con once años de edad cumplidos; ello, en razón de que la autoridad oficiante actúa motu proprio en atención a que el diecisiete de agosto pasado arribó al Estado de Guanajuato el biológico para su aplicación en segunda dosis al grupo etario de cinco a once años. En cuanto al apercibimiento y requerimiento que la autoridad oficiante solicita se formulen a la parte quejosa, consistentes en que se le requiera su presencia a dicha cita de inoculación y, de no hacerlo, se le aperciba con el sobreseimiento en el asunto (por consentimiento tácito); no ha lugar a proveer favorablemente, pues dada la cercanía de la fecha señalada no resulta posible notificar dicho requerimiento antes de la cita programada. Finalmente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa las medidas adoptadas para allegar el biológico contra el virus SARS-Cov-2, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que el apoderado de la secretaría de salud en esta propia fecha citó al menor quejoso para la aplicación de la segunda dosis.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital (ISAPEG), mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de agosto pasado, informa que su representada no cuenta con fecha para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna preventiva contra COVID-19 al menor de edad quejoso de iniciales G.S.R.P. Atento a lo anterior, requiérase al Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Guanajuato, Coronel Médico Cirujano Enrique Jiménez Chavarría, Director del Hospital Militar Regional de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe si cuenta con fecha para que el menor citado sea inoculado con la segunda dosis de la vacuna preventiva contra Covid-19. Finalmente, respecto a la causa de improcedencia a que alude, ésta será analizada en el momento procesal oportuno.-
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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