Salvador Arteaga Romero
Expediente 2446/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2446/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Salvador Arteaga Romero
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 88 a 90), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de dos de julio del año en curso (foja 91), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el trece de mayo de la presente anualidad (fojas 44 a 65), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder al quejoso Oswaldo Hernández Ochoa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. El artículo 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el trece de junio de dos mil diecinueve (fojas 78 y 79), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consiste en desincorporar de la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el dos de julio del presente año (fojas 88 a 90), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el dos de julio de dos mil diecinueve, entregó al aquí quejoso, la cantidad de tres mil trescientos setenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos, lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001289, de seis de junio del año en curso y copia de la identificación oficial del accionante de garantías (fojas 59 y 90). Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de enero del año en curso y que el dos de julio de la presente anualidad se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo del año en que se actúa entre el índice para el mes de diciembre del año próximo pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo del año en curso fue de 103.233 y para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.002067. Ahora, dado que al monto de $3,648.00 (tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100, moneda nacional), al cual se le resta la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, nos da como resultado la cantidad de $3,358.00 (tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100, moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $3,364.94 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 94/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $6.94 (seis pesos 94/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $3,364.94 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 94/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $3,374.66 (tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 44/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $9.72 (nueve pesos con setenta y dos centavos 72/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, se envió el exhorto 234/2019-VI al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, a fin de que en auxilio y por comisión de este órgano federal, emplazara a juicio a los terceros interesados Exclusivos de la Bahía, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Servicios Aéreos Corporativos, Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, a la fecha no ha sido devuelta dicha comunicación ni existe constancia de la que se evidencie que éstas se hubieran diligenciado. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, esto es, que la comunicación de mérito sea devuelta, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que por oficio 37784/2019-II, de veintiséis de agosto del año en curso, se ordenó notificar a la autoridad responsable Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puerto Vallarta, Jalisco, la sentencia emitida en autos; sin embargo, al día de hoy, no se cuenta con el acuse de recibo respectivo; lo que resulta necesario para continuar el trámite del expediente en el que se actúa. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, requiérase a la Administración de Correos de esta ciudad, para que dentro de los TRES DÍAS siguientes a la recepción del oficio de notificación, remita el original o copia fiel de la pieza postal 15197, relativa al oficio antes indicado, depositada en esa Oficina Postal, el veintisiete de agosto del año actual, para acreditar lo anterior se le adjunta copia simple de tal documental. Se le apercibe que de ser omisa o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en multa, por la cantidad de cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercero transitorios del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo"), de conformidad con la fracción I, del ordinal 237 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 de dicho cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Salvador Amezcua Lozano1897/2023
- Salvador Arteaga Romero123/2019
- Salvador Arteaga Romero1238/2019
- Salvador Arteaga Romero1232/2019
- Salvador Arteaga Romero2126/2019
- Salvador Arteaga Romero1871/2019
- Salvador Barrera López1969/2019
- Salvador Beltrán Gómez2054/2014
- Salvador Candido Pinedo Alonso162/2018
- Salvador Casillas Castañeda2387/2019
- Salvador Castañeda Guerrero254/2017
- Salvador Castañeda Martínez1709/2023