Salvador Antonio Verde Gracian

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 65 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
65
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Salvador Antonio Verde Gracian
  • Director del Centro de Reinsercion Social Para Sentenciados Numero Trece, Tonala, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 65.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo plasmado en el capítulo 7 Expedientes Depurables, 7.42 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de depuración, aun cuando se sobreseyó el asunto, en el auto inicial se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por lo que se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Por lo que una vez que transcurran tres años, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminando el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE 2 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del Acuerdo General invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. SOBRE DEVUELTO Finalmente, agréguese a los autos el sobre devuelto por el Encargado de la Administración Postal, con sede en esta ciudad, que contiene el oficio 25296, dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales del Distrito Istmo Costa, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, toda vez que asentó que dicha autoridad no existe en el domicilio. Atento a lo anterior, toda vez que lo que se comunica a la autoridad responsable en dicho oficio es la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, reexpídase el mismo a la dirección que aparece en el membrete de su informe justificado, esto es, calle Juan José Calzada, sin número, fraccionamiento Jardines de Tonalá, Chiapas; para todos los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. Predio Rústico denominado "Huerto Santa Isabel", Carretera Cantón Murillo Km 0+450, de esta ciudad. NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO: SALVADOR ANTONIO VERDE GRACIÁN JUICIO DE AMPARO 55/2021, MESA V-B En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que siendo las nueve horas del seis de octubre del año en curso, se notifica al quejoso Salvador Antonio Verde Gracián, por medio de lista el contenido de la resolución dictada en este expediente el cinco de octubre del año en curso, pronunciada en el juicio de amparo número 55/2021, del índice de este juzgado, cuyo punto resolutivo dice: - - - - - - - - - - - . ". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación a Salvador Antonio Verde Gracián, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y lístese. .", para que surta los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), e), k), 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial

  3. Principal

    V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 55/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, del que, por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado, Mercedes de Lourdes López Carrascosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Salvador Antonio Verde Gracián, contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y otras autoridades, que se precisarán en un apartado posterior. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de esa misma fecha, se tuvo por presentado el citado libelo y se reservó proveer sobre su admisión hasta que fuera debidamente ratificado por el directo quejoso; se radicó bajo el consecutivo 55/2021, se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe sobre el cumplimiento de ésta, y se ordenó girar despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Tonalá, Chiapas, para que lograra la comparecencia del directo quejoso y la ratificación la demanda promovida a su favor. Por acuerdo de ocho de febrero siguiente, se tuvo por recibida la citada encomienda, en la cual el directo quejoso Salvador Antonio Verde Gracián ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; por lo que en esa misma pieza, se admitió a trámite dicho libelo, se solicitó a las FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -2- autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, ya que los actos reclamados tendrían verificativo en el ámbito espacial en que este órgano jurisdiccional ejerce válidamente sus funciones. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -3- respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 Del estudio íntegro de la demanda de garantías y demás constancias que obran en este sumario, se colige que Salvador Antonio Verde Gracián reclama: De la Jueza Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; de la Subdirectora de Servicios Periciales del Distrito Istmo Costa, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; del Subdirector de Proceso Penal Acusatorio Distrito Istmo Costa, del Fiscal de Distrito Istmo Costa, del Director y del Alcaide en Turno, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, del Delegado Administrativo adscrito a la Fiscalía Istmo Costa, del Titular de la Mesa de Rezago Sistema Tradicional, de la Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, del Fiscal del Ministerio Público Conciliador, del Fiscal del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa Turno Uno, del Fiscal del Ministerio Público de Atención Inmediata Turno Dos, del Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, y de la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Juzgado del Ramo Civil, todos estos con residencia en Tonalá, Chiapas; y del Subdirector de Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Rezago Distrito Istmo Costa, con residencia en esta ciudad: Los actos de tortura, intimidación, vejación y malos tratos de que dice haber sido objeto el quejoso. 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -4- TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Subdirectora de Servicios Periciales del Distrito Istmo Costa, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Subdirector de Proceso Penal Acusatorio Distrito Istmo Costa, el Fiscal de Distrito Istmo Costa, el Delegado Administrativo adscrito a la Fiscalía Istmo Costa, el Titular de la Mesa de Rezago Sistema Tradicional, la Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, el Fiscal del Ministerio Público Conciliador, el Fiscales del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa Turno Uno, el Fiscal del Ministerio Público de Atención Inmediata Turno Dos, el Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Juzgado del Ramo Civil, y la Encargada de la Secretaría Particular dependiente del Fiscal de Distrito Istmo Costa, presuntamente residente en Tonalá, Chiapas, todos estos con residencia en Tonalá, Chiapas; y el Subdirector de Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Rezago Distrito Istmo Costa, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les imputa, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa aseverada por la responsable, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto que se atribuye a dicho comandante policíaco. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS 3 Registro No. 187728. Publicada en la página 903, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -5- RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Tomando en consideración que en proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno (foja 505), se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable con la denominación: Encargada de la Secretaría Particular dependiente del Fiscal de Distrito Istmo Costa, presuntamente residente en Tonalá, Chiapas, por ende, deben también tenerse por inexistentes los actos de que de ésta se reclaman, y sobreseer en consecuencia. CUARTO. La Jueza Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el Director y el Alcaide en Turno, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, estos últimos con residencia en Tonalá, Chiapas, en su informe justificado, negaron haber ordenado o FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -6- ejecutado actos de tortura o malos tratos en contra del directo quejoso Salvador Antonio Verde Gracián; y puntualizó la primera de ellos, que en ese órgano jurisdiccional se radicó la causa penal 154/2007, instruida contra éste, en orden a la comisión del delito de homicidio calificado, en la cual, el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de derecho relativa y, asimismo, apuntó la responsable, que dicho procesado se encontraba bajo reclusión domiciliaria en el inmueble ubicado en avenida Juárez número 112, colonia centro, en Tonalá, Chiapas, con motivo del beneficio concedido en el incidente no especificado promovido por el mismo, cuyo cuidado y custodia quedó a cargo del personal adscrito al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, ubicado en esa localidad. Aquí es importante destacar que cuando, como en el caso particular, se reclaman actos de tortura o malos tratos contra el promovente de la demanda, y las autoridades responsables involucradas en el caso al rendir su informe justificado niegan su existencia, resulta improcedente decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional por su inexistencia, porque no corresponde al quejoso demostrar esos hechos ante la autoridad judicial para que ésta ordene la investigación correspondiente y, en caso que no se hubiera realizado, dar la vista respectiva al representante social de su adscripción; por lo que, a fin de determinar la existencia o no de los actos reclamados, resulta importante precisar lo siguiente. QUINTO. Por "tortura" se debe entender todo acto por medio del cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, con la finalidad de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -7- discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. La definición anterior encuentra una explicación completa y concisa en la tesis aislada 1a. LV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1425 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, constitucional-penal, con número de registro 2008504, que establece: TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Dicho criterio especifica que se está frente a un caso de tortura cuando: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) Éstas sean infligidas intencionalmente; y c) Tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De la interpretación que sobre este tópico han realizado los órganos jurisdiccionales terminales pertenecientes al Poder Judicial Federal, se llegó a la conclusión de que existen dos vertientes en la comisión de los actos de tortura; una es la de violación a los derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, que obliga a los órganos jurisdiccionales al uso de una herramienta indispensable para la constatación de la existencia o no de tales actos, que es la reversión de la carga probatoria, mientras que su FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -8- constatación está sujeta a una técnica de comprobación, a la que se la ha denominado estándar atenuado; y otra es la vertiente de tortura como un delito. La primera, implica que, contrario a como sucede con casi todos los actos reclamados, cuando se trata de tortura, es la autoridad responsable la que está obligada a probar que no incurrió en la violación denunciada por el quejoso, es decir, que la potestad a la que se señala como responsable al respecto, tiene la ineludible obligación de acreditar que no torturó al quejoso, pues como autoridad, tiene a su alcance una amplia gama de posibilidades de probar que no fue quien infligió la tortura. Ello tiene su razón en que, de no ser así, haría prácticamente imposible que una persona pudiera acreditar como acto reclamado la violación a sus derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, pues se le impondría la carga de probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tales sucesos, lo que de suyo no solo implicaría revictimizarlo al obligarle a saber quién lo hizo y probar como se lo hicieron; sino además, resultaría sumamente impráctico para lograr los propósitos del juicio de amparo, al colocarle como requisito indispensable la acreditación de los actos de que fue objeto, para con ello, proceder al estudio de constitucionalidad, lo que resultaría inconcebible jurídicamente, porque la tortura es un acto inconstitucional e inconvencional en sí mismo. Por tal motivo, es la autoridad la que debe probar -si es que existen indicios razonables de tortura- el origen de los mismos o bien, si la autoridad no pudo haber participado en su comisión, orden o aprobación. Además, que dicha vertiente produce un impacto en determinado proceso penal, cuando la tortura se pudo haber empleado para obtener datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura; por lo FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -9- que resulta evidente que existe una clara relación entre la violación a derechos humanos con el debido proceso. Por su parte, el estándar atenuado implica como actividad, que la comprobación de la violación a los derechos humanos multicitados, no debe condicionarse a requisitos ominosos o a mecanismos de comprobación rigurosos, sino que basta la concurrencia de dos elementos para arribar a la conclusión de existencia de actos de tortura, a saber, la existencia de evidencia razonable en tal sentido, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria. Cabe destacar en este punto, que el estándar atenuado del que se habla, es propio únicamente del juicio de amparo, pues no se debe olvidar que la tortura también constituye un tipo penal. Ahora, tratándose de la vertiente delictuosa, los estándares de comprobación son indiscutiblemente diferentes a los de la vertiente de violación de derechos humanos, no sólo porque la imputación al respecto debe cumplir con una serie de elementos normativos y subjetivos, sino porque, además, el sólo señalamiento e incluso la existencia de la evidencia, no dan lugar a afirmar categóricamente que el imputado por tal delito sea responsable del mismo, sino que es preciso que el Ministerio Público acredite fehacientemente que tal o cual persona lo cometió, por lo que mientras no haya una condena firme al respecto, ninguna persona puede ser tratada como responsable de tal ilícito, de conformidad con el principio de presunción de inocencia Una vez precisado lo anterior, tenemos que del contenido de la demanda de amparo génesis de este asunto y del diverso ocurso suscrito por el directo quejoso Salvador Antonio Verde Gracián, agregado en proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno (fojas 80 a 83), se colige que los malos tratos que denuncia el impetrante son independientes al proceso penal instaurado en su contra, en primer lugar, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -10- dada la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, quienes no son garantes del proceso judicial, y en segundo, porque el impetrante no argumentó que con motivo de los actos de tortura de que dice fue objeto se hayan obtenido pruebas o confesiones que el Ministerio Público haya aportado en el sumario de origen para obtener resolución favorable a sus conclusiones de culpabilidad en contra del imputado, aquí quejoso, al grado que no señaló cuáles pudieron haber sido esos datos de prueba, ni hizo valer su nulidad; motivo por el cual, el presente análisis se realizará atendiendo a la perspectiva de la posible tortura en su vertiente de delito en contra de una persona. Ahora bien, la promovente del amparo, en su escrito inicial, argumentó que el cinco de febrero de dos mil veintiuno, el directo quejoso Salvador Antonio Verde Gracián era sujeto de arraigo en su domicilio arriba apuntado, dentro del cual estaba siendo torturado e intimidado con el objeto de que confesara un crimen que no cometió, previo a la audiencia relativa al juicio penal radicado bajo el consecutivo 154/2007 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la cual tendría verificativo el ocho de febrero del año próximo pasado. Prosiguió la impetrante, que el cinco de febrero de dos mi veintiuno, la citada autoridad judicial notificó al aquí quejoso Salvador Antonio Verde Gracián, que el ocho de febrero siguiente tendría verificativo la audiencia de mérito, por lo cual desde esa primera fecha los custodios identificados como Armando Ovando, "Catalino Montiel", Andrés "N", "oficial Chirris" y Julio Ovando, alias el Cachetón, presuntamente pertenecientes al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, se FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -11- introdujeron en su domicilio y mantuvieron al quejoso incomunicado, intimidado e inmovilizado. Y para justificar su aserto, la promovente del amparo ofreció como prueba, en la parte que nos interesa: 1). El oficio de relevo suscrito por el Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, ubicado en Tonalá, Chiapas, a través del cual informa a los agentes de seguridad y custodia Luis María Santos Salinas y Luis Ángel Cueto Cigarroa, que en virtud de haberse declarado procedente el incidente de modificación de pena de prisión por confinamiento, interpuesto por el directo quejoso Salvador Antonio Verde Gracián, ante el Juez de Ejecución competente, se les comisionaba para cuidar y resguardar al sentenciado hasta que compurgara el resto de su condena, esto es, hasta el quince de febrero de dos mil veintisiete. 2). Copia simple del auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dentro de la causa penal 154/2007 de su índice, en el cual ordenó girar oficio al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, ubicado en Tonalá, Chiapas, para que a las once horas con cuarenta minutos del ocho de febrero de la citada anualidad, trasladara a ese órgano jurisdiccional a Salvador Antonio Verde Gracián, para el desahogo de la audiencia de derecho relativa a la causa penal de mérito. 3). 4 impresiones digitales del exterior e interior de un domicilio, al parecer, del directo quejoso, y de una persona quien se le denomina "uno de los agentes". 4). La testimonial a cargo de Náyade Escobar Ruiz, quien presuntamente tiene un negocio frente al domicilio del FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -12- directo quejoso, y le constan los actos de tortura que se han infligido a aquél. Y asimismo, la promovente solicitó se sometiera al directo quejoso a la prueba de evaluación conocida como Protocolo de Estambul, para determinar si éste fue objeto de actos de tortura por parte de sus custodios. Por su parte, el directo quejoso Salvador Antonio Verde Gracián, en su escrito acordado en proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno (fojas 80 a 83), manifestó que el ocho de febrero del año pasado se presentaron a su domicilio siete personas, quienes se ostentaron como personal adscrito al centro penitenciario de referencia y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, y le informaron que se encontraban ahí para trasladarlo al Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a fin de que estuviera presente en la audiencia de derecho relativa a la causa penal 154/2007 de su índice, pero que por temor a las represalias que dichos custodios pudieran tomar por la interposición del presente juicio de amparo, el quejoso se negó a abrir la puerta de acceso a su domicilio o a acompañarlos al acto procesal de mérito. Y para robustecer su dicho, el quejoso adjuntó tres imágenes digitales de personas presuntamente custodios, que merodeaban afuera de su domicilio de los hechos consignados y puntualizó que a esa fecha no habían cesado los actos de intimidación y malos tratos en su persona. Por otra parte, la Jueza Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, al rendir su informe justificado, negó haber ordenado o ejecutado actos de tortura o malos tratos en contra del directo quejoso Salvador Antonio Verde FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -13- Gracián; y puntualizó, que en ese órgano jurisdiccional se radicó la causa penal 154/2007, instruida contra éste, en orden a la comisión del delito de homicidio calificado, en la cual, el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de derecho relativa, y que dicho procesado se encontraba bajo reclusión domiciliaria en el inmueble ubicado en avenida Juárez número 112, colonia centro, en Tonalá, Chiapas, con motivo del beneficio concedido en el incidente no especificado promovido por el ahora quejoso, cuyo cuidado y custodia está a cargo de personal adscrito al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, ubicado en esa localidad. Por su parte, el Director y el Alcaide en Turno, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, estos últimos con residencia en Tonalá, Chiapas, en su informe justificado, negaron los actos que se les atribuyen, y puntualizaron, que de la búsqueda que realizaron en su sistema administrativo, no se encontró registro alguno de los agentes que la parte quejosa denomina como Armando Ovando, "Catalino Montiel", Andrés "N", "oficial Chirris" y/o Julio Ovando, alias el Cachetón. Prosiguieron las autoridades penitenciarias, que el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el Juez de Ejecución de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, declaró procedente el incidente de modificación de pena de prisión por confinamiento, a favor del directo quejoso Salvador Antonio Verde Gracián, por lo que debería permanecer confinado en su domicilio arriba apuntado, hasta la compurgación total de su condena. Asimismo, las autoridades penitenciarias anexaron a su informe copia certificada de la tarjeta informativa suscrita por el encargado del área de sicología del citado centro de confinamiento, en la que informó que en cumplimiento a lo ordenado por el Subsecretario de Ejecución de Sanciones FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -14- Penales y Medidas de Seguridad, quien solicitó se practicara valoración sicológica a Salvador Antonio Verde Gracián, el Galeno se constituyó al domicilio de éste, sin que hubiere logrado su cometido, ya que no le permitió el ingreso al inmueble y se mostró renuente a practicarse valoración alguna, y por ese motivo, el funcionario asignado se retiró del domicilio indicado (foja 429). También obra la diversa tarjeta suscrita por el Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, ubicado en Tonalá, Chiapas, mediante la cual hace del conocimiento de su superior, que el quince de febrero de dos mil veintiuno, se constituyó, en compañía de dos médicos adscritos a ese centro penitenciario, al domicilio del quejoso, con el fin de llevar a cabo la investigación de los actos de tortura que ordenó el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; pero aquél no les permitió el ingreso al interior del inmueble, ni les facilitó la comunicación con él; por lo que no pudieron llavera cabo su cometido (foja 434). Así también obran las tarjetas informativas de dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, suscritas por el Alcaide en Turno del centro penitenciario de referencia, en las cuales asienta, que el personal asignado para la custodia del citado quejoso en su domicilio no puede llevarse a cabo al no permitir éste el acceso de los guardias comisionados, quienes permanecen en el exterior del inmueble, y que aquél se niega a firmar los oficios de control de firmas. Dichos documentos, los cuales tienen valor probatorio pleno por tratarse de constancias expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -15- disposición expresa en su numeral 2, confrontadas con el caudal probatorio aportado por la parte quejosa en el procedimiento en este juicio, resultan aptos para presumir la inexistencia de los actos de tortura o malos tratos que el directo quejoso imputa a los custodios asignados para su vigilancia y resguardo; ya que, por una parte, las impresiones digitales aportadas por la promovente de la demanda y el directo quejoso sólo permiten presumir la existencia de determinados individuos apostados en la calle de alguna localidad, mas no la identidad de estas con las personas que efectivamente tienen a su cargo el resguardo del quejoso en su domicilio, y menos aún, los actos de tortura o malos tratos que se dice fueron infligidos contra aquél. Máxime que las autoridades penitenciarias en su informe justificado manifestaron que que de la búsqueda que realizaron en su sistema administrativo no se encontraron registro de los agentes que la parte quejosa se refiere como Armando Ovando, "Catalino Montiel", Andrés "N", "oficial Chirris" y/o Julio Ovando, alias el Cachetón, a quienes el citado quejoso imputa tales conductas. Es del conocimiento general, que este tipo de conductas son la mayoría de las veces de realización oculta, por lo que la prueba por excelencia sería la confesión de los perpetradores, y a falta de ésta, sería deseable contar con las imágenes registradas por una cámara de videograbación, pero debido a la imposibilidad material que la mayoría de los justiciables tienen para hacerse de estos dispositivos electrónicos, la prueba más accesible sería la testimonial a cargo de alguna persona que haya presenciado tales actos, o al menos, escuchado el bullicio que genera la comisión de tales actos, pues es acorde a la naturaleza humana quejarse o clamar por auxilio cuando alguien se encuentra sometido a un tormento. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -16- Sin embargo, a pesar de que dicha probanza fue ofrecida inicialmente por la promovente del amparo, ésta no llegó a desahogarse ante la omisión de exhibir el pliego al tenor del cual habría de desahogarse dicha probanza, como se advierte del auto de siete de abril de dos mil veintiuno (fojas 524 a 527). De ahí que ante la indiferencia de la oferente de la prueba para proporcionar los elementos tendentes al eficaz desahogo de la confesional en comento, se privó a esta juzgadora de contar con algún elemento que permitiera generar la duda razonable de que los actos de tortura infligidos contra el impetrante de mérito realmente tuvieron verificativo el día y la hora y en el lugar señalados. También habría ayudado a esclarecer tales actos, la valoración médica y sicológica que se hubiera practicado al directo quejoso; sin embargo, como quedó apuntado con anterioridad, de la copia certificada de las tarjetas informativas suscritas por el Director y del encargado del área de sicología del citado centro penitenciario, se desprende que al constituirse al domicilio del directo quejoso con ese propósito, se toparon con la resistencia de éste a someterse a dichas valoraciones y la negativa a permitirles el ingreso a su domicilio; por lo que no pudieron llavera cabo su cometido. De ahí que si el quejoso no estuvo dispuesto a someterse a las valoraciones médicas que hubieran permitido el esclarecimiento de los hechos denunciados, no existe la posibilidad de corroborar su dicho y así este queda en una mera presunción. No obstante lo anterior, se logró obtener una evaluación psicológica del citado quejoso, en la cual la perito en materia de Psicología, María Isabel Rojas Ruiz, concluyó que Salvador Antonio Verde Gracián, al momento de su auscultación - 17 de marzo del año que transcurre -, la cual tuvo verificativo en el domicilio de éste, no presentaba síntomas que evidenciaran una enfermedad mental, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -17- alteraciones del sueño o de carencia de alimentación, además, presentaba un estado metal aparentemente conservado, con presencia de sobre vigilancia y estado de alerta, y con relación a los tests aplicados al sujeto, arrojaron la presencia de niveles de ansiedad y preocupación bajos, niveles de depresión mínimos y diagnóstico de estrés post traumático crónico, así como episodios de reexperimentación del trauma sufrido, evitación y embotamiento afectivo e híper activación de sentidos (fojas 752 y 73). Como se ve, este análisis en poco o nada ayuda a acreditar la existencia de los actos de tortura que aduce el directo quejoso fue objeto por parte de sus custodios, ya que sólo revelan el estado anímico y físico del sujeto al momento de su auscultación, pero no permiten establecer la conexión directa con los golpes que, asegura, haber recibido. Idéntica suerte deben correr las documentales exhibidas por la promovente del amparo en su escrito inicial, ya que éstas sólo son válidas para colegir la existencia de una causa penal instaurada en contra del directo quejoso y de la asignación de los elementos que tendrían a su cargo su cuidado y custodia, mas no los actos de tortura en sí. Ahora, por lo que toca a la prueba de evaluación conocida como Protocolo de Estambul, para determinar si éste fue objeto de actos de tortura por parte de sus custodios, debe decirse que ésta no fue posible desahogarse, ya que, por una parte, la perito designada para tal efecto, Adela Pineda Pérez, concluyó que con base en el dictamen en materia de psicología practicado al quejoso por la diversa experta María Isabel Rojas Ruiz (fojas 752 y 753), dicha información no satisfacía las directrices metodológicas establecidas en el Manual para la Investigación y Documentos Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "Protocolo de Estambul", sino que, de conformidad con dicho Manual, para acreditar la FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -18- tortura deben realizarse tres exámenes, médico, psicológico y fotográfico, los cuales, si bien no tienen que ser suscritos por peritos con certificación en la elaboración del Protocolo de Estambul, lo cierto, es que deben recoger los parámetros mínimos establecidos para su elaboración (fojas 929 a 942). Y por otra parte, no fue posible subsanar las deficiencias enumeradas por la experta, a fin de efectuar la valoración del quejoso, ya que éste se sustrajo a la acción de la Justicia, según lo informado por la Jueza de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en Cintalapa de Figueroa, a través de su misiva acordada en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós (foja 912), quien puntualizó, que ordenó la reaprehensión de Salvador Antonio Verde Gracian, por incumplir con el beneficio de compurgamiento de la pena que le fue otorgado. Por lo que esta juzgadora, en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 943 a 945), se abstuvo de ordenar nuevamente la práctica del citado Protocolo, pues al desconocerse el paradero de éste, insistir en el desahogo de dicha probanza constituiría una actuación contra de la administración de justicia pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución, así como el principio de economía procesal que debe imperar en todo procedimiento jurisdiccional, ya que implicaría llevar a cabo gestiones a fin de que se designen expertos en la materia, se señalen fechas de la agenda de los mismos, acepten y protesten el cargo, entre otras, para que finalmente no puedan desahogarse los exámenes en cuestión, debido a que el quejoso se encuentra evadido de la acción de la Justicia. No obstante, en aquel mismo acuerdo, se dio vista al quejoso para que en el plazo de tres días manifestara si era su voluntad someterse a la evaluación conforme al Protocolo de mérito, a lo cual hizo caso omiso; por lo que en el auto de FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -19- uno de septiembre de la presente anualidad, se le tuvo por desistido de la referida probanza (foja 955). A mayor abundamiento, el directo quejoso hizo caso omiso al llamamiento efectuado por este juzgado, para que precisara el contenido de su escrito agregado en proveído de uno de junio del año en curso (foja 802), respecto a las circunstancias de lugar, tiempo, modo y circunstancias en que, supuestamente, se llevaron a cabo los actos de tortura y malos tratos que imputa a sus custodios, y la identidad de los perpetradores; por lo que, en auto de uno de septiembre del año que transcurre, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en aquella pieza, y se ordenó resolver este asunto con base en lo planteado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (foja 955). En resumen, el caudal probatorio ofrecido y desahogado en autos, no resulta apto ni idóneo para probar en esta instancia los actos de tortura denunciados, sino que para ello, era menester aportar algún medio de convicción que permita establecer las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo dichos actos. Sin que para estimar lo contrario sea de ponderarse el contenido del acta elaborada por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Tonalá, Chiapas, quien al diligenciar la comunicación que este órgano jurisdiccional le remitió a fin de que lograra la comparecencia del quejoso, dio fe tener a la vista a una persona quien dijo responder al nombre de Salvador Antonio Verde Gracian, quien presentaba un hematoma de color morado en su espinilla derecha; escoriaciones en sus muñecas; en el lado derecho de la región de las costillas, presentaba una escoriación con forma de una mano humana; en su pómulo izquierdo, una contusión inflamada, y en la región parietal del cráneo, una inflamación, sin determinar tamaño y forma. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -20- Ello, porque al momento de ratificar la demanda interpuesta a su favor ante la presencia de personal judicial, el quejoso se limitó a enunciar que los hechos narrados por su esposa en su demanda eran verídicos, y que no sabía cuál es el interés de que se declare culpable en la causa penal 154/2007; sin embargo, aun cuando tuvo libertad y oportunidad de hacerlo, no le explicó a la fedataria el origen de las lesiones que presentaba ni el nombre o cargo de las personas que se las infligieron, e incluso, en el procedimiento relativo en el presente juicio no aportó prueba alguna tendente a acreditar su dicho ni permitió que el personal tanto de este juzgado como del diverso en que se encuentra radicada la causa penal instaurada en su contra o del centro penitenciario a cargo de su custodia llevara a cabo las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, sino que hizo caso omiso a los diversos llamamiento efectuados para obtener su colaboración en la investigación de aquellos actos. No escapa a la consideración de esta resolutora, que los órganos jurisdiccionales terminales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, al realizar la interpretación sobre este tópico, han establecido que cuando se reclaman de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo y crear certeza jurídica. De ahí que tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -21- sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Sin embargo, como en el caso particular el quejoso denunciante de los hechos desatendió los llamamiento efectuados por este tribunal y por las autoridades involucradas en el caso, para coadyuvar en las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y la identidad de sus perpetradores, resulta inconcuso que se priva al órgano de control constitucional de la oportunidad de allegarse de elementos que le permitan separar la verdad del error, y así dictar una resolución conforme a derecho, y en esa tesitura, debe prevalecer la negativa de las autoridades sobre el conocimiento y ejecución de los actos atribuidos a éstas. Sobre todo si se tiene en consideración que la tortura en su vertiente de delito en contra de una persona, está sujeta a un procedimiento penal debidamente establecido para su comprobación, como sucede con cualquier otro ilícito y que, por ende, no puede presumirse, sino que debe probarse suficientemente y por las vías legales idóneas, previamente establecidas; por lo que para otorgar credibilidad a la denuncia de tales actos es necesario que ésta se encuentre probada, para sí garantizar la seguridad jurídica de los gobernados, pues estimar lo contrario, nos llevaría al extremo indeseable de que cualquier persona, con el sólo dicho de otra, pudiera ser objeto de actos de molestia y de prosecución judicial, con la consecuente contravención a la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la Tesis: 1a. CXCI/2009, publicada en la página 416 del Tomo XXX, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -22- Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: TORTURA. LA ACTUALIZACIÓN DE ESE DELITO NO PUEDE PRESUMIRSE, SINO QUE DEBE PROBARSE Y SUJETARSE A TODAS LAS REGLAS DE UN DEBIDO PROCESO PENAL. El artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Por otra parte, al ser la tortura un delito, está sujeto a un procedimiento penal debidamente establecido para su comprobación, como sucede con cualquier otro ilícito y que, por ende, no puede presumirse, sino que debe probarse suficientemente y por las vías legales idóneas, previamente establecidas; máxime que el hecho de que para dar credibilidad a la existencia de la tortura sea necesario que se encuentre probada, garantiza seguridad jurídica para todos los gobernados y con ello, sustenta el Estado de derecho. Como corolario de lo anterior, debe apuntarse que este órgano jurisdiccional, ante los indicios de malos tratos que asentó la diligenciaría adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en Tonalá, Chiapas, presentaba el directo quejoso, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público adscrito y al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, quienes a través de sendos oficios que obran a fojas 533 y 555 informaron las gestiones y providencias que habían dictado para el inicio de las investigaciones tendentes a esclarecer los hechos consignados. Por lo anteriormente expuesto, resulta inconcuso que ante la indiferencia, resistencia y renuencia del quejoso a someterse a las evaluaciones físicas y psicológicas necesarias para determinar los actos de tortura que aduce haber sufrido a manos de sus custodios, o de ofrecer algún medio de convicción susceptible de generar la duda razonable de la existencia de tales actos, esta juzgadora se encuentra impedida para esclarecer los hechos y resolver en consecuencia y, en esa tesitura, sus declaraciones FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -23- constituyen meras presunciones, que no resultan suficientes para el inicio de la prosecución en contra de sus posibles perpetradores, aun cuando se desconozca el nombre y cargo de estos, y en consecuencia, los actos reclamados devienen inexistentes, lo cual actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que obliga al sobreseimiento en el presente juicio también respecto de las responsables apuntadas en el considerando cuarto de este fallo. Sin que esta determinación cause agravio alguno al quejoso al no ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, ya que el sobreseimiento en el juicio impide entrar al conocimiento del mismo. Es aplicable al caso, la conclusión alcanzada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Tesis VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Asimismo, esta resolución no implica la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -24- se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -25- LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Así como la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -26- aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Y la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación a Salvador Antonio Verde Gracián, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 JUICIO DE AMPARO 55/2021 -27- resolución, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y lístese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Francisco Javier de los Santos Estrada, secretario del Juzgado con quien actúa, el día de hoy cinco de octubre de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Director de Especialidades Médicas de la Coordinación General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de la República, con residencia en Ciudad de México. En atención a su contenido, esta juzgadora queda enterada del cumplimiento que ha dado el servidor público oficiante a la encomienda delegada por este juzgado mediante el comunicado 21575/2022, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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