Salvador Antonio Tlalpachicatl Montoya
Expediente 936/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- Salvador Antonio Tlalpachicatl Montoya
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Salvador Antonio Tlalpachicatl Montoya, por conducto de quien se ostenta en su carácter de defensor particular Leopoldo Daniel López Flores, contra los actos atribuidos al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de otras autoridades. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: a) Orden de aprehensión de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, librada en autos de la carpeta judicial ********************. b) Auto de vinculación a proceso de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en la referida carpeta judicial. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 936/2023-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, la aludida causal de improcedencia se origina, en la medida de que el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, señala que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones que alude la fracción IV de aquel numeral, referente a que podrá ser en cualquier tiempo, si el acto reclamado implica lo siguiente: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación. Deportación o expulsión. Proscripción o destierro. Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. En ese sentido, los actos reclamados identificados con los incisos a) y b), consistentes en la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso emitidos en la carpeta judicial ********************, no se ubican en alguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. Ello es así, ya que de conformidad con tal precepto, en contra de actos emitidos dentro del procedimiento, como en el caso, el juicio de amparo debe promoverse en el plazo genérico de quince días, ya que establece en forma precisa que en contra de ese tipo de actos, el amparo se deberá promover en tal lapso. Sobre el tema que aborda, merece invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. 3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio por el que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Además, este último precepto establece que el término de quince días, entre otros supuestos, contará al día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación conforme a la ley del acto. Por otro lado, a efecto de realizar tal cómputo, también se debe tomar en consideración, si la autoridad responsable no laboró o suspendió actividades. Sobre este punto conviene destacar que el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que la orden de aprehensión reclamada le fue notificada y ejecutada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; y, que el auto de vinculación a proceso fue emitido en la continuación de la audiencia que se celebró el treinta de enero de dos mil veintitrés, de la que quedó notificado en esa fecha, toda vez que se encontraba presente. Lo anterior, tiene sustento en el ordinal 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la presencia del imputado en las audiencias, como la que se precisa en el párrafo que antecede. Ahora bien, el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación.". (Énfasis añadido) Esto es, del citado precepto se desprende que las notificaciones que sean practicadas en forma personal en las audiencias, surtirán efectos al día siguiente en que se hayan practicado; por tanto, conviene destacar que el quejoso fue notificado de forma personal tanto de la orden de aprehensión, como de la determinación que lo vinculó a proceso, de conformidad con el citado artículo del Código Nacional Penal adjetivo, tales notificaciones surtieron sus efectos al día siguiente, esto es, el veintiséis y el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, respectivamente. Por lo que a partir del día siguiente a esas fechas comentó a correr el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Así, el término de quince días establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió respecto del acto a), del veintisiete de enero al diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; y, por lo que hace al acto b) del uno al veintidós de febrero de la presente anualidad. En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, esto es, el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (presentación electrónica), el término de quince días a que alude el artículo 18 de la ley de la materia, ya había transcurrido en exceso, por ende, el quejoso consintió tácitamente los referidos actos reclamados. Además, cabe destacar que respecto del acto reclamado a), también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el acto en comento consiste en la orden de aprehensión de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, librada en autos de la carpeta judicial ********************; sin embargo, de lo narrado por el propio quejoso bajo protesta de decir verdad, se obtiene que una vez que el mandato de captura fue ejecutado, se llevó a cabo la audiencia inicial, en cuya continuación le fue dictado un auto de vinculación a proceso en la referida carpeta (acto b)). En ese sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para analizar la constitucionalidad del acto que se combate, ya que de estimarse lo contrario se estaría afectando la situación que actualmente guarda la carpeta judicial de origen. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia de rubro y textos siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Teléfono y Correo Por otro lado, téngase por informado el número telefónico y los correos electrónicos que proporciona, únicamente para efectos de comunicación no procesal entre ella y este juzgado federal, en su caso. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ". Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Salvador Antonio Tlalpachicatl Montoya, por conducto de quien se ostenta en su carácter de defensor particular Leopoldo Daniel López Flores, contra los actos atribuidos al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de otras autoridades. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: a) Orden de aprehensión de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, librada en autos de la carpeta judicial ********************. b) Auto de vinculación a proceso de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en la referida carpeta judicial. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 936/2023-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, la aludida causal de improcedencia se origina, en la medida de que el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, señala que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones que alude la fracción IV de aquel numeral, referente a que podrá ser en cualquier tiempo, si el acto reclamado implica lo siguiente: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación. Deportación o expulsión. Proscripción o destierro. Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. En ese sentido, los actos reclamados identificados con los incisos a) y b), consistentes en la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso emitidos en la carpeta judicial ********************, no se ubican en alguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. Ello es así, ya que de conformidad con tal precepto, en contra de actos emitidos dentro del procedimiento, como en el caso, el juicio de amparo debe promoverse en el plazo genérico de quince días, ya que establece en forma precisa que en contra de ese tipo de actos, el amparo se deberá promover en tal lapso. Sobre el tema que aborda, merece invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio constitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. 3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, este juzgador primero debe verificar en el expediente si existe algún medio por el que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Además, este último precepto establece que el término de quince días, entre otros supuestos, contará al día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación conforme a la ley del acto. Por otro lado, a efecto de realizar tal cómputo, también se debe tomar en consideración, si la autoridad responsable no laboró o suspendió actividades. Sobre este punto conviene destacar que el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que la orden de aprehensión reclamada le fue notificada y ejecutada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; y, que el auto de vinculación a proceso fue emitido en la continuación de la audiencia que se celebró el treinta de enero de dos mil veintitrés, de la que quedó notificado en esa fecha, toda vez que se encontraba presente. Lo anterior, tiene sustento en el ordinal 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la presencia del imputado en las audiencias, como la que se precisa en el párrafo que antecede. Ahora bien, el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación.". (Énfasis añadido) Esto es, del citado precepto se desprende que las notificaciones que sean practicadas en forma personal en las audiencias, surtirán efectos al día siguiente en que se hayan practicado; por tanto, conviene destacar que el quejoso fue notificado de forma personal tanto de la orden de aprehensión, como de la determinación que lo vinculó a proceso, de conformidad con el citado artículo del Código Nacional Penal adjetivo, tales notificaciones surtieron sus efectos al día siguiente, esto es, el veintiséis y el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, respectivamente. Por lo que a partir del día siguiente a esas fechas comentó a correr el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Así, el término de quince días establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió respecto del acto a), del veintisiete de enero al diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; y, por lo que hace al acto b) del uno al veintidós de febrero de la presente anualidad. En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, esto es, el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (presentación electrónica), el término de quince días a que alude el artículo 18 de la ley de la materia, ya había transcurrido en exceso, por ende, el quejoso consintió tácitamente los referidos actos reclamados. Además, cabe destacar que respecto del acto reclamado a), también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el acto en comento consiste en la orden de aprehensión de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, librada en autos de la carpeta judicial ********************; sin embargo, de lo narrado por el propio quejoso bajo protesta de decir verdad, se obtiene que una vez que el mandato de captura fue ejecutado, se llevó a cabo la audiencia inicial, en cuya continuación le fue dictado un auto de vinculación a proceso en la referida carpeta (acto b)). En ese sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para analizar la constitucionalidad del acto que se combate, ya que de estimarse lo contrario se estaría afectando la situación que actualmente guarda la carpeta judicial de origen. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia de rubro y textos siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Teléfono y Correo Por otro lado, téngase por informado el número telefónico y los correos electrónicos que proporciona, únicamente para efectos de comunicación no procesal entre ella y este juzgado federal, en su caso. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.
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