Salvador Álvarez Martínez
Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Salvador Álvarez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva 9991/2021, con la que fue notificado del auto que declaró firme la sentencia dictada en el presente asunto y le fueron devueltas las constancias en que apoyó su informe justificado. Cúmplase.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento en el juicio; por tanto, dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c), del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el cuaderno principal y se negó la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria su retención, devuélvanse a la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado -consistente en el toca número ********************en un tomo- solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, ante la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, **********, por propio derecho, en la vía directa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de dicha autoridad y del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya, base Apaseo el Grande, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución recaída al RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ********** Dentro del Toca Penal 41/2018-O, en contra de la audiencia y Resolución de fecha 1 de junio del año 2018, en que decide dictar AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO AL INCULPADO **********. Resolución de segunda instancia de fecha 18 de noviembre del año 2020, que me fuera notificada el día 18 de noviembre del mismo año." (foja 5 del cuaderno de amparo). En ese ocurso el quejoso formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La citada demanda de amparo, fue remitida el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, turnado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en atención a la circular SECNO/13/2021 y al Acuerdo General Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. SEGUNDO. Trámite del juicio. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, en razón de que el acto reclamado, por su propia naturaleza, no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que hubiese puesto fin al juicio, sino que en la resolución reclamada se confirmó el auto de no vinculación a proceso, sin que ahí se haya ordenado el sobreseimiento de la causa y tampoco se obstaculizó totalmente la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público; por lo que remitió para tal efecto las constancias al Juzgado de Distrito, en turno, en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre. TERCERO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato. Quien por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 170/2021; además, requirió al promovente para que, bajo protesta de decir verdad, manifestara si es su deseo que el juicio de amparo sea tramitado en los Juzgados de Distrito con residencia en Celaya, por ser los más cercanos al lugar del juicio de origen que es Apaseo el Grande, Guanajuato. Una vez desahogado lo anterior, en el sentido de que sí es su deseo que dicho juicio se trámite en Celaya, Guanajuato, por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y envío los autos al Juzgado de Distrito, en turno, en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya. CUARTO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato. Quien por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 250/2021; además, el aludido juez federal estimó que correspondía a esta potestad jurisdiccional el conocimiento del asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por conocimiento previo, bajo la modalidad de criterio general de relación. QUINTO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 229/2021; además, aceptó conocer de la citada demanda, se avocó a su conocimiento y la admitió; asimismo, reconoció el carácter de terceros interesados a los siguientes: **********, quien fue emplazado el veintidós de diciembre de dos mil veinte (fojas 82 y 83). Agente del Ministerio Público adscrito a la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien fue emplazado al presente asunto el veintitrés de abril de dos mil veintiuno (foja 173). Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región, quien se apersonó al presente asunto el seis de mayo de dos mil veintiuno (foja 176). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. La competencia territorial se surte, pues la resolución reclamada confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en una causa penal en la que el quejoso fungió como víctima. Esa conducta carece de ejecución material y, acorde con la última regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente este tribunal ante quien se tramita la demanda. Aunado a que el quejoso expresamente solicitó que la demanda se tramite en los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 17/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en Apaseo el Grande, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: a) La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos del toca número 41/2018-O, mediante la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal 1P0417-186. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. b) El cumplimiento de la aludida resolución. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 2. Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y base Apaseo el Grande. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato (foja 81) y el juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y base Apaseo el Grande, Guanajuato (foja 86), al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron las responsables, consistentes en: Toca penal número 41/2018-O; Discos versátiles digitales, con archivos en formato .PDF y videograbaciones, encriptados electrónicamente, derivados de la causa penal 1P0417-186 y del toca 41/2018-O. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en los discos versátiles digitales tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este juzgado federal estima que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. A fin de justificar la afirmación anterior, es indispensable conocer el contenido de dicho numeral, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente en dos supuestos: a. Cuando los actos reclamados sean resoluciones dictadas en los juicios de amparo; y, b. Cuando los actos reclamados sean dictados en ejecución de las mismas. Por cuanto hace al primer supuesto, es patente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos en contra de actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, y se parte principalmente de la base, de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley de Amparo prevé en su capítulo XI y no mediante un nuevo y autónomo juicio de amparo. Respecto a la segunda hipótesis tenemos que el amparo es improcedente también, cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; y, sobre este tópico, se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no solo se refiere al caso de una sentencia protectora, también lo serán aquellos supuestos en los cuales, al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir. Por consiguiente, si el acto que se reclama deriva de una decisión definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituyen su consecuencia lógica y jurídico inmediata, en virtud de que tales cuestiones ya fueron motivo de controversia y decisión; lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. XLIX/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Ahora bien, se reitera, el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos del toca número 41/2018-O del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante la cual se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal 1P0417-186. En tal virtud, como se adelantó, respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al estimar que ese acto fue dictado en ejecución de un juicio de amparo. Para evidenciar la actualización de la mencionada causal de improcedencia, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. En audiencia de uno de junio de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público formuló imputación a **********, por el hecho que la ley considera como delito de fraude procesal, cometido en agravio de la Administración y Procuración de Justicia, así como de **********, previsto por el artículo 266, en relación con los diversos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato. 2. En esa misma fecha, dentro de la causa penal número 1P0417-186 del índice del juzgado responsable, se dictó auto de no vinculación a proceso en favor del imputado **********, por el aludido hecho que la ley señala como delito de fraude procesal, previsto por los numerales descritos en el párrafo anterior. 3. En contra de la anterior determinación, el agente del Ministerio Público y la víctima ********** interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en los autos del toca penal 41/2018-O, en el sentido de confirmar el auto de no vinculación a proceso. 4. Inconforme con tal resolución ********** promovió juicio de amparo indirecto, del cual conoció este órgano jurisdiccional, quien lo registró bajo el número 733/2018 y por resolución dictada el cuatro de abril de dos mil diecinueve negó el amparo solicitado. 5. En contra de tal resolución ********** interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quien lo registró bajo el amparo en revisión número 132/2019 y por resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dicho órgano colegiado determinó dejar insubsistente la sentencia sujeta a revisión y ordenó tramitar el juicio de amparo en la vía directa. 6. En cumplimiento a lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito radicó el amparo directo 9/2020 y por resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte, concedió el amparo para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la sentencia de apelación dictada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho (acto reclamado). 2. En su lugar emita otra en la que reitere los aspectos que a lo largo de esta ejecutoria se ha establecido que no son violatorios de los derechos de la pare ofendida. 3. Al dar respuesta al tercer agravio del ahora quejoso, prescinda de establecer que lo ".estima infundado, debido a que si bien es cierto ese precepto legal faculta al juez a otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el ministerio público, también es verdad que los hechos expuestos por la representación social, no acreditan hasta este momento ningún hecho que la ley señale como delito. De suerte tal, que el juez de control estaba impedido para proceder en los términos que prevé ese numeral."; y en su lugar, retome la interpretación que se hizo en esta ejecutoria respecto al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, describa nuevamente el hecho específicamente imputado por la fiscalía y establezca que ante la proscripción de invocar sucesos diferentes o modificar los enunciados por el fiscal en ese acto concreto, la autoridad de jurisdicción penal se encuentra imposibilitada para realizar la reclasificación solicitada incorporando otros hechos que no fueron enunciados por el ministerio público en la formulación de imputación, con independencia de que en la lectura de los datos de prueba realizada en la solicitud de vinculación a proceso se advirtiese su aparente ilicitud." 7. El doce de noviembre de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito requirió a la sala responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 8. En consecuencia de ello, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la sala responsable dejó sin efectos el acto reclamado y emitió una nueva resolución en el sentido de confirmar el auto de no vinculación a proceso. Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. 9. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito determinó que la ejecutoria de amparo fue cumplida sin excesos ni defectos. De lo anterior, se evidencia que la resolución reclamada - dieciocho de noviembre de dos mil veinte - es una consecuencia directa e inmediata de la ejecutoria emitida dentro amparo directo 9/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. Es así, pues en la ejecutoria de referencia se determinó lo siguiente: ".CUARTO. Los conceptos de violación que expone el quejoso son en parte infundados y, el último, analizado desde la perspectiva de la suplencia de la queja, en términos de lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, resulta fundado y suficiente para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que después se indicará. [.] Es decir, la fiscalía imputó al tercero interesado la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude procesal, porque en su opinión "falseó un acto consistente en señalar que no tenía conocimiento de esas ventas"; expresión que no se desprende de la lectura del dato de prueba correspondiente; de ahí que se insiste en lo infundado del primer concepto de violación. [.] Consideración con la que se inconforma el quejoso en su segundo concepto de violación, insistiendo en que dicho documento no fue producto de la voluntad del comisariado ejidal Enrique Tierrablanca Tierrablanca, pues en su entrevista, éste señaló que los documentos ya se los llevaron impresos en computadora unos abogados. Sin embargo, como se anunció, es infundado el segundo concepto de violación porque a pesar de que el documento haya sido entregado a los miembros del comisariado ejidal, ya impreso en computadora, su contenido no encuadra en el supuesto típico imputado. [.] En distinto orden de ideas, supliendo la queja deficiente del quejoso, debe declararse fundado el tercer concepto de violación que expone, pues aunque se concuerda con la decisión de la autoridad responsable, respecto a que el juez de control se encontraba ante un impedimento técnico para reclasificar la conducta imputada por el fiscal, la respuesta al tercer agravio del ofendido no se orientó en tal cuestión formal, sino que tajantemente vedó toda posibilidad de que la fiscalía continuara o perfeccionara su investigación. [.] Consideración que se estima violatoria del derecho de seguridad jurídica de la parte ofendida, pues tal como se sostuvo por la mayoría de este tribunal al resolver el amparo en revisión 132/2019, con esa redacción la autoridad responsable se está adoptando una postura que se traduce en que la conducta que el Ministerio Público le atribuyó al imputado es atípica. Es decir, el modo en que la responsable redactó la solución jurídica al último planteamiento del recurrente, hoy quejoso, implicaría estimar que el hecho expuesto por la representación social, no es señalado en la ley como delito; por lo que esa resolución tendría por efecto inhibir una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del imputado. De ahí que, de convalidarse tal decisión, no podría reanudarse el proceso penal, pues con esa determinación judicial se estaría concluyendo; dado que constituye una resolución que puso fin al juicio, ello en virtud que, se inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho. Ello no obstante que en el acto reclamado no se hubiera decretado textualmente el sobreseimiento de la causa penal, puesto que la consideración que emitió la responsable, previamente trascrita, tiene el mismo efecto; dado que, al afirmar que "los hechos así expuestos por la representación social, no acreditan hasta este momento ningún hecho que la ley señale como delito", se está determinando la atipicidad de la conducta y, por ende, a pesar de no sobreseerse la causa, ya no podría enderezarse una nueva investigación. Sin embargo, resulta claro para este órgano jurisdiccional que la decisión así redactada, como bien alega el quejoso en su tercer concepto de violación, resulta incluso contradictoria con otras porciones de la sentencia reclamada, pues se deja entrever que la autoridad responsable destacó deficiencias en la imputación del ministerio público, que le impedían considerar actualizado el hecho típico atribuido. Aunado a ello, existen diversas manifestaciones tanto de la fiscalía como de la parte ofendida, que aluden a la exposición o manifestación de diversos hechos vertidos por el tercero interesado en su demanda agraria, que, en su opinión, son contrarios a la realidad; de ahí que tal circunstancia, en su caso, debería ser motivo de investigación por parte de la representación social; lo que no podría realizar, se insiste, si subsistiere la decisión de la responsable en el sentido de que "los hechos así expuestos por la representación social, no acreditan hasta este momento ningún hecho que la ley señale como delito.". Ahora bien, no se soslaya que, en efecto, la imputación de la fiscalía fue muy concreta en cuanto al cuadro fáctico expuesto, estableciéndose por parte del fiscal, que el quejoso "adujo en su demanda que no sabía sobre la venta de esos terrenos y además que no le habían realizado la notificación del derecho del tanto al ejido", cuando en realidad, la primera de esas posturas, según se ha visto en esta ejecutoria, no se contiene en el escrito de demanda y la segunda no es contraria a la realidad. Sin embargo, se insiste, existen otras manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, que no fueron materia de imputación concreta por parte del fiscal; de manera que no podría haberlas estudiado la autoridad de jurisdicción penal, pero ello tampoco le permitía descartar por completo la continuación de la investigación, sino que, en su caso, debió limitarse precisamente a establecer que la facultad contenida en el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe circunscribirse a los hechos narrados por el Ministerio Público al formular la imputación y, por ello, se encontraba impedida jurídicamente para invocar sucesos diferentes o modificar los enunciados por el fiscal en dicho acto. En consecuencia, en aras de restituir el goce del derecho a la seguridad jurídica en favor del quejoso, debe considerarse fundado el tercer concepto de violación, a fin de que la autoridad responsable prescinda del razonamiento que limitó la posibilidad que tiene el ministerio público para perfeccionar o continuar su investigación y, en su lugar, se concrete a señalar que no era posible reclasificar los hechos imputados, pues tiene proscrito invocar sucesos diferentes o modificar los enunciados por el fiscal al momento de formular la imputación, con independencia de que en la lectura de los datos de prueba realizada en la solicitud de vinculación a proceso se advirtiese su aparente ilicitud." Por tanto, dicho órgano colegiado concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la sentencia de apelación dictada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho (acto reclamado). 2. En su lugar emita otra en la que reitere los aspectos que a lo largo de esta ejecutoria se ha establecido que no son violatorios de los derechos de la pare ofendida. 3. Al dar respuesta al tercer agravio del ahora quejoso, prescinda de establecer que lo ".estima infundado, debido a que si bien es cierto ese precepto legal faculta al juez a otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el ministerio público, también es verdad que los hechos expuestos por la representación social, no acreditan hasta este momento ningún hecho que la ley señale como delito. De suerte tal, que el juez de control estaba impedido para proceder en los términos que prevé ese numeral."; y en su lugar, retome la interpretación que se hizo en esta ejecutoria respecto al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, describa nuevamente el hecho específicamente imputado por la fiscalía y establezca que ante la proscripción de invocar sucesos diferentes o modificar los enunciados por el fiscal en ese acto concreto, la autoridad de jurisdicción penal se encuentra imposibilitada para realizar la reclasificación solicitada incorporando otros hechos que no fueron enunciados por el ministerio público en la formulación de imputación, con independencia de que en la lectura de los datos de prueba realizada en la solicitud de vinculación a proceso se advirtiese su aparente ilicitud." De lo anterior, se advierte que se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas y precisas acciones, en particular, lo siguiente: Que deje insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Que emita otra en la que reitere los argumentos que no fueron materia de la concesión. Además, en esa nueva resolución deberá prescindir del argumento siguiente ".estima infundado, debido a que si bien es cierto ese precepto legal faculta al juez a otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el ministerio público, también es verdad que los hechos expuestos por la representación social, no acreditan hasta este momento ningún hecho que la ley señale como delito. De suerte tal, que el juez de control estaba impedido para proceder en los términos que prevé ese numeral."; También, debe retomar la interpretación que ahí se hizo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, describa de nueva cuenta el hecho imputado por la Fiscalía y establezca que ".ante la proscripción de invocar sucesos diferentes o modificar los enunciados por el fiscal en ese acto concreto, la autoridad de jurisdicción penal se encuentra imposibilitada para realizar la reclasificación solicitada incorporando otros hechos que no fueron enunciados por el ministerio público en la formulación de imputación." Lo anterior se traduce en que la autoridad responsable al dar cumplimiento a dicha sentencia tiene la obligación de seguir esos lineamientos, pues no le fue otorgada libertad de jurisdicción. Por su parte, en acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable dictó la resolución reclamada, en donde se reiteraron las consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo y, posteriormente, se dio contestación al tercer agravio planteado por **********, para lo cual siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues al efecto determinó lo siguiente: ".Finalmente, la víctima **********, como tercer motivo de disenso, indicó que el Juez de Control omitió reclasificar los hechos que le fueron puestos en conocimiento como lo establece el artículo 316 fracción IV párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concepto de agravio que esta sala estima improcedente, en función de lo siguientes: La facultad judicial de modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación al dictar auto de no vinculación a proceso, se encuentra prevista en el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su parte conducente establece: ".Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: (.) El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa." Tal enunciado normativo debe ser leído a la luz del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, conforme al cual, el auto de vinculación a proceso constituye el acto procesal por virtud del cual el juez de control fija la litis del proceso penal, estableciendo en él de manera clara y precisa el hecho o hechos delictivos por los que seguirá forzosamente el proceso. Respecto a esa atribución del juez de control, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2019, estableció que cuando la ley habla de "hecho delictivo" se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el Código Penal respectivo, mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el hecho fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el hecho como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción física. De manera que sostuvo la Sala, lo que puede modificarse o reclasificarse (según la denominación otorgada por el legislador) es la clasificación del hecho delictivo y no las circunstancias fácticas que lo motivaron. La Primera Sala explicó que ello se debe a una necesidad de coherencia entre la imputación y el auto de vinculación a proceso, que exige la necesaria correspondencia que debe concurrir entre la hipótesis fáctica que formula el actor penal y la decisión a la que arriba el juez al emitir su determinación, lo cual se traduce en una exigencia dirigida al juez que le prohíbe vincular a proceso por hechos distintos -circunstancias fácticas- a los que fueron señalados por el Ministerio público al formular imputación. En ese sentido, abundó la Corte, los hechos materia de la imputación que formula el Ministerio público constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador, de modo que la autoridad judicial por regla general, motu proprio, no puede variar los hechos para modificar la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador, lo que implicaría reunir dos funciones antagónicas en una sola persona, en clara transgresión a la naturaleza del sistema. De ahí que concluyó el Alto Tribunal, la autoridad judicial debe concretarse a estudiar el asunto y determinar si, a partir de los hechos narrados por el Ministerio Público al formular imputación y los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación existe causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase denominada investigación complementaria, esto es, si cuenta con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pero sin revocar sucesos diferentes o modificando los invocados por el fiscal para dictar auto de vinculación a proceso por la calificación delictiva que estima como la correcta. En suma, al Juez de Control no le era posible reclasificar los hechos imputados, ya que tiene proscrito invocar sucesos diferentes o modificar los enunciados por el fiscal al momento de formular imputación, con independencia de que en la lectura de los datos de prueba realizada en la solicitud de vinculación a proceso se advirtiese su aparente ilicitud; de ahí la improcedencia del concepto de agravio. Resultando de esta forma los conceptos de agravios expuestos tanto por el Ministerio Público como por la víctima **********, infundados e inoperantes para revocar la providencia combatida. De manera que la decisión del Juez de Control de no vincular a proceso a ********** debe confirmarse." De lo anterior, se evidencia que la resolución que ahora se reclama es una consecuencia directa de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo 9/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es así, pues al dictar la resolución reclamada, la autoridad responsable, indefectiblemente, se encontraba constreñida a los lineamientos establecidos en la sentencia que otorgó el amparo y protección de la justicia federal emitida por el órgano colegiado en cita, esto es, se hallaba forzada a realizar una interpretación del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a describir de nueva cuenta el hecho imputado por el ente investigador y a partir de ello debía establecer que ante la proscripción de invocar sucesos diferentes o modificar los enunciados por el fiscal en ese acto concreto, la autoridad de jurisdicción penal se encuentra imposibilitada para realizar la reclasificación solicitada incorporando otros hechos que no fueron enunciados por el ministerio público en la formulación de imputación, incluso se precisó que debía arribar a tal determinación con independencia de que de la lectura de los datos de prueba -que se realice al momento de la solicitud de vinculación a proceso-se advierta su aparente ilicitud. De ahí que, se está en presencia de una resolución que inexcusablemente debió emitir la autoridad responsable y para ello tuvo que seguir los lineamientos que estableció el citado órgano colegiado, es decir, en la resolución de amparo se le constriñó a realizar determinadas y precisas acciones, debido a que no se le otorgó libertad jurisdicción; de ahí que, al emitir una nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano colegiado, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. De estimar lo contrario y abordar el estudio de los planteamientos formulados por la parte quejosa, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Por tal motivo, es que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que, se insiste, el acto aquí reclamado se emitió en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Lo anterior no significa el desconocimiento al derecho fundamental a un recurso efectivo reconocido por la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte; ya que, en cualquier caso, no significa que el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales, o en la jurisprudencia, para la interposición de cualquier medio de defensa, pues las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por lo anterior, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo y, por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. De este modo, al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
Agréguese el oficio con firma electrónica de la encargada de sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, base Apaseo el Grande, a través del cual remite las constancias de emplazamiento al presente juicio practicado a Agente del Ministerio Público 1 de la Unidad de Tramitación Común Apaseo el Grande, Guanajuato, en su carácter de tercera interesada; en tales condiciones, téngase por debidamente emplazada a juicio a dicha parte. Misiva registrada con el número 3298. Por otra parte, agréguese la comunicación remitida por la Agente del Ministerio Público 1 de la Unidad de Tramitación Común Apaseo el Grande, Guanajuato, en su carácter de tercera interesada, mediante el cual se apersona al presente juicio. Se tiene como domicilio procesal de la tercera interesada de referencia, el que indica en su misiva.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Sahid Alejandro Casique Bautista925/2016
- Salomón Martínez López256/2023
- Salustro Jaime Estrada Fernández1210/2019
- Salvador Acevedo Durán362/2023
- Salvador Aguiñiga Hidalgo324/2016
- Salvador Alejandro Peña Melo457/2013
- Salvador Álvarez Martínez398/2023
- Salvador Álvarez Martínez654/2016
- Salvador Arredondo Ríos97/2021
- Salvador Arroyo Aguilar35/2023
- Salvador Avila Uribe965/2016
- Salvador Ávila Uribe561/2019