Salvador Alvarez Cruz

Expediente 1/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 44 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1/2021
Año
2021
Actuaciones
44
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Salvador Alvarez Cruz
  • Nayeli Sánchez Montes, Policía Vial, de la Comisaria Vial de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su momento archívese el presente asunto por estar concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  2. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  3. Principal

    Se dicta sentencia. Notifíquese personalmente. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LA VÍA ELECTRÓNICA SE NOTIFICA AL QUEJOSO. "Zapopan, Jalisco; a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1/2021-VIII-B, promovido por **********, contra actos de **********, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el dos de enero de dos mil veintiuno, ********** acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de **********, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Secretaría de Transporte, Depósito Vehicular Número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Congreso y Gobernador, todos del Estado de Jalisco, Representante Legal de la persona moral **********, Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que serán precisados en el considerando respectivo. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Una vez recibida la demanda por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de seis de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la aludida demanda, se formó el expediente y se registró bajo el número 1/2021-VIII-B; de igual forma, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: De **********, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco: a) La cédula de notificación de infracción con número de folio **********, impuesta al vehículo automotor con número de placas **********, como primer acto de aplicación de los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; así como del diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. b) El desposeimiento del aludido vehículo. Del Depósito Vehicular Número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración y del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración: c) El resguardo y la custodia del vehículo automotor con número de placas **********, con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio **********. d) El cobro por concepto de guarda y custodia del mencionado vehículo automotor. Del Representante Legal de la persona moral **********: e) El cobro por concepto de servicio de arrastre y grúa, relativo al vehículo automotor con número de placas **********, con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio **********. Del Congreso del Estado de Jalisco: f) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII. Del Gobernador del Estado de Jalisco: g) La promulgación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII. h) La expedición del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, su artículo 174. Del Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: i) La emisión de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: j) La promulgación de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Titular de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por conducto del Director General Jurídico de dicha dependencia y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Directora de Amparos "B" de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al momento de rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. Por su parte, el quejoso no aportó elemento de convicción suficiente para desvirtuar tales negativas, dado que únicamente acompañó a su demanda de amparo, copia digitalizada de una carta factura, de la cédula de notificación de infracción ********** y de un recibo de inventario con número de folio **********; sin embargo, de dichas documentales no se advierte la participación de las referidas responsables. Consecuentemente, al no haberse demostrado los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. Por otro lado, tampoco son ciertos los actos reclamados al Depósito Vehicular Número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, al Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración y al Representante Legal de la persona moral **********, consistentes en el cobro por concepto de guarda y custodia, y servicio de arrastre y grúa, del vehículo automotor con número de placas **********, con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio **********, pues al margen de que así lo manifestaron las dos primeras autoridades en mención el momento de rendir su informe justificado, aduciendo además que la recepción del pago por dichos conceptos corresponde a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y que la última de las mencionadas hubiese sido omisa en rendir su informe de ley, lo cierto es que no es el caso tener por existentes los actos que se les reclaman a dichas autoridades, ya que resulta evidente que fue el propio peticionario de amparo quien llevó a cabo en su perjuicio la autoliquidación del cobro señalado; de ahí que es claro que a tales autoridades no puede imputárseles acto de ejecución alguno respecto de esa cuestión (cobro por concepto de guarda y custodia, arrastre y grúa), ya que la certeza de éste no es factible deducirla de la conducta asumida por el particular ante la norma, sino de los actos realizados por las autoridades para obtener el acatamiento de las obligaciones consignadas en ésta. De lo que se colige que, si el impetrante del amparo, sin mediar requerimiento o acto de autoridad alguno, actualizó la aplicación de pago alegado, ello deriva en la inexistencia del acto reclamado atribuido a las autoridades antes descritas. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del mencionado acto reclamado al Depósito Vehicular Número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración y al Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración; así como Representante Legal de la persona moral **********. En otro orden de ideas, **********, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Depósito Vehicular Número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Congreso y Gobernador, todos del Estado de Jalisco y el Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al momento de rendir sus informes con justificación, aceptaron la certeza del resto de los actos que se les imputan, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. CUARTO. Causales de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación ni los fundamentos de los actos reclamados, toda vez que en el asunto se actualiza una causa de improcedencia cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente. En efecto, este Juzgado Federal estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5º fracción I, del cuerpo de leyes citado en primer término, en virtud de que la peticionaria de garantías, no acreditó fehacientemente su interés jurídico para combatir en esta instancia constitucional la cédula de notificación de infracción **********, lo que impide estudiar el fondo del asunto. Así es, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:.- I. El juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada. El numeral que contempla la causa de improcedencia en cita dispone: Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimación del quejoso, en los términos en la fracción I del artículo 5º. De la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). A su vez, el artículo 5° de la Ley de Amparo, señala: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De los preceptos legales transcritos, se advierte, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte a quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Lo anterior, permite concluir que el criterio general al que debe atenderse para determinar la oportunidad de la quejosa, para promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, esto es, que el acto que se reclame a las responsables, le causan un agravio personal y directo, es decir, la afectación que irrogue a su esfera jurídica, para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad. En estas condiciones, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para promover un juicio de garantías, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Así, debe tenerse presente que de lo previsto en el artículo 5º de la Ley de Amparo, se desprende que tiene legitimación para acudir al juicio de garantías únicamente la persona a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; la figura jurídica de la legitimación está íntimamente ligada con el interés jurídico que corresponde a quien acude en demanda de la protección federal, mismo que debe ser acreditado por el peticionario del amparo y que consiste en demostrar haber sufrido un perjuicio por el acto de autoridad de que se queja, ya que, de otra suerte, su acción constitucional sería improcedente, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de ahí que el juicio de garantías ha de ser solicitado, precisamente, por la persona que estime que se le han causado molestias por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, ya que el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos, propiedades o posesiones conculcados. Así es, en el asunto, el solicitante del amparo señala que le causa agravio el acto reclamado que hace consistir en la aplicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII; del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, su artículo 174 y de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14, mediante la cédula de notificación de infracción número ********** expedida por la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, **********, impuesta al vehículo en ella descrito. Como quedó precisado, de los transcritos artículos 107, fracción I, de la Ley Fundamental y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte, por quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Esto, acorde a lo dispuesto por el artículo 5° fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. De lo anterior, se advierte que el interés jurídico no depende de la existencia del acto autoritario que se reclame, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga el quejoso en que ese acto no subsista, sino de que el promovente de amparo, acredite que el acto reclamado le afecta en forma directa e inmediata algún derecho legítimamente tutelado. Luego, si bien es cierto el quejoso reclama la cédula de notificación de infracción descrita con antelación, lo cierto es que, no demuestra que dicha infracción le afecte a su esfera jurídica de derechos, pues para acreditarlo, debió demostrar la titularidad del automotor a que hace alusión la referida cédula de notificación de infracción, y, por ende, el interés jurídico para instar esta vía constitucional. Ahora bien, el impetrante aportó como medios probatorios copia digitalizada de una carta factura de ********** , copia digitalizada de la cédula de notificación de infracción reclamada y copia digitalizada de un recibo de inventario **********; sin embargo, dichas probanzas por sí solas, o adminiculadas entre sí, se consideran insuficientes para acreditar su interés jurídico, ya que con ellas no acredita que es poseedor o propietario del vehículo descrito en la cédula de notificación de infracción que impugna, y, por ende, no acredita que el acto que reclama le afecte en su esfera jurídica o sea violatorio de sus garantías individuales, de ahí que no se tiene la certeza de que el acto que por esta vía combate le cause un verdadero perjuicio en su esfera de derechos. Se dice lo anterior, ya que la carta factura de *********** , exhibida en copia digitalizada, resulta insuficiente para acreditar la propiedad del vehículo automotor que en ella se describa, al no haber exhibido el quejoso algún medio de prueba diverso y necesario para acreditar tanto las condiciones o modalidades en que obtuvo esa propiedad (compraventa de contado, a través de un crédito, etcétera), como las circunstancias por las que la factura está en posesión de otra persona o incluso, ha sido extraviada o destruida. Aunado a lo anterior, el quejoso soslayó exhibir también el original o copia certificada de la tarjeta de circulación o algún otro documento que permitiera afirmar que el vehículo descrito en la carta factura se trata del mismo a aquel a que se hace referencia en la cédula de notificación de infracción impugnada. En ese orden de ideas, aunque es verdad que en la multicitada carta factura se describe un vehículo automotor ********** , no menos cierto resulta que ésta no contiene el número de las placas con que cuenta el vehículo en ella amparado; y por otro, la cédula de notificación de infracción reclamada, no contiene algún dato del cual se pueda evidenciar de manera indudable que la misma haya sido impuesta al vehículo descrito en la aludida carta factura. Sin que pase inadvertido que, el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, al momento de rendir el informe justificado en representación de las autoridades responsables Depósito Vehicular Número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, hubiese exhibido copia certificada del recibo oficial ********** , emitido en favor del quejoso; sin embargo, aunque en él consta el pago realizado por diversos conceptos relacionados con el vehículo con placas de circulación ********** ; lo cierto es que en dicho recibo oficial no se describe el vehículo de que se trata, siendo que, por otro lado, el recibo inventario con número de folio **********, se trata de un documento privado al haber sido emitido por una persona moral privada, como lo es **********, y por tanto, carece de valor probatorio, de conformidad con el precepto 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por tanto, dado que con dichos documentos no es factible desprender indudablemente los derechos que el quejoso pretende le sean reconocidos y protegidos en el presente juicio de garantías; por consiguiente, no acredita que los actos reclamados vulneren su esfera jurídica ni que le ocasionen un agravio personal y directo que pueda ser materia de análisis en este juicio de amparo, pues para ello, estaba obligada a demostrar fehacientemente la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, que haya sido desconocido o violado y que le otorgue la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional, a efecto de que le sea reconocido tal derecho y no le sea trasgredido por las autoridades responsables. Consecuentemente, toda vez que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede sobreseer el juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la referida ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados consistentes en la expedición del Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII; del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, su artículo 174 y de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14, al no haberse acreditado su primer acto de aplicación con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio **********. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********** contra actos del **********, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Secretaría de Transporte, Depósito Vehicular Número 2 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Congreso y Gobernador, todos del Estado de Jalisco, Representante Legal de la persona moral **********, Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el telegrama que suscribe el Director Jurídico de la Dirección General de Autotransporte Federal Perteneciente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Atento a su contenido, de conformidad con los artículos 9 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado; como sus delegados a las personas que indica y como domicilio el que señala, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.

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