Salvador Álvarez Aguilar

Expediente 396/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
396/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Salvador Álvarez Aguilar
  • Juez de Control del Sistema Penal de Zamora, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    1. CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por resolución de dos de mayo de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.

  2. Incidental

    VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo Salvador Álvarez Aguilar, por propio derecho, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: -La posible orden de aprehensión girada en su contra, por los delitos de homicidio calificado y otros, así como su ejecución. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó demostrada. Las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Zamora, Michoacán, al Fiscal Regional y al Director de Litigación, ambos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. En esas condiciones, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó elemento de prueba para desvirtuar su negativa, procede negar la suspensión definitiva solicitada respecto de las aludidas autoridades. Sin que pase inadvertido que la responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Zamora, Michoacán, manifestó en su respectivo informe previo, que en la causa penal 230/2020, el dieciocho de marzo de dos mil veinte giró orden de aprehensión contra Salvador Álvarez Aguilar, por del delito de homicidio calificado, en agravio de Reynaldo Santos Pascual, Juan Carlos Marcos Marcos y Alfredo Sierra Garibay, y por el delito de tentativa de homicidio calificado, en agravio de Madai Solorio Aparicio, la cual fue cumplimentada el veintiocho de marzo de este año; posteriormente, el tres de abril del presente año, se dictó auto de no vinculación a proceso por ambos ilícitos, al no haberse justificado el cuadro factico de la representación social, ordenando su inmediata libertad, exclusivamente por lo que respecta a esa causa penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1128, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 777, del tomo VI, materia común, Quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a J Salvador Álvarez Aguilar, por propio derecho, conforme a los términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Juan Francisco Orozco Córdova, quien da fe. UBB OFICIO(S) 10787, 10788, 10789 y 10790

  3. Principal

    1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsable y vinculada al cumplimiento no han cumplido con el fallo protector. 1.2 Requerimiento y apercibimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo Menor Civil de Celaya, Guanajuato y al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con residencia en esta ciudad, en cuanto autoridad vinculada al cumplimiento, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, cumplan con la ejecutoria de amparo, esto es, remitan las constancias que acrediten la cancelación del gravamen que pesa sobre el inmueble ubicado en la calle Casa Mata, número 1270, colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad. Con el apercibimiento que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización; ello, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución de sentencia, establecido en el numeral 198 del referido ordenamiento legal, el cual puede culminar en la separación de su cargo y consignación ante la autoridad competente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: 1. Informe justificado con disco compacto. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, rindiendo su respetivo informe justificado, y por adjuntando el disco óptico materia del juicio de origen, el cual se ordena glosar a los autos y dar vista a las partes para los efectos legales conducentes 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Así, del numeral transcrito se advierte que el juicio de amparo es inoperante cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio y, a su vez, origine un cambio de situación jurídica; en ese sentido, el elemento principal de la improcedencia es el cambio de situación jurídica y conlleva que las violaciones reclamadas sean irreparables, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. En ese orden, dicha causal de improcedencia opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de manera que no se actualiza en aquéllos que no cumplan con esa cualidad, ello es razonable porque precisamente su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas; atendiendo, entre otros principios, al de preclusión. Para que se actualice dicha improcedencia, se requiere lo siguiente: 1. Previo a la petición de amparo, la existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; 2. La emisión del acto de autoridad dentro del procedimiento; 3. Cambio de situación jurídica en el procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas; y, 4. Que exista autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución en el procedimiento, de tal suerte que subsista la nueva situación jurídica, con independencia de que sean fundadas o no las violaciones sustentadas por el quejoso. Cobra relevancia la tesis aislada 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, registro 199808, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Precisado lo anterior, se establece que en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en La posible orden de aprehensión girada en su contra, por los delitos de homicidio calificado y otros, así como su ejecución. Ahora bien, del disco óptico anexo al informe rendido por el Juez de Control responsable, se advierte que en la causa penal 230/2020, el dieciocho de marzo de dos mil veinte giró orden de aprehensión contra Salvador Álvarez Aguilar, por del delito dehomicidio calificado, en agravio de Reynaldo Santos Pascual, Juan Carlos Marcos Marcos y Alfredo Sierra Garibay, y por el delito de tentativa de homicidio calificado, en agravio de Madai Solorio Aparicio, la cual fue cumplimentada el veintiocho de marzo de este año; posteriormente, el tres de abril del presente año, se dictó auto de no vinculación a proceso por ambos ilícitos, al no haberse justificado el cuadro factico de la representación social, ordenando su inmediata libertad, exclusivamente por lo que respecta a esa causa penal. Disco compacto que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que en el particular ha operado un cambio de situación jurídica, dado que las violaciones de las que pudiera adolecer respecto a la orden de aprehensión que refiere, quedaron irreparablemente consumadas, por no poderse afectar el nuevo estatus jurídico de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 10600, tomo XX, septiembre de 2004, materia común, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra del impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumados de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. 1.2. Audiencia sin efectos. Establecido lo anterior, resulta procedente dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del once de mayo de dos mil veintidós.

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