Salvador Alducin Sánchez
Expediente 2057/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2057/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2018
Partes del expediente
- Salvador Alducin Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese, bajo el número que le corresponda, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCION. Agréguense a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Salvador Alucín Sánchez por el que desahoga la prevención formulada por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, al respecto se provee: Vista la demanda de amparo promovida por *********; contra actos de la Juez Quinto de lo Familiar de Puebla, consistente en la celebración de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se desahogaron pruebas y la entrevista realizada por la psicóloga al menor de edad sin la comparecencia del quejoso dentro del expediente 91/2012; al respecto se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Ello es así, pues el acto reclamado no puede ser considerado como un acto con efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que, sólo incide en cuestiones de carácter procesal relacionadas con la celebración de la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se desahogaron pruebas, así como, la entrevista realizada por la psicóloga al menor de edad sin la comparecencia del quejoso dentro del expediente 91/2012 por el Juzgado Quinto de lo Familiar de Puebla, lo cual no tiene ejecución de imposible reparación puesto que no causa al peticionario de amparo un daño jurídico que no sea reparable, ya que dicho auto no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino simplemente es declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata. Se afirma lo anterior, toda vez que, lo reclamado no causa al solicitante de amparo un daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, sino que atiende a aspectos adjetivos ya que tienen como objeto dilucidar cuestiones de carácter meramente procesal. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J 37/2014, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); sostuvo qué actos son considerados como de imposible reparación, bajo los siguientes términos: "(.) Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva (.)" En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para calificar un acto de imposible reparación, éste necesitaba producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, el auto reclamado no puede considerarse como un acto de imposible reparación, dado que la sola determinación judicial mediante la cual el juez de origen celebró la audiencia en la que desahogó pruebas y se llevó a cabo la entrevista realizada por la psicóloga al menor de edad; además que tal acto puede quedar subsanado con posterioridad si la resolución definitiva que llegue a dictarse por la alzada es favorable a sus intereses, y en caso de que sea adversa, podrá plantear, en su oportunidad, tal cuestión como agravio en la vía que corresponda; y para el caso de que subsista la afectación podrá reclamar tal cuestión como violación procesal en amparo directo, de ahí que se actualice la causal de improcedencia de referencia. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, visto su contenido se provee: RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de: 1. Los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; y, 2. Copia del testimonio de la ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca R-******, recepcionada en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de octubre del presente año. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con el tercero de la sentencia recurrida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio en segunda instancia y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II del citado Acuerdo General. Destrúyanse las constancias restantes del cuadernillo de revisión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracciones I y III del citado Acuerdo General. Guárdense por separado el original y duplicado del incidente de suspensión. Destrúyase el original del incidente de suspensión una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta. EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO COMUNICA EL AUTO DE RADICACION DEL RECURSO DE REVISIÓN. Infórmese a las partes que la superioridad registró el citado recurso con el número de amparo en revisión 445/2018 y lo admitió.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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