Salvador Alcalá Díaz
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Salvador Alcalá Díaz
- Salvador Alcalá Díaz y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de cinco de abril de los actuales, que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, cinco de abril de dos mil veintidós. Quejoso cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito presentado por Eustolia Montejano Nava, apoderada de la quejosa *************, carácter que acredita con la copia certificada de la escritura pública trece mil setecientos treinta, pasada ante la fe del notario público número dos de Tecomán, Colima, por el cual cumple con la prevención realizada por auto de diecisiete de marzo pasado. Análisis de la demanda y escrito aclaratorio. Del análisis integral del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La interlocutoria pronunciada el cuatro de febrero del año en curso, en el juicio agrario 627/2018 del índice de la autoridad responsable, en la que se determinó negar la calificación de convenio conciliatorio propuesto por las partes. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez que se precisó el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí mismo derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Lo anterior, tiene sustento en las consideraciones vertidas en la ejecutoria que da origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I., Materia Común, Décima Época, registro digital 2006589, página 39, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En el caso, se reclama la resolución pronunciada el cuatro de febrero del año en curso, por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 en esta ciudad, en el expediente 627/2018 de su índice, en la que se negó la calificación de convenio conciliatorio celebrado entre los aquí quejosos y la comunidad indígena de San Miguel Aquila municipio de Aquila, Michoacán y la empresa Las Encinas, sociedad anónima de capital variable, lo que no produce una afectación material a derechos sustantivos de la parte quejosa, en tanto que constituye una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que su consecuencia es que el tribunal agrario prosiga en el conocimiento y, en su momento, dicte la resolución correspondiente. De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la resolución combatida únicamente afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantivo en el que sí sería procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sin embargo, al no estar en presencia de dicho caso, los efectos de la resolución reclamada son meramente procesales, por ende, no generan a la parte quejosa un acto de imposible reparación, es decir, violación a los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la constitución, como lo podría ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera, según se ha definido por diversos criterios jurisprudenciales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la resolución reclamada solo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, pues se insiste, no afecta sus derechos de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia como aduce, ya que en caso de obtener una sentencia que no sea favorable a sus intereses, la parte quejosa estará en aptitud de promover amparo directo donde podrá reclamar no solo las violaciones cometidas al dictar la sentencia, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, mas no puede impugnarlo de forma independiente y autónoma, como lo pretende. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 24/92, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11; del siguiente rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XLVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; página 1070, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen". De igual forma, robustece lo anterior la jurisprudencia con número de registro digital 363440, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, de la Quinta Época, Materia Civil, Tomo XXXIII, página 1666, que a la letra dice: "CONVENIOS JUDICIALES. Un convenio judicial tiene el carácter de sentencia ejecutoriada, y para su cumplimiento, debe estarse en todo y por todo, a las disposiciones legales que existen para la ejecución de sentencias. Es incuestionable que el procedimiento posterior al auto de aprobación de un remate, verificado en ejecución de un convenio judicial, es parte integrante del procedimiento de ejecución, y por lo mismo, no es exacto que por tratarse de una primera notificación, ya que el convenio pone fin al juicio, debe hacerse aquella, necesariamente, en forma personal, pues como ya se dijo, las diligencias sobre cumplimiento del convenio, son anexas al procedimiento principal, y si cabe hacer la notificación personalmente, se cumple haciéndola en los términos que se haya estipulado en el convenio; y si en éste, se establece expresamente que las notificaciones aun las personales, se harán en determinada forma, cumpliéndose con esta forma, queda bien hecha la notificación." Así como de manera orientadora, interpretada a contrario sensu, la diversa tesis aislada, V.1o.76 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Octava Época, Materia Administrativa, de rubro y texto siguientes: "CONVENIO AGRARIO, SUSCRITO POR LAS PARTES Y APROBADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. TIENE EL CARACTER DE SENTENCIA. Si el acto reclamado lo constituye la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario, con estricto acatamiento a lo establecido en la fracción VI, del artículo 185, de la Ley Agraria vigente, la cual precisa, el que en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el Tribunal exhortará a las partes a una composición amigable y si ésta se da, deberá considerarse terminado el juicio suscribiéndose el convenio respectivo, el que una vez calificado y en su caso aprobado por el Tribunal tendrá el carácter de sentencia." En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento legal.
- Principal
Colima, Colima, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por************* y ************* esta última por conducto de quien se ostenta su apoderada *********** contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, residente en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico226/2022-VII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención. Entonces, en vista de que no justifica la personalidad en la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III, de la ley, requiérase a la promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta la promovente Martel Alcalá Montejano, en razón de que el documento que allega es insuficiente para tener por acreditada su personalidad de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues si bien anexa copia certificada de la resolución de cuatro de febrero del año en curso, emitida en el juicio 627/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, dicho documento únicamente evidencia el carácter con el que se le autorizó intervenir en el juicio agrario a Eustolia Montejano Nava como apoderada; empero, ello no le otorga facultades para instar el juicio de amparo en representación de dicha quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido de que, la presente aclaración la debe hacer de manera directa la promovente, toda vez que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa de los quejosos, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Apercibimiento. Se apercibe a los promoventes que, en caso de incumplir con lo requerido o que lo hagan de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la Ley, se tendrá por no presentada la demanda por lo que respecta a la promovente Martel Alcalá Montejano. Suspensión de plano. Ahora bien, la parte quejosa solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, ya que es una atribución exclusiva de este juzgador el decidir si está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de plano, lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y no a las razones que al efecto aduzca la parte quejosa. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la tesis VI.1o.A.19K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1458, del tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Aunado a lo anterior, que de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano sólo procede cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; lo que en el caso en estudio no acontece, pues el acto reclamado consiste en la interlocutoria pronunciada el cuatro de febrero del año en curso, en el expediente de origen, en el cual se determinó negar la calificación de convenio en el que se establece la forma en que la empresa minera realizará pagos a la comunidad indígena promovente. De ahí que la medida debe proveerse por cuerda separada, una vez que se admita a trámite la demanda. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.90/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 376, del tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad." Asimismo, la tesis 7, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 1089, Fuente: Informe 1988, Parte III, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AGRARIO SUSPENSION DE OFICIO IMPROCEDENTE. No se surte la hipótesis que para decretar la suspensión de plano y de oficio establece el artículo 233 de la Ley de Amparo, pues dicho precepto se refiere a los casos en que se reclamen actos tendientes a privar en forma total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o de su sustracción al régimen jurídico ejidal, es decir establece como premisa fundamental la existencia de una resolución presidencial -en caso de ejidos- que otorgue la propiedad de las tierras al núcleo de población solicitante." De igual forma, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 23, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 109-114, sexta parte, de la Séptima Época, que es del tenor literal siguiente: "AGRARIO. SUSPENSION DE OFICIO SOLICITADA POR UN NUCLEO DE POBLACION CONTRA ACTOS RELACIONADOS CON SOLARES URBANOS. IMPROCEDENCIA. Si a través del amparo se reclaman actos de autoridad relacionados con solares de la zona urbana ejidal, no procede la suspensión de oficio previsto por los artículos 212 y 233 de la Ley de Amparo, pues, respecto de tales actos, no puede afirmarse, al inicio del juicio, que "tengan o puedan tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejosa o su sustracción del régimen jurídico ejidal." Domicilio procesal e intervención de autorizados. Téngase como autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Ismael Salvador Jiménez Nambo, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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