Salvador Abascal Álvarez
Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Salvador Abascal Álvarez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a las partes y por oficio a las autoridades responsables y terceros interesados. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 743/2022-I-1, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Materia Penal en la Ciudad de México, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual por razón de turno conoció el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y otras autoridades, a quienes reclamó: [.] IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades señaladas del 1 a la 04 en su carácter de ordenadoras y toda vez que solo mencionaron que dicha orden provenía del centro de justicia en el estado de Chihuahua sin especificar cuál de los dos centros era la ordenadora, se señalan los mismos y de las restantes le reclamo la ejecución que pretenden darle, a la inconstitucional Orden de Aprehensión y/o presentación, las cuales en el mismo sentido toda vez que se tiene conocimiento de que la delegación de la Fiscalía General de la República se encuentra ubicada en la ciudad Juárez, Chihuahua y la diversa subdelegación de la misma Fiscalía en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y no se tiene la certeza de quienes pretendían ejecutar la orden, se señalan las mismas, así como las diversas 9 y 8, las cuales en colaboración con las anteriores pretendieran ejecutar dicho mandamiento, mismo que de llegar a ejecutarse violaría en mi perjuicio mis Garantías Individuales.[.] Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Declaración de Incompetencia del Órgano de Amparo Indirecto. Previa prevención, por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, el Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se avocó al conocimiento del asunto y lo radicó como juicio de amparo *******, seguido el juicio, el dieciocho de agosto del año en curso, celebró la audiencia constitucional y declaró su legal incompetencia para resolver el asunto, por razón de territorio. CUARTO. Recepción de la incompetencia declinada. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se recibió en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, el oficio *******, signado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, recibido, al cual adjunto el juicio de amparo indirecto ******* del índice del juzgado de su adscripción, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y otras autoridades, a quienes reclamó la orden de aprehensión, así como su ejecución, la cual fue turnada a este juzgado el mismo día. Quinto. Tramitación del juicio. En proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 743/2022-I-1, se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, en razón a que la audiencia constitucional fue celebrada a las ocho horas con cuarenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a fin de respetar el principio de unidad que rige en dicha audiencia, se ordenó notificar a las partes que este juzgado se avoco al conocimiento del juicio y que procederá al dictado de la sentencia respectiva. Sexto. Autoridad inexistente. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se tuvo como autoridades inexistentes al Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y se ordenó suspender toda comunicación con las referidas autoridades, de conformidad con los artículos 5º, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó a las autoridades responsable, la orden de aprehensión y/o presentación, así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez *******; el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez *******; la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez *******; el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez *******; el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez *******; el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez; la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, y el Delegado de la Fiscalía General de la República del Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, negaron los actos consistentes en la orden de aprehensión y/o presentación, así como su ejecución En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto al acto reclamado a la autoridad apuntada en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión. El Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez *******, en sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto reclamado, en virtud de que el treinta de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal ******* del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, se libró orden de aprehensión contra el quejoso *******, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada *******, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Por su parte, el Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua y el Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, ambos con sede en esta ciudad, indicaron que se encontró un registro de un mandamiento judicial vigente en contra del quejoso *******, consistente en una orden de aprehensión, librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, derivada de la causa penal *******, por el delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo, el Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua y Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, ambos con sede en esta ciudad, remitieron digitalización del oficio *******, por su parte el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez *******, remitió digitalización de la orden de aprehensión de treinta de julio de dos mil veintiuno y oficio *******, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia certificada de la misma, expedida por un Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Benito Juárez, quien conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cuenta con fe pública, funcionario que estampó su firma en la leyenda correspondiente, así como el sello oficial de dicho órgano jurisdiccional. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer ninguna. Sexto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva a los quejosos de derecho alguno, máxime que, por la naturaleza del acto reclamado, como se indicará, opera la suplencia de la queja. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Séptimo. Estudio de fondo. Como se indicó en el considerando segundo, el quejoso *******, reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, y otras autoridades, la orden de aprehensión dictada en su contra, la cual del informe justificado rendido por dicho juzgador, fue emitida en la causa penal *******, por el delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ilícito sancionado con pena privativa de la libertad, realizada a título de autor material, acorde al numeral 95 fracción II, del Código Fiscal de la Federación; delito permanente o continuo, de conformidad con el artículo 7, fracción II, del Código Penal Federal, doloso como establece el artículo 9, párrafo primero, del ordenamiento en cita (dolo directo). En relación al dictado de una orden de aprehensión, artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero dispone lo siguiente: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior se desprende que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión, son los siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que existan datos que acrediten que se cometió ese hecho considerado por la ley como delito y que esos datos demuestren que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que exista mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. Este último punto se refiere a que todo acto de molestia, como lo es la orden de aprehensión, debe estar fundado y motivado, esto es, que la autoridad que lo emita, debe expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión del mismo y el fundamento legal en que apoye su determinación. En apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que informa, se cita la tesis XIX.2º.J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 666, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe contener como requisitos esenciales los siguientes: a).- que sea dictada por autoridad judicial; b).- que preceda a ésta, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. De ahí que no basta con que el Juez de la causa haga una relación de las pruebas existentes en la averiguación previa y concluya que se encuentran probados los elementos del tipo penal respectivo, así como la probable responsabilidad penal del indiciado. Indicado lo anterior, es menester contestar, el primer concepto de violación que hace valer el quejoso, consistente en que, no se le respetó su garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 Constitucional; concepto de violación que resulta infundado, pues como se determinó, la orden de aprehensión es un acto de molestia, que no precisa respetar dicha garantía, sino estar debidamente fundado y motivado en términos del citado artículo 16 Constitucional. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 5, materia Común, Novena Época, con registro digital 200080, del rubro y texto siguientes: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ahora bien, ya que el resto de la argumentación del quejoso se refiere a que no está demostrado que se haya cometido un hecho considerado por la ley como delito, ni la probabilidad de que él lo haya cometido o participado en su comisión, tal concepto de violación se entiende estudiado y contestado al momento de realizar el estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada, cuya suplencia de la queja opera de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues bien, en el caso, se tiene que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez dictó orden de aprehensión en contra del quejoso *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ilícito sancionado con pena privativa de la libertad, realizada a título de autor material, acorde al numeral 95 fracción II, del Código Fiscal de la Federación; delito permanente o continuo, de conformidad con el artículo 7, fracción II, del Código Penal Federal, doloso como establece el artículo 9, párrafo primero, del ordenamiento en cita (dolo directo). Lo anterior, con la competencia legal para ello, pues se trata de hechos ocurridos dentro de su jurisdicción territorial y que constituyen un delito del orden federal. Al respecto, se tiene que, en efecto, dicha orden de captura fue emitida por una autoridad judicial competente; asimismo, se tiene que a su emisión precedió la denuncia de *******, en su carácter de Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", del Servicio de Administración Tributaria, en contra del quejoso ******* en su carácter de representante legal de la persona moral denominada *******, ante el agente del Ministerio Público, de treinta de agosto de dos mil diecinueve. Con lo anterior, se cumplen los requisitos constitucionales señalados en los incisos a), b) y c), arriba descritos. Indicado lo anterior, corresponde analizar si la orden de captura reclamada, cumple con el resto de los requisitos constitucionales señalados, es decir: que del material probatorio existente en la carpeta de investigación, se desprendan datos que acrediten que se cometió un hecho considerado por la ley como delito y que esos datos hagan probable la participación del indicado en su comisión o que haya participado en su comisión (inciso c)); que la orden de aprehensión reclamada, se encuentre debidamente fundada y motivada (inciso d)); que en la orden de aprehensión no se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso (inciso 1)); y, que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (inciso 2)). Antes de iniciar el análisis de lo anterior, es necesario precisar, respecto a la demostración de la existencia de un hecho considerado como delito por la ley, que basta con que el juez encuadre la conducta en la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa y posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de una orden de aprehensión, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Pues bien, para comenzar el estudio de la orden de aprehensión, propiamente, se relacionan las diligencias que tomó en cuenta el Juez responsable, practicadas en la carpeta de investigación relativa, los cuales le hizo de su conocimiento el agente del Ministerio Público solicitante, en cumplimiento al artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 1.- Denuncia interpuesta el treinta de agosto de dos mil diecinueve, por *******, en su carácter de Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", del Servicio de Administración Tributaria, ante la Representación Social. 2.- Nombramiento de la licenciada *******, como Administradora Desconcentrada Jurídica Chihuahua "2", contenido en el oficio número ******* de dieciséis de julio de dos mil diecisiete, emitido por el entonces Administrador General Jurídico. 3.- Acta circunstanciada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, realizada por *******, en su carácter de verificador, notificador y ejecutor adscrita a la citada administración recaudadora. 4.- Acta de visita domiciliaria de veinte de marzo de dos mi quince, con folios *********************, suscritas por *******, visitador adscrito a la Administración Local de Auditoria Fiscal de Iguala. 5.- Poder notarial de la persona moral *******, designando como representante legal a *******. Ahora bien, en términos del artículo 141, primer párrafo, fracción III y segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público presentó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en turno, solicitud para girar orden de aprehensión y en vista de los datos de prueba que se desprenden de las diligencias arriba descritas. Respecto al delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ilícito sancionado con pena privativa de la libertad, realizada a título de autor material, acorde al numeral 95 fracción II, del Código Fiscal de la Federación; delito permanente o continuo, de conformidad con el artículo 7, fracción II, del Código Penal Federal, doloso como establece el artículo 9, párrafo primero, del ordenamiento en cita (dolo directo), establecen lo siguiente: [.] 110.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: [.] II. Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado. [.] 95.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes: [.] II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. [.] Código Penal Federal [.] 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y [.] 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y [.] Ahora bien, el Juez responsable respecto al delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, expuso que este quedó acreditado con la denuncia de *******, en su carácter de Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", del Servicio de Administración Tributaria, ante la Representación Social, interpuesta el treinta de agosto de dos mil diecinueve quien refirió que el quejoso ******* en su carácter de representante legal de la moral *******, solicitó su inscripción al registro federal de contribuyentes, asignándosele la clave *******, según consta en su cedula de identificación fiscal proporcionada por la administración desconcentrada de servicios al contribuyente del distrito federal "1"; asimismo, mediante oficio número *******, de diez de julio de dos mil catorce, la entonces Auditoria Local de auditoría fiscal del norte del Distrito Federal con sede en el Distrito Federal, emitió una orden de visita domiciliaria ******* en el domicilio fiscal de la moral antes citada, ubicado en *******, en la ciudad de México, Distrito Federal, a fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De igual forma manifestó que el nueve de marzo de dos mil quince, el quejoso en su carácter de representante legal de la moral ya precisada, presentó ante la entonces Administración Local de Servicios al Contribuyente, en esta ciudad, aviso del cambio del domicilio fiscal al ubicado en *******, Guerrero, *******. Posteriormente, en la misma data personal adscrito a la entonces denominada Administración Local de Auditoría Fiscal de Iguala, con sede en Guerrero, pretendió continuar con la visita domiciliaria al amparo de la orden número *******, contenida en el oficio ******* de diez de julio de dos mil catorce, sin que fuera posible llevar a cabo dicha diligencia, pues el visitador ******* al constituirse en diversos lugares no encontró el domicilio proporcionado por el aquí quejoso ni la empresa que representa. Aunado a lo anterior el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "2", con sede en Guerrero, emitió orden de verificación de domicilio fiscal con número de control *******, a la cual recayó el acta circunstanciada de hechos de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en la cual *******, verificadora, notificadora y ejecutora adscrita a la citada administración recaudadora, asentó los motivos por los cuales no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada, en virtud de que al constituirse en *******, del Estado de Guerrero, se percató que dicha ciudad se encuentra dividida en su totalidad por colonias todas con nombre y vialidades, sin que se cuente con datos suficientes para la localización del domicilio fiscal, por lo que se basó en el código postal ******* (*******), el cual corresponde a *******, Guerrero, pregunto a diversas personas por la moral *******, así como el representante legal de la misma (aquí quejoso), le manifestaron desconocerlos, y al preguntar si había cambiado de nombre la colonia, le informaron que no, que el código postal siempre ha correspondido el ******* (*******),*******, Guerrero. Finalmente, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, la administración desconcentrada de recaudación de Guerrero "2", con sede en Guerrero, emitió la diversa orden de verificación de domicilio fiscal con número de control *******, de la cual derivo el acta circunstanciada de hechos de catorce de septiembre del citado año, en la que *******, verificador, notificador y ejecutor, preciso las razones que hicieron imposible llevar a cabo dicha encomienda, ya que al constituirse en la autopista México a Acapulco, ******* Guerrero, no obstante haber realizado un recorrido por dicha autopista, no logró encontrar el número exterior *******, por lo que procedió a solicitar información en una gasolinera, donde la persona que lo atendió le manifestó que no conocía dicho numero exterior y que tampoco existió cambio de numeración, que no conoce a la razón social *******, ni a su representante legal y que desconoce el domicilio donde se pudiera localizar dicha empresa. Hechos que hasta ese momento cuentan con datos para que el Juez los considerara cometidos de forma dolosa y de consumación permanente o continua, en relación a los artículos 7 fracción II y 9 primer párrafo, ambos del Código Penal Federal, debido a que este hecho se encuentra establecido en una norma general, no estatal, por lo que la legislación sustantiva aplicable es la federal y no la local. Por su parte, a fin de dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, especificó que el tipo penal de que se trata, es rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ilícito sancionado con pena privativa de la libertad, realizada a título de autor material, acorde al numeral 95 fracción II, del Código Fiscal de la Federación; delito permanente o continuo, de conformidad con el artículo 7, fracción II, del Código Penal Federal, doloso como establece el artículo 9, párrafo primero, del ordenamiento en cita (dolo directo) Pues bien, el Juez responsable estimó que con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias mencionadas, se demuestra la concreción de hechos considerados por la ley como delitos, esto es, rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes. Lo anterior, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 141, fracción III, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, tal como lo estimó, el hecho considerado como delito, descrito en dichos preceptos, se configura, en este momento procesal, con los datos de prueba que se desprenden de la denuncia de *******, en su carácter de Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", del Servicio de Administración Tributaria, ante la Representación Social el treinta de agosto de dos mil diecinueve, donde narró los hechos ocurridos, tal como se desprende de párrafos precedentes. Así como con el acta circunstanciada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, realizada por *******, en su carácter de verificador, notificador y ejecutor adscrita a la citada administración recaudadora, y el acta de visita domiciliaria de veinte de marzo de dos mi quince, con folios *********************, suscritas por *******, visitador adscrito a la Administración Local de Auditoria Fiscal de Iguala, de las cuales se desprende que el quejoso *******, se le atribuye el delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, ello al dar de alta un domicilio fiscal y después sin haber presentado legalmente el aviso de cambio de domicilio fiscal, rendir con falsedad ese aviso, contraviniendo las normas del Código Fiscal de la Federación, y de esa manera rompiendo el vínculo entre la autoridad hacendaria y el contribuyente. Dichas declaraciones, el Juez responsable, coincide con la denuncia emitida ante el agente del ministerio público, así como con el acta circunstanciada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, realizada por *******, en su carácter de verificador, notificador y ejecutor adscrita a la citada administración recaudadora, y el acta de visita domiciliaria de veinte de marzo de dos mi quince, con folios *********************, suscritas por *******, visitador adscrito a la Administración Local de Auditoria Fiscal de Iguala. Conforme a los datos de prueba descritos acertadamente valorados en términos de los artículos 260, 261, 263 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo concluyó el Juez responsable, es posible llegar al conocimiento, al menos en grado de probabilidad y en esta etapa procesal, de que se ejecutó el acto de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, pues el treinta de abril de dos mil veintidós el quejoso ******* en su carácter de representante legal de la moral *******, solicitó su inscripción al registro federal de contribuyentes, señalando como domicilio fiscal de la moral antes citada, el ubicado en *******, en la ciudad de México, Distrito Federal, posteriormente, el nueve de marzo de dos mil quince, el quejoso en su carácter de representante legal de la moral ya precisada, presentó ante la entonces Administración Local de Servicios al Contribuyente, en esta ciudad, aviso del cambio del domicilio fiscal al ubicado en carretera federal México, Acapulco, *******, Guerrero, *******. Así pues, como determinó el Juez responsable, en el momento en que dictó la orden de aprehensión reclamada, existían datos de prueba suficientes para estimar que, como lo expuso el agente del Ministerio Público al solicitar dicha orden de captura, se llevó a cabo el hecho considerado por la ley como delito. Finalmente, como lo concluyó el Juez responsable, al encontrarse acreditada la probabilidad de que el indiciado cometió el delito, se actualiza el segundo de los requisitos de fondo exigidos por el artículo 16 Constitucional para librar una orden de aprehensión, en el caso, se satisface la exigencia prevista en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, en virtud de lo expuesto por la Representación Social en el escrito de su solicitud, no se localizó al quejoso en las diversas diligencias precisadas en párrafos precedentes, así como que obra en el oficio de Investigación Criminal que el aquí quejoso cuenta con dos órdenes de aprehensión, vigentes libradas el dos de enero de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal ******* y el doce de diciembre de dos mil dieciséis, en la diversa causa penal *******, ambos del índice del fuero común de la Ciudad de México, lo que evidencia una sustracción al proceso de ahí la necesidad de cautela. En conclusión, al resultar del estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada dictada el catorce de junio de dos mil veintidós, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, que se dictó observando los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación relativa, en este momento, se encuentra demostrado lo siguiente: La verificación de los hechos que constituyen el delito de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ilícito sancionado con pena privativa de la libertad, realizada a título de autor material, acorde al numeral 95 fracción II, del Código Fiscal de la Federación; delito permanente o continuo, de conformidad con el artículo 7, fracción II, del Código Penal Federal, doloso como establece el artículo 9, párrafo primero, del ordenamiento en cita (dolo directo). b) la probabilidad de que *******, haya cometido dicho ilícito c) la necesidad de cautela, y d) que la orden de aprehensión reclamada está debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, al encontrarse demostrado, al menos en grado de probabilidad la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, de la misma manera, la probabilidad de que a los aquí quejosos lo cometieron dolosamente y como coautores del mismo, así como al estar fundada y motivada la orden de aprehensión reclamada conforme a lo expuesto al realizar su estudio oficioso, los conceptos de violación relativos que hizo valer el quejoso, resultan infundados. Aunado a lo anterior, se advierte que el Juez responsable respetó las formalidades previstas en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de una orden de aprehensión, no aplicó retroactivamente la ley, pero aplicó la vigente aplicable y expedida con anterioridad. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, en relación con dicho acto reclamado; negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades ejecutoras, pues no se les reclamó por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, a *******, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintidós. Devolución exhorto Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual remite debidamente diligenciado el exhorto *******, de su índice, formado con motivo de la recepción del diverso 232/2022-I-1, procedente del presente juicio de amparo 743/2022-I-1; sin que sea necesario acusar recibo de estilo, toda vez que éste se generó en forma electrónica a través del Sistema de Interconexión de Seguimiento de Expedientes. Del cual se advierte que el quejoso *******, fue debidamente notificado del auto de veinticinco de agosto del año en curso, por medio de lista el seis de septiembre de dos mil veintidós, toda vez que no acudió a notificarse al órgano exhortado, tal y como se le comunico en el aviso de uno de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las acciones correspondientes para dar de baja el exhorto 232/2022-I-1. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notificación por lista Vista la certificación de cuenta y de la constancia de notificación, realizada al quejoso *******, se advierte que el seis de septiembre de dos mil veintidós, quedó debidamente notificado del auto de veinticinco de agosto del año en curso, por el cual, se le requirió para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad, sin que hiciera manifestación al respecto. En consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción III, y 29 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena notificar por medio de lista al quejoso, aun las notificaciones de carácter personal, mientras que, señale domicilio en esta ciudad para ese efecto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Acepta competencia Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, al que adjunta el juicio de amparo indirecto ******* del índice del juzgado de su adscripción, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y otras autoridades; advirtiéndose del comunicado que se atiende, que el dieciocho del mes y año en curso, se determinó que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, en turno, que resultó ser este órgano jurisdiccional. Por tanto, dado que este órgano estima correctas las consideraciones sostenidas por el Juzgado oficiante, con fundamento en los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo en comento, por lo que, acúsese de recibido vía interconexión y hágase del conocimiento del juzgado declinante esta determinación. Registro de demanda En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 743/2022-I-1. Solicitud de Incidente de suspensión Tomando en cuenta que la autoridad judicial de que se trata no envió el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número *******, de su orden, toda vez que en la audiencia en que declinó la competencia hizo patente que una vez, que este tribunal, en su caso, aceptara la competencia planteada los enviaría; por consiguiente, gírese oficio con transcripción de este proveído, para que se sirva enviarlos. Audiencia constitucional En razón a que la audiencia constitucional fue celebrada a las ocho horas con cuarenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a fin de respetar el principio de unidad que rige en dicha audiencia, notifíquese a las partes que este juzgado se avoco al conocimiento del juicio y que procederá al dictado de la sentencia respectiva. Innecesario solicitar informe justificado Sin que resulte necesario, solicitar los informes justificados, en virtud de que los mismos fueron rendidos al haberse tramitado el juicio por parte del juzgado declinante. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional ($2,886.60). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de siete horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados *******, *******, *******, ******* y *******, toda vez que se encontraron registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente. Por otra, parte se advierte que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en ******* de la Ciudad de Chihuahua. Medios de contacto Respecto a la solicitud de que se le notifique por medios electrónicos consistentes en el correo electrónico ******* y vía whats app al celular *******, dígasele que se autoriza únicamente para llevar a cabo comunicaciones no procesales; lo anterior de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el SARSCov-2. Solicitud de consulta de expediente En relación a la solicitud del promovente consistente en que se autorice el acceso al expediente electrónico, una vez que, de ser el caso, proporcione el nombre de usuario requerido para la consulta de este expediente por la vía electrónica se emitirá el pronunciamiento relativo a su petición. Notificación por exhorto Por otra parte, en términos de los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se ordena librar exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, con sede en la Ciudad de México, a fin de que en auxilio a las labores de este Juzgado: Conmine a algún actuario de su adscripción a efecto de que se constituya en domicilio ubicado en ******* de la Ciudad de Chihuahua, constituido en el aludido lugar, notifique el presente acuerdo al quejoso o a sus autorizados. Asimismo, deberá requerirlos para que dentro del término de tres días, legalmente computado, ante este juzgado federal señalen domicilio en esta ciudad, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las notificaciones que deban de efectuarse se les realizarán por lista, incluso las personales, según lo que se dispone en el ordinal 26, fracción III y 29 de la legislación de la materia. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito a dicho órgano realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Hecho lo anterior, devuelva de inmediato, diligenciada, o no, la comunicación de referencia. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista, por exhorto al quejoso, por oficio a las autoridades responsables y a los terceros interesados. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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