Salustio Ibañez Bastian

Expediente 1224/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1224/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Salustio Ibañez Bastian

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio 001076, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la queja Q-168/2018, interpuesta contra el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso en el juicio de amparo número 1224/2018, mismo que también devuelve acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que el recurso de referencia, se resolvió bajo el siguiente punto resolutivo "PRIMERO. Se declara infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio 929/2018, de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visto su contenido, se le tiene informando que por auto de once de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente Q-168/2018, el referido órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Juez Municipal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, visto su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden, las que se toman en consideración para los efectos legales procedentes; por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas que refiere, las que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, glósese a los autos del presente sumario, el oficio de la Diliganciaria adscrita al Juzgado Municipal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, por medio del cual informa que se adhiere a las pruebas ofrecidas por su superior jerárquico, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Salustio Ibáñez Bastian y Francisca Escamilla Cruz, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintiuno del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Salustio Ibáñez Bastian y Francisca Escamilla Cruz, señala como acto reclamado: La resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 220/2015 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que a su vez se desechó el incidente de reconocimiento de no adeudo. El auto de once de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 220/2015 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución citada en el punto que antecede. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por los promoventes, bajo protesta de decir verdad, mismas que hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que los quejosos son parte formal dentro del juicio de origen (parte demandada), pues comparecieron al mismo; del mismo modo, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 220/2015 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Precisado lo anterior, este juzgado federal considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acuerdo reclamado no constituye la última resolución que ha de pronunciarse en el procedimiento de ejecución. Los artículos y fracciones referidas, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)." De la interpretación de los anteriores preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución, cuando no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Asimismo, establece que las resoluciones con dicha característica son: Aquellas en las que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En procedimientos de remate, es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En cuanto a este segundo supuesto, debe decirse que se actualiza de forma indistinta con la orden de entrega, o bien, la escrituración del bien inmueble rematado. Ahora bien, debe decirse que la causal de improcedencia invocada tiene sustento en el principio de economía procesal, cuya finalidad es evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores obstáculos y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En el caso, la resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 220/2015 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que a su vez se desechó el incidente de reconocimiento de no adeudo, y el diverso auto de once de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la citada resolución, si bien fueron emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, lo cierto es que de sus manifestaciones no se advierte que se haya ordenado la entrega del inmueble embargado dentro del referido sumario o el otorgamiento de la escritura correspondiente. Por tanto, los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; de ahí que, la presente instancia constitucional resulte improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Salustio Ibáñez Bastian y Francisca Escamilla Cruz. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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