Salud Digna para Todos Institución de Asistencia Privada
Expediente 3633/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3633/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/04/2018
Partes del expediente
- Salud Digna para Todos Institución de Asistencia Privada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: revisadas que fueron las presentes actuaciones, se advierte que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete (folios 39 a 42), se ordenó la formación de un cuaderno de pruebas con las actuaciones originales del expediente 238/2016/1-B, del índice de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, remitidas por esa autoridad; ahora bien, toda vez que no resulta necesaria la retención en este juzgado de las documentales en comento, dado que por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido, se ordena devolverlas a esa autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hugo Armando González Segovia, que certifica que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/HAGS/Elaboró: kygm
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiera recurrido la resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 65 a 68), en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria America Alejandra Diaz Cassián, que certifica que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/AADC/kygm
- Incidental
Zapopan, Jalisco, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el comunicado signado por el Presidente y la Secretaria Comisionada, ambos de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por medio del cual, remiten copia certificada de la actuación dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho dentro del juicio laboral de origen, documental que de conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de lo manifestado por la autoridad oficiante, así como del contenido de la documental referida en el párrafo que antecede dentro del juicio laboral 238/2016-1-B de su índice, es dable advertir que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado, y por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación; es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado; es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que el Juez de Distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por los peticionarios de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al Juez de Distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ahora, en la especie, si bien el acto reclamado se hace consistir en el laudo dictado el once de agosto de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 238/2016/1-B, del índice de la responsable; también lo es que, tal y como lo informó la responsable y se advierte de la constancia que anexó al oficio de cuenta con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la parte actora y demandada, celebraron convenio en relación con la forma, plazos y cantidades a pagar, con motivo del laudo dictado en tal contienda, el cual se tuvo por cumplido el veintidós de enero siguiente, motivo por el cual en esa misma data se ordenó el archivo de dicho juicio como asunto totalmente concluido. Luego, de los antecedentes de la demanda, se advierte que la quejosa, después de figurar como parte demandada dentro del juicio laboral de origen, por laudo de once de agosto de dos mil diecisiete, fue condenada al pago de diversas prestaciones laborales a favor de la parte actora, sin embargo, el doce de enero de dos mil dieciocho celebró convenio con su contraparte. Por lo anterior, queda de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que a la fecha, si bien no se dejó insubsistente ni tampoco se modificó el laudo de once de agosto de dos mil diecisiete, que constituye lo aquí reclamado, es indudable que el objeto del reclamo dejó de existir, toda vez que el veintidós de enero en curso, se tuvo por cumplido el convenio celebrado entre las partes y se ordenó el archivo del asunto por lo que aun cuando pudiera estimarse que el acto era violatorio de las prerrogativas constitucionales de éste, a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional, dado que el objeto del mismo no puede surtir efecto alguno, en virtud de haberse ordenado el archivo del juicio de origen. Lo anterior es así, porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho humano exija. Es aplicable la jurisprudencia 131, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, novena época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En razón de todo lo expuesto, se sobresee en el presente juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable puesto que ha existir el objeto o materia del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley, dejándose sin efecto la fecha señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Finalmente, no pasa inadvertido que el presente oficio se encuentra dirigido al incidente de suspensión, sin embargo del contenido se aprecia que corresponde al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria América Alejandra Díaz Cassián. Doy fe. LAPT/AADC/arc.
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida el doce de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la solicitud de devolución número 064/2016, con la que pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo tanto agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa y córrase traslado con copia del comunicado que se recibe y sus anexos, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifiesten lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que la responsable a la ejecutoria de amparo dice dar, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y, córrase traslado a la quejosa con copias simples de este acuerdo y de los anexos allegados por la autoridad responsable, debiendo asentar constancia. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hilario Núñez Arvizu. Doy fe. LAPT/HNA/fgm*
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