Salomón Ventura González
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Salomón Ventura González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de ***, en su carácter de autorizado del quejoso ***; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del proveído del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Toda vez que se encuentra integrado este juicio, remítase vía postal a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente; copia certificada de las constancias que integran este juicio, el original y copia del escrito de agravios, así como el informe sobre la materia de la queja, en términos del numeral 101 de la legislación invocada. Sin perjuicio de la forma de remisión indicada, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con éste para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito remitiendo el juicio de amparo 52/2023-II y testimonio de la resolución del treinta y uno de agosto del año en curso dictada en el conflicto competencial 18/2023, en la que declaró que este Juzgado Federal es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***. Acúsese recibo y glósese las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Del contenido integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama la orden de traslado involuntario del nueve de febrero de dos mil veintitrés, misma que fue calificada el once de febrero siguiente, por la Jueza señalada como responsable. Al respecto, como ya quedó precisado, este órgano de control constitucional estima que respecto al acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad; situación que en la especie acontece, como se precisa enseguida: El principio de definitividad, consiste en la obligación que tiene el peticionario del amparo de agotar todos los medios ordinarios de defensa, y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales se pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se observa que el promovente del juicio de amparo, combate como acto reclamado, la orden y ejecución de traslado del *** del penal de Iguala de la Independencia, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social número "14 CPS-Durango", calificada de legal el *** por la Jueza de Ejecución Penal con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, con sede en esta ciudad. En otro contexto, los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contemplan los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Precisado lo anterior, debe decirse que lo aquí reclamado se trata de un traslado, regulado por el numeral 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que implica debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, lo cual así aconteció el once de febrero de este año, según refiere el promovente, por la Jueza de Ejecución Penal con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, por lo que la determinación podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, que establecen los artículos 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que son del tenor siguiente: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. (.) VII. Traslados; VIII. (.)" Así, de la interpretación armónica de los numerales trascritos, se llega a la convicción de que el acto reclamado en el caso, es susceptible de ser combatido a través del recurso de apelación. Razones las anteriores, por las cuales resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió hacer valer el recurso de apelación, en contra del acto que por esta vía reclama; no obstante ello, de la demanda de amparo no se observa que la parte quejosa haya interpuesto dicho recurso. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la normativa de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En mérito de lo anteriormente expuesto, debe decirse que el acto reclamado por el amparista, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de apelación que establece el artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación la jurisprudencia número 79/2018 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2018548, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo del que deriva este expediente e informa que admitió a trámite el conflicto competencial 18/2023 suscitado entre este órgano de control y el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la boleta de turno del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el diverso Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, para conocer del juicio de amparo promovido por el quejoso ***, de la que se advierte que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Sin que se realice mayor pronunciamiento, toda vez que el original del juicio de amparo en el que se actúa, fue remitido al solicitar el turno respectivo, para la substanciación de dicho conflicto. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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