Salomón Valverde Castillo
Expediente 189/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 55 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 55
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Salomón Valverde Castillo
- Salomón Valverde Castillo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 55.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de once de octubre del año en curso, dictado en el presente expediente, que declaró que existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, dicho auto se tiene por consentido. En ese tenor, con fundamento en los artículos 1961 , último párrafo y 201, fracción II2 , de la Ley de Amparo, remítanse los autos 1 Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. (.) Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que revise de oficio, la determinación de once de octubre de la presente anualidad, adoptada por este órgano jurisdiccional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, de registro digital 2014210, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. 2 Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: (.) II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual, remite la resolución de quince de noviembre del año en curso, dictada en el incidente de inejecución de sentencia 4/2023, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ÚNICO. Devuélvanse los autos del amparo indirecto al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que observe el trámite establecido en esta ejecutoria. En ese sentido, acúsese recibo vía interconexión de los autos originales del juicio de amparo 189/2022 del propio índice. Ahora bien, toda vez que el órgano colegiado declaró improcedente el incidente de inejecución de sentencia planteado por este órgano jurisdiccional, bajo el argumento de que aún no transcurría el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo; en ese tenor, una vez que transcurra dicho término, se acordará lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que acusa recibo de la misiva mediante la cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno; ello, en virtud de que mediante proveído de once de octubre pasado, se determinó que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia constitucional dictada en el presente asunto; asimismo, se advierte que radicó el incidente de inejecución de sentencia planteado por este juzgado federal bajo el número 4/2023 y lo admitió a trámite; de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, como lo solicita el citado órgano colegiado, hágase disponible el expediente electrónico de este asunto para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE)1. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a las partes en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, respecto de las constancias remitidas por la responsable en relación con la imposibilidad para dar cumplimento al fallo protector en los términos ordenados, sin que realizaran manifestación alguna; por tanto, se procede a calificarlo. Es conveniente resaltar que mediante sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia al quejoso Salomón Valverde Castillo. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, medio de impugnación del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien mediante resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión 122/2023, de su índice, resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto. TERCERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a SALOMÓN VALVERDE CASTILLO, contra los actos y autoridades señalados en esta ejecutoria. CUARTO. La justicia de la Unión ampara y protege a SALOMÓN VALVERDE CASTILLO, contra los actos y autoridades señalados en esta ejecutoria, y para los efectos precisados en la parte considerativa final". En ese tenor, por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, para los siguientes efectos: "1. De forma inmediata cite las partes a una audiencia sobre debate e imposición de medidas cautelares. 2. En la propia audiencia, deje insubsistente la diversa de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa 1556/2021, únicamente en el segmento en el que impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 3. Previa solicitud y debate entre las partes procesales, determine fundada y motivadamente, la mediada o medidas cautelares que deban imponerse al peticionario de amparo. 4. Además de la versión oral, emita por escrito su decisión, de conformidad con el artículo 67, párrafo segundo, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales." Luego, mediante proveído de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable informando la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto, remitió un disco versátil digital certificado, del que se advirtió lo siguiente: En audiencia celebrada el diecisiete de marzo del año en curso -previo a la emisión de la resolución que concedió el amparo- en los autos de la causa de control 1556/2021 instruida en contra del aquí quejoso Salomón Valverde Castillo, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que una vez desahogados los datos de prueba ofertados por las partes, el juez determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, por la de prisión preventiva a cumplimentar en arraigo domiciliario ubicado en: Avenida Universidad, manzana 257, lote 2, Colonia Santa María Guadalupe las Torres, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, bajo las siguientes medidas: a) Presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, los primeros cinco días de cada mes. b) La prohibición de acercarse al domicilio de la víctima. c) Colocación de dispositivo electrónico de localización y rastreo. Asimismo, que el Centro Estatal de Medidas Cautelares, informó que el cuatro de abril del año en curso, se realizó la colocación del dispositivo electrónico al imputado, procediendo a su externamiento. Documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, de lo antes narrado se obtiene que la concesión del amparo fue, en esencia, para el efecto de llevar a cabo una audiencia sobre debate e imposición de medidas cautelares en la que deje insubsistente la impuesta el veintisiete de enero de dos mil veintidós consistente en prisión preventiva oficiosa y, previa solicitud y debate, determinara -fundada y motivadamente- la mediada o medidas cautelares que debían imponerse al quejoso, emitiendo por escrito su decisión; sin embargo, previo a la emisión de la resolución que concedió el amparo -el diecisiete de marzo de este año- el juez responsable llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, por la de prisión preventiva a cumplimentar en arraigo domiciliario, bajo las medidas de presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y la colocación de dispositivo electrónico de localización y rastreo, llevando a cabo su externamiento del centro penitenciario el cuatro de abril del año en curso. En ese sentido, queda en evidencia que existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector. Bajo esta óptica, resulta inconcuso que, en el caso, existe imposibilidad jurídica para cumplir el fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo el que suscribe determina que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia constitucional dictada en este juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 90/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Junio de 2007, Novena Época, página 140, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla.". En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 1961 , último párrafo y 201, fracción II2 , de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que revise de oficio, la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, de registro digital 2014210, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Finalmente, con las constancias necesarias, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
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