Salomon Romero Ramirez

Expediente 23/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
23/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Salomon Romero Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa documentos que exhibió en el presente juicio, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo serán destruidos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de enero de dos mil veintitrés. Oficio Agréguese el oficio signado por Benito Sánchez Salinas, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso Salomón Romero Ramírez, por el cual, solicita la devolución de los documentos que anexó al escrito de demanda. Devolución de Documentos En atención a su petición, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, toda vez que aún no queda firme el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Por lo que una vez, que ello suceda, se proveerá lo correspondiente en cuanto a su devolución. ***

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Radicación y registro Vista la demanda que promueve ********************, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 23/2023-IV-A. Desechamiento En ese orden, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la siguiente: Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad social del Estado y Municipios. Del que reclama: La omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión, presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a los artículos 61, fracción XIII de la Ley de Amparo y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En el caso, el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el trámite administrativo realizado por la parte quejosa ante en el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Para evidenciarlo, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, en el caso se advierte que la petición que reclama la quejosa se encuentra regulada en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que establece: "ARTICULO 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido a causa de alguna omisión o error, la persona que recibió el pago indebido deberá devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. Cuando el pago indebido sea ocasionado por información proporcionada por la institución pública, el Instituto se resarcirá con cargo al presupuesto de la misma El órgano competente del Poder Legislativo, o en su caso de la institución pública proporcionará al Instituto y a los servidores públicos la información que requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes." Por otra parte, el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, establece: "ARTICULO 75. [.] El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que la autoridad responsable cuenta con un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la petición hecha por la parte quejosa. En el presente asunto, como se advierte del acuse del escrito en que se peticionó el pago de pensión en la Unidad de Atención al Derechohabiente de Toluca, Estado de México; se advierte que lo presentó el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; del cual se evidencia que a la presentación de la demanda (nueve de enero de dos mil veintitrés), se encuentra transcurriendo el día hábil veintiocho a efecto de que la responsable dé respuesta a la petición efectuada por la parte quejosa; motivo por el cual, no se ha trasgredido lo dispuesto en los artículos 8° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diversos 73 y 75, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio y del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, respectivamente. En ese contexto, se considera que el acto reclamado en este momento, no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), publicada en la página 2003, Libro 19, Tomo III, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2009510, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en 'breve término', guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de 'plazo razonable' descrito." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, respecto del acto antes señalado se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y por única ocasión, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe.

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