Salomon Moreno Hernandez
Expediente 776/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Salomon Moreno Hernandez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual informa que en el juicio de amparo directo administrativo 725/2017 de su índice (formado con los autos del juicio de amparo 776/2017-VI.1 del índice de este órgano jurisdiccional), con fecha veintitrés de agosto pasado, se determinó desechar la demanda de amparo presentada por ***; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, quedando enterado este Juzgado Federal de las manifestaciones vertidas por la autoridad oficiante. En consecuencia, ARCHÍVESE el presente cuadernillo de antecedentes derivado del juicio de amparo 776/2017-VI.1, del índice de este Juzgado Federal, como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente atendiendo a punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuadernillo de antecedentes deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de ***, quien se ostenta como Endosatario en Procuración de la parte actora en el juicio de origen, carácter que dice tiene reconocido; contra actos del Juez Menor Único Mixto, de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 776/2017-VI.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. De la demanda de amparo, se desprende que señaló como autoridad responsable al Juez Menor Único Mixto de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, autoridad a la que reclamó los actos que describió de la siguiente forma: ACTO RECLAMADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.- El Auto de Radicación, pronunciado en fecha 16 de Junio de 2017, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil MO**/2016, tramitado con motivo de la demanda interpuesta por el suscrito, en mi carácter de endosatario del Ciudadano ***. COMO AUTORIDAD EJECUTORA. La CADUCIDAD DE LA INSTANCIA por razón de haber transcurrido más de 120 ciento veinte días hábiles en de dicha demanda, así como sus consecuencias legales. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de cuenta, y de las cédulas de notificación que se exhibieron como antecedentes del acto reclamado, se obtiene que ante el Juzgado Único Menor Mixto de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, se radicó el expediente mercantil M**/2016 promovido por ***, en contra del demandado ***, y como aval solidario ***, de una letra de cambio expediente en el que el titular de dicho órgano jurisdiccional, por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, decretó la caducidad del procedimiento, con el argumento de haber transcurrido en exceso más de 120 ciento veinte días hábiles desde el primer auto dictado en el juicio, que fue el 2 dos de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 1076, segundo párrafo, inciso a) y b) y fracción I primero del Código de Comercio. Destacado lo anterior, se estima pertinente señalar que el artículo 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo hasta ahora anotado, pone de manifiesto que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida en razón de que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas para la procedencia del amparo indirecto, en la Ley de Amparo, puesto que, el acto reclamado, es decir, el auto de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Único Menor Mixto de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, que decretó la caducidad del procedimiento mercantil M0**/2016; se trata de una resolución que si bien, no resolvió el fondo del asunto, pone fin al juicio de origen; por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo; misma resolución que debe ser materia del amparo Directo. Sobre el tema, es aplicable la Tesis siguiente: Octava Época Registro: 227370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 466 RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas. En consecuencia, de conformidad con el artículo 47 primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ***, quien se ostentó como mandatario judicial de ***; y atendiendo el contenido del diverso numeral 34 del indicado ordenamiento legal, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, punto segundo, fracción XVI, se ordena remitir la demanda promovida y sus copias al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, para que sea dicho órgano jurisdiccional quien se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos reclamados por Francisco Medina Hernández, quien se ostentó como mandatario judicial de la parte actora en el juicio de origen. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Es de invocarse, por lo que informa, la Tesis de Jurisprudencia siguiente. Novena Época Registro: 185437 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 139/2002 Página: 236 CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 99/2002-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Cabe destacar que no se soslaya el contenido del artículo 37 párrafo primero y tercero de la Ley de Amparo, del que se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, el del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (primer párrafo); o bien, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material (párrafo tercero). Sin embargo, al margen de que la resolución reclamada tenga o no ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado de la Federación, lo cual implicaría que sea un Juez de Distrito el que conozca de la demanda promovida; se estima que en el caso, prevalece la hipótesis establecida en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que se tiene el convencimiento de que el acto reclamado, constituye una determinación que da por concluido el juicio de origen; lo que permite concluir que se trata de una resolución de exclusiva competencia de un Tribunal Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En razón de la decisión a que se ha arribado, no es el caso hacer pronunciamiento respecto del señalamiento de domicilio y autorizados para recibir notificaciones de carácter personal que realizó el promovente en la demanda de cuenta; ya que ello corresponde a la autoridad jurisdiccional federal que resulte competente para conocer de la demanda promovida. Sin perjuicio de lo anterior, por esta única ocasión, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, la notificación de este auto practíquese al promovente, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo; toda vez que el promovente señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos la Dirección Electrónica del Sistema Informativo del Poder Judicial (sin especificar si es estatal o federal); sin embargo, como soslayó indicar, con toda precisión el nombre del usuario, correo electrónico y firma electrónica, por lo cual, no se encontraron coincidencias en el reporte de autorizados para consultar expedientes electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, del Poder Judicial de la Federación, en tal virtud no es posible realizar la notificación electrónica que contempla el artículo 30 fracción II, de la Ley de Amparo, debiendo realizarse la notificación por lista, en los términos que señala el artículo 27 fracción II, inciso a), de la misma Ley de Amparo.
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