Salomón Fuentes Velázquez

Expediente 790/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
790/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Salomón Fuentes Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo Por tanto, túrnense los autos a la Actuaria de la adscripción, designada para llevar a cabo las notificaciones en el presente sumario, para que de inmediato realice la notificación antes señalada y proceda a integrar la constancia relativa tanto al expediente físico como al electrónico. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso Salomón Fuentes Velázquez, compareció ante este órgano jurisdiccional, reconoció como suya la firma y ratificó el escrito registrado bajo folio 19400, recibido en este Juzgado el pasado veinticinco de octubre del presente año, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de catorce de octubre del año en curso. Ahora bien, analizado el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cabe destacar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; y lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a tal consideración, la siguiente tesis jurisprudencial, que se cita en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Novena Época, Registro: 1003758, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 201, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, Tesis: 1879, Página: 2125) ????????????? En este sentido, analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgador advierte de oficio que en el caso que nos ocupa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la materia; numeral que dispone lo siguiente (énfasis añadido): "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional, reclamando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado aquél, el cual debe ser agotado antes de acudir al juicio constitucional. En efecto, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, este debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto contenga para que estén a disposición de la parte interesada y ésta pueda interponerlo; de tal manera, que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Ahora bien, el acto reclamado en el presente asunto en esencia es lo siguiente: El auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, así como su falta de notificación en el que se ordenó la ejecución de la sentencia definitiva dictada en contra del quejoso Salomón Fuentes Velázquez, dentro del proceso mercantil 1128/2019, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia de lo Civil, especializado en Materia Mercantil del Órgano del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Por lo que, la hipótesis de improcedencia en mención se ve evidenciada en el caso particular, en virtud de que por lo que hace al acto reclamado consistente en la falta de notificación es susceptible de ser impugnado a través del incidente de nulidad de ?????????? actuaciones, en términos del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio; lo anterior, por encontrarse en los supuestos que ahí establece y que al efecto se transcriben: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Como se desprende de los antecedentes señalados por la parte quejosa, el acto reclamado, no es una sentencia definitiva ni interlocutoria o provisional, de igual forma, si bien es un auto, la ley aplicable al caso concreto, no señala de manera expresa que sea irrecurrible dicho proveído. En efecto, resulta válido señalar que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y ésta pueda interponerlos; de tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo, lo cual acontece en el presente asunto. Resulta ilustrativa la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. (Época: Décima Época, Registro: 2001155, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.), Página: 729) De igual manera, resulta aplicable a lo anterior, por analogía, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 187016, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así ????????? lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, la hipótesis de improcedencia en mención se ve evidenciada en el caso particular, en virtud de que por lo que hace al acto reclamado consistente en el proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación o revocación en términos de los artículos 1334 y 1336 del Código de Comercio; al encontrarse en los supuestos que ahí se establecen y que al efecto se transcriben: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Lo anterior, no obstante se pueda precisar el recurso en específico que pudiera interponer el quejoso dado que del estudio integral de la demanda se desconoce la cuantía del asunto del que emanan los actos reclamados, dado que el promovente solo refirió lo siguiente: [.] Siguiéndose todo el proceso de ejecución a mis espaldas y sin habérseme hecho saber del mismo y poder defenderme de la falacia que se me pretende cobrar, y sin permitírseme presentar un peritaje que valuara ciertamente el bien inmueble que aseguran haberme embargado, pues la diferencia en el pretenso cobro y lo que realmente vale el bien de marras es mucha y entonces las pretensiones del actor se tornan usureras." Por lo anterior, es indudable para este Juzgador, que el auto que aquí se impugna, así como la falta de notificación del mismo, son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados, mediante el incidente de nulidad de actuaciones, así como a través del recurso de revocación o apelación. Sin que en el caso se esté en los supuestos de excepción ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni algún acto que afecte la libertad de la parte quejosa. Máxime, que la parte quejosa no es tercero extraña al procedimiento, ya que como se anticipó, es demandada en el juicio mercantil que refiere y ha comparecido a éste, como se advierte de los antecedentes del escrito inicial de demanda, y por consiguiente, se le permite el acceso al mismo, por lo que se encuentra incorporada a la relación jurídicoprocesal, quedando sujeta a dicha vía, con todas sus consecuencias hasta que agote totalmente los medios ordinarios de defensa. Además, no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que la parte quejosa quedara en libertad de interponer el recurso o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Es así, debido a que, como se ha visto en párrafos que anteceden, en el caso que se analiza la quejosa, debió interponer el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en contra de la falta de notificación que reclama y por lo que hace al proveído reclamado también puede interponer recurso de revocación o apelación según sea el caso de conformidad con los artículos 1334 al 1339 del Código de Comercio; lo cual, no se encuentra sujeto a ninguna interpretación adicional los precepto en comentario que, por tanto, constituye un fundamento suficiente para el efecto indicado, se reitera, en los términos analizados anteriormente. Por todo lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime que el promovente bajo protesta de decir verdad refirió que desde el ocho de agosto de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento del juicio del que emane los actos reclamados. De igual manera, resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.5/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala, visible en la página 506, Tomo l, Abril de 2021, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2023029, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

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