Salomón Chávez Islas.
Expediente 475/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Salomón Chávez Islas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta, signado expídase a costa del promovente, copia certificada del acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, y entréguese, previa identificación y razón que de su recibo obre agregado en autos. Por otra parte, se informa al Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que el ocho de abril de dos mil diecinueve, se desechó por improcedente el recurso de reclamación, en contra de la sentencia de veintiocho de diciembre del año pasado, dictada por este Tribunal Colegiado, en el juicio de amparo directo al rubro citado. Devuélvanse los presentes autos al archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte tercera interesada interpuso los recursos de reclamación 4/2019 y 10/2019, las cuales fueron desechadas por el Pleno de este Órgano Colegiado, en proveídos de veintisiete de febrero y ocho de abril del año en curso, respectivamente; por tanto, al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase a la autoridad oficiante remitiendo el escrito signado por las terceras interesadas, en el presente juicio, mediante el cual interponen recurso de reclamación en contra de la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo directo 475/2018, por este órgano colegiado. Ahora, dado que el asunto referido se envió de manera directa a este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; previa copia certificada que obre en autos, remítase el ocurso a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, para que le asigne el número de reclamación que corresponda y lo devuelva a este órgano colegiado, a efecto de acordar lo que en derecho proceda.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos y atento al contenido del proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, se analiza sobre el cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna. En efecto, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento a la sentencia constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que una ejecutoria de amparo se declare cumplida es necesario que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Asimismo, dicha Superioridad estableció sobre tales características que existe exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, hay defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente, en el entendido de que al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por este Tercer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo: A. Deje insubsistente la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 936/2017 de su índice, y en su lugar, emita otra en la que, B. Atendiendo a lo expuesto en la presente ejecutoria con respecto al valor convictivo que se debe otorgar al título de crédito como documento base de la acción, por ser una prueba preconstituida, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda respecto de las prestaciones reclamadas por el actor Salomón Chávez Islas, por conducto de sus endosatarios en procuración, así como las excepciones y defensas opuestas por las codemandadas Alejandra y Adriana Muñoz Arroyo. [.]" Atento a lo anterior, en proveídos dictados el veintiocho de enero y seis de febrero, ambos de dos mil diecinueve, se tuvo al Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, remitiendo los oficios 204/2019 y 291/2019, respectivamente, mismos a los que adjuntó copias certificadas del acuerdo de veintidós de enero del año en curso y de la resolución de uno de febrero siguiente, ambos dictados dentro del juicio ejecutivo mercantil 936/2017; gozando tales documentos de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como lo ordena su numeral 2. En este orden de ideas, del proveído mencionado en primer término, se advierte que el Juez responsable dejó insubsistente la sentencia pronunciada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente de referencia; y posteriormente, esto es, el día uno de febrero de dos mil diecinueve, dictó un nuevo fallo, en el que atendiendo al valor convictivo que se debe otorgar al título de crédito como documento base de la acción, resolvió con libertad de jurisdicción, que los elementos de la acción intentada en la vía ejecutiva mercantil, fueron debidamente demostrados. En efecto, de la documental privada consistente en el título de crédito exhibido por el actor de mérito, se derivó que reúne los requisitos exigidos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, consistentes en que se trata de un pagaré -mención expresa-, que contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero -$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional); el nombre del acreedor y sus endosatarios; el lugar y época del pago -Tulancingo, Hidalgo, uno de julio de dos mil dieciséis-; lugar y fecha de suscripción -Tulancingo, Hidalgo, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis-, así como las firmas de las suscriptoras, en su respectivo carácter de aceptante y aval; sin que se hubieren pactado intereses moratorios. Y por cuanto hace a las excepciones planteadas por las demandadas, consistentes en la falta de acción y derecho y oscuridad de la demanda, el Juez de Primera Instancia determinó declararlas improcedentes, al no estar contempladas en el artículo 8º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; destacando que aun cuando en la confesional aportada por aquéllas, el actor fue declarado confeso ante su inasistencia, tal probanza resultó insuficiente para tener por acreditado que solamente recibieron la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), precisamente por no estar adminiculada con otro medio de convicción. Concluyendo, con respecto a la diversa prestación también reclamada, relativa al pago de intereses al nueve por ciento anual, que resultaba improcedente, ello atendiendo a la literalidad de dicho título, pues en el apartado específico quedó solamente plasmada una "cruz", la que se tomó como un signo de la manifestación expresa de las partes para excluir el pago por tal concepto Reflejándose todo lo anteriormente expuesto en los puntos resolutivos de la sentencia sujeta a análisis, cuyo contenido es el siguiente: "[.] PRIMERO. En estricto cumplimiento a la ejecutoria de fecha 28 veintiocho de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en Pachuca, Hidalgo, emitida dentro del amparo directo 475/2018, notificada a esta autoridad mediante oficio número 3358, se deja insubsistente la sentencia definitiva de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2018 dos mil dieciocho emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 936/2017, y en su lugar, se ha dictado una nueva resolución en la que se han seguido los lineamientos dictados en dicha ejecutoria; circunstancia de la cual deberá informarse al tribunal de amparo. SEGUNDO. El suscrito Juez ha sido y es competente para conocer y resolver el presente juicio. TERCERO. Procedió la vía ejecutiva mercantil intentada. CUARTO. La parte actora licenciados Javier Rodríguez Cortés y Ernesto Licona Cortés, en su carácter de endosatarios en procuración de Salomón Chávez Islas, probaron parcialmente los hechos constitutivos de su acción, y la parte demandada Alejandra Muñoz Arroyo en su carácter de deudor principal y Adriana Muñoz Arroyo en su carácter de aval, no probaron sus excepciones y defensas planteadas. QUINTO. En consecuencia, se condena a Alejandra Muñoz Arroyo en su carácter de deudor principal y Adriana Muñoz Arroyo en su carácter de aval, a pagar a la parte actora dentro del plazo de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100) por concepto de suerte principal; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá a la ejecución coercitiva de la sentencia. SEXTO. Por las razones vertidas en el considerando sexto de esta resolución, se absuelve a la parte demandada, del pago de intereses. SÉPTIMO. En términos del considerando octavo, se condena al demandado al pago de costas generadas en esta instancia, las cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. [.]" Así, el Magistrado Presidente de este órgano pluripersonal, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación a la circular número 11/2017-AGP, que modificó el Acuerdo General Plenario 5/2013, y una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable, pues ésta dejó insubsistente la sentencia que fuera reclamada, pronunciada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 936/2017. Y en su lugar dictó otra, en la que atendiendo al valor convictivo que se debe otorgar al título de crédito como documento base de la acción, resolvió con libertad de jurisdicción, que los elementos de la acción intentada en la vía ejecutiva mercantil por Salomón Chávez Islas, se encontraron debidamente demostrados, declarando improcedentes las excepciones interpuestas por la parte demandada (suscriptora y aval). En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
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