Salomé Bernarda Gómez González

Expediente 341/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
341/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Salomé Bernarda Gómez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de cuatro de enero de dos mil dieciocho por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de legajo de pruebas. Por auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho se tuvo a la Jueza de lo Civil de Zacatlán remitiendo copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 348/2017, por lo que, debido a que éstas ya no resultan necesarias, se ordena su devolución y se solicita a la mencionada autoridad el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 04 DE ENERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Desahogo de prevención. Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de doce de diciembre de dos mil dieciocho; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su numeral 2º, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta y téngasele desahogando dicha prevención. Ahora bien, vista la demanda y atento a su contenido, se advierten los siguientes datos: ... Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . Ahora, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la disposición normativa transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En esas condiciones, se estima que el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de reclamación, toda vez que los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece que dicho recurso es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento, cuyo tenor es: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. (.)" En la especie se actualiza la causa de improcedencia, pues la regla general contenida en los artículos 408 y 409 es que el recurso de reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento y que los autos que no fueran apelables, pueden ser reclamados ante el tribunal que los dictó. Cobra relevancia la tesis aislada VI.1o.C.95 C, de rubro y contenido : "RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE CUALQUIER AUTO QUE NO PONGA FIN AL JUICIO, Y NO SÓLO CONTRA LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LA AUDIENCIA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 408 y 409 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por regla general, el recurso de reclamación procede en contra de cualquier auto que no ponga fin al procedimiento, siempre y cuando no sea apelable, y se interpondrá ante el tribunal que lo dictó; y si bien es verdad que el diverso artículo 410, fracción I, del ordenamiento legal citado, hace referencia a una audiencia, no menos cierto resulta que ello se debe a que aclara cuál es el término para la interposición del recurso, cuando lo acordado consiste en una actuación llevada a cabo por ese medio, y no que la reclamación sólo procede contra las determinaciones contenidas en las audiencias, ya que esto descontextualizaría la fracción de que se trata, además de que enseguida prevé el término para interponer la reclamación, cuando no se trata de una actuación determinada en audiencia, es decir, una actuación cualquiera." No se soslaya que el artículo 816, párrafo último, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla , prevé que en las resoluciones o autos dictadas durante el periodo de administración y hasta la partición de herencia, no admiten recurso ordinario alguno; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez responsable, para mejor proveer, se desprende que si bien el juicio de origen se inició como sucesión intestamentaria, lo cierto es que se demostró la existencia de un testamento, por lo que se ordenó su continuación como juicio testamentario -por auto de once de mayo de dos mil dieciocho-, de ahí que no puede considerarse que el auto reclamado se ubique en alguna de aquellas etapas, por el contrario, se trata de un auto de naturaleza autónoma al procedimiento de origen, por lo que no podría aplicarse la regla de inimpugnabilidad de referencia. No existen excepciones al principio de definitividad. Además, en el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que contempla el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza del(los) acto(s) reclamado(s): I. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; III. La parte quejosa no es una persona extraña al procedimiento; lo anterior, pues la quejosa compareció al juicio de origen mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mismo que fue acordado favorablemente mediante auto de diez de septiembre del año en cita, aunado a que el veintinueve de noviembre del mismo año interpuso un incidente de falta de personalidad, el que fue admitido por auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho. IV. La procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del medio de defensa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, es procedente desechar por el auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio 348/2017. Como consecuencia, también debe desecharse la demanda de amparo por cuanto hace al acto de ejecución consistente en la diligencia del veinte de noviembre de dos mil dieciocho, pues ni siquiera se combate por vicios propios . Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando quisiera atribuirle vicios propios, en contra de esa diligencia la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II. El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III. El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV. No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." Del citado precepto normativo, se desprende la posibilidad de impugnar las notificaciones cuando alguna de las partes en un procedimiento considere que fueron realizadas en una forma distinta a la prevista en la ley, a través del incidente de nulidad, que se promueva ante el tribunal que conozca del juicio, sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. En el caso, si bien la diligencia reclamada implica la ejecución de un mandamiento judicial, y no su sola notificación, lo cierto es que la actuación del funcionario que practique tal diligencia debe ser combatida a través de ese incidente, por ser el idóneo para su impugnación, aunado a que no se actualiza algún supuesto de excepción, ni su procedencia requiere una interpretación adicional. En similares términos se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver en sesión de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la queja 199/2018, en la que sostuvo que una diligencia de embargo practicado en un juicio ordinario civil -que también implica la ejecución de un mandamiento y no sólo su notificación-, debe ser combatida a través del incidente de nulidad en comento, pues no se actualiza algún supuesto de excepción, ni su procedencia requiere una interpretación adicional. En consecuencia, se actualiza la improcedencia de la demanda de amparo, en forma manifiesta e indudable, por lo que resulta procedente el desechamiento de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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