Salme Corina Nuñez Díaz
Expediente 2358/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Salme Corina Nuñez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En quince de marzo de dos mil veintitrés, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el oficio signado electrónicamente por el Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México previo, registrado con el número 4074. Asimismo, certifico: que la referida promoción fue recibida de manera electrónica, en uso de la FIREL, por lo que es parte integral del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo y, en consecuencia, resulta innecesaria su impresión e integración al expediente físico, en términos de las fracciones I, II y III del artículo 3, así como el diverso ordinal 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Conste.Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado electrónicamente por el Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual hace valer causales de sobreseimiento y ofrece diversas pruebas. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el tres de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada en el presente asunto, el ocho de febrero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, hágase la precisión de que el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud de que mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 Constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que dice que todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, deben conservarse. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, , hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 2358/2022-I-B, promovido por Salme Corina Núñez Díaz; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil veintidós, ante la Secretaria de Guardia de este órgano de control Constitucional, y turnado el cuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Salme Corina Núñez Díaz, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Delegado Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social; Director del Hospital General Regional Número 12 IMSS, Lic. Benito Juárez; y, Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y se decretó la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables de inmediato cesaran en los actos que pusieran en peligro la salud de la directa quejosa e incluso su vida, y por tanto, facilitaran con la misma prontitud los tratamientos, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, terapias y demás actos para la atención del padecimiento médico que le aqueja previo a determinar de manera adecuada el alta médica; y si no los tuvieren procedieran a su subrrogación. Por tanto, las autoridades responsables deberían adoptar las medidas razonables y necesarias a fin de proporcionar de manera inmediata los medicamentos y/o tratamientos requeridos por la directa quejosa, a efecto de que cesaran aquellos actos que pusieran en peligro su salud, e incluso su vida, por la omisión de proporcionarle dichos tratamientos, dada su condición de vulnerabilidad a consecuencia de sus enfermedades. Asimismo, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: La omisión de proporcionar atención médica urgente a fin de salvaguardar su vida, así como de realizar cualquier estudio urgente solicitado por su propio personal. TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular del Órgano de Operaciones Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán (en su correcta denominación) y Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operaciones Administrativa Desconcentrado Estatal Yucatán (en su correcta denominación), ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad (número de promoción 24616), pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados a través de su apoderado legal; sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario; máxime que así se advierte de las constancias que obran en el presente sumario. En consecuencia, respecto de las citadas autoridades responsables, procede sobreseer en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclamó de la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad (número de promoción 24616), pues así lo manifestó expresamente el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social al rendir su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe de ley. Documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; porque se trata de documentos expedidos por un funcionario público dentro de los límites de su competencia y en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de lo manifestado por la responsable Directora del Hospital General Regional Número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado legal, en su informe de ley y de las constancias relativas a las notas clínicas que remitió como justificación, se desprende que se otorgó la atención médica que requería la quejosa, ya que se le realizaron las valoraciones generales y urgentes, estudios y se le proporcionaron los medicamentos que requería para ser tratada, por lo cual se le dio de alta el día diecinueve de octubre de dos mil veintidós. También de la nota de confirmación de alta vigente de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós (fojas 164 vuelta y 165) que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe de ley, se advierte que ocho días posteriores a su egreso hospitalario con motivo de una amputación supracondílea de su pierna izquierda practicada el trece de agosto de dos mil veintidós, ingresó al servicio de Angiología el uno de septiembre siguiente, con un diagnóstico de infección de sitio quirúrgico MPI, por presentar cambios de coloración del muñón quirúrgico MPI, rubor y calor, acudiendo a valoración médica particular quien le otorga manejo de antibiótico ambulatorio sin presentar mejoría. Asimismo, presentó picos febriles, dolor a la movilización y palpación, bordes de muñón eritematosos, con tejido necrótico y salida de material purulento. Al ser valorado por el servicio de Angiología, completó su protocolo quirúrgico en piso y se programó para lavado mecánico en dos ocasiones, realizando curaciones, con adecuada evolución, durante su estancia hospitalaria, se continuó con curaciones cada doce horas apoyadas con ácido acético, se solicitó nuevo cultivo de herida, el cual se reportó sin crecimiento de microorganismos. Por lo cual, la quejosa se encuentra clínicamente estable, afebril, hemodinámica estable, cuenta con cultivo de herida del día seis de octubre de dos mil veintidós, el cual, no reportó crecimiento de microorganismos; últimos laboratorios del doce de octubre de dos mil veintidós; sin leucocitosis, y se determinó ser candidata a tratamiento y seguimiento ambulatorio, sin ameritar manejo médico intrahospitalario, pudiendo continuar su recuperación en domicilio. También se le insistió a la paciente la importancia de movilización y alto riesgo de complicaciones asociadas a estancia intrahospitalaria prolongada; alto riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud; alto riesgo de desarrollar úlceras por presión debido a poca movilidad y cooperación de la paciente y se continuó con curaciones una vez al día con el plan de cierre de herida por tercera intención. Además se le dieron las siguientes indicaciones médicas: Alta a domicilio, no requiere incapacidad. Dieta para diabético. Seguimiento de enfermedades crónicas en su Unidad de Medicina Familiar. Cita abierta a urgencias en caso de datos de alarma. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar a recibir curaciones con agua y jabón, al término de realizar irrigación con solución de vinagre al 25%. Cita a consulta externa de angiología con el doctor Castillo en un mes. Mantener muñón cubierto con gasas y vendaje. Reposo relativo (no realizar esfuerzos físicos ni someterse a esfuerzo muñón abierto). Movilizarse constantemente en cama para prevenir úlceras por presión. Medicamentos según receta. Documentales, que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Circunstancias que acontecieron con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, así como las alegaciones que formuló, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SALME CORINA NÚÑEZ DÍAZ, en contra del acto reclamado al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán (en su correcta denominación) y Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operaciones Administrativas Desconcentrada Estatal Yucatán, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta determinación. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SALME CORINA NÚÑEZ DÍAZ, en contra del acto reclamado a la Directora del Hospital General Regional Número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en términos del considerando quinto de esta determinación. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en fecha diecisiete de noviembre del año en curso, se puso a la vista de las partes el oficio signado electrónicamente por el Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en seguimiento a la suspensión de plano decretada en autos el tres de octubre pasado, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes del citado informe. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
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