Salma del Carmen Cortés López

Expediente 922/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
922/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Salma del Carmen Cortés López

Actuaciones

  1. Principal

    II-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual este Juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Salma del Carmen Cortés López; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, toda vez que el presente asunto fue formado derivado de la declinación de competencia planteada en el amparo directo civil 506/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, se advierte que obran en autos el testimonio del expediente 165/2020 y el toca familiar 27/2021, que fueron remitidos por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; por tal motivo, devuélvanse las mismas al índice de este último, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    II-Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, comunica el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, del que se advierte quedó firme el diverso acuerdo de veinte de octubre del año en curso, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Salma del Carmen Cortés López, en los autos del juicio de amparo directo civil 506/2021 de su índice, por las razones expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 922/2021-II-C. Acúsese el recibo de estilo. Fórmense los anexos correspondientes con las constancias que integran el toca familiar 27/2021 del índice de la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, testimonio del expediente 162/2020, que remitió el Tribunal de Alzada. Ahora, vista la demanda de amparo que promueve Salma del Carmen Cortés López, contra actos de la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo de quien reclama: La resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 27/2021, en la que se resolvió la apelación interpuesta en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio de sucesión intestamentaria 165/2020, en la que se determinó modificar la diversa resolución que no admitió una prueba ofrecida en el procedimiento de origen. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 27/2021, en la que se resolvió la apelación interpuesta en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio de sucesión intestamentaria 165/2020, en la que se determinó modificar la diversa resolución que no admitió una prueba ofrecida en el procedimiento de origen. Ciertamente, tal acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y." Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos del gobernado. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo que se intente. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Lo que no acontece en el particular, pues las consecuencias del acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución incidental dictada durante el trámite del juicio de sucesión intestamentaria, en la que determinó modificar la diverso resolución que no admitió una prueba ofrecida en el incidente de remoción de albacea del juicio 165/2020; no puede considerarse que afecte derechos sustantivos de la aquí quejosa. Lo anterior, pues si bien la prueba admitida versa sobre informe que deberá rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de los números de cuentas bancarias; lo cierto es que atañe a Salma del Socorro López Coral, que es la de cujus de la sucesión testamentaria de origen, y no de la albacea aquí quejosa. Sobre lo cual, de las constancias que integran los expedientes de origen, es advertible que esa información no afectan directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Magna de las partes en el incidente de remoción de albacea derivado del juicio de sucesión intestamentaria 165/2020, que pudiese contener información que dejarían irremediablemente al descubierto sus operaciones financieras; pues contrario a ello, precisamente la referida prueba tiene que ver con la materia del juicio sobre los bienes de la de cujus. Así, dicha determinación no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo de la quejosa, pues la modificación controvertida atañe a una cuestión meramente procesal. Además, aún existe la posibilidad de que la quejosa obtenga una resolución favorable al momento de que el juez de primera instancia al resolver el procedimiento de origen, aspecto en el que descansa la calificativa de que se está ante un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, ni tampoco tiene ejecución irreparable que amerite sujetarlo a control constitucional inmediato. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Belem Alejandra Santiago Mendoza, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, con las restricciones del citado numeral a la diversa persona que menciona. Ahora bien, se trae como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso en el cual el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en los autos del juicio de amparo directo civil 506/2021 de su índice, determinó realizar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista de estrados, lo anterior ante la imposibilidad de ser notificada en el domicilio señalado para tal efecto, ubicado en "calle Tabi, número 145, entre Rojo Gómez y Faisán, Chetumal, Quintana Roo" situación que fue informada en el despacho 48/2021, 64/2021 de su índice. En consecuencia, en virtud de la imposibilidad de notificación advertida y toda vez que no existe diverso domicilio para oír y recibir notificaciones, se convalida la determinación realizada por el Tribunal de Alzada, en tal virtud con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la presente notificación, así como las subsecuentes, incluidas las personales, por medio de lista de estrados, hasta en tanto sea señalado un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.

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