Salim Jacil Ledesma Salazar
Expediente 1535/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1535/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2018
Partes del expediente
- Salim Jacil Ledesma Salazar
- Notario Público Titular de la Notaría número 7 del Estado de Querétaro.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
- Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por . . . devuelvase al promovente los documentos originales que solicita . . .
- Principal
- Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 23/11/2017, QUE CONTIENE EL AUTO DE 22/11/2017, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Querétaro, Querétaro, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Salim Jacil Ledesma Salazar, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el quince de noviembre del actual, y al efecto anexa copia certificada del Juicio Sucesorio Intestamentario 1322/2016, del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, del cual se advierte la calidad en la que se ostenta; en tal virtud, se provee lo siguiente: Ahora bien, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y, si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el invocado precepto, el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien la parte quejosa reclama a) El oficio número 35951/17, suscrito por la Subdirectora del Registro Público de la Propiedad de fecha de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, que omite la entrega del trámite de certificado de libertad de gravamen (o gravamen) solicitado desde el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, y reingresado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el cual fue contestado devolviéndolo por los mismo motivos de la devolución anterior, entre otros por que aduce el Registrador que el predio en su antecedente no presenta anexo, ningún croquis o plano de referencia, lo cual me deja en estado de indefensión al no brindarme seguridad jurídica de la propiedad identificada como Inmueble en construcción denominada Granja Fátima en Jurisdicción de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, predio que se unió por de varios lotes hasta completar una superficie de 4.04.93 hectáreas (cuatro hectáreas, cuatro áreas, noventa y tres centiáreas), ubicando en la población de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, lo cual acredito con la escritura pública número 6,154 de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, pasada ante la fe del Notario Público Siete, ante fe del Notario encargado el licenciado Alberto Fernández Riveroll; acreditando dicha propiedad dentro de la partida 290 del Libro 69, serie a, de la sección primera, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, del cual el de cujus realizo diversas ventas que se contienen en el certificado de gravamen. Y clave catastral número 14 03 110 01 090 015, negándose el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a brindarme certeza jurídica de la propiedad de la cual tengo la obligación de repartir entre los herederos. Ahora bien, en la especie, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esto es, la parte quejosa antes de acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, debió tramitar el recurso de revisión o el juicio de nulidad ante la autoridad jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, por su parte el citado artículo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Dicho precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. ACTOS que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 1a. /J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". De igual forma, sirve de apoyo por identidad de razón la jurisprudencia VI.2o.C. J/239 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 765, tomo XVIII, noviembre de 2003, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En efecto, en contra del acto que aquí reclama la parte quejosa previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 50, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Dichos preceptos prescriben: "Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa." "Artículo 111. El plazo para interponer el recurso de revisión será de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra." "Artículo 50. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse, de manera optativa, directamente ante el juzgado de lo contencioso administrativo competente en el lugar donde tenga su domicilio el actor o en donde se haya emitido el acto administrativo, dentro del plazo que corresponda, el cual comenzará a correr a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del acto impugnado siendo estos plazos los siguientes: I. Quince días hábiles si el actor tiene su domicilio en el municipio que sea cabecera del Distrito Judicial que corresponda; y II. Quince días hábiles, más un día por cada cien kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, cuando el domicilio del actor se encuentre fuera del municipio que sea cabecera del Distrito Judicial que corresponda. Si el particular optare por impugnar el acto administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo competente en donde fuera emitido el acto, deberá atender a los plazos dispuestos para el caso de tener domicilio en tal lugar. En todo caso podrá enviarse el escrito de demanda mediante correo certificado. Tratándose de negativa ficta, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución. Cuando se pida la invalidez de una resolución fiscal favorable a un particular, la demanda deberá presentarse dentro del plazo de dos años." Lo anterior es así, toda vez que el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Segundo Circuito, de treinta de junio de dos mil quince, sostuvo que la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación. Por tanto, disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de veinticuatro horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; pues a partir del momento en que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados. Motivo por el cual, dicho pleno estimó que, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, y además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Tesis PC.XXII. J/2 A (10a.), pagina 1014, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, que dispone que se actualiza un motivo de excepción al principio citado cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; pues a partir del momento en que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, y además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos." En esa virtud, previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente, y su falta de promoción actualizaba la improcedencia del juicio de garantías por la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; salvo que se actualice alguna otra de las causas de excepción al principio de definitividad que prevea dicho numeral. En ese sentido, para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, debe agotarse el recurso administrativo de revisión previsto en su artículo 109, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa." De dicho precepto legal se desprende que en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, procede optativamente el recurso administrativo de revisión; o bien, el juicio contencioso administrativo. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, debe agotarse el juicio contencioso administrativo previsto en su artículo 50. Con el propósito de verificar si en el caso, los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para otorgar la suspensión del acto administrativo en el juicio contencioso administrativo, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir a aquellos preceptos de estos ordenamientos que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de dicha medida cautelar. Luego, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artículos 44 al 49 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, cuyo contenido es el siguiente: [.] Artículo 44. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado y se trate de: I. Multa excesiva; II. Confiscación de bienes; III. Privación de libertad por autoridad administrativa; IV. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia; y V. Cuando el acto impugnado, de llegar a consumarse, hiciera materialmente imposible la restitución al actor en el pleno goce de sus derechos. En tanto no se pronuncie la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. La suspensión en estos casos se decretará de plano en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo; ante el juzgador que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento. Artículo 45. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo que antecede. La suspensión podrá ser revocada o modificada por el juzgador, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días si varían las condiciones por las cuales fue otorgada. Artículo 46. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, mediante cualquiera de las formas siguientes: I. Depósito en efectivo; II. Prenda o hipoteca; III. Embargo de bienes; y IV. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite solvencia suficiente con bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Los fiadores deberán renunciar expresamente a los beneficios de orden y excusión y someterse, de igual manera, al procedimiento administrativo de ejecución a que hubiere lugar. Si la garantía se hubiese constituido previamente ante la autoridad demandada deberá acreditarlo el particular para los efectos legales del caso. Si la garantía no se otorga dentro de los ocho días siguientes al en que fuere notificado el acuerdo que la hubiera concedido dejará de surtir efectos. Artículo 47. En los casos en que la suspensión sea procedente, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá sólo si el actor concede garantía bastante para reparar los posibles daños y perjuicios que con su concesión se causaran si no obtuviera sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el juzgador fijará discrecionalmente el importe de dicha garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la violación, así como para garantizar el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la otorgada por el actor. Artículo 48. La resolución que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos inmediatamente, aunque se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aún cuando se interponga el recurso de revisión, pero si la Sala Unitaria revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata. Artículo 49. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo, vía incidental, dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia. [.] Por su parte, la Ley de Amparo en sus artículos 128, 132 y 138 literalmente establecen lo siguiente: [.] Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. [.] El análisis comparativo de los numerales transcritos evidencia que exigen tanto para el juicio contencioso administrativo promovido contra los actos de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, como para el juicio de amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, como se demuestra a continuación: La Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, prevé que la suspensión podrá ser acordada por el juez que conozca del asunto y que la medida precautoria debe hacerse del conocimiento sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento. Por su parte, aunque la Ley de Amparo no refiere expresamente que la suspensión podrá ser emitida por el Juez de Distrito, ello se infiere de lo dispuesto en los artículos 125 y 138 de dicho ordenamiento, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso, y el Juez resolverá concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente. Entonces, en tal aspecto el primero de dichos ordenamientos no prevé un requisito mayor que el segundo. La Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, requiere que el actor solicite la medida suspensional y prevé que aquél podrá gozar de ese beneficio en cualquier momento; por su parte, la Ley de Amparo exige también que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar y dispone en su artículo 130, que podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa. Luego, dichos ordenamientos son coincidentes en los siguientes aspectos: En que no existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, por lo que su promoción puede llevarse a cabo en cualquier tiempo. En que el proveído correspondiente debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella medida. En que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión. En que cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto es suficiente para que la autoridad competente (Juez o Juez de Distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento. La Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dispone que no se otorgará la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público; asimismo, que el actor o quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo; por su parte, la Ley de Amparo dispone lo mismo. La Ley de Amparo establece en el artículo 132 que en los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicios a tercero y la misma se conceda el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo; y la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en su artículo 47 establece lo mismo. La Ley de Amparo, exige que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; por su parte, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dispone lo mismo; es decir, que la suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto concluye el proceso administrativo, y que no se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público. Además, establece que la suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo 44, y que procede la suspensión de oficio, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado. En esa virtud, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo, que los que establece la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar del acto reclamado. Por lo que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente, y su falta de promoción actualiza la improcedencia del juicio de amparo por la causa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo, que en la Ley de Amparo se establezca que para que surta efectos la suspensión, el actor debe cumplir con los requisitos que se le exijan (entre otros, exhibir garantía) dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la concesión de la medida cautelar, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, que no establece plazo alguno para satisfacer tales requisitos. Lo anterior, en la medida de que tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de eficacia de ésta, siendo que los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no prevén que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata, las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, sino sólo que las leyes no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Luego, no hay motivo para añadir otros requisitos para que opere la excepción aludida más que aquellos que el Constituyente y el legislador ordinario han definido. Por consiguiente, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto de carácter administrativo que atribuye a autoridad de la misma naturaleza, previamente a acudir al juicio de amparo, debió proceder de la siguiente forma: 1. Debió interponer optativamente el recurso de revisión, previsto en los citados artículos 109 y 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; y después debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 50, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 2. O bien, debió agotar de manera directa, pero obligatoria, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 50, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Corrobora lo anterior el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, al referir que será optativo para el particular agotar el recurso de revisión previsto en la ley procesal de la materia o iniciar juicio contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Amén de que, el acto reclamado no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 20, del citado ordenamiento legal, cuenta habida que las violaciones reclamadas, pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un juicio ordinario ante tribunales, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, como en el caso aconteció, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no analizara las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la tesis 2a.LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a su publicación del mes de julio del año dos mil, materia común, de texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los art ículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Resta hacer mención de que el acto reclamado no configura ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, esto porque el acto reclamado no carece de fundamentación, ya que el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Querétaro, para cumplir con el requisito constitucional, en la determinación que se le reclama citó preceptos legales de diversas legislaciones (Reglamento del Registro Público de la Propiedad y Código Civil, ambos del Estado de Querétaro); pues eso se advierte de la documental que exhibió la parte quejosa junta a su demanda, expedida por la Subdirectora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con número de oficio 35951/17 de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XVI.1o. J/16 del Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, visible en la página 99, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, correspondiente a su publicación en el mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, que es de contenido siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo cuando el quejoso previamente a la interposición del juicio de garantías no agote los recursos ordinarios que establezcan las leyes contra los actos que combata en el amparo, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; aun cuando el acto de autoridad haya sido deficientemente fundado y motivado, pues sólo cuando dicho acto carezca absolutamente de esos requisitos el gobernado no tendrá obligación de hacer valer previamente a la presentación del juicio constitucional los medios de defensa ordinarios por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten." Aunado a que el juicio de nulidad como medio de impugnación, no se encuentra contemplado en un reglamento, sino en la propia Ley del Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Y además, la parte quejosa aduce, tanto violaciones directas como indirectas, pues respecto de estas últimas destaca que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada; de ahí, que tampoco se actualice esta excepción al principio de definitividad. En ese respecto, cabe señalar que la jurisprudencia ha sostenido que no será exigible acatar el principio de definitividad en los casos en que se hagan valer violaciones directas a la Constitución Federal; sin embargo, dichos criterios han sido claros también en que la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad, tal como acontece en este caso. Tal rigidez en los criterios de mérito responde a que el juicio de amparo es, en principio, el único medio para reparar violaciones directas a la Constitución Federal, por lo que ningún caso tendría promover un juicio ordinario si en él resultaría imposible repararlas dada la propia naturaleza de control de legalidad que tendría tal medio de defensa; sin embargo, si a la par de violaciones directas a la Constitución Federal se alegan vicios de legalidad, entonces sí será necesario agotar el procedimiento ordinario, ya que en éste sí podría estudiarse la conformidad del acto reclamado con la legislación que lo rige, lo cual podría dar lugar incluso a su anulación. Tiene aplicación la jurisprudencia 499, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, tomo VI del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el que sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX y 113, de la Ley de Amparo SE DESECHA LA DEMANDA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente ........" ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.
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