Salatiel Durán Guizar
Expediente 1091/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- Salatiel Durán Guizar
Actuaciones
- Principal
VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que acuerdo ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ténganse por recibidos y agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios números 1502/2019 y 1503/2019 con anexos, por medio de los cuales, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en representación de ese cuerpo colegiado, y la Secretaria de Acuerdos de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, rinden su informe justificado. Ahora bien, visto el contenido de las documentales que anexaron las autoridades responsables de mérito, a sus informativas de cuenta, se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo en relación con las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente administrativo laboral número 00041/E06/2015, de su índice. Por tanto, este juzgador Federal advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al resultar manifiesta e indudable, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, atento a las siguientes consideraciones. El citado precepto legal establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho del Tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al haber reclamado Salatiel Durán Guízar, en esta vía constitucional, la omisión de acordar lo que en derecho corresponda en relación con las pruebas ofrecidas por las partes, las autoridades responsables en sus libelos de cuenta refieren que por acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, se pronunciaron al respecto dentro del expediente administrativo laboral número 00041/E06/2015, de su índice; documentales que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. De lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo al quejoso en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la emisión del proveído correspondiente a los medios de convicción ofrecidos por las partes actora y demandada en el expediente laboral de origen, restituyó al quejoso en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de ordenar su emisión, precisamente porque ese acto ya no invade su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precitado numeral 64, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número 23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 991, Tomo XXVI, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría desahogar dicha actuación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Sustenta a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la tesis de jurisprudencia, I.7o.P. J/3, visible en la página 1600 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, cuyo rubro y texto dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. De igual forma, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo que, déjese sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinte minutos de esta propia fecha. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VII. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Salatiel Durán Guízar, y al tercero interesado Transportadora de Juárez, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado legal, el auto de veinticinco de noviembre del año actual, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por medio de lista de acuerdos, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por Salatiel Durán Guízar, contra actos de la Honorable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la misma; regístrese en el libro respectivo con el número 1091/2019-VII. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. En términos del artículo 117 de la ley de la materia, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras cada una a multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la invocada legislación. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, con sustento en el numeral 251 de la referida Ley de Amparo. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como parte tercera interesada a Transportadora de Juárez, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en Carretera Matamoros-Reynosa, kilómetro 5.4, Ejido Las Rusias, en esta ciudad, por lo que, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se le tiene como reconocido tal carácter; consecuentemente, se comisiona a la actuaria adscrita para que se constituya en el referido sitio, y la emplace, a la presente contienda constitucional, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, a fin de que si es su deseo se apersone a hacer valer lo que a su interés legal convenga; en el entendido de que a la persona moral de mérito, deberá practicarse lo anterior por conducto de su representante legal. Sustenta lo anterior, por las consideraciones que la informa la tesis aislada visible en la foja 1855 del Tomo II, del mes de Abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que en su rubro y texto refiere: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de garantías; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
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